El Juez Primero Especializado en Restitución de Mocoa ordenó 31 medidas a diferentes instituciones del Estado que garanticen la supervivencia de este pueblo nativo. Es el sexto fallo que favorece a una comunidad étnica en el país.
La sentencia de restitución a favor de la Comunidad Indígena Selvas del Putumayo es la sexta étnica del país y la primera de la región de la Amazonía. En juicio cursan las reclamaciones de otras tres comunidades: la de La Fuga, en Guaviare, y la de Tenteyá y el Consejo Comunitario Villa Arboleda, en el Putumayo. Foto: archivo Semana.El 27 de noviembre de 2003 es un día marcado en la memoria de la comunidad indígena Selvas del Putumayo. Ese jueves, paramilitares del Frente Sur Putumayo, del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), irrumpieron durante la ceremonia sagrada del yagé y asesinaron al taita Nicasio Chindoy Becerra, fundador y exgobernador del cabildo; luego amenazaron de muerte a las 23 familias del caserío, dándoles 12 horas para abandonar la región. El éxodo forzado incluyó a los pobladores vecinos de El Yarumo, Treinta y Cinco, y Playa Larga.
Desde esa fecha, la comunidad indígena Selvas del Putumayo quedó casi en el recuerdo. Las familias se dispersaron por los cascos urbanos de los municipios de Orito y Villagarzón, sobreviviendo en condiciones de “pobreza, miseria e indigencia”; dejaron de trabajar y aprender en las chacras, una especie de huertas comunitarias cerca de sus viviendas; de practicar el ritual del yagé; conocer las plantas medicinas, cazar y pescar. En medio del desplazamiento, sus intentos de lograr el reconocimiento como resguardo fueron truncados.
Con la pretensión de restablecer su vida comunitaria, el pasado 7 de noviembre el Juez Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa les dio ‘alas’ para renacer. Con una sentencia que incluye 31 órdenes, distintas instituciones del Estado tienen entre seis meses y un año para realizar acciones en favor de la supervivencia del pueblo Inga.
Por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Comisión Nacional de Territorio, del Ministerio de Agricultura, tienen seis meses para constituir el resguardo Selvas del Putumayo, “incluyendo el territorio que debe adquirir la misma entidad para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”. (Lea la sentencia aquí)
El fallo también le da un plazo de seis meses a la Unidad Nacional de Víctimas para que elabore un Plan integral de Reparación Colectiva, incluyendo el trámite de consulta previa que este requiere, incorporando un sistema de producción propio, de fortalecimiento de las chagras familiares y comunitarias; de proyectos que garanticen la recuperación conservación y reproducción de su fauna y flora, así como de programas de educación y capacitación para los jóvenes. El Juez reitera que este Plan debe elaborar además el Ordenamiento Ambiental Indígena, que corresponde al inventario de plantas medicinales.
Otras de las medidas hacen un llamado a los Ministerios, como el del Interior que tiene un año para construir una sede para la Escuela de Liderazgo, dada la falta de formación en lo administrativo, político y organizativo de los jóvenes; y al Ministerio y secretarías de Educación para construir un centro educativo en el territorio indígena, así como mejorar las condiciones de la escuela de la comunidad en el barrio Naranjito, en el municipio de Orito. El llamado incluye al Departamento para la Prosperidad Social para que implemente en un máximo seis meses la estrategia Iraca, diseñada a favor de las comunidades étnicas en riesgo de desaparecer, y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía para que, en convenio con la comunidad, construya la Casa del Yagé,
La Unidad de Restitución de Tierras debe garantizar durante por lo menos un año el número necesario de Encuentros de Saberes y Sabedores del Pueblo Inga, y coordinar a todas las instituciones llamadas en el fallo. Por su parte, la Procuraduría y Defensoría Delegadas para la Restitución deben hacer seguimiento al cumplimiento de cada una de las medidas.
Descendientes de los Incas
Las sentencias étnicas que profiera la justicia transicional sobre la Amazonía serán clave para blindar este territorio que, pese a su protección, ha estado en la mira de la explotación minera. Foto archivo Semana.El pueblo Inga es descendiente de los Incas y llegaron en el siglo XV al Valle de Sibundoy, noroccidente de Putumayo, como avanzadas militares en el proceso de expansión del imperio. Así lo documenta un informe del Ministerio de Cultura, que relata que su desplazamiento ocurrió durante el periodo de la conquista española, entre finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI, hacia los departamentos de Caquetá y Nariño. (Lea informe del Ministerio de Cultura)
Pese a su resistencia y tradición militar, conocidos como mitimak-kuna [Mitimak, que en lengua kichwa significa “irse” y de maray, que significa “pelear”], el aislamiento de los Ingas se agudizó hasta la segunda mitad del siglo XIX con el auge del árbol de la quina, la comercialización del caucho y la instalación de los misioneros Capuchinos.
Tras la guerra entre Colombia y Perú [1932-1933], por lo menos mil ingas que vivían en el Alto Putumayo migraron hacia pueblos vecinos. Incluso a Venezuela, y sólo hasta la década de los noventa pudieron comenzar la construcción de un frente común para recuperar su territorio.
Fue así como nació la Comunidad Indígena Selvas del Putumayo, que en 1996 bajo el liderazgo de Nicasio Chindoy Becerra, se empezó a organizar, teniendo como ‘tesoro’ la conservación de su lengua materna, y sus usos y costumbres. Ya constituidos como cabildo desde 1998, el taita Nicasio logró en 2001 reunir a una gran parte de la comunidad en la vereda El Topacio, del municipio de Orito. Ese mismo año, la entonces gobernadora Marta Buesaquillo Juajibioy negoció de palabra las 15 hectáreas de una finca para consolidar el territorio colectivo, y permitir el asentamiento de las ocho familias que lograron reunirse.
Ya con la tierra, los Inga quisieron que el Estado los reconociera como resguardo, pero mediante una resolución del 27 de diciembre de 2001 el Ministerio del Interior les informó que no cumplían con los requisitos; al respecto, el Juez Especializado en Restitución reiteró que el “reconocimiento constitucional de la propiedad colectiva del resguardo sirve a la preservación de las culturas indígenas y de sus valores espirituales. La tierra indígena no sólo constituye la base de la subsistencia, sino que es parte fundamental de su cosmovisión, costumbres y religiosidad”.
Como lo documentó la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) y la Unidad de Restitución en el estudio de contexto, que sirvió de base para formular la demanda de restitución, el conflicto armado puso en riesgo la existencia de los Inga. Durante el juicio, líderes y jóvenes expresaron cómo la guerra de los últimos 20 años desintegró a la comunidad y afectó sus prácticas ancestrales, incluyendo la lengua materna. “… la tecnología nos cambia mucho, ya uno se dedica a lo que hacen los blancos… ahora como que uno le da pena colocarse el traje, sí, entonces en ese sentido nos hemos perdido”, dijo un integrante de la comunidad durante el juicio de restitución.
Nukanchi [nosotros]
El Decreto Ley 4633 de 2011 es el que crea los mecanismos y rutas para la reparación y restitución de territorios a comunidades indígenas. Foto archivo Semana.Desde que los paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Auc ingresaron a Putumayo, las masacres y desplazamientos fueron continuos durante casi una década, entre 1997 desde el nacimiento del Frente Sur Putumayo hasta su desmovilización en 2006. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), de la Unidad Nacional de Víctimas, en ese periodo fueron expulsadas 140 mil 465 personas del departamento, una cifra que incluye a las víctimas de la masacre ocurrida en el caserío El Tigre, en el Valle del Guamuez, el 9 de enero de 1999, y la masacre en la vereda El Placer, en el mismo municipio, el 7 de noviembre del mismo año. (Ver cifras de desplazamiento por año)
El Ministerio de Cultura advierte que entre 2000 y 2008 los Inga, junto a los Bari, ocuparon el décimo lugar en el país de comunidades indígenas con más víctimas de asesinato: “… las 16 víctimas que acaecieron en el periodo considerado representan 2% del total nacional registrado para estos años (983 víctimas). Por otro lado, el desplazamiento forzado ha hecho que varios miembros de la comunidad se hayan desplazado hacia zonas urbanas del país. Tal es el caso de los ochocientos indígenas que se asentaron posteriormente en Bogotá en la localidad de Antonio Nariño desde 1999”, indica un informe del Ministerio con base en datos del Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Cuando los paramilitares asesinaron al taita Nicasio Chindoy Becerra, la Comunidad Indígena Selvas del Putumayo cargó con el estigma de ser “colaboradora de la guerrilla”. Sus tradiciones agrícolas y espíritu de viajeros y comerciantes fueron cercenados, como también lo fueron sus patrones de movilidad, habilidades artesanales, conocimientos chamánicos y poderes curativos. Tampoco pudieron volver a celebrar el Festival del Perdón, también llamado Festival del Arcoíris o del Amor, “que representa la renovación del ciclo anual para este pueblo y convoca a la reunión de familias y personas desde los lugares más lejanos”, documenta el Ministerio de Cultura.
Para los Inga el asesinato del taita Nicasio los dejó ‘acéfalos’. Un año antes, en 2002, su exgobernador Benigno Octavio Coquinche Jurado había sido desplazado, señalado de colaborar con el Ejército. A esto se sumaron las aspersiones con glifosato, producto de la puesta en marcha del Plan Colombia, que terminó contaminando los cultivos y fuentes hídricas del territorio colectivo. El desplazamiento minimizó la labor de los Sinchis, sabedores del pueblo, así como del uso del Yagé, la planta más importante de su cultura pues es a través de esta que el pueblo cura las enfermedades y desarrolla su espiritualidad. En 2007, la comunidad quedó sin médico tradicional, después del fallecimiento de Alfredo Coquinche, atribuido a la “tristeza” de vivir en la ciudad.
Desde el 16 de diciembre de 2015 los Inga esperaban una respuesta positiva, pues para entonces la Unidad de Restitución de Tierras radicó su caso ante los Juzgados. Ese proceso permitió que el Ministerio del Interior registrara a la Comunidad Selvas del Putumayo, y que la Unidad Nacional de Víctimas los reconociera como grupo colectivo sujeto de reparación. Aunque en 2013, la entonces gobernadora indígena Marta Buesaquillo tocó de nuevo las puertas del antiguo Incoder para lograr la constitución del resguardo, la institución no cumplió con la visita que programó en 2014 para comenzar con el estudio socio-económico.
La esperanza de los Inga ahora está puesta en la reciente sentencia de restitución, que revive su comunidad bajo la promesa de que el próximo 14 de diciembre la Unidad de Restitución de Tierras y la Defensoría del Pueblo les entregarán materialmente el territorio. La Comunidad Indígena Selvas del Putumayo confía en que con las 31 decisiones proferidas por el Juez, el Estado ya no tenga excusas o dilate la constitución de su Resguardo. Asimismo que su territorio quede blindando de la explotación minera, como fue ordenado al Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía.
“Con esto nos queda claro que el conflicto armado destruyó la fuente de vida de la comunidad Selvas del Putumayo, pues como se manifestó en líneas precedentes, el Territorio no puede confundirse con una parcela o porción de tierra, al contrario, es una entidad con vida, del cual dependen y desarrollan sus actividades culturales, económicas, políticas y sociales”, concluyó el Juez en la sentencia, la primera para la región de la Amazonía.
