La comunidad campesina asentada en la zona alta de la cordillera de este municipio caucano busca liberar de minas a 28 veredas que están contaminadas con material explosivo, que es atribuido al Ejército de Liberación Nacional (Eln). Su propuesta ha recibido el visto bueno del grupo subversivo, pero falta el aval del gobierno.
El municipio de El Tambo es uno de los más afectados por las minas antipersonal y sus habitantes buscan librarse de ellas por medio de un desminado civil. Foto: tomada de la página web municipal.
El Tambo, ubicado a poco más de 30 kilómetros de la capital de Cauca, cuenta con el vergonzoso primer lugar de víctimas de minas antipersonal en ese departamento del suroccidente colombiano. Según los registros de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Presidencia de la República, desde 1990 hasta el 20 de mayo de 2015, 84 personas fueron víctimas de estos artefactos explosivos.
Pobladores de la región recuerdan que esta región montañosa y sus senderos se plagaron de minas cuando el Eln entró a disputarle a las Farc una zona que tenía bajo su poder. “Antes el territorio lo manejaba las Farc, y cuando tuvieron conflictos con el Eln, ellos mismos sembraron minas para protegerse. Eso fue como en 2007. Creo que el minado que hay no es tanto por defenderse del Ejército, sino para defenderse de ellos mismos cuando tuvieron el conflicto”, le contó a VerdadAbierta.com un líder campesino de la cordillera que pidió mantener en reserva su identidad y la comunidad a la que representa.
Producto de esas confrontaciones las Farc se replegaron hacia la parte noroccidental de El Tambo, entre los límites con Morales y Cajibío, y el Eln se hizo al dominio de la zona alta de la cordillera, en donde las comunidades han identificado varios campos minados. En este municipio 79 personas han sido víctimas de minas, la mayoría son miembros de la Fuerza Pública (48); y cinco perdieron la vida, entre ellos cuatro civiles y un militar.
Cansados de vivir con el temor de perder la vida o una extremidad con cualquier paso en falso que puedan dar, los campesinos que viven en la zona alta de la cordillera, por medio de los presidentes de diez Juntas de Acción Comunal, proponen que se haga un desminado humanitario, el cual esté encabezado por civiles y no militares, para evitar retaliaciones de los grupos armados ilegales de la región. La iniciativa ha contado con el apoyo de la Personería, la Alcaldía, la Gobernación y organizaciones internacionales de derechos humanos.
Antonio Useche, personero de El Tambo, quien ha acompañado esta travesía, explica que la “propuesta es buscar que The Halo Trust, el grupo internacional que está legalmente ratificado en Colombia para hacer desminado humanitario, trabaje con la comunidad para que haga la primera etapa que es el mapeo. Y que posteriormente traiga a los especialistas civiles para hacer el desminado, activándolas o sacándolas controladamente”.
Para lograr tal fin, las comunidades han tratado de contactar al Eln y al gobierno para presentarles la iniciativa. El contacto con el grupo subversivo lo hicieron por medio de Juan Carlos Cuéllar, vocero político de ese grupo guerrillero que está preso en la cárcel de Bellavista, en Medellín, quien según cuentan fuentes consultadas por este portal, les dio una respuesta positiva, aunque no formal. Además, el personero Useche cuenta que: “Hubo una carta que nos hicieron llegar a la comunidad en el corregimiento de Playa Rica. La leímos pero no le pudimos sacar copia, pero básicamente dan el guiño para que se haga el desminado humanitario como un gesto de buena voluntad en un posible escenario de diálogo con el gobiernonacional”.
Por otro lado, las comunidades no han recibido respuesta del gobierno. Yolvi Padilla, coordinadora nacional del Llamamiento de Ginebra, una organización no gubernamental suiza que promueve el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y ha acompañado esta iniciativa, le dijo a VerdadAbierta.com que le entregaron la propuesta al Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, durante un evento en Cauca, y que también han tratado de reunirse con el general (r) Rafael Colón, encargado del desminado acordado con las Farc en Cuba. “Hemos hablado con varias personas del equipo del Comisionado, pero no hemos podido hacerlo de una manera oficial o formal, en donde ellos se sientan comprometidos a dar una respuesta”, indica Padilla.
Los campesinos no pierden la fe de que su propuesta de desminado humanitario civil sea escuchada por el gobierno, y planean enviarle una carta al presidente de la República por medio de algún representante de la Organización de las Naciones Unidades o de algún representante importante de la Iglesia Católica para ser escuchados.
En ella le pedirán al presidente Juan Manuel Santos que “acepte hacer parte integral de la gestión humanitaria que se pretende realizar ante el grupo armado al margen de la ley Eln como un gesto de buena voluntad de paz, interesado para llevar a cabo la realización de los futuros diálogos con ellos y su gobierno, bien sea en los países garantes de Uruguay o Ecuador, al que hemos denominado ‘Caravana por les Derechos Humanos y el Desminado Humanitario para sembrar vida y desarrollo en el campo’”.
Y recalcan que “este gesto humanitario y de buena voluntad, es cien por ciento iniciativa de nosotros las comunidades tambeñas, que nace de la necesidad de evitar más víctimas de accidentes con minas antipersonal las cuales han generado muertes, lesionados, desplazamientos, viudas, huérfanos, desarraigo, daño del tejido social, entre otros”.
El líder campesino ve en el desminado humanitario civil la única opción real que tienen “para poder vivir en paz, porque muchas veces tenemos los bosques pero no podemos sacar leña y los niños no pueden recrearse en los alrededores de las fincas”. Y sueña con enterrar en el pasado escenas dolorosas como enviar por delante a sus mulas para evitar las minas escondidas en los caminos.
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