Cinco muertos, dos heridos, amenazas de muerte, hostigamientos a unidades militares y atentados contra la infraestructura petrolera son algunas de las acciones perpetradas en esta región del país en los últimos meses.
Germán Arenas Usme
Mocoa
En un reciente consejo de seguridad realizado en las instalaciones del comando de policía del Putumayo en Mocoa, con la presencia del gobernador Jimmy Díaz Burbano, los comandantes regionales de Ejército, general Alfonso Bacca Torres, y de policía, coronel Ricardo Suárez Laguna, se analizó la difícil situación que en materia de orden público se vienen registrando en el departamento desde el pasado 19 de marzo cuando la guerrilla de las Farc retomó sus acciones violentas luego del anuncio que hicieran sus líderes desde La Habana, Cuba, de levantar el cese unilateral al fuego.
El gobernador Díaz aseveró que existe una enorme preocupación por las acciones violentas que se vienen registrando no solo por la guerrilla de las Farc sino por otros grupos armados ilegales que están sembrando el terror dentro de las comunidades y que pueden estar asociados al narcotráfico y la delincuencia organizada. “Hago un llamado enérgico para que no se comprometa a la comunidad dentro del conflicto armado y se respete la vida de los civiles”, afirmó el mandatario.
A ese llamado se unieron los alcaldes del medio y bajo Putumayo, líderes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes le solicitaron con urgencia a los grupos armados ilegales y la misma Fuerza Pública que no involucre a la población civil en sus acciones de combate.
Como estrategias de seguridad, los comandantes de Policía y Ejército del departamento trazaron nuevos planes de contingencia para contrarrestar la ola de violencia adelantada en su mayoría por las Farc y en una mínima porción por bandas al servicio del narcotráfico y bandas delincuenciales que tienen alianza con esa guerrilla, como es el caso de la banda armada ilegal que se conoce con el nombre de “La Constru”.
Igualmente se ofreció una recompensa hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información tendiente a capturar a los responsables de los hechos de violencia e informen en forma oportuna sobre posibles atentados contra la infraestructura petrolera.
Hechos violentos
Un conjunto de acciones criminales se han presentado durante este año en diversas zonas del Putumayo. La primera de ellas ocurrió el 22 de febrero en la vereda El Cedral, donde fue asesinado en su residencia y frente a su esposa y dos hijos Aldemar Elías Vásquez Biscue, exconcejal del municipio de Puerto Caicedo y miembro activo del movimiento político ASI.
El 18 de marzo, presuntos guerrilleros de las Farc atacaron una lancha del Ejército ecuatoriano que escoltaba un hospital flotante en aguas internacionales del río Putumayo, resultando herido un soldado del vecino país.
El 7 de mayo un grupo armado ilegal conformado por 15 hombres portando armas largas, vistiendo prendas de uso privativo del Ejército y cubriendo sus rostros con capuchas, ingresaron en la media noche a un asentamiento indígena del pueblo Nasa en la vereda Bellavista, municipio de Orito. Allí amedrantaron a los habitantes lanzando una granada contra un garaje, incineraron dos vehículos y tres motocicletas, y prendieron fuego a la caseta comunal. La incursión no dejo víctimas fatales.
Hacia el mediodía del 27 de mayo, en el corregimiento de Piñuña Negro, jurisdicción de Puerto Leguizamo, se registró un enfrentamiento entre soldados de la Fuerza Naval del Sur y guerrilleros de las Farc. La comunidad denunció que los soldados se atrincheraron en las instalaciones de la escuela rural mixta Luis Vidales, colocando en riesgo a 86 estudiantes y 6 docentes que en ese momento se encontraban en el plantel educativo.
Al respecto, el comandante de la Fuerza Naval del Sur, general Oscar Hernández, desmintió la versión de la comunidad y precisó que fue un hostigamiento por parte de los guerrilleros que dispararon durante una hora contra un puesto militar de la Marina, que se encuentra más de 200 metros del corregimiento y que nunca se puso en peligro a los habitantes ni muchos menos a los estudiantes y profesores.
El 28 de mayo, a eso de las 4 y 30 de la tarde, en la vereda Arizona del municipio de Puerto Caicedo, fue atacado con arma de fuego el líder José Ever Guejia Neme, presidente de la junta de acción comunal. Los sicarios le dispararon en 10 oportunidades y huyeron en dos motocicletas de alto cilindraje. La víctima se recupera en un hospital de Pasto, con el riesgo de quedar cuadripléjico por la principal herida que afecto su medula dorsal, según el último reporte médico. La comunidad señala que a menos de mil metros de los hechos hay un puesto militar de la Brigada 27 de Selva, en la vía Arizona-San Pedro.
Ese mismo día, en la población de Santa Rosa Cauca, desconocidos asesinaron a María Cecilia Chindoy y Jorge Muchavisoy Singindyo, ambos de 50 años de edad y miembros de la comunidad Inga de la población Mandiyaco. Testigos aseguraron que tres hombres llegaron hasta la casa de la pareja y les dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarles la vida.
El 31 de mayo, hacia las 11 de la noche en el barrio Amistad del municipio de La Hormiga, es abaleada por desconocidos la líder comunitaria Luz Mary Lucero Figueroa, de 49 años de edad, quien venía denunciando ante la Fiscalía presuntos actos de corrupción en la administración local y los precios elevados que algunos comerciantes de La Hormiga estaban cobrando en algunos productos que hoy en día son adquiridos por compradores del vecino país del Ecuador. Sobre la muerte de la líder nadie se atreve a decir nada, ni las mismas autoridades.
El 1 de junio se realizaron operaciones militares aéreas en la vereda Teteyé, jurisdicción de Puerto Asís. La comunidad denunció que aviones militares ametrallaron el sector ocasionando daños graves a ocho viviendas. Asimismo, advirtieron que desde el puesto militar que vigila el pozo petrolero Quiyasinga soldados dispararon granadas de mortero haciendo explosión en fincas de las veredas Los Ángeles y Buenos Aires.
El 2 de junio las Farc atacron con explosivos el pozo petrolero Quiyasinga, incinerando dos carrotanques y ocasionando daños parciales a la infraestructura del lugar, al tiempo que hostigaron a la unidad militar que hace presencia en el sitio.
De otro lado, la gobernadora indígena del pueblo Inga-Condagua, Neyret Garreta Chindoy, denunció que existe una lista con nombres de personas de las comunidades nativas sobre las cuales pesan amenazas de muerte, entre ellos Jorge Muchavisoy Singindyo, quien fue asesinado el pasado 28 de mayo junto con su esposa; pese a ello, las autoridades dicen desconocer la existencia de la lista y de la misma denuncia.
