Investigación realizada por la Fundación Progresar revela cómo entre 2000 y 2009, los grupos ilegales armados fueron responsables de la desaparición de casi mil personas en Norte de Santander.
Aunque no con la misma intensidad registrada entre 2001 y 2003, pero en Norte de Santander sigue habiendo desapariciones forzadas a manos de los grupos armados ilegales.
Esto revela el estudio Tantas vidas arrebatadas, realizado por la Fundación Progresar, líder de derechos humanos en esa región del país, que documenta la desaparición forzada en este departamento durante los últimos 20 años y que realiza recomendaciones al gobierno para buscar soluciones a esta tragedia.
Según la investigación, entre 2000 y 2009 en Norte de Santander fueron denunciados 947 casos de desaparición, de los cuales 345 fueron mediante la modalidad forzada. Es decir, cada año en promedio fueron desaparecidos unas 100 personas.
Pese a que la mayoría de estos casos se registraron justo después de la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Auc el 10 de diciembre de 2004, el estudio advierte que el año pasado fueron reportadas otras 21 desapariciones y que ell delito de la desaparición es aún recurrente en siete municipios del departamento, principalmente, en Cúcuta, Villa del Rosario, Ocaña y Tibú.
La investigación atribuye esta situación al rearme de los grupos paramilitares, bandas al servicio del narcotráfico y otros grupos dedicados a las actividades ilícitas. “En Villa del Rosario y Cúcuta ni siquiera ha llegado a disminuirse la práctica de la desaparición forzada de personas, por lo que puede afirmarse que a mediados de 2010 una cantidad importante de casos permanecen aún en completo desconocimiento de las autoridades y de la opinión pública”, señala la investigación.
Horror paramilitar
Norte de Santander fue azotado por los paramilitares, cuando Vicente y Carlos Castaño crearon en 1999 el Bloque Catatumbo para perseguir al Comando Central del Eln pero sobre todo, para controlar los cultivos ilícitos de la región. El bloque luego fue comandado por Salvatore Mancuso que ordenó cientos de asesinatos y desplazamientos. Según el estudio, entre ese año y 2004, los grupos armados ilegales cometieron 5.700 homicidios y desplazaron a 40.000 personas en el departamento.
Durante cinco años los paramilitares cometieron al menos 60 masacres en la zona, entre otro lugares en La Gabarra y en Tibú. De muchas de las víctimas no se tiene rastro porque fueron mutiladas y luego arrojadas a los ríos Catatumbo, río de Oro, río Tarra o al río Zulia. “Esta práctica tenía como objetivo borrar toda posibilidad de encontrar rastros o huellas de los crímenes cometidos. Un habitante de la región dijo a los investigadores “que si se drenara el río Catatumbo, se encontrarían en su fondo cientos, miles de muertos”.
Por eso, la cifra de desaparecidos es incierta así como la de cementarios clandestinos. La Fundación Progresar asegura que ha obtenido información sobre 39 posibles fosas en 11 de los 40 municipios del departamento. Por su parte, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha encontrado 117 cadáveres en 110 fosas, y ha identificado y entregado 10 cuerpos a los familiares de los desaparecidos.
En su último capítulo, el estudio hace un llamado al gobierno regional y nacional, así como a la Defensoría y la Fiscalía, para que se oriente a las víctimas y se cumpla la Ley de Justicia Paz.
