Coca: un negocio familiar que marca a la mujer

_{*Algunos nombres fueron cambiados para proteger a las fuentes.}

En Putumayo la siembra de hoja de coca fue un negocio de toda la familia. Los hombres se iban en el día a cosechar, a raspar las matas. Cuando éstas se cargaban a tope y el cultivo era muy extenso, contrataban a los conocidos ‘raspachines’ o cosechadores, para no perder nada. Esposas e hijos se involucraban y en la misma casa hacían la primera etapa del proceso para sacar la pasta y ganarle diez veces más que vendiendo la hoja solamente.

“El hombre es más de temple, pero la mujer rinde más”, dice Cindy*, una comerciante de La Hormiga y esto se explica mejor con las palabras de Lady*, quien vivió de la coca muchos años en el Valle del Guamuez: “en mi casa, yo cosechaba doce arrobas de hoja por día mientras que mi hombre solo ocho”.

Además, ellas explican que la mujer es mucho mejor para “cortar” la coca, que es uno de los últimos momentos de la producción de la pasta en la que se le echa ácido. Según Cindy, las mujeres lo hacen mejor porque “tienen más estilo, más delicadeza y ‘bailan’ mejor”.

En el Putumayo de los años ochenta y noventa no era extraño encontrar extensiones inmensas de hoja de coca en las fincas de los campesinos. Para ellos no era delito, sino una forma de vivir, la única a la que los obligó el Estado. En esa época, la bonanza de la quina, el caucho, la madera y del petróleo ya eran cosa del pasado.

"Empezamos a cosechar sin querer hacerle daño a nadie, pero como no había vías de acceso, miramos lo rentable que era la coca porque era más fácil de transportar"
_{Sonia*, habitante del corredor Puerto Vega - Teteyé, que comunica a Puerto Asís con Ecuador.}

La antropóloga María Clemencia Ramírez ha recorrido el departamento desde hace más de 40 años y dirigió la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre la violencia contra las mujeres en la inspección de El Placer, del municipio de Valle del Guamuez. Ella cree que en ocasiones la coca rompió la sumisión que tenían las mujeres ante los hombres porque podían no depender económicamente de su marido si aprendían a cosechar, procesar y vender; pero en otros momentos significó sometimiento, como tenerle que cocinar a los hombres que cosechaban la hoja.

En Putumayo los campesinos sostienen que ellos son el eslabón más débil de la cadena; aunque invierten en plaguicidas, pasan semanas enteras cosechando y ganan cerca de millón y medio de pesos por cada kilo de pasta de coca, son las mafias las que la convierten en cocaína y se quedan con toda la ganancia. Además, la gente es la que más cargó con la violencia.

Y no solo eso, la familia misma cambió, todo giraba en torno a la coca. En tiempos de cosecha, hasta los menores de edad dejaban la escuela con la aprobación de algunos profesores, como lo recuerda Xiomara*, una joven que en los tiempos del auge cocalero tenía 9 años y estudiaba en una vereda de San Miguel.

Detenidas en Ecuador

Uno de los dramas en Putumayo que impacta a las familias por cuenta del negocio del tráfico de drogas es el de las detenciones de las mujeres. Las cuentas de Jorge Cáceres, cónsul de Colombia en Nueva Loja, Ecuador, son de 187 colombianos hombres y nueve mujeres detenidas en las cárceles ecuatorianas en las que él tiene jurisdicción. Por su parte, en 2014, el Parlamento Andino constató que en el penal de Ibarra había 15 mujeres y 60 hombres recluidos, mientras que en Quito hay 50 mujeres sentenciadas y 24 procesadas, el 90% de ellas por tráfico de drogas.

El río San Miguel abarca casi toda la frontera entre Colombia y el país vecino. El paso oficial es por el puente internacional, pero llegar al otro lado es tan fácil como atravesar el río en canoa. Además, el tránsito es algo común para las personas que trabajan o van de compras; incluso, algunos niños colombianos atraviesan diariamente la frontera para estudiar allí.

Esa cotidianidad y la extensión de la frontera hace que sea difícil registrar todo lo que entra y sale, pero las requisas se mantienen y en ellas han caído mujeres transportando droga en fajas, mochilas y en cargas de plátano y panela, lo que genera un drama para sus hijos. Una institución educativa de ese municipio le reportó a la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida que había cerca de 70 niños solos en los colegios o con sus abuelos porque sus madres están detenidas en Ecuador o en Colombia.

“En este año tuvimos el caso de una pareja capturada que dejó dos menores de edad. Ellos estuvieron unas semanas en un centro de La Dinapen, que es como el Bienestar Familiar en Ecuador, y luego se los entregamos a sus abuelos en Colombia”, detalla el cónsul.

Lo que más le preocupa a Fátima Muriel, presidenta de la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida, son las condiciones en las que están detenidas las mujeres, que propicia toda clase de abusos. Esta lideresa explica que es un fenómeno invisible, en parte por la reticencia de los consulados colombianos.

“En las visitas que hacemos ninguna mujer se me ha acercado a hablarme de vejámenes”, responde Cáceres. Lo que sí ha conocido es casos de aislamiento, maltrato, golpes y en algunas ocasiones, falta de atención médica, en los reclusos hombres. “Si pasa, ¿por qué no le dicen eso al cónsul? Nosotros buscamos solución mediante la oficina de derechos humanos de la cárcel, hacemos canal con la Embajada en Quito y solicitud de aclaración al Ministerio de Justicia”, asegura el funcionario.

La mayoría de capturadas caen en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Una vez detenidas, tienen que estar en la cárcel masculina que hay allí mientras las trasladan a algún penal mixto en las ciudades de Macas o Archidona.

“Pobres madres reclusas, algunas por ganarse cualquier peso para dar de comer a sus hijos con el tráfico ilegal, mientras los que las mandan están tranquilos en las calles enviando más coca con otras pobres víctimas. A estos es que deben perseguir y castigar”, sugiere Muriel.

Plan Colombia no cumplió

Fue tanto el auge que Putumayo “reinó como el epicentro de la producción de cocaína en el comercio global entre finales de los 80 y mediados del 2000”, según el informe ‘Narcotráfico: mujeres en la sombra y su impacto oculto en la vida de las mujeres en América Latina’, del Fondo de Acción Urgente América Latina. Y fue precisamente por esto que Estados Unidos fijó su mirada en el departamento.

Las primeras fumigaciones aéreas con glifosato se hicieron en 1994 y se consolidaron a partir del 2000 con el Plan Colombia, un programa de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la lucha contra las drogas en el país y que terminó apoyando la guerra contrainsurgente. Esta estrategia prometía beneficios a cambio de dejar de sembrar hoja de coca, como apoyos en ganadería, silvicultura, siembra de cacao, caucho o pimienta.

Al mismo ritmo que pasaban las avionetas asperjando con glifosato, se disparó la capacidad de las mujeres de organizarse. “Ellas empiezan a hablar de sus trabajos en las fincas, alrededor del cultivo de la hoja de coca, y de la afectación en la salud de sus familias por las fumigaciones”, cuenta Amanda Camilo, coordinadora regional de la Ruta Pacífica de Mujeres, quien evoca la primera gran marcha de mujeres en Putumayo, el 25 de noviembre de 2003, que tuvo como lema “Fumigación es igual a miseria”.

Esta lideresa también recuerda que el Plan Colombia trajo un “componente productivo que fue lesivo”. Las personas tenían que asociarse formalmente para recibir los recursos económicos internacionales, lo que hizo que muchas de las organizaciones, incluyendo algunas de mujeres, se endeudaran para obtener los registros de la Dian y la Cámara de Comercio.

 

En los papeles quedó consignado que además de dar dinero, el Plan Colombia fortalecería a los productores para que manejaran sus cosechas de manera eficiente y gestionaran ellos mismos el desarrollo en las veredas, pero muchas veces la plata la entregaron sin hacer pedagogía y “la gente se quedó con los trapiches o las construcciones de cría de cerdos, pero sin trabajarlos y encima, endeudados”, cuenta Amanda, pero quedó su gran capacidad de organización.

Por otra parte, los que lograron cosechar con los recursos norteamericanos, tenían que transportar sus productos por las mismas vías y trochas que lo habían hecho siempre y esto implicaba, muchas veces, perder dinero.

“No hay estabilidad económica para el campesino, en gran parte por la falta de carreteras” _{Mujer de Puerto Guzmán, Putumayo.}

En el centro de la vorágine sexual

A la par que la mata de coca se esparcía por todo Putumayo en los ochenta, surgían en todos los municipios y veredas del Bajo Putumayo ‘chongos’ de todo tipo, es decir, centros de prostitución.

“Puerto Asís era un mundo distinto al de Mocoa. Había opulencia, muertos diarios, prostitución. Tanto que de niño oía hablar de ‘Brasilia’, un prostíbulo del puerto famosísimo en los ochenta”, recuerda Guillermo Rivera, hoy viceministro del Interior y quien por más de una década fue representante a la Cámara por Putumayo.

En Puerto Colón se llegaron a contar hasta cuatro ‘chongos’, cuando no había más de 3.000 habitantes. En San Miguel el más famoso era Happy Night, mientras que las cuentas de Omaira* es que en la vereda Los Achapos, de Puerto Asís, había por lo menos cuatro, uno de esos era de ella. Todos llegaron de la mano de los narcotraficantes y los primeros se vieron en 1979, según el informe de CNMH sobre El Placer.

“No llegaba cualquier mujer. Eran muy bonitas, traídas de Cali, Medellín, Pereira, Huila y hasta Ecuador; venían un fin de semana, se iban con pesos colombianos y los cambiaban por sucres que valían menos”, cuenta Cindy, quien habla de por lo menos 11 bares solo en El Placer.

Para que la Policía las dejara trabajar en ‘los chongos’, se tenían que hacer exámenes médicos semanalmente. Sólo en La Dorada, que es la cabecera municipal de San Miguel, se registraban de 20 a 30 mujeres.

Con lo que tenían que tener más cuidado era con los controles de la guerrilla, que prohibía la prostitución en algunas veredas e, incluso, a veces se llevaron a las mujeres, como sucedió en el ‘chongo’ que manejó Omaira.

Esta mujer sabe que los guerrilleros abusaron sexualmente de algunas de sus trabajadoras. Incluso, una de ellas quedó en embarazo. Sin embargo, hoy no se conoce a ciencia cierta si era una práctica generalizada en las filas insurgentes. La mayoría de las lideresas afirman que las Farc sí reclutaban a menores de edad muy bonitas, pero que varias que luego salieron de las filas explicaron que jamás un comandante violaba a una mujer.

Claro que no todas sobrevivieron. Dos sobrinas de Elizabeth Mueses, una lideresa social de El Pacer, fueron reclutadas por esta guerrilla cuando eran menores de edad y con el tiempo sus familiares las encontraron muertas.

Por su parte, Soledad* sostiene que cuando fue guerrillera supo que algunos comandantes que operaban en Valle del Guamuez mandaban a llamar al monte a las mujeres que les parecían bonitas y si ellas no accedían a tener una relación sexual o amorosa con ellos se tenían que ir del pueblo.

Xiomara, por el contrario, afirma que un guerrillero la defendió de un joven que la miraba mucho cuando ella era adolescente en San Miguel y Elizabeth Mueses aclara que antes de la llegada de los paramilitares, la guerrilla intervenía en los asuntos familiares.

“Alias ‘Garganta e’ Lata’, que le decían Henry, ayudaba a defender los derechos de mujer y hasta las defendía cuando en los hogares las trataban mal”, agrega Elizabeth y pone como ejemplo, lo que le ocurrió cuando tenía 19 años. En esa época, las Farc le entregaron a ella y a su amiga Matilde Guerrero dos niños para que los llevaran a Bienestar Familiar mientras que ellos se iban con un hombre que le había pegado a su esposa. Ella le pidió a Henry que pensara en los niños y luego de conversar con los implicados y de que el hombre se defendiera diciendo que la mamá era muy descuidada con los hijos, los guerrilleros decidieron enviarlos a la casa para que se perdonaran.

Rivera asegura que buena parte de violencia contra las mujeres pasó desapercibida entre los años ochenta y noventa porque ni la gente ni las instituciones tenían claridad sobre qué significaba y, además, no era fácil denunciar por cuanto era una zona controlada por las Farc.

Lo que sí admite este funcionario es que se empezaron a conocer relaciones amorosas entre soldados y menores de edad en zonas rurales y urbanas a principios del 2000, cuando el pie de fuerza pasó de 2.000 a 10.000 hombres en armas por el Plan Colombia.

Militares: abusos por reconocer

“En el batallón que hubo en la Hormiga, las niñas se colgaban de las rejas esperando a que los militares les dieran un pico y también se conocen casos de que violaban mujeres cuando salían al campo”, relata Cindy.

La situación fue tal que una docente del colegio de Santana, un corregimiento de Puerto Asís donde hay batallones del Ejército, le contó a Fátima que las niñas salían de clase a encontrarse con los militares apenas ellos las llamaban. Cuando fue a hablar con las mamás de las adolescentes, ellas querían que se fueran con los soldados.

Ante estos hechos, el Comandante General Alberto Sepúlveda Riaño, de la Brigada de Selva No. 27 del Ejército que opera en Putumayo, explica que no puede decir si antes pasaba o no porque lleva en el departamento dos años.

Respecto a los batallones de Santana, explica que los militares trabajan de 6:30 a.m. a 8:00 p.m. y viven allí con sus esposa e hijos. “La gente especialmente tiene esas versiones cuando tienen relaciones con las Farc o los narcotraficantes para desprestigiar al Ejército, pero el ICBF y la Defensoría son fuentes apropiadas y no hay denuncias porque no es cierto”, asegura el comandante y reitera que no hay ni una sola denuncia contra ninguno de los 7.000 integrantes del Ejército en Putumayo.

Sin embargo, en 2016 la Defensoría ya recibió una denuncia de una niña que habría sido abusada sexualmente por un militar de la Brigada 27 en Mocoa y actualmente el caso está siendo estudiado por el Ministerio Público, según cuenta el defensor regional Fabián Vargas.

Paramilitares, los más aberrantes

La coca también atrajo a los paramilitares y con ellos llegaron nuevas violencias contra las mujeres. Cuando arribaron a la región, en 1997, la violencia contra ellas cambió drásticamente. A partir de ese año, los hombres enviados por Carlos Castaño llegaron al departamento y se constituyeron en el Bloque Sur Putumayo, un apéndice del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En 1999 se sintió más rigor su presencia tras las masacres de El Tigre, La Dorada y El Placer. Los paramilitares obligaban a que todo el pueblo se reuniera en un sitio, fuera al parque, la cancha, la calle central, y uno por uno iban sacando a los hombres para asesinarlos. En estas matanzas casi no murieron mujeres, pero sus penas no fueron menores.

“En El Tigre entendimos que la satisfacción para los paramilitares era acabar a los hombres y que las mujeres tuviéramos ese sufrimiento”
_{Adriana*, habitante de la inspección de Valle del Guamuez.}

Una de las maneras de someterlas fue la violencia sexual. Amanda Camilo sostiene que fue tan cruel como en otros departamentos solo que se invisibilizó mucho más porque en Putumayo la población es mucho menor (345.000 habitantes según el DANE) que en lugares como Antioquia o Magdalena Medio.

Aunque la fiscal de Justicia Transicional Luz Dary Páez se ha dedicado al tema de las exhumaciones, fue una de las primeras funcionarias con quien las mujeres de El Placer y La Hormiga estuvieron dispuestas a hablar. Luego de que dos mujeres le contaran sus historias y de que le pidieran ayuda para otras víctimas de violencia sexual en la Inspección, la funcionaria habló con la fiscal 27 Luz Elena Morales, quien lleva los casos de los paramilitares que operaron en Putumayo y se postularon a la Ley de Justicia y Paz.

Después de su autorización, Páez organizó una jornada de violencia sexual en marzo de 2015 junto a dos sicólogos y un investigador del CTI de la Fiscalía. Como llegaron más de las 35 víctimas que esperaban, tuvieron que programar otra jornada para abril de ese mismo año. En total, escucharon y registraron las historias de 92 mujeres y 6 hombres abusados sexualmente, el 98% de ellos por los paramilitares y el 2% restante por la guerrilla. 

Al principio el silencio era tal que nadie hablaba y el primero que se atrevió fue un hombre, violado por los paramilitares casi simultáneamente que su esposa. “Las jornadas de ese delito no las podemos hacer tan públicas porque todo el mundo sabrá que son víctimas y eso es lo que no quieren porque sienten vergüenza. En el caso de El Placer, Elizabeth Mueses que entró a las veredas a hablar con la gente y a través de los líderes hizo correr la voz”, explica la fiscal.

Muchos de los relatos que escuchó apuntaban a que los paramilitares amenazaron a las víctimas para que no los denunciaran con sus comandantes, lo que para Páez es un indicativo de que estaba prohibido en las Auc. Agrega que una mujer vio cómo mataron a un paramilitar por violarla y que muchas otras personas coinciden en que los victimarios estaban drogados durante el abuso sexual.

“En la organización fue sagrado, una mujer por bonita que fuera, y fuera capturada y (...) la tuvieran, si alguien se atrevía a hacerle algo me consta que lo mataban”, dijo ante los Tribunales de Justicia y Paz Carlos Mario Ospina, alias ‘Tomate’ o ‘Tomás’, uno de los desmovilizados del Bloque Sur de Putumayo y quien en su momento fue comandante urbano de Puerto Asís.

Sin embargo, en Putumayo abundan los relatos de las mujeres violadas por los paramilitares, desde los más desconocidos como el de Omaira, quien fue violada por uno de ellos antes de cumplir los 18 años, hasta los más emblemáticos como el caso de las hermanas Galárraga, quienes fueron violadas, asesinadas y desaparecidas por las Auc en Puerto Caicedo.

La sevicia llegó hasta el punto de que los paramilitares, además de violarlas, las señalaban de guerrilleras o las acusaban de estar contagiadas de sida para asesinarlas.

“Los paramilitares pegaban a las mujeres por chismosas, groseras, por abandonos de sus hijos. Querían abusar de las mujeres. Algunos jefes paramilitares eran Carranza, Taison, Costeño, Caleño, Garganta, el Cura. No solo ellos ejercían el poder con respecto a la violencia sexual, también los subalternos lo hacían”, confesó una mujer de Puerto Colón para la comisión de la verdad con enfoque de género que realizó la Ruta Pacífica de Mujeres en todo el país en 2014.

En lugares como El Tigre, el abuso fue más allá de la penetración forzada y obligaron a algunas mujeres a que les lavaran los uniformes, cocinaran para ellos o les cuidaran los hijos. Incluso las encerraban en jaulas para castigarlas sin motivo alguno.

“A una mujer afrodescendiente le tiraron un bulto lleno de ropa para que lo lavara en el río (Guamuez) sólo porque estaba jugando dominó y otra cuidó el niño de unos paramilitares durante un año”
_{Marina*, una habitante de esa inspección que vivió allí durante la hegemonía paramilitar.}

Todo esto generó una marca tan profunda en las mujeres que tuvo que pasar una década después de la desmovilización formal del Bloque Sur Putumayo, ocurrida el 1 de marzo de 2006 en Puerto Asís, para que algunas mujeres se atrevieran a denunciar. Algunos de sus relatos fueron incluidos en el informe del CNMH, que fue publicado en 2012. Otras lo hicieron en las jornadas de la Fiscalía, pero como explican Marina y Adriana, en lugares como El Tigre no todas están dispuestas a hablar.

“El silencio es mucho porque no todas tenemos la valentía, pero ha llegado el día de contar qué pasó para que ellos (los paramilitares) tengan la capacidad de la verdad”, sostiene Marina. Y es que a pesar del miedo que todavía las obliga a quedarse calladas y de los vejámenes que padecieron, muchas de ellas aprendieron a resistir en medio del conflicto.

Al frente de la guerra

En medio de la guerra que azotó a Putumayo, muchas mujeres se convirtieron en un pilar de resistencia en sus pueblos. Decenas de veces intermediaron ante los grupos armados para rescatar a algún hijo, propio o ajeno, e incluso para pedirles que se fueran.

“El conflicto ayudó que ellas tuvieran que asumir liderazgos, es paradójico, pero si no, seguirían sometidas a los hombres, como les enseñaron sus tradiciones católicas y conservadoras, que vienen en gran parte de la colonización nariñense en Putumayo”, explica la investigadora Ramírez.

 

Durante su investigación quedó impresionada con la violencia intrafamiliar y el patriarcalismo que existe en Putumayo. Esto es lo que han soportado mujeres como Doris*, una indígena Nasa de Puerto Caicedo quien, desde pequeña, fue criada para servirle a su esposo y que cuando llegó el momento de la guerra y de la coca, él hizo de las suyas.

“Él se iba de farra con la plata de la coca de los dos, mientras que los hijos y yo pasábamos necesidades. Por eso digo que soy madre cabeza de hogar”
_{Doris, una indígena Nasa}

Por su parte, Ghenit Margot Melo, psicóloga de la Comisaría de Familia de San Miguel, está convencida de que el conflicto alrededor de la coca potenció un patrón de conducta en el que las mujeres consideran normal lo que padecen y sienten la necesidad de aguantar los maltratos de sus esposos, todo porque “ya soportaron que los grupos armados las violaran a ellas y a sus hijas”.

Y precisamente eso fue lo que notó el padre Alcides Jiménez en Puerto Caicedo. A principios de los ochenta, comenzó trabajar con las mujeres para que enfrentaran el machismo, a promover un programa de desarrollo rural y a inculcarles la necesidad de organizarse. Fue así como se creó la Asociación de Mujeres de Puerto Caicedo (ASMUM), a principios de los noventa, quizá la organización femenina más antigua del Putumayo y que apalancó la creación de la Ruta Pacífica de Mujeres, la red más grande de este tipo de asociaciones en todo el país.

El trabajo de este religioso se irradió por todo el departamento como inspiración para crear muchas más organizaciones en defensa de los derechos, especialmente de las mujeres.  En un mapeo de iniciativas en cuatro regiones del país, presentado al Programa Suizo para la Promoción de Paz en Colombia, Esperanza Hernández identificó que en Putumayo muchas de las propuestas estaban inspiradas por el padre Alcides. “Allí son las mujeres las que lideran el proceso de construcción de la paz desde experiencias indígenas y afrocolombianas”, indica el estudio.

De las 65 iniciativas de paz que había en Putumayo en 2005, 35% eran jalonadas por mujeres.

Pero así como su vida impactó en Putumayo, pasó lo mismo con su muerte. El 11 de septiembre de 1998 asesinaron al padre Alcides dentro de la iglesia, cuando se preparaba para dar la eucaristía. “Toda la plataforma social y organizativa quedó en shock como dos años, sin querer siquiera ni respirar y encima luego arrasaron los paramilitares en 1999 y al año siguiente la implementación del Plan Colombia”, explica Amanda.

Esa mezcla afectó profundamente el tejido social. Por ejemplo, en ASMUM había 200 mujeres asociadas, pero a principios del 2000 ese número se redujo a no más de 20. Pero incluso así se arriesgaron a romper las reglas que impusieron los grupos armados. En 2003 había toque de queda a partir de las 5 de la tarde en Puerto Caicedo, pero eso no fue impedimento para que cerca de 3.600 de todo el país personas llegaran en 116 buses, a las 10 de la noche del 25 de noviembre, para gritar contra la guerra y las fumigaciones. “Es una forma de no sentirnos solas y de decirles a los armados que las mujeres aquí no queremos esta vida ni para nosotras ni para nuestros hijos”, expresa Amanda.

Defensoras de vidas

Y es que casi que en cada municipio donde se vivía el conflicto intensamente, había una o varias mujeres que se pararan de frente a los paramilitares o a los guerrilleros.

Esto pasó, por ejemplo, en el corredor Puerto Vega - Teteyé. Allí las mujeres se volvieron las presidentas de las juntas de acción comunal para evitar que siguieran matando a los hombres que ocupaban esos cargos, como afirma Sonia.

En El Placer, la batuta la llevaron Nohemí Narváez, considerada la ‘cacica’ de la comunidad según el informe del CNMH; Elizabeth Mueses y, a diferencia de muchos otros lugares, trabajaban de la mano con hombres como Floresmilo Calderón y Salvador Carreño.

“A veces me llamaban en la madrugada y me decían que tenían 5 o 6 muchachos para que yo dijera si eran del pueblo o no. Cuando iba por ellos, los paramilitares me amenazaban, que si eran guerrilleros me mataban a mí y a mi familia”, recuerda Elizabeth. En otra ocasión, evitó que los paramilitares se quedaran con las casas que habían abandonado los que se fueron. “Esa señora sí se les paró duro a los ‘paracos’”, recuerda Doris.

En El Tigre sucedía algo similar. Adriana cuenta que incluso los paramilitares se enojaban con ella por ser “la mamá del pueblo”, a la que todos llamaban en momentos de vida o muerte. Y sólo ella tuvo el valor de decirles a los paramilitares que se fueran, en una reunión que hicieron las autodefensas con todos los habitantes el 13 de febrero de 2003.

La misma Amanda Camilo, en Puerto Caicedo, rompió sus propios protocolos de seguridad de no trasladarse a la zona rural para rescatar a su hermano, capturado por los paramilitares. Mientras que Rosalba Lasso, en la vereda Las Vegas, a 10 minutos de La Hormiga, además de defender a los jóvenes de la comunidad, entre 2008 y 2009 se echó a hombros la tarea titánica de convencer a las 180 familias de la zona que erradicaran la coca para beneficiarse del programa de Guardabosques del Plan Colombia. Pese a la oposición y a las amenazas, lo logró.

Rosalba asegura que a ella como mujer siempre la respetaban los grupos armados, mientras que Diego*, un habitante de La Hormiga que desde entonces recorría el Bajo Putumayo transportando diferentes mercancías, cree que no las mataron porque significaba echarse a toda una población en contra y Cindy afirma que en el caso de Elizabeth y Nohemí las protegía ser parte del comité de animadoras de la iglesia de El Placer. Sonia es todavía más contundente: dice que las mujeres tenían que negociar porque a los hombres los corrompen más fácil.

Pero a algunas personas, esa resistencia les costó mucho. Betty Laura Vallejo, una de las promotoras de ASMUM, está exiliada; Luz Aída Ibarra, de la Iniciativa de Mujeres por la Paz, se tuvo que desplazar a causa de la violencia; a Floresmilo Calderón lo han intentado matar todos los grupos armados y a Amanda Camilo le ha tocado soportar el secuestro de primos, lesiones contra un cuñado y sacar a sus hijas de Puerto Caicedo por estar en la lista de personas a asesinar.

A Elizabeth, por ejemplo, la guerra potenció su liderazgo. Tras la masacre de El Placer, terminó en Pasto con todo su capital perdido.

“Regresé a Putumayo, a la casa de mis padres en la vereda Brisas del Palmar porque vi que la gente necesitaba quién los orientara y me pidieron que fuera presidenta de la Junta de Acción de Comunal. Me quedé allá organizando la comunidad”
_{Elizabeth Mueses, lideresa de El Placer.}

Para Ramírez, las familias son el motor que hizo que las mujeres de Putumayo resistieran el conflicto. Ella explica que muchas, al quedar viudas, retomaron los procesos de organización para poder sacar a sus hijos adelante.

Y es que en la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida encontraron un espacio para hablar de lo que le había sucedido y desahogarse, como cuentan muchas líderes, entre ellas Fátima Muriel: “las mujeres tenían el alma partida sin que nadie las ayudara”.

A la vez que sirven como catalizador, la Alianza se piensa como un puente entre las organizaciones y las instituciones del Estado. Su trabajo ha tomado tanta fuerza, que lograron que la Gobernación actual de Putumayo trabaje con ellas la política pública de equidad, en la que están recopilando propuestas con organizaciones de todo el departamento.

Aún el camino es largo. Varias lideresas reconocen que el miedo a hablar todavía es generalizado, en parte porque las Farc siguen en sus territorios y varios de los paramilitares desmovilizados viven en el departamento. Aunque la coca no está tan extendida como antes, muchos campesinos siguen viviendo de ella mientras que algunas organizaciones están negociando con el gobierno nacional para sustituir los cultivos. Por su parte, las mujeres asisten periódicamente a talleres de formación de líderes de paz para estar listas en la implementación de los acuerdos de La Habana y frente al punto de drogas ilícitas piden que se cumpla el pacto entre el Gobierno y la guerrilla de que los campesinos serán tratados de una manera diferente por ser el eslabón más pequeño de la cadena.

Y es que en medio de la guerra, la sangre y la coca que ha corrido en Putumayo, existen muchas alianzas de la gente corriente que intenta unirse para luchar por su territorio, y entre ellas, las mujeres siguen dando la batalla.

 

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