Claves para entender el acuerdo de cese al fuego y hostilidades

Este nuevo documento de la Fundación ideas para la Paz (FIP) recopila un conjunto de reflexiones sobre los riesgos, retos e implicaciones para la implementación de lo acordado por el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc el jueves pasado a la luz de un recorrido por experiencias internacionales.

El pasado 23 de junio el gobierno y las Farc anunciaron el acuerdo para el cese al fuego bilateral y el desarme de esa guerrilla.El divorcio entre las armas y la política, la desactivación total de un aparato de guerra y las garantías de no repetición son para la Fundación Ideas para la Paz (FIP) los tres temas transversales sobre los cuales gira el acuerdo. Así quedó consignado en su más reciente informe “Claves para entender el acuerdo de cese al fuego y hostilidades entre el Gobierno y las Farc”.

Para este centro de pensamiento, a diferencia de otros procesos de cese al fuego, en el caso colombiano quedó claro que es de carácter bilateral, con compromisos específicos para las dos partes y que entrará en vigor durante la última fase de las negociaciones. Donde a ello se le suma como medida para avanzar en la implementación la ubicación geográfica de las 23 zonas de concentración y los ocho puntos transitorios.

“Según lo acordado, en esas zonas se podrán llevar a cabo programas para la reincorporación de la guerrilla a la civilidad y se activarán dispositivos de seguridad para la protección de los desmovilizados, las comunidades, delegados de las partes y del ente verificador”, señala el documento.

No obstante, asegura la FIP que entre más explicitas, simples y concretas sean las obligaciones de las partes que pactan el cese al fuego y de hostilidades, mayores serán las posibilidades de que cumpla su objetivo de contribuir al fin del conflicto. Esto referido a la ambigüedad que se presenta con los campamentos que van a existir dentro de las zonas de concentración y los ocho puntos transitorios, donde no se conocen aún sus diferencias y su funcionamiento.

“Esto es importante considerarlo a la luz de otras experiencias como la de Burundi, donde la falta de disposiciones claras sobre los términos y procedimientos hizo que el cese al fuego fuera renegociado varias veces generando desconfianza y retrasos en la implementación de los acuerdos”, advierte el informe.

Para Daniel Pardo, investigador de la FIP, las experiencias internacionales son un aporte que revelan que no hay un modelo único bajo el cual suscribir el acuerdo, sino que cada uno ha respondido a una coyuntura diferente y a las circunstancias que se han presentado entre las partes.

“Una de las experiencias que más se asemeja al caso de Colombia es la de Nepal, allí se decretaron varios ceses en varios momentos, no obstante cada una responde a un momento diferente y lo que se debe hacer es tomar los aportes de cada una”, sugiere Pardo.

En cuanto a la verificación y al monitorio del cese al fuego, para la FIP la presencia de un tercer actor como la ONU es importante para la construcción de confianza entre las partes, garantiza que no se incumpla lo acordado y le brinda legitimidad al proceso. A su juicio, el papel de este organismo es importante por su acumulado de experiencias en otros procesos del mundo, donde se ha evidenciado que se ha obrado con claridad y transparencia, realizando las rendiciones de cuentas con cada avance del proceso.

“Dos ejemplos son Nepal y El Salvador, donde el proceso fue monitoreado y verificado exitosamente por misiones de paz de la ONU. En el último caso el cese se produjo como parte de un proceso de DDR. Sin embargo, hay casos donde participan otros organismos internacionales, organizaciones regionales o no gubernamentales como en efecto ocurrió en Burundi, Uganda y Sri Lanka”, agrega el documento.

Riesgos

Existen, según la FIP, tres riegos claros en las declaratorias de cese al fuego y de hostilidades antes o durante las negociaciones de paz: el primero de ellos es que el proceso sea que sea aprovechado por los rebeldes de manera táctica como “cortinas de humo” para reorganizarse y rearmarse; el segundo, que el proceso de negociación se interrumpa o se rompa ante el incumplimiento de las condiciones pactadas; y, finalmente, que sigan existiendo incentivos para el uso de la fuerza como mecanismo de presión en la mesa de conversaciones.

Para el caso colombiano, según los investigadores, el acuerdo se da en un contexto diferente porque responde a una de las últimas etapas del proceso, donde difícilmente se pueda presentar un ruptura o interrupción en el avance de lo acordado. Con ello, asegura el documento que la etapa actual se distancia de lo que ocurrió durante los diálogos de paz en el Caguán o la de la guerrilla de los Tigres Tamiles, en Sri Lanka, “donde estos riesgos no se calcularon, provocando dilataciones y suspensiones en el proceso”.

Aún así, los riesgos se concentran en las zonas de concentración, en las cuales confluyen diferentes grupos armados organizados como ‘Los Pelusos’ o EPL, las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, ‘Los Rastrojos’ y el Eln, todos ellos en Norte de Santander. En Meta, donde habrá cuatro zonas de concentración, también hay presencia de grupos armados y crimen organizado como ‘Los Puntilleros’, aparte de las economías ilegales que se mueven como la minería ilegal, los cultivos ilícitos, el narcotráfico y la extorsión.

Para Eduardo Álvarez, coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto de FIP, un elemento que genera  inquietud son las zonas de concentración y  los puntos transitorios que están cerca de fronteras, como en Puerto Asís, Putumayo, Arauquita, Arauca, Fonseca, La Guajira y Puerto Colombia, Guainía, territorios que han sudo estratégicos para los grupos armados ilegales, organizaciones criminales locales y “mafias” que pueden presionar y disputarse  el control del territorio y las rutas transfronterizas  luego de la desactivación de las estructuras de las Farc.

“Igualmente inquietante es el hecho de que algunas zonas queden cerca de resguardos indígenas como posiblemente ocurra en Ituango, Antioquia; Buenos Aires y Caldono, Cauca; Tumaco, Nariño; Puerto Asís, Putumayo; Montañita, Caquetá; y Cumaribo, Vichada; entre otros. Esto por las afectaciones que puedan tener para las comunidades indígenas durante el traslado de las estructuras guerrilleras a las zonas y por los efectos de las acciones de otros grupos armados”, señala el informe.

Retos

Para el caso colombiano, la FIP ha planteado tres retos principales que responden a la actual coyuntura que atraviesa el país en materia de orden público. El primero de ellos es que los actores armados que no participan del diálogo se convierten en saboteadores o factores de presión para el incumplimiento del cese; el segundo, que al haber varios grupos se puede presentar, como ocurrió en Burundi, África, que se hagan negociaciones por separado y en diferentes momentos con cada uno de ellos; y tercero, que tras la declaración del cese se desactivan los aparatos de guerra de las Farc, pero entren en disputa por los grupos que queden activos.

“Estos retos se hacen particularmente evidentes en el caso colombiano porque si bien se logró un acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo entre el gobierno y las FARC, aún prevalecen en los territorios otros grupos armados ilegales como el ELN, los grupos armados organizados (GAO) y los grupos delincuenciales organizados (GDO), a lo que se suma la evolución de las economías criminales”, asevera el documento.

Finalmente, el documento brinda una amplia conceptualización sobre cómo entender el cese al fuego y las implicaciones que tiene la declaratoria. Para ello, se muestran las diferentes posturas que hay respecto al concepto y su variación de contenido respecto a lo ocurrido en otros procesos de paz como Uganda, Nepal, Sri Lanka, Burundi y El Salvador.