En un documento de 2003 revelado por el National Security Archive, el Departamento de Estado afirmó que militares colombianos intentaron encubrir su participación en la masacre.
 |
|
| Un grupo de paramilitares enviado por los hermanos Castaño desde Urabá asesinó a varios campesinos en Mapiripá, en 1997. |
Por Michael Evans*
El Ejército colombiano acusó falsamente al mayor Hernán Orozco de ser cómplice de la masacre paramilitar de Mapiripán, en el departamento del Meta, en 1997, como parte de parte “de un esfuerzo para confundir y ocultar la responsabilidad de otros miembros de la fuerza pública”, según un cable diplomático del Departamento de Estado de 2003. El documento fue publicado el 13 de julio de 2012 por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés).
La publicación de este comunicado coincide con la conmemoración de los 15 años de la masacre de Mapiripán, uno de los actos más infames y emblemáticos de la violencia en Colombia. En los próximos días, el Archivo dará a conocer revelaciones adicionales, dentro de las que unos cables diplomáticos desclasificados sobre Mapiripán, que serán publicados por el Panel del Departamento de Estado de Revisión de Solicitudes.
El cable del Departamento de Estado describe el caso de Hernán Orozco, ex mayor del ejército colombiano que cooperó con los fiscales durante la investigación de su comandante, el oficial Jaime Uscátegui, el primer general colombiano en sercondenado en un caso importante de derechos humanos. El texto y otros documentos desclasificados publicados, muestran que el Departamento de Estado tenía serias preocupaciones sobre el hecho de que el mayor Orozco estuviera siendo injustamente perseguido en Colombia por testificar en contra de un comandante militar de alto rango.
Dos de las principales ex jefes paramilitares de Colombia, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, dirigieron la masacre de Mapiripán, en los Llanos Orientales, luego de enviar más de 100 de sus hombres a la región desde Urabá, en Costa Caribe, un bastión de los paramilitares desde hace mucho tiempo.
Luego de aterrizar en una pista aérea controlada por miembros del Ejército y la Policía, los paras se trasladaron en camión y luego en lancha, hacia Mapiripán, pasando por varios controles militares a lo largo del camino. Decenas de presuntos colaboradores de la guerrilla fueron asesinados en los días que siguieron.
Un juez local narró que cada noche “escuchó los gritos de las personas que estaban siendo torturadas y asesinadas” por los hombres de Castaño- y que por eso hizo peticiones urgentes a Orozco, comandante de la brigada del Ejército en la zona, para intervenir y poner fin a la masacre.
El problema para Orozco y Uscátegui es lo que sucedió después. El ex mayor ha dicho que envió un mensaje urgente a Uscátegui el 15 de julio, pidiendo la intervención de los militares, pero que luego el general Uscategui lo presionó para que cambiara el contenido del mensaje y omitiera las partes en las que advertía sobre la arremetida paramilitar contra Mapiripán.
El fiscal encargado del caso, al parecer, iba a anular los cargos en contra de Orozco [Ver decisión de la CIDH, p.55, 96,80] pero la justicia militar intervinó y tomó el control con el argumento de que los presuntos delitos estaban relacionados con sus deberes militares. Ambos oficiales fueron condenados por un Tribunal Militar en 2001 por no intervenir para detener la masacre que ya había sido anunciada – y recibieron penas relativamente cortas de 38 meses (Orozco) y 40 meses (Uscátegui).
En 2003, en el año que el Departamento de Estado informó sobre Mapiripán, Orozco estaba libre y trabajando en Florida con la corporación Wackenhut, una empresa de seguridad privada.
La vinculación de Orozco al caso Mapiripán alertó a la empresa que verificó sus antecedentes, lo que llevó a que Robert Jackson, de la Oficina del Departamento de Estado de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, enviar una carta explicando que a Orozco y a su familia se les había concedido el estatuto de refugiados en los Estados Unidos debido a un “temor bien fundado de persecución” en Colombia, incluyendo amenazas de muerte.
Según Jackson, Orozco era un “oficial ejemplar” y “totalmente limpio”, y “se había comportado con gran valentía y honor bajo la constante amenaza de muerte por sus acciones dentro de las fuerzas militares”. Orozco había tomado “todas las medidas posibles, teniendo en cuenta el considerable riesgo personal” para evitar la masacre de Mapiripán, aseguró Jackson, agregando que”toda la evidencia indica que el oficial fue bloqueado por su cadena de mando”.
El concepto favorable que tenía el Departamento de Estado del oficial Orozco, le ayudó a entrar a los Estados Unidos y obtener el trabajo en Wackenhut, pero al parecer no tuvo eco en el gobierno colombiano ni en el fiscal general de entonces, Luis Camilo Osorio.
En julio de 2003, su oficina abrió cargos nuevos y más graves- incluso homicidio, conspiración y secuestro- contra los dos oficiales tan sólo seis meses después de que Orozco llegó a los Estados Unidos como refugiado. “La decisiónprovocó una fuerte respuesta del Departamento de Estado. En un informe de 2004 al Congreso la agencia dijo que estaba “satisfecha de que las actuaciones judiciales siguieran en contra del general Jaime Uscátegui”, pero “preocupada” por la acusación en contra de Orozco, que fue considerado como el principal testigo en este incidente.”
Un alto Funcionario del Departamento de Estado tuvo la oportunidad de expresar su preocupación por el caso Orozco al entonces presidente Álvaro Uribe.
En una reunión de septiembre 2004, el subsecretario de Estado Marc Grossman, le dijo a Uribe que los Estados Unidos estaba preocupado por la persecución a Orozco, e incluso le entregó a Uribe “una cronología de los hechos” para explicar la posición del gobierno estadounidense..
Sin embargo, en 2007 un juzgado colombiano condenó a Orozco en ausencia por los cargos de homicidio por omisión, mientras que al mismo tiempo absolvió a Uscátegui de todos los cargos. Pasaron más dos años antes de que el Estado Colombiano, después de apelar, logró que se condenara a los dos oficiales a 40 años de prisión.
Actualmente existe un movimiento en Colombia que busca que Orozco regrese al país a cumplir su sentencia. Los familiares de Uscátegui también han hecho un llamado para que los Estados Unidos extraditen al ex oficial, ya que creen que tiene información crucial que podría exonerar al ex general.
El año pasado, el embajador norteamericano en Colombia Michael McKinley dijo que el Departamento de Estado estudiaba la extradición de Orozco, pero la decisión final todavía está pendiente.
Quince años más tarde, y después de múltiples procesos en una variedad de tribunales civiles, militares e internacionales, los aspectos críticos del caso Mapiripán siguen sin resolverse. Entre ellos el destino de Hernán Orozco, quien todavía trabaja como guardia de seguridad en una comunidad cerrada de Miami, Florida. ¿Los Estados Unidos enviarán a Orozco a Colombia para servir a sus 40 años de prisión, a pesar del “temor fundado” de persecución en su país de origen? ¿Le permitirá el Departamento de Estado a Orozco volver a Colombia a pesar de la anterior conclusión de que fue víctima de un encubrimiento militar?
*Periodista del National Security Archive
