Pequeñas intervenciones en diversas zonas rurales de esta conflictiva región del nororiente del país se vienen ejecutando desde el año pasado como parte de la implementación del Acuerdo de Paz. Las comunidades celebran que puedan participar en su ejecución.
“La gente volvió a creer en el Estado”, afirma Rubén Castillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Líbano (El Tarra), enfatizando cada palabra. Su frase condensa lo que significó la construcción de un salón comunal hecho por la gente de su vereda, dentro del plan de Pequeñas Infraestructuras Comunitarias (PIC).
Las PIC son obras de impacto focalizado en veredas del Catatumbo, que incluyen obras comunitarias, de servicios públicos y mejoras viales concertadas con la comunidad, con la coordinación de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), y que hacen parte de las estrategias de acción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los componentes para financiar las regiones después de la firma de fin del conflicto con la extinta guerrilla de las Farc.
Para el caso del Catatumbo se sumó Colombia Transforma, programa financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en un proceso en el que tomaron especial protagonismo las juntas de Acción Comunal de El Tarra, Tibú y Teorama, donde se adelantaron distintos proyectos que cambiaron, por ahora, esa imagen perdida, por incumplimientos, mentiras y ausencias de decenas de gobiernos.
Un total de 36 obras completadas, al término de 2018, de las 80 presupuestadas, significaron para los catatumberos confianza en el Estado, pero no se olvidan de que hay temores por la posibilidad de incumplimiento de los pactos que le dieron origen a un plan de acción territorial, que debe resolver los problemas básicos del territorio para conocer, por fin, el desarrollo.
Cerca de 40 de las PIC aún están en fase de ejecución o por iniciar, y quedan pendientes 23 objetivos relacionados con ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, infraestructura y adecuación de tierras, salud rural, educación rural y primera infancia rural, vivienda rural, agua potable y saneamiento básico, reactivación económica y producción agropecuaria, sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, y reconciliación, convivencia y construcción de paz, incluidos en el Plan de acción territorial para el Catatumbo, propuestas con las que se cambiaría definitivamente el territorio en la próxima década.
Pese a ello, Robert Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector El Edén (El Tarra), asegura que la experiencia en su zona, donde se edificó un salón comunal, “fue una de las mejores para todas las comunidades”, porque esta vez sí hubo apoyo real.
“Nos empoderamos en la ejecución y en el conocimiento de los proyectos, ya que nos dieron la oportunidad de ser los que manejábamos el recurso y de hacer todo el trabajo”, relata Rodríguez y agrega: “También nos fortaleció en la confianza y en la unión, y aunque esos proyectos los denominan pequeñas infraestructuras, para nosotros fueron grandes porque por primera vez llegaron al territorio”.
La participación comunitaria fue clave para las PIC, no sólo para asegurar la supervisión de cada ladrillo puesto, sino porque se estableció un eje de confianza entre el Estado y las juntas, pues todo el proceso, desde la elaboración de los proyectos hasta la construcción de las obras, fue de ellas, en tanto que el Estado asesoraba las iniciativas.
“Esta fue la primera vez que tuvimos esa oportunidad para hacer nosotros mismos las cosas. En nuestras manos sí se iban a manejar bien los recursos”, cuenta el representante de El Edén y recuerda que “siempre han llegado propuestas para el desarrollo, pero siempre han influido terceros, contratistas que nos dejan con las obras por la mitad, o apenas hacen el estudio y se quedan ahí; a veces demoran hasta 10 años para hacer una obra, y esta, que la hicimos con dedicación, se logró en unos tres meses”. En su caso tuvieron cinco obreros contratados, más la ayuda de la comunidad que apoyó en el traslado de materiales.
“A la gente se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja. Proyectos que llevábamos años esperando, ya son espacios de recreación para hacer nuestras reuniones. En otros lados utilizaron los fondos para dar mejor accesibilidad a su comunidad. Creo que esto generó confianza porque las entidades pusieron sus ojos en las comunidades, que están dispuestas a dejarse ayudar más, si el trabajo se hace de la misma manera”, afirma Rodríguez.
Para Ramón López, presidente de Junta de Acción Comunal de Bello Horizonte, también en El Tarra, la placa deportiva que se construyó en su zona “es lo mejor que se ha visto en la vereda: nos reunimos y compramos lámparas para iluminarla, y todas las tardes la gente va a la cancha. Les encanta jugar micro (fútbol)”, asegura y agrega que “antes, los niños estaban carretera arriba y carretera abajo, pero ya no hay riesgo de que cojan malos caminos”.
Del temor a la esperanza
Si bien el proceso fue complejo, dice, por los temores que causaba la llegada de un Estado al que le tenían miedo por la posibilidad de que los proyectos fuesen una excusa para arrancar la coca, al final hubo resultados y tras varias reuniones, yendo y viniendo de encuentros con la ART, se convencieron de que el Estado sí llegaría sin militarización, sin fuerza, sin daño y, lo mejor, enseñándoles sobre contratación y asociatividad.
“Nos sentimos muy contentos porque confiaron en las juntas de Acción Comunal y ya nosotros tenemos la capacidad de contratar, sabemos cómo lo tenemos que hacer para ejecutar un proyecto”, comenta Castillo. “Hicimos el salón tal cual nos dijeron y en los días de la entrega de cuentas, ahí en el tablero, entregué lo que gasté, lo que hicimos, y como teníamos un auxiliar contable, eso fue lo mejor porque cuando uno va a entregar cuentas no brega, todo queda clarito”, puntualiza el presidente de la Junta de Acción Comunal de El Líbano.
También conformaron un comité de acompañamiento que estuvo pendiente de la obra de principio a fin y, según la experiencia de Castillo: “Tuvimos la oportunidad de que cuando vino el señor Emilio Archila (Alto Comisionado para el Posconflicto) se hizo la entrega, para que él se diera cuenta de que las cosas se hacen bien cuando se quiere”.
En materia de asociatividad está el caso de Rodríguez y su núcleo veredal que se conformó como cooperativa, luego de la experiencia con las PIC y la interacción con sus vecinos, situación que no ocurría antes. “El programa nos ayudó a unirnos, a conocernos entre veredas, a estarnos visitando más, y se logró hacer ese fortalecimiento para tener fuerzas y luchar contra todos los que no quieran dejarnos avanzar en el desarrollo”, asegura. “Ese trabajo nos impulsó a dar ese paso con la cooperativa”, que actualmente se especializa en contratación y proyectos productivos.
Su primera obra, que se realizará apenas termine las capacitaciones, será la rocería –limpieza de cubiertas– del oleoducto Caño Limón-Coveñas, con la empresa Ecopetrol, para luego participar en otro de geotecnia.
Pero no será sólo la inversión o las pequeñas obras las que cambien el Catatumbo, pues la meta es que los proyectos se sigan desarrollando con los habitantes, en especial porque, como señala Rodríguez, las PIC fueron un voto de confianza con el Estado. Se espera pues que las palabras no se las lleve el viento cuando a partir de ahora que siguen proyectos con mayor impacto, se cumplan todos los compromisos asumidos con la comunidad.
“Ya la confianza está ganada”, comenta López y sentencia; “Ojalá no se olviden de nosotros”.
La fuerza de las juntas
Emiro Cañizares, director ejecutivo de Asomunicipios (Asociación de Municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar) afirma que las PIC fueron la prueba definitiva para convencerse de que la renovación del territorio es posible cuando las juntas de Acción Comunal son protagonistas.
“Valoro mucho que la metodología que se usa para la focalización le entrega el poder al ciudadano, al Presidente de Junta; de priorizar obras comunitarias que son tan necesarias para un corregimiento como un puente hamaca, el mejoramiento de una sede educativa, un escenario deportivo, el arreglo de una vía o un acueducto”, indica Cañizares, quien también valora que “se entregan responsabilidades en cuanto a la administración de esos recursos, es decir, que la comunidad empiece a conocer cómo funciona lo público y los ejercicios que se hicieron son muy interesantes porque lograron rendir mucho la plata”.
En la región, según Cañizares, las juntas de Acción Comunal han demostrado ser muy organizadas, al punto de que incluso Asomunicipios se ha servido de ellas para avanzar en proyectos estratégicos como la electrificación rural y los inventarios viales. “En electrificación rural han sido claves en la identificación de los usuarios que faltan por el servicio, así como en todo el trabajo de campo, de estructuración del proyecto desde la topografía hasta los estudios socioeconómicos, y en la coordinación de cómo hacer llegar los materiales a zonas de muy difícil acceso”, explica.
En cuanto al proceso de inventarios viales las juntas de Acción Comunal hicieron su aporte, presentaron la georreferenciación de las vías incluyendo qué obras existen, las que faltan y su localización. No hubiera sido posible este trabajo sin las juntas, concluye Cañizares. Ya se cuentan con insumos en los municipios San Calixto, Convención, Teorama, y El Tarra.
El modelo de las PIC, para Cañizares, bien pudiera trasladarse a obras de mediana envergadura y complejidad. “El gobierno debería revisar la buena experiencia que hay en nuestros municipios con el papel que cumplen las juntas de acción comunal”, dice. “En la vida hay que ser prácticos, y cuando hay algo que funciona, el Estado debería aprender de ese proceso y ver cómo se mejora”.
Si las juntas tuviesen un acompañamiento técnico en la estructuración, formulación de proyectos y ejecución final, podrían continuar el empoderamiento ciudadano y se concretaría el músculo social que requiere el gobierno nacional para llegar a este complejo territorio.
“Veo allí una puerta importante que se abre, pero lo ideal es que las PIC hubiesen llegado a todos los municipios”, señala Cañizares, pues de los ocho municipios con PDET, sólo se realizaron obras en tres de ellos, y además, se sigue reclamando que la problemática del Catatumbo se extiende, al menos, a 12 municipios, incluido el sur de Cesar.
Aun así, la concertación con las comunidades parece ser la estrategia más ventajosa para consolidar el cambio, desde la gran base social que configuran las juntas, más su lógica territorial y participativa.
Esa es la petición desde el territorio y se espera que lo aprendido se replique, para que la desconfianza no vuelva a ocupar el vacío dejado por un Estado que ha estado ausente o débil a lo largo de la historia en el Catatumbo.
