Ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia de 2021, en la categoría Proceso Colectivo del Año.
Esta organización, del municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, tiene el rol de orientar la protección de los recursos naturales y del ambiente, defender el territorio, proteger la identidad étnica y cultural de las comunidades que lo integran y motivar la participación de sus pobladores en el desarrollo de actividades que propenden por una mejor calidad de vida.
Constituido en mayo de 1998, está integrado por nueve comunidades, cinco de ellas de río (El Coco, El Llano, Santa Bárbara, San José y Calle Larga) y cuatro de mar (Humanes Mar, Las Palmas, Las Contras y Firme Bonito) obtuvo su título colectivo el 3 de diciembre de 2002 mediante la Resolución 2197. Allí viven cerca de 2.050 pobladores, conformados en 352 familias.
A finales de la década del noventa, estas comunidades fueron duramente golpeadas por la confrontación armada que libraron en sus territorios grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares y tropas estatales, vulnerando sus derechos y afectando su buen vivir por cuenta de desplazamientos forzados y asesinatos selectivos, entre otros crímenes.
Este Consejo Comunitario es considerado ejemplo de resistencia, forjada a partir de la tragedia ambiental derivada de un vertimiento de por lo menos 500 mil metros cúbicos de sedimentos a la cuenca de río Anchicayá realizado durante labores de mantenimiento de la central hidroeléctrica ubicada en la parte alta del afluente entre el 23 de julio y el 26 de agosto de 2001, alterando la vida de los pobladores ribereños y generando graves daños al ecosistema.
Con el fin de buscar la reparación de lo que llamaron un ecocidio, este Consejo Comunitario interpuso, junto dos consejos más y un grupo de pobladores de varias veredas ribereñas, el 1 de octubre de 2002 una acción de grupo. Mientras este proceso iniciaba su largo trámite ante distintas instancias judiciales, sus líderes iniciaron un intenso trabajo comunitario por la defensa de los derechos a la vida, la dignidad, acceso al agua potable y a un ambiente sano.
Para hacer más visible el caso, promovieron varias movilizaciones en las ciudades de Buenaventura y en Bogotá, y una fuerte labor de incidencia ante distintas embajadas y organismos multilaterales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El proceso judicial estuvo rodeado de situaciones adversas. El abogado que los representaba fue objeto de judicializaciones con denuncias penales en su contra y estigmatizaciones, lo que también puso en riesgo no sólo su trabajo sino el de las comunidades y sus líderes y lideresas. Detrás de esa zozobra estaban por lo menos 6 mil personas que conforman los consejos comunitarios de la cuenca del río Anchicayá.
La experiencia como Consejo Comunitario, aun antes de enfrentarse al desastre ambiental, les ha permitido generar nuevos liderazgos, convirtiéndose en una escuela con muchas enseñanzas por compartir y permitiendo generar una mayor sensibilidad frente al trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos.
En los últimos siete años, su trabajo ha recibido apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, así como de organizaciones internacionales y nacionales como International Rivers, Earth Low Center, Red Internacional de Derechos Humanos, Abogados sin Fronteras Canadá, Global Greengrants Fund, Fundo Casa Socioambiental, Movimiento Ríos vivos, Censat-Agua Viva y Onuira, entre otros.
Pese a decisiones adversas en varios estrados judiciales, finalmente la justicia les dio la razón a las comunidades ribereñas del río Anchicayá a través de una sentencia del Consejo de Estado fechada el 10 de junio de este año, que condenó a la empresa dueña de la central hidroeléctrica y a la autoridad ambiental del Valle del Cauca a pagarles a las comunidades afectadas una indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral de 203 mil millones de pesos (unos 60 millones de dólares).
La decisión se tomó luego de casi 20 años de litigio convirtiéndose esta decisión en un hito histórico para las comunidades étnicas y en un referente en los ámbitos nacional e internacional, lo que sin duda es una contribución fundamental para fortalecer la defensa de la vida y el territorio.
Pese a esas afectaciones ambientales, la mayoría de las comunidades de la cuenca del río Anchicayá continuaron viviendo en sus territorios, constituyéndose en un proceso de resistencia que genera una fuerte admiración dentro y fuera del país.
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