Para Juan Guillermo Cárdenas, magistrado de Justicia y Paz y actual presidente del tribunal de justicia transicional de Medellín, lo que ha hecho el país en esta materia no solamente es valioso, dado la magnitud del conflicto colombiano, sino que constituye un modelo digno de mostrar a nivel internacional.
Juan Guillermo Cárdenas, magistrado de Justicia y Paz y presidente de ese tribunal de Medellín.
“Lo que ha hecho Colombia no lo ha hecho ningún otro país en materia de investigación de crímenes de sistema”. La frase es del magistrado Juan Guillermo Cárdenas, presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, la cual tiene a su cargo trascendentales procesos judiciales contra exjefes paramilitares y guerrilleros como Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’; Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’; y Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’, entre otros.
Para el alto funcionario judicial, este año marcó una nueva tendencia en la justicia transicional pues, a su juicio, ya comienzan a verse importantes resultados en este proceso que ha sido duramente cuestionado por sectores de la opinión pública nacional e internacional.
“La gente cuestionaba que en Justicia y Paz, en ocho años, solo se había proferido 14 sentencias cuando la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se gasta diez y once años en una decisión”, precisa el magistrado. “Así no se mide la justica. Obviamente, a esto hay que darle tiempo. Además, para nadie es un secreto que frente a la magnitud del conflicto colombiano y lo novedoso de la justicia transicional, se ha hecho mucho”.
De acuerdo con Cárdenas, además de las sentencias proferidas, las exclusiones de postulados que se han resuelto y de las compulsas de copias que se han ordenado, para que se investigue a quienes apoyaron de una u otra forma el paramilitarismo, la fortaleza que hoy tiene Justicia y Paz radica en la elaboración de los contextos históricos en los que se desenvolvió el proyecto contrainsurgente, los cuales pueden ser considerados hoy día como un valioso aporte de la rama judicial a la reconstrucción de la memoria histórica de un conflicto armado de más de 30 años.
VerdadAbierta.com dialogó con este magistrado con el fin de saber cómo le fue a la justicia transicional en el año que termina y, de paso, conocer las expectativas de los tribunales de Justicia y Paz en el país frente a un eventual acuerdo de paz con las Farc y la posible llegada de comandantes guerrilleros para ser juzgados por cientos de crímenes cometidos a lo largo de cinco décadas de conflicto armado.
VA: ¿Cómo le fue a Justicia y Paz en 2014? ¿En qué procesos se avanzó, qué sentencias se dictaron?
JGC: Este año se excluyeron varios postulados de Justicia y Paz. Entre ellos aJuan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso Sierra’. Igualmente, se profirió sentencia contra ocho postulados del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con un valor cercano a los ocho mil millones de pesos como monto de reparación para las víctimas, sentencia que quedó firme. También se leyó la sentencia de Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’ y dentro de poco comienza la lectura de sentencia de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’.
VA: ¿Podemos decir que tres sentencias en 2014, por lo menos en la Sala de Justicia y Paz de Medellín, efectivamente constituye avance de la justicia transicional?
JGC: En estas tres sentencias se logró dar cuenta de diferentes incursiones armadas como la de Riosucio, Chocó; la de La Horqueta, Cundinamarca; las masacres del Aro y La Granja en Ituango; y la incursión paramilitar a Peque, occidente Antioqueño. Por eso es que cobran importancia estas decisiones judiciales, porque son dictadas contra cabecillas o miembros importantes de este grupo armado al margen de la ley mientras que en el pasado, antes del esquema de priorización implementado por la Fiscalía General de la Nación, solo se condenaba a los patrulleros o miembros rasos.
VA: Tres sentencias, ¿no sigue siendo un número muy bajo?
JGC: Para el primer semestre de 2015 esperamos dictar cuatro o cinco sentencias que determinan una cantidad de delitos y procesos de reparación que en 20 años la jurisdicción ordinaria no lo hubiera logrado, entre otras cosas, por la impunidad en que estaban. Mire, la justicia ordinaria, por ejemplo, lleva cuatro años tratando de establecer responsabilidades de los sindicados en el caso de un solo homicidio: el del joven Andrés Colmenares. Estamos hablando de un solo delito.
En la justicia transicional, por cada sentencia que se dicta, como por ejemplo la del Elmer Cárdenas, que tomó tres años, abordamos más de 159 delitos que involucran más de 191 víctimas. En un proceso como el de Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’, vamos a reparar más de 3.000 víctimas y a abordar más de 500 hechos. Entonces, la ciudadanía debe entender que las sentencias no se pueden pesar en cantidad sino en calidad, en situaciones que se están resolviendo, situaciones que por demás, sino fuera por Justicia y Paz estuvieran en absoluta impunidad; una impunidad que cobijaba a autoridades estatales incluso.
El magistrado Juan Guillermo Cárdenas (izq.) al lado de la también magistrada Consuelo Rincón, con quien comparte tareas en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.
VA: Creo que nadie desconoce la complejidad del proceso de Justicia y Paz, pero, ¿realmente ha sido efectivo?
JGC: Mire, hoy estamos no solamente develando la verdad de muchos hechos en pro de las víctimas indirectas, sino que los postulados están entregando bienes para reparar a las víctimas, no el volumen que esperaban todos, pero esos bienes están sirviendo. Entonces mire, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó recientemente una sentencia por unos hechos que ocurrieron hace 29 años (Palacio de Justicia) y en la justicia transicional ya llevamos cerca de 30 sentencias proferidas por las salas de Justicia y Paz de todo el país, develando miles de verdades y reparando miles de víctimas y juzgando a los diferentes perpetradores de esos crímenes atroces, que de otra forma hubiera sido imposible. Hoy, ellos están purgando ocho años, siempre y cuando no incumplan sus obligaciones. Eso no pasa en otra jurisdicción. Además, el dolor del pueblo colombiano, de comunidades tan alejadas como El Aro y La Granja (Ituango), como Riosucio (Chocó), ya está siendo escuchado.
VA: En algún momento la Fiscalía General de la Nación señaló que la celeridad del proceso de Justicia y Paz dependía más de los tribunales que del propio Ente Investigador, ¿qué opina al respecto?
JGC: Pienso que es un debate necio y sin fundamento. Frente a la magnitud de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), frente a un conflicto armado de más de 30 años, la Fiscalía no podía, en dos o tres años, entrar a tener los elementos materiales de prueba y evidencia física que hoy tiene. Ha sido un tiempo invertido en debida forma. Que de pronto por cambios de fiscales se ha visto afectado el proceso pues es normal, eso pasa y suele suceder. La Fiscalía ha hecho una tarea inmensa y magnifica, para mostrarle al mundo cómo se trabaja en justicia transicional. Y la Judicatura está haciendo lo suyo. Es un equívoco pensar que el ‘balón está allá o acá’, o que se han gastado unos años sin hacer absolutamente nada.
VA: ¿Cómo transmitirle ese mensaje a la opinión pública, que sigue siendo tan crítica del proceso de Justicia y Paz?
JGC: Se ha invertido mucho tiempo en reconstruir una memoria histórica que es la que le vamos a mostrar al mundo y va a ser una muestra, a nivel internacional, de cómo se investigan crímenes de sistema. No se puede pretender que abordar crímenes de guerra, crímenes de sistema, barbarie como la que ha tenido un país como el nuestro en 30 años, se pueden despachar de la noche a la mañana. Eso sería falto de seriedad. Hay que respetar el debido proceso. Pero se está haciendo un trabajo mancomunado y bien hecho. Hay un esfuerzo enorme de la Fiscalía por entregar la información que se le requiere. ¿Cuántas compulsas de copias no se han expedido desde Justicia y Paz contra militares, políticos, alcaldes, gobernadores que otrora eran intocables?, por citar un ejemplo.
VA: En octubre de este año, el fiscal Eduardo Montealegre se mostró partidario de establecer criterios de selección (no investigar todos los crímenes) para investigar guerrilleros de las Farc y el Eln en caso de que lleguen a la justicia transicional tras un posible acuerdo de paz ¿Está de acuerdo con la afirmación?
JGC: A través de la Directiva 03 de 2012, emanada de la Fiscalía, se establecieron unos parámetros para que las investigaciones se dirigieran a los máximos comandantes y se priorizaran a través de los patrones de macrocriminalidad y macrovictimización. Es decir, está permitido una selección de aquellos casos más significativos, aunque el dolor de una víctima y otra no amerita selección, pero frente a los impactos, pues es válido. Lo que pasa es que decirle eso a las víctimas, que se van a seleccionar unos delitos y otros no es, no solo es odioso sino que también creo que la sociedad sentirá que continúa la impunidad.
Pero lo que pasa también es que en un conflicto armado de más de 30 años, los hechos son de tal magnitud que sería imposible, para cualquier sistema judicial en el mundo, investigar caso por caso, delito por delito. No importa el número de jueces que se tenga, no importa el número de funcionarios que estén al servicio, es imposible. Entonces, en ese sentido el fiscal Montealegre lo que trata de significar y así lo están haciendo a través de esa circular, es que no se siga condenando a los patrulleros rasos sino que, efectivamente, las sentencias lleguen a aquellos que al tanto de los aparatos organizados de poder, por línea de mando, son responsables. Y eso es válido.
VA: Como magistrado de Justicia y Paz, que ha conocido los pormenores del paramilitarismo, ¿qué opina de la propuesta del fiscal Montealegre de ofrecer beneficios jurídicos a los miembros de las bacrim?
JGC: Mi impresión frente al tema de las bacrim es que seguiríamos en un círculo vicioso. Es decir, si el Estado no da las oportunidades a quienes se desmovilizan de los grupos armados, pues vamos a tener bacrim hoy, mañana y siempre. Tenemos que sentarnos seriamente a pensar qué vamos a hacer con los desmovilizados, que oportunidades laborales, educativas y culturales le vamos a dar a ellos y la protección necesaria para que lleguemos a una paz duradera.
VA: ¿Cree que está cerca el día en que podamos decir que cerramos el capítulo de la justicia transicional?
JGC: Uno no puede entender una justicia transicional perpetua, pero lo transicional no puede convertirse en un término tan supremamente perentorio que lo que se alcanzó a hacer hasta aquí, pues bueno y el resto no nos importa. No, esa no es la idea. Ya lo decía una juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por qué la gente cuestionaba que en Justicia y Paz, en ocho años, solo tenía 14 sentencias cuando esa misma Corte se gasta 10 y 11 años en una decisión. Así no se mide la justica. Obviamente, a esto hay que darle tiempo. Además, para nadie es un secreto que frente a la magnitud del conflicto colombiano y lo novedoso de la justicia transicional, se ha hecho mucho y se están viendo los resultados.
