En una batalla legal que completa ya casi 10 años, un Juzgado Federal de Florida les dio la razón a las víctimas. La demanda contra la multinacional continuará en su país de origen y no en Colombia.
Foto: archivo Semana.“Los Estados Unidos tienen un fuerte interés en la vigilancia y disuasión de la conducta no ética e ilegal de las empresas estadounidenses en el apoyo a los organismos terroristas extranjeros”, aseguró Kenneth Marra, el Juez Federal de Florida que rechazó las pretensiones de Chiquita de presentar el caso ante la justicia Colombia. (Ver fallo)
El fallo, que fue conocido el pasado 29 de noviembre, fija el rumbo de una batalla judicial que comenzó en 2007. A pesar de que Chiquita Brands cerró sus operaciones en Colombia en 2004 a raíz de estas controversias, ha pedido en distintas oportunidades que el proceso judicial se siga en Colombia.
“El fallo sirve como un precedente. No son decisiones que van a cambiar la ley, pero sí permite entender que una empresa no puede evitar la responsabilidad solo por decidir regresar a su país de origen y evitar así procesos por violaciones de los derechos humanos”, opinó Marissa Vahlsing, abogada de Earth Rights International (ERI), una de las organizaciones no gubernamentales que acompaña las pretensiones de las víctimas en los estrados.
En 2007, cuando la multinacional se declaró culpable de financiar grupos paramilitares y pagara una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos, varias víctimas de Urabá -cuyos familiares murieron a manos de los grupos paramilitares financiados por Chiquita Brands- decidieron interponer una Acción de Clase, un tipo de demanda presentada por un representante a nombre de grupos de personas en situaciones similares (ver demanda).
Desde entonces los familiares de las víctimas exigen que la empresa bananera los indemnice por los daños causados y la justicia estadounidense investigue a los ejecutivos de la compañía que permitieron que los pagos se hicieran efectivos. Sin embargo, entre dilaciones y controversias el proceso se ha extendido por casi una década sin que se llegue a una etapa de juicio.
Para desestimar el caso Chiquita Brands argumentó, entre otras cosas, que estas víctimas tendrían todas las garantías en la jurisdicción Colombia y, que comolo han hecho miles otras, podían presentarse ante la Ley de Justicia y Paz y recibir una indemnización por parte del Estado. Agregó además que en Colombia ya existían cerca de 1.700 demandas instauradas por ciudadanos en contra suya, por lo que la Acción de Clase podía seguir el mismo rumbo. El juez no aceptó este alegato y agregó que la multinacional nunca informó en qué estado se encontraban esos procesos.
Incluso la empresa alegó que Colombia tiene mucho más interés que Estados Unidos de “corregir los agravios derivados de décadas de abusos cometidos por paramilitares y guerrilleros” y que solo impondría más carga a los estrados estadounidenses. El juez insistió en que los dos países tienen un interés significativo en el caso.
El juez Kenneth Marra les dio la razón a los demandantes que, entre otras cosas, aseguraron que en Colombia no existen las garantías de seguridad que las víctimas requieren para llevar un proceso de esta envergadura.
De acuerdo con los abogados que están al frente del caso, después de esta decisión se puede dar por terminada la etapa más demorada y técnicadel proceso, pues ya las partes presentaron todas las solicitudes para desestimar el caso. Empieza ahora una etapa de descubrimiento en la que las víctimas y la compañía se presentaran la evidencia.
Una larga y accidentada historia judicial
Foto: archivo Semana.Luego de que en 2007 la empresa se declarara responsable y pagara la multa, se presentaron varias demandas en contra de Chiquita Brands. El objetivo era hacer visibles a las víctimas que dejó la financiación ilegal a los grupos paramilitares y resaltar la importancia de los procesos civiles en estos casos. Los demandantes alegaban que de los 25 millones que se pagaron de multa, nada fue destinado a la reparación de los daños y perjuicios de las víctimas.
Como se trataba de varios procesos instaurados en diferentes Estados, la multinacional pidió ante un juez que se acumularan todos los procesos y fue así como desde 2008 los casos se juntaron y llegaron al juzgado Federal de Florida.
Ha sido un proceso de tires y aflojes, donde cada una de las partes ha ganado pequeñas batallas que serán útiles para enfrentarse en el juicio definitivo. Durante los primeros años Chiquita Brands intentó demostrar que no había sustento suficiente para fundamentar las pretensiones, para ello presentó todo tipo de argumentos técnicos como que los casos habían prescritos o que tenían que ser juzgados en el país en el que sucedieron.
La mayoría de las pretensiones fueron rechazadas por la Corte de Florida y la empresa decidió apelar la decisión. El caso llegó a manos de la Corte del Undécimo Circuito de Apelaciones del estado de Florida que le dio un giro definitivo al proceso. En julio de 2014 decidió, dos votos contra uno, que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción para conocer del caso, porque todos los hechos relevantes sucedieron fuera de ese país.
Decisión que no estuvo exenta de polémica, pues reabrió entre los juristas el debate sobre la posibilidad de demandar civilmente a las corporaciones transnacionales, por violaciones a derechos humanos en jurisdicciones diferentes del lugar donde ocurrieron los hechos.
Los demandantes decidieron hacer una petición a la Corte Suprema de Estados Unidos para que tomara el caso, pero la Corte declinó. Sin embargo, el proceso no quedó muerto, porque estas decisiones no afectaron la totalidad de la demanda. Sigue en pie, entre otras cosas, la posibilidad de que se investigue a los directivos de Chiquita Brands que autorizaron los pagos a los grupos paramilitares.
Ahora una nueva esperanza se abre para para las víctimas, pues esta nueva decisión del juez federal de la Florida reabre la posibilidad de que este caso llegue por fin a una etapa de juicios en los estrados estadounidenses.
