En la hacienda, ubicada en el sur del Cesar, el Incoder comenzó a verificar las tierras baldías que reclaman 350 familias desplazadas. Hay tensiones entre la organización campesina y la Dolce Vista Estate, la empresa que explota estos terrenos.
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| Los campesinos de Asocol y Asodacar no pudieron ingresar a la antigua Bellacruz, después de que vigilantes y abogados de la Dolce Vista les indicaron que no podían hacerlo. Foto suministrada |
En momentos en que el Incoder adelanta una investigación para determinar si entre los predios que compró Germán Efromovich a la familia Marulanda hay predios baldíos de propiedad de la nación, han surgido nuevas tensiones entre los campesinos que reclaman esas tierras y algunas empresas que participan en la compañía Dolce Vista que actualmente explota esos terrenos.
Según conoció VerdadAbierta.com, el martes 21 de agosto de 2012, a las 9 de la mañana, una comisión integrada por funcionarios del Incoder, del Agustín Codazzi -Igac-, la Procuraduría Agraria y seis representantes de Asocol y Asodacar, las dos organizaciones que representan a los campesinos reclamantes, llegaron hasta uno de los portones de la antigua hacienda Bellacruz, rebautizada en 2009 como La Gloria, para realizar una inspección. Es decir, verificar los límites de los baldíos que están reclamando los campesinos desde hace dos décadas.
Cuando intentaron entrar a la hacienda, donde la empresa La Dolce Vista Estate desarrolla un cultivo de palma aceitera, vigilantes de una compañía de seguridad privada y varios abogados de esta firma impidieron el ingreso de los representantes de los campesinos.
Según un comunicado del Incoder, quienes se opusieron al ingreso fueron Jorge Alberto Martínez, jefe de seguridad privada de la empresa agropecuaria La Gloria; el abogado Jorge Enrique Martínez, abogado de la Sociedad M.R. Inversiones SAS; y Orieta Daza, abogada del Grupo Agroindustrial SA, todas empresas accionistas de La Dolce Vista. Varios campesinos que estuvieron en la zona confirmaron la versión del Incoder y expresaron su inconformidad con la actitud de la empresa.
Según el Incoder, la verificación fue solicitada por las organizaciones campesinas y su participación en el proceso es clave porque “son terceros con intereses legítimos”, dijo Jhenifer Mojica, subdirectora de Tierras del Incoder. La visita está planeada para diez días y busca verificar los linderos de las 1.500 de baldíos que, según el instituto de tierras hay dentro de las 6.000 hectáreas que componen la hacienda, y reclaman los campesinos.
¿Qué sucedió en la Bellacruz?
La antigua Hacienda Bellacruz ha tenido una historia marcada por la violencia y el despojo. Desde los años 50, en pleno período de La Violencia, cuando campesinos sin tierras comenzaron a ocupar y a cultivar parcelas en el sur del Cesar, entre ellas, tierras cercanas a la propiedad de Alberto Marulanda Grillo. Según los campesinos, Marulanda Grillo fue corriendo las cercas durante las siguientes décadas hasta ampliar su hacienda a 25.500 hectáreas comprendidas entre los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque.
Desde los años 80, cuando los campesinos comenzaron a solicitar alantiguo instituto de tierras Incora -hoy Incoder- la titulación de algunas parcelas, el conflicto entre la familia Marulanda (que tuvo a un hijo, Carlos Arturo Marulanda, como Ministro de Desarrollo) y los campesinos comenzó a aumentar. Primero fueron los desalojos policivos, luego las familias se tomaron la oficina del Incoder para que los escucharan, después vino un acuerdo de titulación y el Incora, sin atender la advertencia de los campesinos de que había baldíos, le compró en 1995 varios globos de tierras a los Marulanda para adjudicar parcelas a las familias.
Cuando los títulos estaban listos, en marzo de 1996 un grupo paramilitar a cargo de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, jefe de las Auc en el sur del Cesar y cómplice de los hermanos Castaño en la expansión paramilitar, expulsó a las familias con violencia. Las organizaciones de campesinos calculan que 350 familias se desplazaron desde entonces y que entre los años 80 y 90, en pleno conflicto, fueron asesinados 16 líderes que exigían tierra.
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| Este es uno de los portones de ingreso a la actual hacienda La Gloria, donde La Dolce Vista desarrolla el cultivo de palma. Foto suministrada |
En 2006 el grupo paramilitar se desmovilizó y un año más tarde, ante la Notaría 7 en Bogotá, la familia Marulanda registró un englobe de su hacienda por 6.000 hectáreas. En 2008, La Dolce Vista negoció con la familia Marulanda y le compró las dos empresas que explotaban la Bellacruz, que a partir de 2009 fue rebautizada como La Gloria para desarrollar un proyecto de palma aceitera de 5.000 hectáreas. El principal accionista de La Dolce es el empresario Germán Efromovich, quien dijo en una entrevista a VerdadAbierta.com que compró la tierra de buena fe y que estaba dispuesto a que el Estado verificara la tradición de los predios. (Lea: Las trampas de Bellacruz y Tierra prometida en La Bellacruz).
Larga espera
Las 350 familias campesinas basan su petición en una resolución emitida por el Incora el 20 de abril de 1994, que confirmó la existencia de 1.500 hectáreas de predios baldíos dentro de la antigua Bellacruz y distribuidos en siete predios llamados Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel. Para esa época, los Marulanda no pudieron acreditar títulos sobre esos terrenos.
Durante el segundo semestre de 2011 los campesinos solicitaron la recuperación de los baldíos y el Incoder comenzó el proceso el 5 de septiembre de 2011. VerdadAbierta.com tuvo acceso al archivo del caso Bellacruz y encontró que los abogados de La Dolce Vista han interpuesto diferentes recursos. Esto ha sido considerado por los líderes de Asodacar y Asocol, cuyos nombres se reservan por razones de seguridad, como una “dilación del proceso para ganar tiempo, declarar la nulidad del proceso y seguir sembrando palma”, dijo uno de los campesinos.
En el expediente, se pueden leer varias acciones legales interpuestas por los abogados de la Dolce Vista. Lo primero fue un recurso de reposición al comienzo del proceso de recuperación de baldíos. El Incoder lo resolvió el 2 de diciembre de 2011 indicando que el proceso seguía en curso. El 13 de diciembre el Incoder aclaró que erróneamente indicó que se trataba de un proceso de extinción de dominio y aclaró que en realidad era una recuperación de bienes indebidamente ocupados.
Esta aclaración dio pie para que el 18 de enero de 2012 el abogado Jorge Enrique Martínez, abogado de M.R. Inversiones SAS, interpusiera otra reposición señalando que no había claridad en el proceso. El 3 de febrero el Incoder resolvió esa solicitud. Entre mayo y julio siguieron las comunicaciones entre el instituto y los abogados Martínez y Orieta Daza. Ambos planteaban la nulidad del proceso. Ante la negativa del instituto detierras, el abogado Martínez pidió que no se tuviera en cuenta la resolución de 1994 del Incora que confirmaba la existencia de baldíos. El 9 de agosto el Incoder rechazó esa petición.
Aunque el 31 de julio de 2012 el Incoder fijó la fecha de la visita para el 21 de agosto pero, según el instituto de tierras, los abogados de la firma no se dejaron notificar y volvieron a solicitar la nulidad del proceso y el aplazamiento de la visita. El Incoder negó las peticiones y empezó con el proceso de verificación en terreno.
Los cuestionamientos
VerdadAbierta.com habló con los líderes de las organizaciones campesinas de Asodacar y Asocol y ambos cuestionaron la actitud de La Dolce Vista.
“¿Cómo es que pasan tantos años. Primero nos saca la policía, luego los paramilitares y ahora, después de veinte años, una empresa no nos deja entrar a una diligencia que es pública y que fue solicitada ajustada a la ley?”, dijo uno de los campesinos. Ambos grupos además de solicitar la recuperación de baldíos, se declararon víctimas ante la Unidad de Restitución, el organismo creado por la Ley de Víctimas, para reclamar al tiempo estos predios que abandonaron de forma forzada.
Las organizaciones tienen varias posturas frente a lo que sucede. Asodacar considera que La Dolce no es un comprador de buena fe, exigen que se les permita participar del proceso de verificación de baldíos y consideran que las actuaciones de la firma han sido para alargar el proceso.
“La sensación que tenemos es que quieren ganar tiempo para sembrar más palma. Los campesinos les resultamos incómodos”, señaló uno de los líderes a quien se le reserva la identidad por seguridad.
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| La Dolce Vista tiene un cultivo de 5.000 hectáreas de palma aceitera. En el municipio de La Gloria ya tienen aprobada una zona franca para el procesamiento del aceite. Foto suministrada |
Asodacar adelanta varias peticiones al Ministerio de Agricultura, entre ellas, que se decrete el statu quo para que la firma no realice ninguna intervención sobre los baldíos, y que se declare una zona de reserva campesina y consejo de comunidades negras en Pelaya, para que se respeten las sabanas comunitarias y el acceso a la quebrada Simañana. “Requerimos la presencia permanente de la Procuraduría, la Personería y la Defensoría durante el proceso. ¿Cómo es que los intereses de la empresa prevalecen los derechos de las comunidades”, señaló otro de los líderes.
Asocol, por su parte, advirtió que hay una ambiente de inseguridad en la zona. “Prácticamente es una sensación de amenaza. Los vigilantes de la empresa de seguridad nos dijeron que nos fuéramos, que no nos apareciéramos por allá. Nos tomaron fotos así como a los vehículos en que fuimos hasta el lugar”, dijo un campesino, quien también solicitó proteger su identidad. Asocol envió una carta al representante Iván Cepeda, solicitándole mediación en el caso.
En caso de que el Incoder verifique la existencia de baldíos y sus linderos, estas tierras pueden ser tituladas a las 350 familias campesinas que están realizando la solicitud desde 1994. En caso de que esto suceda, lo incierto es qué sucederá con el cultivo de palma y la inversión de US160 millones de dólares que alega Efromovich.
Paralelo a esta verificación, el Incoder dijo que realiza una inspección sobre otras 500 hectáreas, aledañas a la antigua Bellacruz, que Marulanda le vendió al Incora para que el instituto de tierras parcelara y titulara a campesinos. Como las familias salieron huyendo por la violencia, estas tierras fueron a parar al Fondo Nacional Agrario y la idea, según el Incoder, es verificar los terrenos para continuar con el proceso de titulación que quedó estancado hace dos décadas.
Hasta abril de 2010 el único paramilitar que había confesado el desplazamiento de la Bellacruz era Alfredo Ballena alias ‘Rancho’. El 31 de mayo de 2012 alias ‘Juancho Prada’, el jefe paramilitar del sur del Cesar, confesó la creación de un grupo de las Auc en la hacienda para desplazar a los campesinos, quienes eran tildados de guerrilleros por solicitar tierras.
VerdadAbierta.com llamó a la Dolce Vista y Ana Botero, empleada de esa empresa, dijo que ninguno de los funcionarios de la firma estaba autorizado para dar declaraciones a la prensa. La Hacienda La Gloria emitió el lunes 27 de agosto de 2012 un comunicado en el que señala que está dispuesta a colaborar con los trámites realizados por el Incoder y que a su juicio, según los títulos con que cuenta, dentro de la hacienda no hay terrenos baldíos. (Lea el comunicado aquí).
