Este municipio sobre las orillas del mar Caribe y en el extremo oriental de la Ciénaga Grande fue arrasado por la violencia paramilitar a comienzos del siglo XXI. La restitución de tierras por despoojo aún está por verse.
Foto: Semana
En julio de este año fue noticia nacional la decisión de un juez especializado en restitución de tierras de Santa Marta que les devolvió 25 hectáreas en el corregimiento de Siberia, en Ciénaga, a las primeras menores de edad. Se trataba de unas hermanas trillizas que quedaron huérfanas en octubre de 1998 cuando paramilitares a cargo de Adán Rojas Mendoza, alias ‘El Negro’, asesinaron a sus padres, a un hermano y varios trabajadores de la finca en la vereda La Secreta.
Sin embargo, no ha sido la única decisión que se ha proferido en beneficio de esta comunidad. Entre marzo y septiembre de 2013, el mismo juez ha emitido 26 sentencias más con las cuales les ha devuelto las parcelas, de entre 20 y 30 hectáreas, a los campesinos de esta vereda, quienes se desplazaron en masa después de la incursión armada de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira.
En los juicios se ha reconocido a los campesinos desplazados de la vereda La Secreta como víctimas y ordenado al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) titularles las tierras porque éstas en su mayoría eran baldías. Gran parte de estas familias retornaron incluso dos años después de la masacre, como ocurrió con el caso de las trillizas, y otras después de la desmovilización paramilitar en 2006.
En un comunicado reciente, la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena señaló que la restitución avanzaba en la región, pues con las sentencias del corregimiento Siberia, sumadas a otras tres en el municipio de Chibolo, de las 116 mil hectáreas que están bajo la lupa de la Unidad para ser presentadas en demanda ante los jueces, 1.458 ya fueron restituidas. Adicionalmente informó que los esfuerzos los han concentrado en otras tres veredas de Ciénaga -Unión, Nueva Unión y Congo-, así como en Fundación y las veredas de municipios como Chibolo, Aracataca, Pivijay, Plato, Zona Bananera y Sabana de San Ángel.
Estos municipios coinciden precisamente con las regiones donde fueron desplazadas más personas del Magdalena entre 1997 y agosto de 2010, según el antiguo Registro Único de Población Desplazada (Rupd). Durante esos trece años, de estos pueblos fueron expulsadas 122 mil personas, siendo Ciénaga el tercero más crítico, después de la capital Santa Marta y Fundación. Sin embargo, según documentó la Unidad, Ciénaga fue el segundo pueblo con más desplazamientos masivos entre 2004 y 2006 por el conflicto armado.
Despojo por doquier
Aunque por ahora las sentencias han reconocido casos de abandonos masivos de tierras, como el de La Secreta, está pendiente que tanto la Unidad como los jueces concentren sus esfuerzos en presentar demandas y fallar sobre casos de despojo, que implican que durante el conflicto los campesinos se vieron forzados a vender la tierra a cualquier precio, o un tercero en la actualidad explota sus fincas, o el Incoder les revocó los títulos para entregárselos a otros como sucedió en Chibolo, Pivijay y Sabanas de San Ángel, o los títulos aparecen a nombre de extraños.
Según datos de la Unidad, actualizados a mayo de 2013, 402 familias han solicitado la restitución de 18 mil hectáreas que tuvieron que abandonar o que les fueron despojadas con violencia por guerrilleros y paramilitares durante las últimas dos décadas en esta sección del país.
Y es que la situación es compleja. Cuando la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras llegó al Círculo Registral de Ciénaga, que contiene los folios de matrícula, es decir los documentos que acreditan la historia de los predios de Ciénaga y Pivijay, los expertos en estudiar los títulos quedaron sorprendidos. Tras estudiar el pasado de 2.926 predios de los 11.997 registrados en esa oficina, encontraron que el 82 por ciento de los predios revisados “tienen al menos una tipología de presunción de despojo”, señala un informe presentado en abril de este año. Este estudio muestra que 22.140 hectáreas les habrían sido quitadas a los dueños originales.
El mismo estudio advirtió que trucos jurídicos como revocatorias, compraventas y falsedades en su mayoría, fueron aplicados en años 2001, 2003 y 2007, “y justamente los períodos comprendidos entre 2000 y 2004, y de 2005 a 2010 son los que concentran el mayor número de predios afectados por elementos que pueden llegar a configurar formas de despojo”, señaló la Superintendencia, que ha identificado por lo menos 53 formas jurídicas con las que legales e ilegales les robaron la tierra a campesinos, indígenas y afros, en análisis realizados en regiones como el Urabá antioqueño y los Llanos Orientales.
Para esta entidad fueron relevantes 105 casos de predios inscritos en el Círculo Registral de Ciénaga donde campesinos que habían sido titulados por el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) o que estaban en ese proceso, fueron revocados por el mismo instituto de tierras tras la complicidad de funcionarios y paramilitares. Este caso ya ha sido investigado por la Fiscalía contra el Terrorismo que vinculó a varios empleados, incluso de alto rango, en los casos de despojo de tierras en el Magdalena (Lea: La toma del Incoder).
“Tal es el caso, ya documentado por la prensa e instancias judiciales, del ex director territorial del Magdalena, José Fernando Mercado Polo, que entre los años 2002 y 2003 participó en la caducidad de un conjunto de resoluciones de adjudicación de parcelas para entregárselas a testaferros y trabajadores de Tovar Pupo (‘Jorge 40’, jefe paramilitar del Bloque Norte), por lo que fue condenado por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público”, indica el informe de la Superintendencia.
Aunque esta entidad aclara en su estudio que Ciénaga no vivió un proceso de reforma agraria tan intenso como el de los vecinos municipios de Pivijay y Chibolo, en este pueblo costeño encontró de forma recurrente ventas sospechosas de predios y revocatorias realizadas por el instituto de tierras sin justificación. Es decir, primero tituló a campesinos y sin argumentos luego les quitó la tierra para entregársela a terceros.
Sobre ventas forzadas, la Superintendencia encontró el caso de un campesino que vendió la tierra a un señor y este luego la transfirió a otras. La institución que vigila el registro de predios del país le llamó la atención que el campesino expresó en la venta que no sabía firmar, hecho que no era real porque el gobierno encontró que en otras transacciones sí sabía hacerlo. Con solo este detalle, la Superintendencia sospecha que la venta de la tierra fue forzada.
“En este orden, existen indicios que conducen a suponer la ausencia del consentimiento del ocupante del predio baldío, en el acto de compraventa,(por lo que se recomienda correr traslado a la autoridad respectiva para su investigación)… esto relacionado que para la época eran conocidos los hechos de violencia que rodeaban el municipio de Ciénaga, respecto de la presencia de actores armados como guerrilla, paramilitares y delincuencia común, que generaron el abandono de varios predios”, señala el estudio.
Sobre revocatorias de parcelas tituladas a campesinos y entregadas a terceros, la SNR encontró, por ejemplo, una finca de dos hectáreas que el Incora le tituló, en marzo de 1995, a un campesino que había sido cobijado con los beneficios de la reforma agraria, es decir, redistribuir tierras apersonas que no tienen los medios económicos para adquirir propiedad y cultivar el campo. Por la violencia que arreciaba en la zona, el campesino tuvo que abandonar la tierra por miedo a que lo asesinaran como había sucedido con varios parceleros. Y sin tener en cuenta esta situación, el mismo Incora le revocó la parcela en mayo de 2000 y en pocos meses, en agosto, se la entregó a otra persona.
“De acuerdo con lo anterior, no se dieron los presupuestos legales para la revocatoria del acto de adjudicación, y el sustento invocado como abandono del predio no es causal de revocatoria”, reitera en varios apartados el análisis de los expertos de la Superintendencia.
Aunque las sentencias hasta ahora proferidas por los jueces les han dado garantías de seguridad, acceso a subsidios y salud a los parceleros que hace un par de años bajo riesgo retornaron a sus parcelas, y sobre todo ahora tienen en sus manos los títulos que confirman que son los propietarios de sus terruños, el proceso de restitución tendrá que poner ojos a la complejidad de los casos de despojo, máxime cuando la Superintendencia advierte que en Ciénaga, una muestra muy pequeña de predios estudios, presenta un 82 por ciento de irregularidades.
