Con intimidaciones, amenazas y presiones comenzó en Medellín el juicio contra diez miembros del Ejército acusados de participar en la masacre de ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, ocurrida entre el 21 y el 22 de febrero de 2005.
Presencia de militares uniformados y de civiles durante la audiencia, amenazas a una defensora comunitaria de la Defensoría del Pueblo que acompaña a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y preparación de testigos falsos en la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia, fueron algunas de las denuncias que se hicieron en el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia, en el inicio del juicio por la masacre de ocho campesinos en la comunidad de paz.
Desde las dos de la tarde se hicieron presenten en este lugar familiares de los diez militares procesados, así como miembros de la Comunidad de Paz, abogados defensores de derechos humanos y periodistas, quienes estuvieron bajo la vigilancia de por lo menos diez uniformados del Batallón Pedro Nel Ospina, adscrito a la IV Brigada del Ejército y de varios más que ingresaron vestidos de civil.
“Esos de civil nos observan a todos, como si nos quisieran atemorizar”, dijo una defensora de derechos humanos, que pidió no ser identificada.
En el recinto se vivió una gran paradoja: mientras los militares detallaban a los asistentes sin ningún problema, a las organizaciones de víctimas y miembros de la comunidad que se hicieron presentes con pequeñas carteles hechos a mano y que contenían las fotos de las personas masacradas, entre ellas cuatro menores de edad, las obligaron a envolverlos y se les prohibió desplegarlos porque, les advirtió un Policía, “eso intimidaba” a los asistentes.
Jorge Molano, abogado de las víctimas de la comunidad de San José de Apartadó, calificó de “muy preocupante” la presencia de uniformados en la sala de audiencias y aseveró que no comparte la idea que el Ejército Nacional sea el encargado de custodiar la justicia, “cuando siempre se había entendido que, constitucional y legalmente, es una función exclusiva de la Policía Nacional. Creo que no es conveniente para este juicio, ni para el país, que el Ejército Nacional cope los espacios de la administración de justicia”.
Otro asunto que molestó al jurista y que fue discutido ante la Juez fue la comparecencia de los diez acusados en trajes de fatiga del Ejército Nacional. “Eso también nos preocupa”, aseguró Molano y agregó que le solicitarán por escrito a la Juez que ordené compulsar copias para que se investigue en las guarniciones militares por qué razón personas que tienen en su contra medida de aseguramiento, y que sobre esa base están suspendidos del Ejército Nacional, siguen utilizando prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. “Eso podría están planteando que estamos aquí de manera flagrante en un juicio ante nuevos delitos”, indicó.
Este fue el panorama que rodeó la comparecencia ante el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia del teniente coronel Orlando Espinoza Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín Cruz Reina, el subteniente Jorge Humberto Milanes Vega, el sargento Henry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia, el subteniente Edgar García Estupiñan y el sargento Darío Brango Agamez, quienes en el año 2005 se encontraban adscritos al Batallón Vélez de la Brigada XVII del Ejercito y contra los que pesa una medida de aseguramiento por los delitos de delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida y actos de barbarie.
A estos militares se le vinculó penalmente a los hechos ocurridos entre el 21 y el 22 de febrero de 2005, cuando un comando de por lo menos 60 paramilitares pertenecientes al Bloque Héroes de Tolová, que comandó Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘Don Berna’, protegidos por miembros de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 adscrita a la Brigada XVII del Ejército, asesinó a Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de edad. Los hechos ocurrieron en las veredas La Resbalosa y Mulatos Medio, en el Urabá antioqueño.
La masacre causó gran impacto nacional e internacional porque la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, constituida como tal desde el 23 de marzo de 1997 con el ánimo de mantenerse neutral en el conflicto, tiene medidas cautelares y provisionales impuestas al Estado colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al dictar resolución de acusación, la Fiscalía Séptima Delegada ante la Unidad de Derechos Humanos, destacó la crueldad empleada por los perpetradores del crimen: “las víctimas fueron sometidas por la fuerza, después los torturaron, luego los ejecutaron y finalmente, en actos de verdadera crueldad, los descuartizan para luego ocultarlos en una fosa”.
En desarrollo de la audiencia, los seis abogados que defienden a los diez militares solicitaron la anulación del juicio tras argumentar que durante las etapas preliminares no se les había respetado los derechos de contradicción, defensa legítima y debido proceso. A esta solicitud se opuso tanto el Fiscal Séptimo Delegado ante la Unidad de Derechos Humanos como el Agente del Ministerio Público y el abogado representante de la Comunidad de Paz.
Tras valorar los argumentos y las actuaciones dentro del proceso, la Juez Segunda Especializada de Antioquia determinó que no había ninguna irregularidad que invalidara el proceso; además, ordenó nuevas pruebas y citó a una nueva etapa del juicio, la cual fue programada para los días 14, 15 y 16 de diciembre de este año.
La decisión fue celebrada por la ex alcaldesade Apartadó, Gloria Cuartas, quien acompaña a la Comunidad de Paz desde sus comienzos, en marzo de 1997. “Se demostró que no hubo violación al debido proceso”, afirmó. “Lo que viene ahora es un proceso lento, pero tenemos la confianza que, pese a todas las dificultades, se podrá esclarecer la masacre y no quedará en la impunidad”.
El abogado Molano, por su parte, consideró que la decisión se ajustó a derecho. “Es una decisión que reconoce que a los militares no se les ha negado el derecho a la defensa y el debido proceso, y que han contado con todas las garantías”, declaró.
De otro lado, el jurista también resaltó la decisión de la Juez de decretar una serie de pruebas, entre las que se destacan los testimonios del ex capitán Guillermo Gordillo, quien confesó su participación en el crimen y se acogió a sentencia anticipada, aceptando que la Brigada XVII y el bloque Héroes de Tolová patrullaban de manera conjunta para ejecutar crímenes de lesa humanidad; además, serán citados los paramilitares José Joel Vargas, Adriano Cano Arteaga y Luis Salgado David, ex miembros del bloque Héroes de Tolová, quienes también admitieron que trabajaron de la mano del Ejército Nacional y que, junto con las tropas estatales, cometieron la masacre.
“Creemos que la práctica de esa prueba testimonial concluye en el mes de diciembre, luego de lo cual esperamos que se expida una sentencia de manera pronta”, concluyó Molano.
Con información de la Agencia de Prensa IPC
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