Con más de seis millones de personas que tuvieron que abandonar sus hogares para salvar sus vidas, Colombia es el segundo país en el mundo con más víctimas de este tipo de violencia. El CNMH documentó cómo esta tragedia despobló campos y mutó ciudades.
Durante muchos años el desplazamiento forzado estuvo invisibilzado por el Estado y la falta de políticas públicas perjudicó mucho más a las víctimas. Foto: Juan Arredondo / CNMH.
Las cicatrices que han dejado más de 50 años de conflicto armado y de disputas por la tierra se reflejan en los territorios: en 1.114 municipios de Colombia se han registrado casos de desplazamiento forzado. Lo anterior significa que en el 99% de la geografía nacional, por lo menos una persona ha sido expulsada de manera violenta, según los datos consolidados por el Registro Único de Víctimas.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hizo una detallada radiografía sobre este flagelo, en un informe titulado Una nación desplazada, y muestra cómo todos los actores armados, sumados a los intereses de terceros, llevaron a millones de colombianos a abandonar sus lugares de residencia. De este modo, señala que “el éxodo forma parte de una estrategia criminal financiada y patrocinada por poderosos agentes económicos, legales e ilegales, en un ambiente propicio para la reproducción de prácticas ilegales como la corrupción sistémica y la captura y cooptación institucional del Estado”.
Una de las primeras dificultades para la realización del informe -y crítica a la vez-, es que sólo hasta adentrada la década de 1990, a pesar de que venía ocurrieron desde 1948, se reconoció el desplazamiento forzado como un delito, se empleó una política pública para atender a las víctimas y se empezaron a llevar registros por parte del Estado. Por esta razón, las cifras de periodos anteriores recaen en manos de ONG y difieren notablemente de los registros oficiales.
La historia y las cifras demuestran que el aumento de los desplazamientos y la agudización de la guerra van de la mano. Desde que se empezaron a llevar registros en 1980, en 115 municipios se dieron desplazamientos forzados, y su pico más alto llegó en 2007, con 1.055.
Número de municipios con víctimas de desplazamiento por año. 115 municipios fueron expulsores en 1980, 1.055 en 2007 y 961 en 2012. Fuete: RUV / Gráfica tomada del informe Una nación desplazada.
Los habitantes de las regiones de Urabá, del Andén Pacífico Sur, del Oriente antioqueño, del Atrato, de la Sierra Nevada de Santa Marta, del norte de Cauca y de los Montes de María, son las más afectadas por este tipo de violencia. Tan sólo en ellas, se concentra el 61% de las expulsiones que se registraron en el país hasta el 31 de diciembre de 2014. El CNMH llama la atención de que estas regiones son “zonas marginales de colonización, marcadas por procesos de luchas agrarias, donde han sido reconocidos territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y resguardos indígenas, donde existen polos de desarrollo económico importantes para la economía nacional y una alta concentración de la propiedad rural”, y que además han sido “duramente afectadas por el conflicto armado debido a prolongadas disputas por su control, marcadas por la presencia temprana de actores armados, la incursión de nuevos actores y su confluencia en un mismo periodo de tiempo”.
El desplazamiento forzado acaba con el arraigo y el modo de vida de las personas que lo padecen, pero también deja secuelas en la sociedad y en la nación. Una de ellas es la “descampesinización” y desarraigo de los grupos étnicos. Según el Registro Único de Víctimas, el 87% de las personas desplazadas vivían en zonas rurales, lo que equivale a que 9 de 10 personas desplazadas, han tenido que abandonar el campo.
Haga clic en la imagen para descargar el informe.El CNMH considera que“en estos territorios, los efectos de la descampesinización son más críticos, en tanto no se trata solo de una pérdida cuantitativa sino de la destrucción de los lazos comunitarios, el rompimiento de relaciones familiares o vecinales, la instalación del miedo y la desconfianza como formas de vida, así como también de la eliminación de organizaciones sociales y políticas, antes predominantes en territorios esencialmente rurales, lo cual ha dado lugar al arrasamiento”. Además, también afecta el empleo rural y causa fuertes golpes en la economía nacional, puesto que según cifras de la Tercera Encuesta Nacional de Verificación, entre 1980 y agosto de 2013, casi 2,5 millones de familias tuvieron que abandonar sus cultivos, lo que equivale, según el Dana, al 11,5 por ciento del empleo total del país.
Esa migración forzada de la vida rural a la urbana, también ha dejado secuelas negativas para las ciudades que acogen a los desplazados. Para 1938, el 31% de la población vivía en las cabeceras municipales, pero para 2005 la cifra pasó a ser del 74%. De acurdo con los datos del Registro Único de Víctimas, Bogotá ha recibido 496.837 desplazados; Medellín, 403.676; Santa Marta 186.135; Cali 140.751; Sincelejo 133.101; y Valledupar 124.288.
Esto causa un crecimiento acelerado y no planeado de las ciudades que tienen que enfrentar problemas para satisfacer las necesidades de sus habitantes y de los desplazados. Algunos de los problemas que reseña el CNMH son “la aparición de asentamientos informales o “barrios de invasión” generalmente se realiza en zonas de tierras bajas y vertederos, o en viviendas deficientes, abarrotadas e insalubres. La aparición de mercados ilegales de tierras, dificultades en la movilidad, expansión periférica y segregación residencial”.
Personas desplzadas por año desde 1980 hasta 2014. Fuente: RUV / Gráfica tomada del informe Una nación desplazada.
¿Cómo se llegó a esta dramática situación?
En entrevista con VerdadAbierta.com, Myriam Hernández Sabogal, coordinadora de la serie Una nación desplazada, explicó que una de las principales razones del crecimiento del desplazamiento forzado fue su invisibilización. “Sólo hasta el año 2000 se declara como delito.Ese sólo hecho refleja la poca importancia, pese a la magnitud del fenómeno y los graves hechos, que no fue priorizado dentro de las políticas públicas. Durante mucho tiempo el tema fue tratado marginalmente por el Estado y fue visto como un efecto colateral del conflicto”, dijo.
Además, señala que el desplazamiento forzado no puede atribuirse simplemente a la confrontación entre actores armados. “Cada vez se devela con mayor claridad que detrás del desplazamiento forzado se dieron unos intereses económicos muy claros. El papel del narcotráfico ha sido muy importante, pero los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, han desconocido los impactos de la guerra y han resultado aprovechándose de lo que fue el abandono y el despojo de los territorios”.
También llama la atención sobre el papel de la justicia y la altísima impunidad del delito, que conllevan a que los desplazamientos se repitan. “Queremos destacar esa falta de actuación, particularmente de la Fiscalía, en materia de investigación y de sanción de los responsables.Tenemos un gran problema en la medida en que no hay una postura fuerte respecto a identificar quiénes han sido los principales determinadores de estos hechos y cómo se han beneficiado. Esto deja serias dudas sobre las garantías de no repetición y para la población dado que continúa el conflicto”, concluyó Hernández.
La cronología de los éxodos
Residentes de la comunidad de Tanguí se desplazan para regresar a su casa después de tres meses de vivir en una escuela pública en la ciudad de Quibdó. Río Atrato, Chocó. Foto Juan Arredondo / CNMH.
Por medio de una exhaustiva revisión documental el CNMH identificó siete momentos de la historia nacional en los que el desplazamiento forzado se disparó y que permiten entender cómo Colombia llegó tantas víctimas de este tipo de violencia.
1. La Violencia (1948-1958)
Este periodo comprende la guerra bipartidista entre liberales y conservadores, a raíz de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. El informe indica que “en este escenario de permanentes enfrentamientos sin tregua se produjo una serie de asesinatos violentos, muchos de ellos a través de masacres indiscriminadas, que dejaron como resultado por lo menos doscientas mil personas muertas”, y estima, según diferentes fuentes, que entre dos y tres millones de personas, se vieron obligadas a desplazarse. Agrega que en esa época no existía la definición de desplazamiento forzado y que sus víctimas eran consideradas como migrantes o exiliados.
2. El Frente Nacional (1958-1974)
El periodo de La Violencia llegó a su fin con la alianza que sellaron liberales y conservadores para alternarse el poder, que fue denominada Frente Nacional. A pesar de los intentos por pacificar el país, las desigualdades en el campo llevaron a la conformación de las guerrillas de las Farc y del Eln, que “se insertaron en zonas de expansión de la frontera agrícola, a donde habían migrado las personas desplazadas de La Violencia o en zonas marginales donde residían los pobres del campo, buscando sustituir al Estado”. Para contrarrestar a las guerrillas, el presidente Guillermo León Valencia permitió la creación de grupos de autodefensas civiles, con lo que se agudizó el conflicto.
Parael CNMH, estos dos periodos fueron clave para el desarrollo del conflicto armado en Colombia, pues “las profundas afectaciones a las personas desplazadas durante la época de La Violencia, la acumulación de tierras por parte de los aprovechadores, el fracaso de la reforma agraria y la brutal respuesta estatal durante el Frente Nacional, propiciaron un escenario funcional a la lucha insurgente y la proliferación de actores armados”.
3. Irrupción del narcotráfico (1974-1979)
Esta actividad ilegal causó cambios en la economía, en las dinámicas del conflicto armado y produjo nuevos desplazamientos. Al respecto, el informe indica que a consecuencia del narco, la población fue expulsada de las tierras que se convirtieron en objetivos estratégicos en todos los eslabones de la cadena de tráfico ilegal; y que el uso de la tierra para cultivos de uso ilícito promovió oleadas de migración de “clases emergentes de dudosa procedencia” y de un campesinado sin opciones económicas.
A partir de la década de 1980, el CNMH hace una distinción especial sobre el desplazamiento forzado contemporáneo (1980-2014), cuando pasó a “ser un mecanismo cotidiano de generación de violencia y a afectar grandes poblaciones”.
4. Desplazamiento silencioso en el escalamiento del conflicto armado (1980-1989)
Durante estos nueve años, el Estado, las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes legitimaron el uso de la violencia y el éxodo de la población como formas de resolución de conflictos, haciendo la guerra más intensa y más sucia. Además, durante este periodo, no se creó una política pública para reconocer y atender a la población desplazada.
5. Continuidad del desplazamiento en el nuevo pacto social (1989-1996)
Este periodo estuvo marcado por la desmovilización de cinco grupos guerrilleros, entre ellos el M-19 y el Epl, y la creación de la Constitución Política de 1991. A pesar de esas desmovilizaciones, el conflicto armado se agudizó por el fortalecimiento de las guerrillas que quedaron vigentes y de los paramilitares. “La crisis humanitaria de las personas desplazadas continuó en aumento y se extendió a diferentes regiones del territorio nacional, principalmente en el Urabá y en las regiones del Caribe”, indica el informe.
6. Gran éxodo forzado en la Colombia contemporánea (1997-2004)
Se caracteriza por el desproporcionado aumento de los desplazamientos forzados: en esos siete años 3.087.173 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Una de sus principales causas fue agrupación de diferentes grupos paramilitares bajo la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y su consecuente expansión por el país a punta de masacres. Por parte de la guerrilla, especialmente de las Farc, se recrudeció su violencia contra la población civil, se dieron tomas guerrilleras cada vez más devastadoras y atentó sus ataques contra la infraestructura y los bienes de los civiles.
7. Persistencia del desplazamiento en escenarios de búsqueda de la paz (2005-2014)
Con la desmovilización de las Auc entre 2005 y 2006, tiempo después se dio el rerame de varias de sus estructuras que son conocidas como Bacrim, esto, sumado a las acciones de las guerrillas en contra del aumento de la presencia de la Fuerza Pública en los territorios que estuvieron bajo su control, causaron que la cifra de desplazados fuera casi igual a la del periodo anterior. Según de datos del Registro Único de Víctimas, en esos nueve años, 2.996.196 personas se desplazaron forzadamente.
La poca acción de la justicia
Las grandes ciudades del país son receptoras de miles de desplazados provenientes, no solo del campo, sino también de otras ciudades. Medellín, 2006. Foto: Natalia Botero / CNMH.
El CNMH le dedica un capítulo entero a este apartado, el cual califica de “altos niveles impunidad”. Las cifras confirman dicha afirmación, pues de los más de seis millones de víctimas de desplazamiento forzado, a 2014 la Fiscalía sólo tenía abiertas 14.612 investigaciones. De lo anterior se desprende que muchas personas no denuncian -por temor en el mayor de los casos porque los grupos persisten en los territorios o por su infiltración en las agencias del Estado-, pero también deja en evidencia la “poca voluntad de oficio de investigar” por parte del Ente Acusador.
Sobre el papel de la Fiscalía agrega que “ha sido omisiva enla investigación y acusación de las graves infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, entre ellas el desplazamiento y abandono masivo y sistemático de tierras y la legalización del despojo, en beneficio de empresas nacionales y multinacionales y actores armados ilegales. (…) Las investigaciones fueron archivadas, permanecen en etapas previas, están estancadas y/o refundidas o avanzan sin garantizar el acceso a la justicia en un plazo razonable”.
Respecto al proceso de Justicia y Paz al que se acogieron los desmovilizados de las Auc, el informe llama la atención sobre las pocas condenas que se han dictado por el delito de desplazamiento forzado. Tras estudiar las 20 que ha emitido esta justicia transicional, encontró que en sólo 7 de las doce que se han resuelto en segunda instancia, están incluidos estos delitos.
Campesinos de San Francisco, en el oriente de Antioquia, retornan por quinta vez a sus veredas, Los Farallones y el Comején, después de un desplazamiento masivo que tuvo lugar debido a la confrontación armada entre guerrilla, paramilitares y Ejército por el control del territorio. Antioquia, junio de 2002. Foto: Natalia Botero / CNMH.
En cuanto a las guerrillas, también critica el poco volumen de sentencias por estos hechos, pues las condenas que ha dictado la justicia ordinaria giran alrededor de los delitos de rebelión, terrorismo, secuestro y narcotráfico. Como ejemplo cita la sentencia contra alias Gabino y otros jefes del Eln por el atentado con el Oleoducto Central S.A., el 18 de octubre de 1998, que generó el desplazamiento masivo de los habitantes de Machuca, Segovia, como efecto del incendio provocado por la compañía Cimarrones, hechos por los que fueron condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, homicidio simple múltiple y lesiones personales múltiples.
De manera similar, las condenas proferidas contra miembros de las FARC por la masacre de Bojayá se basaron en los cargos formulados por la Fiscalía contra la cúpula de esa organización, entre los que no se incluyó el delito de desplazamiento forzado.
Por otro lado, en los procesos de justicia y paz se han dictado veinte sentencias parciales contra miembros de las AUC. No ha habido sentencias contra miembros de las guerrillas y los procesos avanzan sin que se esclarezca su responsabilidad en el éxodo forzado. En siete de las doce sentencias proferidas en segunda instancia no se sancionó por el delito de desplazamiento
Sobre esta tragedia que ha afectado a más seis millones de colombianos, el CNMH concluye que “la evolución del desplazamiento forzado en el tiempo y su análisis permiten concluir que pese a la magnitud y sistematicidad con que se ha producido este delito y los graves daños causados a la población víctima del mismo, el tardío reconocimiento del Estado, los continuos cambios institucionales y la limitada capacidad de las entidades responsables de su atención, no han permitido lograr una respuesta adecuada a las necesidades más apremiantes de esta población, mucho menos garantizar el goce efectivo de sus derechos y su reparación integral”.
