El escabroso hecho en el que fueron asesinados cuatro habitantes de la vereda Lejanías, tres de ellos líderes comunales, ha silenciado a la población y expuesto la cruenta guerra que se vive en el sur de Bolívar. Las pistas apuntan a que los actores serían el ELN o las disidencias de las Farc, buscando atacar a las AGC. Habitantes de la zona, desde el anonimato, le exigen al grupo armado la verdad sobre lo que pasó.
“Nosotros lo que queremos es que esos grupos le digan a la gente qué fue lo que pasó”, pide, embargado por el dolor y la ira, un líder de la región que pidió la reserva de su nombre. Como la mayoría de las comunidades del sur de Bolívar, teme por su vida. “Queremos que pare esta guerra. No queremos más grupos en nuestros territorios, estamos cansados. Hoy fueron ellos, ¿mañana quién sigue?”, se lamenta.
La comunidad de la vereda Lejanías, en el sur del municipio de Cantagallo, Bolívar, sigue consternada tras el asesinato de sus líderes el pasado 30 de septiembre. Las imágenes del vehículo de platón, utilizado por la comunidad para el transporte escolar, destruido por los impactos de fusil, resumen la suerte de las víctimas.
Del saldo de cinco muertos, cuatro víctimas eran de la vereda: Licimaco Zamudio Vanegas, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC); Johanny Patricia Sepúlveda, secretaria; Yonatan Pérez Hueso (Yon, como era conocido por su comunidad), presidente; y Luis Eduardo Pérez Triana, el papá de Yon. Las autoridades ofrecieron hasta 500 millones de pesos por información que ayude a determinar a los autores de la masacre.
Todo parece indicar que los hechos se dieron en represalia de uno de los grupos armados que hace presencia en la región y los líderes de Cantagallo, empujados a cumplir con órdenes de otro grupo, quedaron en la mitad. Y la herida sigue abierta porque, a pesar de que la Mesa Humanitaria del Magdalena Medio ha pedido el reconocimiento de los hechos, ninguno de los actores armados que se disputan la región ha atribuido la autoría de los hechos.
En la región opera el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, a través del Frente 37, grupo que en su proceso de expansión ha llegado a presentarse como Frente 4 y 24, a través del cual “anuncian recomponer el Bloque Magdalena Medio”, según el análisis de un experto que pidió la reserva de su nombre. También hace presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
“El ELN a finales del año estuvo a punto de perder el control de la minería ilegal en el sur del departamento por la incursión de las AGC. La solución que el ELN acordó para poder mantener el control fue aliarse con las disidencias de las Farc”, señaló en entrevista con este portal Manuel Berrío, secretario de Seguridad de la Gobernación de Bolívar.
Otros expertos señalan que esta alianza va más allá del control sobre las rentas ilegales y su objetivo principal es frenar la expansión del grupo de origen paramilitar por el Magdalena Medio. “Esta alianza, teóricamente, está en la zona de la Serranía de San Lucas y en el Nordeste”, precisa Ramón Abril, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos).
El mensaje en que coincidieron ambas fuentes es que los grupos armados deben respetar a la población civil, sacarla de las confrontación armada y la obligue a realizar mandados. Así mismo, realizaron un llamado al gobierno Petro para que se mire hacia la región con un proyecto integral de inversión. “Nosotros no vemos que el gobierno nacional esté priorizado el Magdalena Medio para nada. Esto parece una tierra de nadie… aunque nosotros sí decimos que aquí hay un control generalizado de las AGC”, en palabras de Abril.
Brutal ataque
Desde el domingo 29 de septiembre, a inmediaciones de la vereda Lejanías, en el municipio de Cantagallo, el grupo de orígen paramilitar mantenía confrontaciones con lo que serían tropas de las disidencias de las Farc o del ELN o de ambas. En la confrontación es herido un miembro de las AGC.
Hay varias versiones de lo que ocurrió al día siguiente. De un lado, el funcionario de la Gobernación señaló que, en horas de la tarde, hombres de las AGC obligaron a Yon, conductor de la ruta escolar de Lejanías y quien también era el presidente de la JAC, a llevar al herido hacia Barrancabermeja, Santander, donde pudiera ser auxiliado. En otras versiones que circulan dentro de la comunidad, se asegura que el integrante del grupo paramilitar ya estaba muerto y la orden era llevar el cuerpo a un sitio específico para entregarlo a sus familiares.
Ante el constreñimiento de los armados, Patricia Sepúlveda, secretaria de JAC; Licimaco Zamudio, vicepresidente de la JAC y Luis Eduardo Pérez, padre del presidente de la JAC no dejaron que Yon fuera solo y decidieron acompañarlo. “Esta gente no era base social de los ‘gaitanistas’, esta gente no fue voluntariamente”, precisa Abril, de Credhos.
La comitiva salió ese 30 de septiembre en horas de la tarde y después de cerca de una hora de trayecto, en el corregimiento Las Palmas, del municipio de Yondó, Antioquia, a la altura de una zona conocida como “La Y”, el vehículo fue emboscado y hombres armados aniquilaron a los ocupantes con un desmesurado ataque con armas de fuego.
La comunidad se enteró de lo ocurrido ese día, pero la orden que le dio los armados a los líderes de la región fue no transitar por la vía que va hacia Yondó, incluso, voces de la región le aseguraron a este portal que el grupo dio la orden de retirar el planchón ubicado en la vereda Puerto Argelia, que la comunidad utiliza para, en el trayecto desde Cantagallo a Barrancabermeja, atravesar el río Cimitarra. Sólo hasta el día siguiente la comunidad se pudo dirigir al lugar y se encontró con la escabrosa escena.
Sobre el trayecto de la camioneta vuelven a haber versiones divididas. De un lado, dicen que hombres armados de las AGC se montaron en el platón de la camioneta escolar con los líderes a los que habían obligado a realizar el transporte, pero se bajaron en un punto determinado antes de incursionar en ‘zona guerrillera’ y los dejaron con el occiso o herido de ese grupo. La otra versión dice que no había más ocupantes sino las cinco víctimas del carro.
En todo caso, lo que se especula es que algún informante civil de esa facción del ELN o las disidencias de las Farc que vio algo de lo que pasó en la ruta escolar, informó que en el vehículo transportaban o iban paramilitares. “Por versiones que nos han dado, se señala a los ‘elenos’, pero donde ocurrieron los hechos, aunque todos los grupos transitan por ahí, esa zona es de influencia del Frente 24 de las disidencias, es el corredor de ellos”, señala Abril. Sin embargo, también se ha llegado a indicar que se pudo tratar de una acción conjunta entre ambos grupos ilegales.
Según conoció VerdadAbierta.com, antes de que ocurriera la masacre, algunos campesinos que transitaban por la zona fueron retenidos minutos antes cerca del lugar de los hechos por el actor armado, pues se encontraban haciendo un retén a la espera de que llegara el carro escolar de la vereda Lejanías. Una vez pasó el tiroteo, los labriegos retenidos no les permitieron llegar a sus casas en el sur de Bolívar y fueron obligados a devolverse a Barrancabermeja. Según versiones conocidas por la comunidad, el grupo armado se presentó ante los campesinos retenidos como miembros del ELN.
El 1 de octubre se instaló un Puesto de Mando Unificado y el gobernador de Antioquia, el alcalde de Cantagallo, el alcalde de Yondó y la Fuerza Pública ingresaron a la zona hacia el mediodía. La comunidad reprochó que el Estado tardó en llegar a atender la situación. “La información que tenía el Ejército era que el hecho había ocurrido en una zona que se conoce como La Rompida y habían trasladado tropas para allá. Después supieron que era en Las Palmas, entonces les tocó hacer el movimiento de las tropas a pie”, respondió el secretario de Seguridad de Bolívar.
Según explicó el funcionario, las minas antipersonal que han sembrado los grupos armados en la zona han condicionado el camino para la Fuerza Pública en la región, “tanto así que la semana pasada, en Santa Rosa del Sur cayó un soldado en una mina de estas y perdió una de sus extremidades. Esto ralentiza mucho más la marcha de los soldados, porque deben ir verificando que no hayan minas en el trayecto”, concluyó.
Otro factor que debe tenerse en cuenta de la zona rural en donde ocurrieron los hechos es que, si bien la vereda Lejanías pertenece al municipio de Cantagallo, la comunidad está más conectada con Yondó y su proximidad a Barrancabermeja, pues para llegar al casco urbano de Cantagallo los habitantes de Lejanías tienen que recorrer un largo trayecto por río que, además, es más costoso. Por eso mismo, la respuesta militar, debe coordinarse entre la gobernación de Antioquia y Bolívar.
Credhos ha denunciado que en la región del Magdalena Medio ha habido convivencia entre paramilitares y estructuras de la Fuerza Pública. “La expansión de las AGC se da en medio del aumento del pie de fuerza militar en el Nordeste Antioqueño y otras regiones del país, tras la creación del Comando Conjunto No. 5 en octubre del año 2023. Sin embargo, se ha denunciado la omisión, complacencia y connivencia del Ejército Nacional con las estructuras paramilitares que aumentaron el control territorial y de las economías ilícitas en la región”, señala esta organización en un comunicado a mediados del pasado mes de septiembre.
Cantagallo, olvidado y en riesgo
“Son muy pocas las incursiones que hemos tenido en cabeceras municipales, casi nulas. Se han tratado de atentados rápidos y se retiran”, explica el secretario de Seguridad de Bolívar. La realidad de la zona rural del sur de Bolívar es otra. El funcionario explicó que en la región los grupos armados se han fijado en el control de la minería ilegal y por ello han aumentado las confrontaciones.
Cantagallo, el último municipio del departamento de Bolívar, se ubica de manera estratégica sobre la rivera del río Magdalena y del río Cimitarra, en una especie de isla. Así se constituye en un corredor de movilidad desde los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches en Santander; y Yondó en Antioquia. Cantagallo es reconocido por la presencia de economías petroleras, que en la práctica no se ha traducido en el desarrollo de las comunidades de la región y en algunos casos ha estado en la mira de los actores armados para imponer vacunas y permisos.
Además, el crecimiento del municipio se ha visto afectado por la corrupción local. Algunos escandalosos elefantes blancos han enseñado irregularidades en la construcción de proyectos como la planta de tratamiento de aguas residuales o el hospital municipal.
Otro factor son los intereses de los armados sobre los cultivos de coca. El año pasado, el gobernador de Bolívar alertó sobre el incremento de laboratorios de procesamiento de cocaína en la región. Según datos del Observatorio de Drogas de Colombia, para 2022, en cuatro municipios del sur de Bolívar se registraba el 81 por ciento de los cultivos de coca en la región, entre ellos en el municipio de Cantagallo. Estas economías ilícitas se movilizan en un corredor que se conecta con el Catatumbo y Antioquia, y sale hacia los puertos del país o la frontera con Venezuela.
Varios expertos señalan que en la parte alta del sur de Bolívar, en donde se encuentran municipios como Barranco de la Loba, persiste una mayor consolidación de las AGC. En la parte media, entre Morales y Simití, el ELN y las AGC se disputan economías de la minería ilegal. Y en la parte baja de la subregión, en Cantagallo y San Pablo, a la confrontación territorial entre las AGC y el ELN se suma las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc. Incluso, en estos dos municipios, se habla de una alianza entre el ELN y las disidencias para frenar la expansión paramilitar.
Esta dinámica de confrontación entre los tres grupos se ha replicado con la región colindante del Nordeste antioqueño. Así, en el posicionamiento de las AGC en la margen occidental del Magdalena Medio, Ramón Abril de Credhos asegura que el grupo paramilitar ha consolidado una “tenaza”, que deja a los integrantes de los grupos postFarc y del ELN concentrados en los municipios de Yondó, Cantagallo y algunas veredas de San Pablo. Según Credhos, la expansión de las AGC en la región se agudizó tras la captura de ‘Otoniel’, en octubre de 2021. (Leer más en Cayó ‘Otoniel’, el hombre de las tres guerras)
Esa organización ha documentado que, desde 2023, el Frente Edgar Madrid Benjumea del Bloque Erlin Pino Duarte de las AGC, al mando de ‘Alias Katin’ o ‘Gamba’, incursionó en varias veredas de Cantagallo, en donde ejecutaron asesinatos. A mediados de este año, el grupo se habría instalado en la vereda Lejanías, desde donde ha emprendido acciones contra las comunidades de las 16 Juntas de Acción Comunal del corregimiento de San Lorenzo. Por la incursión paramilitar, durante el fin de semana del 14 y 15 de septiembre los líderes del corregimiento salieron desplazados forzadamente de su territorio, llegando a registrarse alrededor de 19 familias afectadas.
Pero no sólo las comunidades han estado en riesgo por la tensión del posicionamiento paramilitar en la región, antes de la masacre del 30 de septiembre y de la expansión de las AGC, en Cantagallo habían sido asesinados tres líderes: en mayo de 2021, Jair Adán Roldán Morales, integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC); y en abril de 2022, Erminson Rivera Henao, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esperanza, y José Obdulio Sánchez, miembro de esa JAC y vocero de proyectos de cultivos de uso ilícito.
“Causa especial preocupación que el amplio despliegue militar de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Marte, no se redirija a confrontar la expansión de este grupo armado. Frente a los constantes enfrentamientos entre el ELN y las AGC, las comunidades han denunciado una clara pasividad de las fuerzas militares y, como un hecho sumamente grave, su aquiescencia y connivencia con el grupo paramilitar”, señala Credhos en su comunicado de septiembre.
El secretario de Seguridad de Bolívar resaltó que en la búsqueda de la seguridad del departamento las acciones militares se han visto condicionadas por los compromisos adquiridos en las conversaciones de paz que cursa el actual gobierno con varios de estos grupos armados: la mesa con el ELN, que está suspendida tras el atentado a la base militar de Puerto Jordán, Arauca; y la mesa con una parte del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, pues en abril de este año se rompieron las negociaciones con las facciones lideradas por ‘Iván Mordisco’ que operan en el sur y suroccidente del país. Además, el pasado 5 de agosto el Gobierno Petro anunció formalmente que iniciará diálogos sociojurídicos con las AGC, según ordenó mediante la resolución 257 del 8 de julio de 2024.
Según el funcionario, al menos siete mil efectivos militares están dispuestos para proteger a las comunidades del departamento. “A principio de año el señor gobernador le hizo el reclamo al ministro de Defensa, le solicitó apoyo y fue escuchado. Nos llegaron 10 nuevos pelotones que están en el sur del departamento de Bolívar, nos llegaron dos armas con mira computarizada y un alcance de 42 kilómetros de distancia, nos llegaron cuatro vehículos blindados y artillados para salvaguardar la seguridad de las vías del departamento, pero nada hacemos con capacidades instaladas si no se pueden utilizar”, señaló.
Para Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, aunque existe una directriz clara por parte del Ministerio de Defensa, la coexistencia de varios frentes de negociación, algunos activos y otros suspendidos, está generando confusión en el terreno. Para el experto, la implementación de los lineamientos e instrucciones del sector defensa, tanto para las Fuerzas Militares como para la Policía, debería ser coordinada y reforzada también desde los niveles subnacional y regional. Es en estos ámbitos donde la ambigüedad en las órdenes y la interpretación de las mismas persiste, lo que a su vez afecta la ejecución efectiva de las operaciones militares y de seguridad.
“Es fundamental que haya una mayor claridad en la comunicación y una alineación estratégica entre el gobierno central y las autoridades locales para evitar discrepancias en la interpretación de los acuerdos de paz y los términos de los ceses al fuego. Esto no sólo fortalecería la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad y justicia, sino que también contribuiría a reducir la incertidumbre que prevalece en el manejo de las distintas facciones armadas en el territorio”, explica.
Berrío hizo un llamado a los actores armados que hacen presencia en el territorio para que respeten a la población civil y se acojan a la apuesta del gobierno para acabar con la guerra e iniciar su proceso de reincorporación. “Aquí lo que se necesita es una decisión política que sólo puede tomar el presidente de la República. Una decisión que defina si vamos a combatir a estas personas o si por el contrario nos vamos a sentar en una mesa de negociación, pero como debe ser: aceptando todas las condiciones de parte y parte. Necesitamos que hoy el Ejército tenga las manos libres para que pueda actuar”, concluyó.
