Diversas fuentes indican que el Estado Mayor de las Farc, liderado por ese disidente del Acuerdo de Paz, incursionó en la cordillera Oriental para disputar la región con la llamada ‘Segunda Marquetalia’. Con el reciente rompimiento del cese al fuego, los pobladores temen que la violencia se recrudezca.
“Si la situación sigue así, nos vamos a salir de la zona de cordillera. No hay garantías para estar allí”, se lamentó Andrea*, ante la llegada del Estado Mayor Central de las Farc (EMC-Farc), un grupo disidente que ha venido expandiéndose desde el oriente del país a sangre y fuego.
Ante los riesgos que genera esa presencia armada, algunos líderes y lideresas sociales salieron de sus comunidades de San Vicente del Caguán y Puerto Rico, municipios caqueteños del piedemonte de la cordillera Oriental. La geografía del departamento ha marcado el despliegue de los grupos armados ilegales. O por lo menos así era hasta hace dos meses.
“Han existido dos guerrillas: una, en la cordillera; otra, allá en lo plano”, señaló uno de los tantos líderes de la región con los que este portal conversó y a quienes se le reserva su identidad por razones de seguridad. Unos y otros reconocieron que desde hace más de tres años la llamada ‘Segunda Marquetalia’, comandada por alias ‘Iván Márquez’, hacía presencia en la zona montañosa, pero se trataba de una presencia silenciosa; ocasionalmente convocaban reuniones con los presidentes de Juntas de Acción Comunal de la región para impartirles sus lineamientos como grupo armado o se registraban casos de reclutamiento de menores. No había violencia contra las comunidades.
Pero la situación cambió hace poco más de un mes, cuando el EMC-Farc ingresó a territorio de la ‘Segunda Marquetalia’. “Están haciendo reuniones en todas las veredas”, señaló otro líder. Se trata de comunidades de la Zona de Reserva Campesina El Pato-Balsillas; los alrededores del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Miravalle; las inspecciones de Guacamayas, Troncales, Balsillas, Puerto Amor, Guayabal (San Vicente del Caguán); y Santana Ramos (Puerto Rico). “Advierten que vienen por el control del territorio y que ellos son los que van a dirigir la zona”, agregó.
En las últimas semanas se han presentado combates, quema de una motocicleta y amenazas contra líderes y lideresas sociales para que trabajen con uno u otro grupo armado. A quienes no colaboran con los intereses de los armados les notifican que en menos de 72 horas deben abandonar la región.
“No sabemos si podemos volver al territorio”, dijo un líder que hace más de tres semanas tuvo que abandonar su hogar y su comunidad ante el riesgo que corre en el piedemonte caqueteño. “Yo también tengo miedo, pero dejar que los campesinos queden vulnerables ante los grupos armados, no comparto eso. La gente nos escogió como líderes para que denunciemos, para que los respaldemos”, complementó.
Grave panorama
Por lo menos siete organizaciones de los municipios de Florencia, La Montañita, Paujil, Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán reclaman derechos para el campesinado en esa región. A sus espaldas cargan una historia de resistencia desde hace varias décadas que les ha permitido alcanzar, entre otros logros, constituir en 1998 la primera Zona de Reserva Campesina del país, conocida como El Pato-Balsillas, bajo los lineamientos de la Ley 160 de 1994.
Como lo documentó el investigador Alfredo Molano en Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010), varias comunidades campesinas se asentaron desde la década de los años cincuenta en esa región tras la incursión de guerrillas liberales y El Pato se alzó como una de las “repúblicas independientes”.
Con el surgimiento de las Farc en 1964, y tras haber soportado los embates militares del gobierno nacional en la región, esta quedó despoblada. Y a mediados de los años setenta volvieron a aparecer varias comunidades organizadas de campesinos en la región montañosa que, por años, estuvieron bajo el control del grupo alzado en armas. Esta situación los convirtió de nuevo en blancos de la guerra. Para las antiguas Farc, el municipio de San Vicente del Caguán representó una corredor de movilidad estratégico hacia los departamentos de Huila, Meta y Cundinamarca.
En la primera década del 2000, bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), “el conflicto armado se agudizó por el asentamiento permanente de la Fuerza Pública y la continua confrontación con grupos al margen de la ley, situando a la comunidad en medio del conflicto”, precisan las comunidades de El Pato-Balsillas en su Plan de Desarrollo Sostenible 2022-2032.
Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc en noviembre de 2016, la Columna Móvil Teófilo Forero de esa guerrilla salió del territorio y el panorama mejoró. Aun con un amplio desamparo estatal, las comunidades del piedemonte caqueteño disfrutaron de una relativa calma, que se rompió hace dos meses, cuando ingresó una columna del EMC-Farc con la idea de someterlas de nuevo, como en el pasado.
“El ingreso del EMC-FARC EP y su enfrentamiento con la Segunda Marquetalia han derivado en la ocurrencia de hechos de homicidio, desaparición forzada y enfrentamientos entre los grupos armados ilegales”, advierte la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana de Inminencia Nº 018- 2023, emitida el pasado jueves.
Esta agencia del Ministerio Público destaca que en las confrontaciones armadas para el control de los corredores estratégicos de movilidad confluyen sobre la cordillera oriental en jurisdicción de San Vicente del Caguán, “con posibles efectos directos sobre la población y bienes civiles”. Varios de esos impactos las comunidades ya los están sintiendo.
Los líderes señalan que ese grupo armado está imponiendo normas de convivencia, exigiendo dinero a las comunidades para obras específicas —como el arreglo de vías terciarias que necesitan las comunidades— y preguntando quiénes son los líderes de las organizaciones de la región. En algunos casos, sostienen, han obligado a apagar las torres de telecomunicaciones.
En un comunicado que circula por redes sociales, fechado el 21 de mayo, el EMC-Farc niega su autoría en los hechos de violencia que las comunidades denuncian e, incluso, en las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas en las montañas del Caquetá.
“Frente a los recientes hechos ocurridos en el Caquetá, Corregimiento (sic) de El Pato, de San Vicente del Caguán, damos parte que no se han registrado hasta el momento ningún tipo enfrentamientos (sic), ni desplazamientos, ni amenazas, ni extorsiones de nuestra parte”, se lee en el documento difundido por el grupo armado ilegal.
La versión de las comunidades es otra. En abril pasado, la Asociación Municipal de Colonos del Pato (AMCOP) y Asociación Ambiental del Bajo Pato (ASABP) emitieron un comunicado en el que alertaban sobre enfrentamientos entre grupos armados en la zona del Bajo Pato.
“Desde la segunda semana de abril, un grupo armado que se identificó como disidencias de las FARC incursiona en la vereda la Iglesias, núcleo Villa Rica, conformado por 8 veredas, el cual pertenece al municipio de La Montañita, ordenando que todas las comunidades deben “carnetizarse” por cada junta de acción comunal y exigiendo dinero a las comunidades”, se lee en el texto de las organizaciones de la región.
A finales de abril, hubo un enfrentamiento entre las facciones disidentes de las Farc. “Las comunidades vieron varios muertos en dicho combate, los cuales fueron recogidos y enviados hacia el municipio de Garzón”, señala el documento.
En ese enfrentamiento fueron secuestradas dos personas y el 2 de mayo, la Columna Móvil Teófilo Forero Castro, de la Segunda Marquetalia, los liberó y entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el caserío Remolino, en las montañas de Caquetá.
“El día 11 de mayo al parecer un grupo armado no identificado, llegó a las cercanías de la vereda La Libertad (ZRCPB) cerca al caserío de Guayabal, dejando un vehículo tipo camioneta, placas DGO-830, abandonado e incursionando en zona rural”, cuentan las organizaciones sociales locales.
Al día siguiente, integrantes del EMC-Farc se enfrentaron con un grupo de la Segunda Marquetalia en cercanías de la vereda Las Perlas en el Bajo Pato: “Este mismo día —resalta el comunicado— fue asesinado un campesino cuando se trasladaba en una motocicleta por la vía Puerto Amor – San Vicente del Caguán”.
El día 12 de mayo en la vereda El Nogal, de la inspección de Guacamayas, llegaron hombres armados en “una turbo y una camioneta” y se identificaron como guerrilleros de las disidencias de las Farc. “En el caso de Guacamayas es alarmante porque entraron por la vía central, en camionetas turbo, como si fuera el Ejército”, le dijo a este portal uno de los líderes.
De Guacamayas siguieron hacia el centro poblado de Santana Ramos y el 14 de mayo asesinaron a un jóven. “Simplemente porque se negó a entregarles el celular”, explicó la persona contactada. Días después, en el sector conocido como Tres Esquinas, confinaron e incomunicaron a una familia porque, supuestamente, uno de sus miembros hacía parte de un grupo armado ilegal.
En los últimos dos meses, han sido asesinadas por lo menos cinco personas, contaron pobladores locales. Uno de ellos estaba en proceso de reincorporación en el corregimiento de El Danubio, en el municipio de Florencia, que reúne 14 veredas. “Lo que dice el Comando Coordinador de Occidente es que necesitaba hablar con ellos y los ajusticiaron. No sabemos más”, contaron líderes de la región.
Fue allí, en el Danubio, que a inicios de abril pasado aparecieron panfletos firmados por el Comando Coordinador de Occidente (CCO), estructura que hace parte del EMC-Farc. El comunicado va dirigido a comunidades de Tolima y Huila, y precisa que ese grupo se encargará del orden social y la administración de justicia. Una semana después, seis hombres armados citaron a las comunidades para informar que ellos eran los dueños de dicho documento y solicitaron reunir dinero para el arreglo de la carretera.
Otro de los asesinatos que denuncian las organizaciones fue el de un campesino que se movilizaba por la vía que va de El Pato a la cabecera municipal de San Vicente del Caguán: “No sabemos qué pasó. Lo encontramos ya muerto y pues el grupo dijo que habían sido ellos (el CCO)”.
Según la Defensoría del Pueblo, entre las estrategias para consolidar el ingreso al territorio, “el EMC – FARC EP ha ejecutado acciones contra quienes son señalados de “pertenecer” y/o “colaborar” con la Segunda Marquetalia, hecho que incrementa la vulnerabilidad de líderes y lideresas”.
Además, llama la atención sobre una posible intensificación del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes que, desde 2020, ya venía realizando la Segunda Marquetalia y que presenta un grave subregistro por el miedo a la denuncia y el riesgo asociado de desplazamiento del núcleo familiar.
“Dada la situación de incertidumbre que se cierne sobre la población civil que habita en las áreas de la ZRC y del Bajo Pato, se ha dado inicio a una suerte de confinamiento que podría derivar, proporcionalmente al incremento de acciones violentas, en la ocurrencia de desplazamientos individuales y/o masivos”, advierte la Defensoría.
Voluntad de paz
“Si en verdad tienen voluntad de paz, tienen que demostrarlo”, recriminó uno de los líderes de la región. “Sabemos que hay unas apuestas de procesos de paz con los grupos, pero esas apuestas también tienen que exigir unos mínimos humanitarios en torno al cese multilateral del fuego y hostilidades y más cuando estas se están reflejando hacia las mismas comunidades”, complementó otro más.
El pasado 21 de mayo el gobierno nacional suspendió el acuerdo del cese del fuego bilateral que sostenía con el EMC-Farc desde el 22 de diciembre del 2022 y que se oficializó mediante el Decreto 2656. La medida se anunció para hacerse efectiva en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, luego de conocerse el asesinato de cuatro menores de edad por parte de esa estructura en el departamento de Putumayo.
“El día 26 de marzo del 2023, integrantes del Frente Carolina Ramírez realizaron un reclutamiento forzado de un joven menor de edad en la Comunidad de Guaquira del pueblo indígena Murui. El joven Luis Alberto Matías Capera, filial a la comunidad Samaritana del Resguardo Alto Predio Putumayo”, señaló en un comunicado la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).
El 15 de mayo, Luis Alberto decidió escapar de este grupo armado y, según la organización indígena, lo hizo en compañía de tres jóvenes del pueblo Murui que se encontraban en su misma situación.
“El día 17 de mayo del 2023 en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad ‘El Estrecho’, límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego a cada uno de los 4 jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”, denuncia el comunicado.
El EMC-Farc reconoció la autoría de los hechos mediante un mensaje difundido el 21 de mayo y sostuvo que se trataba de tres menores asesinados y no de cuatro.
En las últimas semanas, las comunidades de la cordillera Oriental de Caquetá han alzado su voz ante el gobierno nacional para exigirle mayor presencia institucional e, incluso, le pidió declarar a los municipios de Florencia, La Montañita, Paujil, Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán como una de las “Regiones de Paz”, reglamentada en el artículo 7 de la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de la Paz Total.
Dicha norma precisa que el Presidente de la República podrá constituir Regiones de Paz “en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz”, pero descarta que sean “zonas de ubicación temporal ni de despeje de la Fuerza Pública”.
Durante varios días, las comunidades caqueteñas estuvieron esperando una respuesta del Comisionado de Paz, Danilo Rueda. Finalmente, el pasado 18 de mayo una comitiva integrada por funcionarios estatales y miembros de organizaciones internacionales hizo presencia en la región.
Delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Misión de Verificación de la ONU, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la MAPP-OEA, la Defensoría del Pueblo y de la Unidad de Víctimas realizaron una reunión en la Zona de Reserva Campesina de la Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas. En ese espacio se advirtió sobre el riesgo inminente de desplazamiento que afronta la comunidad.
#AvanzaLaPaz | Nota de prensa: En El Pato se dan los primeros pasos de la Misión de Paz. pic.twitter.com/453hsWvdms
— Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) May 19, 2023
Líderes y lideresas esperaban que la situación mejorara con la visita de esa comisión, pero la atmósfera de tranquilidad se disipó unos días después. “El sábado en la noche hicieron una reunión en el pueblo y le dijeron a la gente las normativas. Ese día asesinaron a un jóven y se fueron”, cuenta un líder de la inspección de Guacamayas del municipio de San Vicente del Caguán.
Aquel 20 de mayo, hombres armados, presuntamente de las disidencias del EMC-Farc, irrumpieron en una taberna de la inspección, hicieron apagar la música y reunieron a todo el que estuviera cerca. Allí impartieron reglas que hablan de lo mismo que centenares de panfletos a nivel nacional: que no tolerarán ladrones ni ‘viciosos’.
La suspensión del cese al fuego bilateral se auguraba desde el comunicado que el EMC había emitido el pasado 16 de mayo. En ese pronunciamiento, el EMC-Farc le reprochó al gobierno nacional su falta de compromiso con el cese de hostilidades, pues el grupo armado aseguraba que 10 guerrilleros habían sido asesinados y 20 más heridos en enfrentamientos con la Fuerza Pública.
El reclamo del grupo armado ilegal incluyó una queja sobre el incumplimiento del gobierno nacional en instalar Mecanismos de Veeduría, Monitoreo y Verificación para atender las denuncias de violaciones del cese al fuego.
Mientras se cruzan cartas, las comunidades permanecen a la expectativa de lo peor. “Consideramos que las acciones violentas no pueden ser respuestas con decisiones que traigan más violencia para nuestros territorios”, afirmó en un comunicado la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (COSCOPAAS), proceso que articula más de 40 organizaciones sociales de Caquetá, Meta y Guaviare.
“Nos preocupa el recrudecimiento de la guerra, porque los mayores afectados somos las comunidades rurales desarmados quienes históricamente hemos sufrido la crueldad y la sistemática violación de derechos humanos”, insiste en el comunicado esta organización y llama a más organizaciones sociales a movilizarse por la paz.
*Nombre cambiado por seguridad.
