La Corte Suprema de Justicia condenó a 40 años de prisión al ex gobernador de Sucre y ex diplomático en Chile, Salvador Arana Sus, por el asesinato del ex alcalde de El Roble Edualdo Díaz y conformación de grupos paramilitares.
Descargue la sentencia contra Salvador Arana
Salvador Arana Sus, ex gobernador de Sucre y ex diplomático en Chile, fue capturado en mayo de 2008 después de casi dos años de ser prófugo de la justicia. Foto: Archivo Semana. |
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Después de dos meses de haber recibido el caso desde la justicia ordinaria, la Corte Suprema de Justicia condenó a 40 años de cárcel al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, por sus nexos con grupos paramilitares.
Arana también fue condenado por el asesinato del ex alcalde de El Roble, Edualdo Díaz. Esta es la condena más alta para un político investigado por sus nexos con paramilitares.
La sentencia de la Corte
La sentencia proferida por la Corte Suprema es histórica. Impone una de las condenas más altas, 40 años de cárcel y más de 2300 millones de pesos de multa, para un político y no sólo por vínculos con grupos paramilitares sino por su participación en el crimen de un adversario político.
En este sentido, la Corte Suprema crea un nuevo precedente para juzgar a ‘parapolíticos’ al reconocer como ‘delitos de lesa humanidad’ para este caso los crímenes cometidos por el ex gobernador de Sucre en complicidad con grupos paramilitares.
Arana fue condenado como determinador de los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado por “razones políticas” (en el caso del ex alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado), y por el delito de promoción de grupos armados al margen de la Ley.
Con base en los testimonios y las pruebas recogidas, la Corte consideró que “la desaparición forzada de Díaz Salgado ocurrió con ocasión de la actividad ilegal desplegada por el grupo armado liderado por Rodrigo Antonio Mercado Pelufo (alias ‘Cadena’) a instancias de las directrices de éste e influenciado en su actuar por Salvador Arana Sus”.
Citando las acusaciones hechas por la Fiscalía, el Alto Tribunal reconoce la responsabilidad de Arana por el crimen de Díaz cuando afirma que “en las variadas reuniones que sostenía el Gobernador con los paramilitares se impartieron órdenes en torno a lo que debía ser el juego de poderes: asumió qué se debía eliminar y con ello retirar de manera definitiva a quien denunciaba la inconformidad con el manejo de lo público, mientras que Mercado Pelufo sentenció que el Alcalde señalado debía ser eliminado previa su desaparición, suceso final para el cual se esperaba que Arana diera la orden y Pelufo actuara”.
Para la Corte, la responsabilidad de Arana está demostrada cuando se tienen en cuenta declaraciones de ex paramilitares y testigos presenciales del asesinato de Díaz como Libardo Duarte, Sadys Enrique Ríos Pérez, Jairo Antonio Castillo Peralta y Juan Pablo Viloria Flórez, quienes confirmaron que “el acusado (Arana), a través de miembros del grupo paramilitar dominante en la zona, logró que el 5 de abril de 2003, retuvieran a Díaz Salgado…y a partir de esa fecha lo ocultaran sin que nadie reconociera que lo habían privado de la libertad, no obstante el reclamo público de su familia”.
En cuanto al delito de promoción de grupos armados, la Corte comprobó que el ex gobernador de Sucre se reunió en repetidas ocasiones y de manera ‘voluntaria’ con el grupo paramilitar que lideró el desaparecido jefe paramilitar ‘Cadena’. En esas reuniones, Arana estableció pactos con los paramilitares en los que se comprometió a coordinar esfuerzos para la creación de un grupo paramilitar para el departamento de Sucre.
“El doctor Salvador Arana Sus se concertó con el Bloque Norte de las autodefensas en un escenario en donde, como ha quedado demostrado, esa fuerza ilegal había irrumpido militarmente y requería de espacios políticos para garantizar su expansión…”.
Con estos argumentos, el Alto Tribunal decidió condenar a Arana por los delitos mencionados y compulsar copia del expediente para identificar otros posibles delitos de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar “del cual hizo parte”.
Con esta decisión, la Corte abre la puerta para juzgar a los políticos vinculados con grupos paramilitares no sólo (y como hasta ahora se había hecho) por el delito de concierto para delinquir que asignaba condenas de máximo 7 años, sino por crímenes de lesa humanidad para los cuales se aplican penas hasta de 60 años de cárcel.
La Corte sienta el precedente para otros casos que se siguen actualmente contra otros políticos como el de Álvaro ‘El Gordo’ García, ex senador de Sucre, quien es procesado no sólo por sus vínculos con paramilitares sino como autor intelectual de la Masacre de Macayepo perpetrada en el año 2000.
De igual forma, la sentencia de la Corte advierte que si persisten casos de ‘impunidad’ relacionados con estos hechos, se remitirán copias a la Corte Penal Internacional para que este tribunal se pronuncie sobre los mismos.
El proceso contra Arana
En noviembre de 2005 se inició la investigación contra Salvador Arana a partir de declaraciones de alias ‘Pitirri’, ex guardaespaldas de Joaquín García –actualmente asilado en Canadá- y de varios desmovilizados. No fue sino hasta un año después cuando ordenó su captura –estando prófugo de la justicia-.
En ese momento la Corte Suprema envió copia del expediente a la Fiscalía en el que se investigaba a Arana por su responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares en Sucre –como el Bloque Héroes de los Montes de María de alias ‘Cadena’- y por la desviación de recursos departamentales a este tipo de organizaciones.
Salvador Arana fue prófugo de la justicia hasta mayo de 2008, fecha en la que fue capturado por agentes del CTI escondido dentro del closet de un lujoso apartamento en Santa Marta. La Fiscalía lo buscaba bajo los cargos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada y homicidio agravado
Los cargos están relacionados con la desaparición y homicidio de Eudaldo Díaz, ex alcalde de El Roble y contradictor político de Arana, cuando se desempeñaba como gobernador de Sucre entre 2001 y 2003. Después de ocupar este cargo elpolítico sucreño fue nombrado por el presidente Álvaro Uribe Vélez como embajador colombiano en Chile entre 2003 y 2005.
El asesinato de Díaz se presentó en abril de 2003, un mes después de haber hecho públicas las amenazas en su contra en un concejo de seguridad celebrado en Corozal y precedido por el presidente de la República Álvaro Uribe. Díaz desapareció el 5 de abril y su cuerpo apareció cinco días después en una carretera que comunica Sampués y Sincelejo.
De acuerdo con la investigación, Arana acudió a alias ‘Cadena’ para pedirle que asesinara a Díaz, tras las constantes acusaciones en su contra por supuestos malos manejos de los recursos públicos y por sus vínculos con paramilitares mientras era gobernador de Sucre.
En agosto de 2008, el caso es trasladado a Bogotá, en donde se inició el juicio.
Entre los testigos contra Arana estuvieron paramilitares como alias ‘Diego Vecino’, jefe del Bloque Héroes de los Montes de María, ‘Cadena’ y alias ‘Convivir’.
‘Diego Vecino’ aseguró que desconocía los hechos y circunstancias bajo las cuales asesinaron a ‘Tito’ Díaz porque no se encontraba en la zona en el momento en que ocurrieron los hechos.
Antes de desaparecer, Díaz advirtió a su familia que si algo le pasaba, el único responsable sería Arana. Desde entonces la familia Díaz ha liderado e impulsado la investigación para encontrar a los responsables del crimen, por lo que ha sido amenazada constantemente hasta el punto de tener que varios miembros de esa familia les ha tocado exiliarse.
A finales de abril de este año, ante el Juzgado Primero Especializado de Bogotá, la Fiscalía y la Procuraduría pidieron la condena para el ex gobernador de Sucre por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada y homicidio agravado.
La petición de la Fiscalía y la Procuraduría se basó en los testimonios de Sadys Enrique Ríos, Juan Pablo Viloría Flores y Jairo Castillo alias ‘Pitirri’, quienes señalaron que Arana tenía vínculos con grupos paramilitares al mando de alias ‘Cadena’.
Finalmente, el pasado 29 de octubre, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca condenó a 28 años de cárcel a Diana Luz Martínez, ex directora de la cárcel La Vega, como cómplice del asesinato de Díaz, y a Emiro José Correa alias ‘Convivir’ y José Tomas Torres alias ‘Orbitel’, como sus autores materiales.
Martínez fue llamada a juicio en febrero de 2008 por homicidio agravado y concierto para delinquir con los paras. Según los paramilitares, la directora de la cárcel les otorgó un permiso extramural y durante esa licencia ‘Orbitel’ y ‘Convivir’ asesinaron a Edualdo Díaz.
Los testimonios claves
Sadys Ríos, ex conductor del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo alias ‘Cadena’, declaró en cinco oportunidades contra Arana asegurando que fue testigo desde el momento en que se planeó el crimen hasta que Díaz fue secuestrado. A pesar de su retractación en octubrede 2008, la Procuraduría desestimó su cambio de versión referenciando las amenazas que había denunciado antes de las últimas audiencias.
Otro de los testimonios claves para el caso fue el de Juan Pablo Viloría Flórez, ex escolta de Eudaldo Díaz, y quien inicialmente había testificado que vio cómo Arana pagó 120 millones de pesos para que paramilitares asesinaran a su jefe, pero que cambió su versión luego de que en junio de 2005 un hermano suyo fuera secuestrado.
Entonces, Viloria declaró que había sido presionado y había recibido dinero de algunos familiares de Díaz para incriminar a Arana. No obstante, a pesar de cambiar su testimonio, su hermano fue asesinado tiempo después, por lo cual decidió declarar nuevamente en contra de Arana. Víloria ratificó su versión original de que Arana había pagado por el asesinato de Díaz.
Según la Procuraduría, el testimonio de ‘Pitirri’, ex guardaespaldas de Joaquín García –y actualmente asilado en Canadá-, fue también clave ya que vinculó a Arana con la financiación de grupos paramilitares en Sucre, especialmente el Frente Mojana, y con la firma del ‘Pacto de Ralito’ en 2001.
Su testimonio, junto a otros, fueron omitidos en 2003 por el entonces fiscal general Luis Camilo Osorio, quien desvirtúo la calidad de los testigos y apeló a los buenos antecedentes de Arana para no incluir sus testimonios dentro de la investigación.
Las declaraciones de alias ‘Pitirri’ también fueron usadas para vincular a otros políticos como Álvaro García, Eric Morris y Mario Uribe, por sus supuestas relaciones con los grupos paramilitares de la región, y su responsabilidad –en el caso de Morris y García- en crímenes como el asesinato de la fiscal Yolanda Paternina, denunciante acérrima de la estructura criminal en el departamento de Sucre.
El caso del ex alcalde de El Roble y los testigos amenazados
Eudaldo Díaz, ex alcalde de El Roble (Sucre) fue secuestrado el 5 de abril y asesinado el 10 de abril de 2003, justo un mes después de que él mismo denunciara en un consejo de seguridad ante el presidente Álvaro Uribe que había recibido amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares. Por este caso, la Fiscalía acusó al ex gobernador Salvador Arana de ser el autor intelectual del crimen, que fue ejecutado por hombres del desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena. Sin embargo, desde que se inició el proceso han ocurrido una serie de hechos que han puesto en riesgo la investigación. Arana actualmente está detenido por este caso y por sus presuntos vínculos con paramilitares en el departamento de Sucre.
Después de cinco años del asesinato de Eudaldo Díaz, varios testigos claves han sido asesinados y otros han cambiado de versión.
A principios de febrero de este año fue asesinada Grey Mercado, esposa de Edelmiro ‘Chino’ Anaya – quien se desempeñaba en el 2003 como escolta del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz-. Anaya es acusado por la Fiscalía de ser uno de los autores del homicidio del alcalde Díaz.
Anaya actualmente es procesado en un juzgado de Sincelejo por el delito de concierto para delinquir después de aceptar pertenecer al Bloque Héroes de los Montes de María, grupo paramilitar dirigido por el desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo alias ‘Cadena’, a quién se le atribuye la responsabilidad del asesinato de Edualdo Díaz. Sin embargo, Anaya ha dicho que no participó en el asesinato de su jefe.
Unas semanas antes de la muerte de la esposa de Anaya, a finales de diciembre de 2008, Munir Cadavid, amigo de Eudaldo Díaz, también fue asesinado en Chinú (Córdoba), bajo extrañas circunstancias que aún son investigadas por la Fiscalía.
Cadavid también fue acusado por la Fiscalía de ser cómplice en el crimen, ya que fue una de laspersonas que convenció a Díaz para que asistiera a una reunión con Arana, y camino al lugar del encuentro fue secuestrado. Presuntamente, Cadavid había señalado al ex gobernador como responsable directo de la muerte de Díaz en una indagatoria ante un fiscal de Derechos Humanos.
Otro atentado que se ha presentado en el caso es el de Said Isaac Tatis, cuñado de Arana, y en cuya finca las autoridades creen que los paramilitares mantuvieron secuestrado a Díaz y en donde presuntamente fue asesinado.
Tatis quedó parapléjico tras recibir varios impactos de bala en Sincelejo en septiembre de 2008 y aún no ha dado su versión de los hechos ante las autoridades.
Otro de los testigos silenciados fue Diógenes Mesa Villacob, mesero del restaurante ‘La Becerra’ de Sincelejo quien testificó ante la Fiscalía, después de un atentado en su contra en septiembre de 2005, que había escuchado cómo Said Isaac había planeado con el jefe de sicarios de Cadena, alias ‘El Cocha’, el asesinato de Díaz, tras haber recibido el pago de Arana. Mesa Villacob murió cinco meses después del atentado.
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