CIDH estudia crear grupo de protección para hacer cumplir medidas cautelares

La idea fue expuesta durante las actividades alternas de la sociedad civil a la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que sesiona en Medellín. La propuesta sobre este novedoso instrumento surge de la preocupación por lo que le viene ocurriendo a líderes sociales, defensores de derechos humanos y autoridades étnicas en el país.

“Estoy aquí por la constante amenaza y por la disputa en que se encuentran nuestros territorios por grupos armados”, relató un indígena desplazado ante un auditorio que escuchó en profundo silenció lo que le sucedió a él y a su esposa meses atrás en su comunidad y que los obligó a salir de manera preventiva hacia la capital antioqueña.

Sus tímidas palabras retumbaron en el antiguo auditorio del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, centro de Medellín, ante una audiencia conformada por líderes sociales, también intimidados por sus labores a favor las comunidades, quienes estaban acompañados por representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos del país.

El líder indígena llegó hasta el lugar acompañado de su esposa a pedir ayuda. “No sé quién me puede colaborar, cómo me pueden colaborar, no estoy acostumbrado a vivir en ciudad sino en los territorios”, dijo con voz pausada justo en el intermedio de un conversatorio en el que se debatía la crítica situación en Colombia de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.

Por instrucciones de los organizadores del evento, ni la identidad ni la procedencia de este líder indígena debía ser revelada por razones de seguridad, pero su caso es el fiel reflejo del drama que padecen las comunidades y sus voceros en diversas regiones del país. Una compleja situación que, según la Defensoría del Pueblo, dejó 479 líderes sociales asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de este año.

El tema es de fuerte preocupación en los países de la esfera de la OEA, así como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene como función esencial velar por el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en el continente.

“El caso de Colombia genera en la Comisión Interamericana una postura de tener que revisar sus procedimientos y pensar en acciones novedosas en su actuación y en cómo ser más proactivos a la luz del mandato que tiene la Comisión para ampliar el sistema de protección”, afirmó Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su intervención durante el conversatorio.

La preocupación en esta instancia multilateral es de tal magnitud, según admitió Abrāo, que la CIDH “ha decidido internamente poner esta situación en el centro de sus prioridades, en sus manifestaciones públicas”. Y tras detallar la visita que hicieran al país a finales de noviembre pasado junto al relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores, Michel Forst, aseguró que, en esa ocasión, “salimos con la confirmación de la gravedad de lo que pasa acá”. (Leer más en: Cinco casos que le preocupan al relator de la ONU sobre defensores)

Fuerza de protección

Y ante la gravedad de lo que ocurre en Colombia, ¿qué está haciendo la CIDH? Durante su breve charla, Abrāo expuso las labores más importantes que adelanta la Comisión para hacerle frente al grave riesgo que afrontan líderes sociales y defensores de derechos humanos, con el fin de presionar al Estado colombiano para que les brinde una mejor protección.

La primera de ellas es la elaboración de un informe como resultado de la visita realizada al país a finales de noviembre pasado. Al respecto, dijo que el documento está en la fase de redacción y, de acuerdo con los reglamentos de la CIDH, antes de hacerlo público debe ser conocido por el Estado colombiano para incorporar sus apreciaciones. Este tipo de informes, según Abrāo, es una “de las herramientas más fuertes de trabajo de la Comisión para expresarse en una situación en concreto”.

Este funcionario también explicó que están identificando algunos casos colombianos que se estén tramitando ante distintas secciones de la CIDH “que tengan que ver con las causas estructurales que hoy generan este ambiente de violencia, para que la Comisión pueda pronunciarse, intentando transmitir un mensaje sobre las soluciones estructurales, más allá de la búsqueda de la justicia a un caso concreto”. (Leer más en: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales)

Pero no basta sólo con un informe para atender las necesidades de quienes están en riesgo por sus actividades en defensa de los intereses de las comunidades que representan. En ese sentido, el Secretario General de la CIDH expuso otra de las labores: la priorización en el trámite de las solicitudes de medidas cautelares que se reciban desde Colombia. “Eso ya está pasando”, aseveró.

De acuerdo con el reglamento de la CIDH, el mecanismo de medidas cautelares es un instrumento de protección y prevención que se le otorga a quienes afrontan situaciones de grave riesgo como resultado de sus actividades en defensa de los derechos humanos y mediante el cual se le solicita al Estado que adopte medidas para preservar la vida de las personas que hicieron esa petición.

Abrāo explicó que se viene analizando la propuesta de incluir en esas recomendaciones la obligación de recibir la visita de un grupo de protección de la Comisión Interamericana a los 30 días de expedida una medida cautelar. ¿Y con qué fin? El objetivo es, en terreno, “hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones y también hacer acompañamiento sobre su cumplimiento. Esa idea se está empezando a explorar, pero creo que tal vez el proyecto piloto tiene que ser sobre la situación de Colombia”.

El Secretario General de la CIDH describió a ese grupo especial como “una especie de una fuerza de protección internacional que va al lugar y obliga al Estado a acordar las medidas de protección junto a las víctimas y hacer un acompañamiento más directo”.

En diálogo con VerdadAbierta.com, Abrāo explicó en la CIDH se ha creado una sección de seguimiento a las recomendaciones, que fue estructurada a finales del año pasado. Algunas de las nuevas medidas se comenzaron a implementar en Nicaragua y México. “Ahora queremos agregar una tarea adicional a esta idea, que sería incorporar capacidad de trabajo para hacer seguimiento más directo a la implementación de medidas cautelares”. Y Colombia está en la mira.

Ambiente crítico

Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, también intervino en el conversatorio y su diagnóstico inicial fue bastante crítico con lo que ocurre en el país: “Hay un ambiente de algún modo enrarecido respecto al proceso de paz, pero también a los procesos políticos en curso. Somos muy conscientes de una narrativa que se está tornando preocupante respecto de altas autoridades, dirigentes políticos y de gente que tiene incidencia en el debate público francamente de hostigamiento y de descredito hacia la prensa, hacia periodistas, hacia líderes sociales, tratando de generar un clima de enemigo interno”. (Leer más en: 2018, el año más violento para los líderes sociales en una década)

Uno de los ejemplos que expuso para ilustrar su visión fue el del periodista Natalio Cosoy, del New York Times, quien reveló el pasado 18 de mayo en este periódico norteamericano la existencia de directivas de la comandancia del Ejército Nacional para “duplicar la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso”, lo que fue interpretado como el posible regreso de las ejecuciones extrajudiciales de civiles para presentarlos como bajas en combate tal como ocurrió en buena parte de la primera década del siglo XXI bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

“Ese trabajo desencadenó una serie de amenazas que terminaron con el autoexilio del periodista y eso me parece que ya es una señal, junto a todo al resto de la situación y contexto del país, que agrava la situación”, precisó Lanza.

Ese contexto, según el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, “tiene que ver con la presión que hay sobre los medios de comunicación, sobre los periodistas, para no visibilizar situaciones que revelan la gravedad que vive el país”.

Para Lanza las presiones contra los periodistas de distintas regiones del país, que implican lo que calificó de “narrativas de descrédito”, y la violencia desencadenada contra algunos de ellos, varios de ellos de medios comunitarios, “atentan contra el derecho del público a saber en el marco de un proceso de paz, y eso lo tenemos que decir claramente desde la Relatoría”.

Pero esas “narrativas de descrédito” también apuntan a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos. Así lo dejó saber Cecilia Lozano, vocera de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (Asomudem) y sobreviviente de la masacre de Mapiripán, perpetrada por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia entre el 15 y el 20 de julio de 1997 que habría dejado 49 muertos.

“Uno de los problemas graves que tenemos los defensores de derechos humanos es el tema de la institucionalidad”, afirmó Lozano y expuso varios casos en los cuales tanto agentes de la Policía Nacional como fiscales y funcionarios han minimizado los atentados y amenazas en contra suya y de otras integrantes de Asomudem, y no reconocen sus labores a favor de las comunidades. “Creo que lo que buscan es acallarnos, acabar con los procesos organizativos que llevamos y que no defendamos más lo que defendemos”.

A Lozano se unió Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos, que defiende los derechos territoriales y culturales de las comunidades afectadas por la construcción del complejo de generación de energía Hidroituango que aprovecha las aguas del río Cauca en el norte de Antioquia.

“Lo que se intenta matar en el país es el derecho a disentir”, afirmó Zuleta, basándose en la experiencia de varios años al frente de los cuestionamientos que se le hacen a las autoridades regionales y nacionales por no atender los reclamos de los afectados por Hidroituango, sobre todo después de sucedidas las contingencias hace un año que pusieron en riesgo a miles de pobladores aguas abajo del proyecto y del daño medioambiental que provocaron los problemas en el sitio de las obras.

“Pero también es el derecho a la asociación el que está siendo cuestionado y perseguido”, agregó esta activista. Y llamó la atención sobre el estigma que recae sobre ella y su movimiento por denunciar lo que ocurre alrededor de la ejecución de esa megaobra hídrica, incluso en su municipio natal, Ituango, por parte de un sector de los pobladores. “Eso ha sido entendido como un daño muy grande a la imagen de un territorio”.

En su explicación aludió a tres patrones fundamentales que les generan riesgos a los líderes sociales: “Primero, los discursos de odio que son los que propician el ambiente para los ataques, la violencia solo es posible si primero se ejerció ese discurso de odio, de exclusión, de segregación, es impulsado por los medios masivos de comunicación en la mayoría de los casos; lo segundo es la norma misma, ese debate sobre la norma para nosotros es muy complejo cuando se trata de la vida, la integridad física, el derecho a la libertad de expresión y de asociación, porque casi que unos sí tienen derecho y otros no; y tercero, la violencia directa y el miedo como estrategia para que no nos organicemos, no denunciemos y no seamos esa voz colectiva”.

¿Y qué hacer?

Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), intervino en el conversatorio y expuso que hay unas causas estructurales que están detrás de las amenazas y asesinatos de líderes sociales y autoridades étnicas, “detrás de los cuales hay intereses en acallar, silenciar y mantener el status quo”.

En su análisis de la situación, abordó tres puntos sustanciales. En el primero de ellos hizo hincapié es el discutido tema de las cifras de asesinatos, sobre las cuales hay una amplia discusión en el país porque no hay concordancia entre entidades gubernamentales y no gubernamentales. “Para la Oficina es complicado hablar de cifras, es decir, las cifras corresponden, reitero, para políticas públicas. Pero deberíamos estar hablando sobre el impacto en el Estado de derecho, la democracia”.

En segundo lugar, abordó el tema de la impunidad y aseguró que hay que entrar en un debate serio con la Fiscalía. “Desde una óptica de derechos humanos, un caso hasta que no llega a sentencia no es esclarecido y es un asunto que hemos discutido”, dijo y aclaró que bajo esa perspectiva la resolución de los casos violentos que involucran a líderes sociales no estarían por encima del 50 por ciento, visión que va en contravía de lo que afirma la Fiscalía, que alega que ha resuelto por lo menos el 58,6 por ciento de los 285 crímenes reportados por Naciones Unidas.

Asimismo, cuestionó el límite que le ha puesto la Fiscalía a la resolución de los casos, que arranca en enero de 2016, dejando de lado los ocurridos en años anteriores. “No pueden ser que unos casos tengan prioridad en relación a otros”, dijo.

Y en tercer lugar abordó el tema de la protección y aseguró que le parece importante mirar de una manera mucho más articulada el tema de la protección colectiva, en particular viendo los ejemplos que se tienen en el departamento de Cauca con las guardas Indígena y Cimarrona, mecanismos propios de las comunidades. “Hay que ver de qué manera el Estado se puede articular para tener fórmulas de protección”, agregó Brunori y desde su visión se requiere adoptar nuevas fórmulas porque con el grado de impunidad que se vive en Colombia el sistema actual de protección, a cargo de la Unidad Nacional de Protección, es un mecanismo insostenible.

“Creemos que sí hay experiencias que podemos recuperar y, en ese sentido, hemos venido insistiendo en que con los pueblos indígenas hay estos mecanismos que deberían ser tomados en consideración”, reiteró el funcionario de Naciones Unidas.

Por su parte, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, una de las organizaciones convocantes de este conversatorio, planteó que es necesario tener una comprensión integral de lo que viene ocurriendo en Colombia con los líderes sociales: “No se trata de tener una mirada fragmentada sobre lo que ocurre”. A su juicio es fundamental entender cómo esas agresiones y crímenes se articulan con los procesos organizativos de las comunidades.

En concordancia con lo que advirtieron tanto las líderes de Asomudem y de Ríos Vivos, Krsticevic reiteró que “es muy importante entender que a la gente se le ataca de un montón de maneras para destruir parte de esos procesos de articulación y defensa de derechos”. Y planteó la necesidad de hacer una relectura política del papel que cumplen las personas defensoras de derechos humanos.

“En este país y en otros se plantea que las personas defensoras de derechos humanos hacemos inestabilidad, estamos contra el Estado de derecho, la libre empresa, de la democracia, que hacemos guerra jurídica cuando reclaman. Y en realidad es muy importante retomar lo que es el valor del de trabajo de las personas que defienden los derechos como baluartes de la democracia, de los esfuerzos que hacen en contra de la captura de la institucionalidad del Estado en función de intereses privados o de carácter ilegal”, detalló la activista de CEJIL.

Y también en concordancia con la propuesta que estudia la CIDH para presionar sobre una mayor atención a las agresiones y crímenes, Krsticevic aludió a la baja capacidad de respuesta del Estado colombiano para responder a ellas: “La pregunta es, ¿cómo no llegar demasiado tarde? En este país se llega demasiado tarde a muchas cosas y no se evalúa la capacidad de las instituciones del Estado en función de los resultados concretos en protección de las personas”.

Finalmente pidió al Estado colombiano que no niegue la realidad con respecto a lo que ocurre con las personas defensoras de derechos humanos: “Uno de los pasos que debería tratar de dar es no negar las realidades desafiantes y de colaborar mejor con aquellos que están tratando de generar soluciones. Con la Fiscalía pasa eso: dice que está esclareciendo casos que no está esclareciendo. La realidad lo demuestra”.