En menos de mes y medio, el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) ha publicado tres comunicados advirtiendo la grave situación de riesgo por la que atraviesan los pobladores del afluente del San Juan, en el sur del departamento de Chocó. La situación de seguridad es crítica: afrontan desplazamientos y confinamientos.
El pasado fin de semana la situación estalló: al menos 1.444 personas se encuentran en situación de desplazamiento y 1.391 confinadas porque habría ocurrido lo que muchos temían: al parecer se rompió uno de los pactos más importantes entre grupos armados ilegales en la región del San Juan.
A finales de junio de este año, una visita de verificación interinstitucional pudo registrar las afectaciones de las que fue víctima la comunidad de Monte Bravo, del municipio de Istmina, entre los días 21 y 22 de ese mes. Este sería el inicio de una creciente ola de violencia sin que se tenga certeza sobre las razones que la iniciaron y qué grupos armados, legales e ilegales, estarían involucrados.
En aquella oportunidad, el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) —que representa a 72 comunidades negras dentro de un título colectivo de poco más de 683 mil hectáreas—, junto con la Alcaldía de Istmina, la Personería Municipal, la Defensoría Regional Chocó, la Unidad de Víctimas y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), evidenciaron orificios de proyectiles en varias viviendas y en algunos árboles de Monte Bravo, y recogieron los testimonios de las comunidades en los que se indicaba que sujetos armados y uniformados, que no estaban en combate con otro actor, había arremetido contra la comunidad y sus bienes.
Según estas mismas versiones, los hombres que usaban brazaletes de colores rojo y blanco, después de insistirles para que se identificaran, dijeron que eran miembros del Ejército Nacional.
El Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) publicó en su cuenta de Twitter un video en el que, según explican, mientras la comunidad “buscaba refugiarse, el Ejército Colombiano disparaba directamente a sus cuerpos, sus lanchas y sus casas”.
Se dijo, además, que las tropas estatales habrían ingresado a las viviendas y robado documentos de identidad, celulares, maletas, computadores y otros bienes. Las comunidades alertaron sobre posibles montajes judiciales, pues presuntamente se les habría incautado armas que los pobladores afirman fueron puestas por los uniformados en sus hogares.
El día 21 de junio en el Municipio de Istmina – Chocó, sobre la vereda de Monte Bravo de Panamacito, el @COL_EJERCITO desarrolló hostigamientos en contra de la población civil, los habitantes fueron sorprendidos por ráfagas de fusil y explosiones. pic.twitter.com/kuHzhBRN6J
— PCN (@renacientes) June 26, 2021
Acadesan trató la situación en el Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) del 1 de julio. Al final de la reunión, diferentes instituciones del Estado se comprometieron a remitir ayudas y tomar las declaraciones de las familias desplazadas forzadamente, “lo cual sólo se realizó hasta el 23 de julio de 2021 en el caso de la toma de la declaración, las ayudas humanitarias fueron entregadas por parte del ente territorial, en la última semana del mes de julio de 2021”, se lee en un comunicado difundido el pasado 4 de agosto.
En aquella reunión también le solicitaron al Ejército Nacional que investigara si miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán —que desde el 9 de enero de 2014 fue activada por el entonces presidente, Juan Manuel Santos, para el departamento de Chocó— habían sido realmente los protagonistas de esos hechos, pero según le explicó a VerdadAbierta.com una fuente cercana a este proceso, en esa ocasión no se presentó el comandante de esta unidad, Brigadier General Óscar Leonel Murillo Díaz, y su delegado se limitó a tomar nota.
El pasado 27 de julio, en una segunda reunión del Comité Territorial de Justicia Transicional, convocada para hacerle seguimiento a los hechos del San Juan, el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán se empeñó en ilustrar los actores ilegales que desde esa institución tiene identificados en esa región y en abordar su concepto de seguridad frente a las garantías para el retorno a las comunidades, pero “a nosotros la Fuerza Pública nunca nos dijo si los que habían originado la situación de conflicto, tensión para el 20 y 21 de junio había sido la Fuerza Pública”, precisó una fuente cercana al consejo comunitario. Desde entonces no les han dado más respuestas.
Balas que desplazan
“Nosotros estamos en el territorio con todos los actores armados: legal e ilegal, y al final no sabemos cuál es el uno y cuál es el otro”, expresó Elizabeth Moreno Barco, más conocida en la región como ‘Chava’, representante legal de Acadesan.
El miedo de identificar a los actores armados que transitan por la región es frecuente en las comunidades del San Juan. Tampoco es tarea fácil, las dinámicas del conflicto no permiten el diálogo humanitario que viene desde la población civil en todas las ocasiones como sí era más frecuente años atrás.
Tras la salida de la guerrilla de las Farc luego de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, el Frente Ernesto Che Guevara, adscrito al Frente de Guerra Occidental de la guerrilla del Eln, se afianzó en la región. Esa estructura es comandada por Emilce Oviedo Sierra, conocida con el alias de ‘La Abuela’. Sin embargo, en los últimos años se ha cernido sobre los afluentes del San Juan, desde el departamento de Valle del Cauca, el grupo de origen paramilitar conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’.
Esa presencia armada, al parecer sin contención alguna por parte del Ejército, se ha venido dando en las últimas semanas, de acuerdo con una alerta enviada hace dos días por Acadesan, por “la movilización masiva de hombres armados, así como los combates entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas situaciones se presentan en el Bajo y Medio San Juan, vulnerando los derechos fundamentales de comunidades de ACADESAN ubicadas en los municipios de Litoral del San Juan, Medio San Juan, e Istmina”.
Esa advertencia evidenciaría una ruptura entre ambas estructuras armadas, pues al parecer desde finales de 2017 habrían logrado un acuerdo de no agresión en la región, que fue presenciado por miembros de estas comunidades.
Las diferencias se zanjaron tras dividirse el territorio: de la parte urbana del municipio de Istmina hasta la región geográfica conocido como Los Remolinos de La Unión (municipio de Medio San Juan) sería dominio de las Agc; y desde la comunidad negra de La Unión (Medio San Juan), hasta la comunidad negra de Palestina (Litoral del San Juan), sería territorio del Eln. Cada grupo recibiría las rentas de las actividades mineras, forestales, de cultivos de uso ilícito y tráfico de drogas en sus respectivas áreas de operaciones sin emprender acciones violentas.
Sin embargo, todo parece indicar que ese acuerdo se habría roto el fin de semana pasado cuando se registraron enfrentamientos entre ambas organizaciones armadas en la vereda Dipurdú del Guácimo, municipio del Medio San Juan.
“Este año no sé qué ha pasado… no sé si es la reconfiguración, pero parece que el pacto se rompió. Veíamos con gran tristeza y dolor porque para nosotros como subregión del San Juan fue de gran alivio y no podemos desconocer que ese pacto, ese cese entre los grupos generó mayor confianza, mayor movilidad en algún sector del territorio”, reconoció Moreno.
Esta lideresa explicó que en los últimos días comenzó a sentirse la presencia de grupos al margen de la ley desde la cabecera municipal del Litoral del San Juan, en donde algunos tenderos fueron extorsionados por personas no identificadas. Luego vendrían afrentas de las Agc en territorio del Eln y, finalmente, se dieron los enfrentamientos en Medio San Juan.
El pasado jueves, estructuras de las Agc, pasaron el sitio geográfico de Los Remolinos de La Unión y llegaron hasta la comunidad negra de La Unión, los combatientes se dirigieron por tierra a Dipurdú del Guásimo, pintaron casas y espacios comunitarios con la frase “AGC PRESENTES” y detuvieron e interrogaron a varios pobladores. Las comunidades de la vereda de Isla de la Cruz y San Miguel del Medio San Juan y la vereda de Negría en Istmina estaban a la expectativa de los operativos arbitrarios e irregulares.
Dos días después, en horas de la noche, presuntos subversivos del Eln asesinaron a un jóven trabajador de una fábrica de botes en cercanías de la comunidad de Negría, acusándolo de ser informante de las Agc. Sobre las tres de la tarde del día siguiente, se presentaron combates entre la guerrilla del Eln y las Agc, generando desplazamiento y confinamiento de cientos de pobladores. La confrontación se concentró en inmediaciones del cementerio y el cerro de Dipurdú.
Según datos de la Alcaldía de Medio San Juan, 1.227 personas (965 familias) se desplazaron de Dipurdú del Guasimo a San Miguel y 167 personas a Isla de la Cruz; y de la vereda La Unión salieron otras 50 personas (30 familias) hacia Istmina. Por su parte, en tres comunidades más se registran 1.391 personas confinadas por los enfrentamientos, se trata de la Unión (450 personas), San Miguel (817 personas) e Isla de la Cruz (124 personas).
“Tenemos videos que salen de las mismas comunidades donde la gente corre pidiendo auxilio atemorizada por las ráfagas y los sonidos de las balas”, dice ‘Chava’ y es enfática en alertar que la ola de violencia tiene en riesgo a todas las comunidades del río San Juan “Si está la problemática en la parte de abajo y está en la parte de arriba, los que suben y los que bajan (por los afluentes del San Juan) de alguna manera afecta a todo el territorio”.
Para estos municipios había sido expedida la Alerta Temprana de Inminencia N° 034-19 que alertaba sobre el riesgo de las comunidades afrodescendientes e indígenas que viven en Istmina y Medio San Juan por el accionar de la guerrilla del Eln que había impuesto para la fecha fuertes reglas de control social.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se pronunció sobre la reciente situación humanitaria y aclaró en la tarde de ayer que hasta el momento los desplazamientos forzados se han dado entre corregimientos. “Sin embargo —dijo—, advertimos que la situación de desplazamiento en la zona se puede agravar y extender a comunidades vecinas de los municipios de Sipí y Litoral de San Juan”.
El riesgo que asedia a las comunidades del municipio de Sipí ya había sido retratado por este portal a raíz de el despojo jurídico que afronta esas comunidades negras con un empresario canadiense (Leer especial en: Despojo invisible de una selva chocoana)
El Consejo Comunitario de Acadesan ha recordado que la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, como el Auto 091 de 2017, y el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó con el Auto 040 de 2018 de Medida Cautelar han ordenado al Gobierno Nacional y a organismos de control del Estado que tomen medidas de prevención, protección, atención y restitución de derechos de las comunidades negras de la región del San Juan que atienda la situación humanitaria y prevenga la ya angustiosa situación de desplazamiento forzado.
Por lo pronto, las comunidades del San Juan están a la espera de medidas de protección colectiva por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde el 2019, con las que se les garantice cosas como el fortalecimiento de canales de comunicación o lugares de albergue, petición que fue reiterada el pasado 26 de marzo.
Mientras la burocracia es paquidérmica, la velocidad de la violencia se impone a sangre y fuego sobre sus pobladores. Parece que la seguridad de las comunidades está a merced de los pactos de no agresión que mantengan los grupos armados ilegales entre sí y no a la presencia efectiva del Estado.
