Comunidades campesinas y resguardos indígenas de los municipios de Samaniego y Santa Cruz han elaborado varias propuestas para que sean tenidas en cuenta en la mesa de diálogos con el Eln en Quito, Ecuador. La idea recoge experiencias vividas hace más de una década.
Foto: archivo Semana.Amparados en experiencias implementadas hace más de diez años, que lograron reducciones significativas en la confrontación armada y que impulsaron proyectos sociales y económicos, indígenas y campesinos de Nariño se han reunido de nuevo con el fin de trazar una agenda de temas en común que permita pacificar la región, fortalecer procesos de desarrollo y aportar al naciente proceso de paz con el Eln.
Para lograr esos objetivos, propusieron la reactivación de un Pacto Local de Paz en una carta dirigida a las delegaciones del gobierno y del grupo guerrillero que sesionan en Quito. En la misiva también sugirieron la ejecución de un programa de protección y autoprotección para líderes sociales y comunidades; el desminado humanitario de varios corregimientos de los municipios; y la participación de la sociedad civil. La propuesta recoge, en parte, la experiencia vivida entre 2004 a 2007 en el municipio de Samaniego. (Ver carta)
Según cuentan voceros de las organizaciones participantes, entre ellas el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y el Congreso de los Pueblos, pese a que el documento de propuesta es reciente, las comunidades han venido trabajando en los territorios desde hace más de una década en los planes de vida de las comunidades indígenas en los resguardos, generando proyectos productivos y ejerciendo resistencia a la entrada de las transnacionales mineras.
En El tambo promueven desminado civil humanitario
“La propuesta nace de todo el acumulado organizativo que por décadas hemos tenido en los territorios, los puntos expuestos son fruto de las agendas locales de cada comunidad campesina y de cada resguardo. No es un trabajo de alguna fundación o Ong, son proyectos de la misma gente, con cada una de sus particularidades y reivindicaciones”, aseguró Javier Dorado, vocero de la Minga por la Paz de Nariño.
A juicio de este líder regional, tras el asesinato del alcalde del municipio de Santa Cruz, Jaime Chazatar, en diciembre de 2011, quien había llegado al cargo con el respaldo de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y su pertenencia a la etnia de Los Pastos, la organización de los pueblos indígenas se radicalizó más alrededor de proteger los resguardos, la vida colectiva e individual de los líderes, defender la ‘Pacha Mama’ (Madre Tierra) y bloquear el paso de los actores armados por sus territorios ancestrales.
A ello se suma, según se lee en la misiva remitida a Quito, que aparte del conflicto armado persistente en la región, “en esa área hay una fuerte presencia de cultivos de uso ilícito y que como región fronteriza juega un rol estratégico por el narcotráfico. Esto genera, como consecuencia, altos niveles de corrupción, crimen y violencia e impide el desarrollo de las comunidades”.
En el departamento hay una presencia histórica del Eln, a través del Frente Comuneros del Sur, de ahí la importancia de hacer llegar la propuesta a la mesa de diálogo en Quito. Pero no ha sido el único, también estuvo las Farc, con el Frente 29 y la Compañía Mariscal Sucre, en proceso de desarme y reinserción; y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con el Bloque Libertadores del Sur, desmovilizado el30 de julio de 2005.
Dada la proliferación de cultivos de hoja de coca para uso ilícito y de laboratorios para su procesamiento, así como el vacío que ha dejado la concentración de las Farc, se rumora que a la región llegó un grupo que se identifica como ‘Águilas Negras’, que se suma a otros grupos criminales.
En retrospectiva
Foto: archivo Semana.Una de las primeras respuestas a la oleada de violencia que padeció la región a finales de la década del noventa fue la construcción en Samaniego de un Pacto Local de Paz, liderado por el alcalde Harold Montufar Andrade, quien aprovechó el trabajo organizativo de campesinos e indígenas y lo tradujo en un conjunto de acuerdos, que involucró a todos los actores presentes en su municipio.
El Pacto, según reposa en documentos de las organizaciones, contenía una carta con diez puntos donde se le exigía tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares, el respeto por la vida, los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la convivencia. Asimismo, declaraban a las comunidades autónomas en la construcción de gobernabilidad y fortalecimiento del Estado social de derecho.
“El Pacto Local de Paz ha sido una experiencia exitosa de paz a nivel local y nacional, que logró vincular al Eln y otros grupos armados, que se comprometieron públicamente a respetar y aportar el pacto y a implementar un desminado humanitario (en el corregimiento de Chinchal y zona Montañosa en Samaniego, así como en el resguardo del Sande), ha sido la base de una propuesta de solución política y negociada al conflicto armado”, se lee en la misiva.
En diálogo con VerdadAbierta.com, el exalcalde de Samaniego, Harold Montufar, explicó que uno de los resultados más importantes del Pacto fue la reducción significativa de los homicidios; las alteraciones del orden público también disminuyeron; su fuerza social les permitió intervenir en la liberación de secuestrados, como el caso del abogado Héctor Bastidas en el año 2005, así como presionar para que se decretaran ceses de hostilidades de los grupos armados mientras se desarrollaban actividades culturales en los municipios; reducir los retenes armados ilegales en las vías, lo que redujo los secuestros masivos; y comprometer a las guerrillas con el desminado integral de los resguardos.
Pese al éxito que tuvo la implementación del Pacto Local de Paz, terminada la administración de Montufar, en el año 2007, el gobierno entrante de Aylen Yamile Montenegro no le dio continuidad a esa iniciativa, lo que reactivó el conflicto armado. Aun así, bajo el temor latente de tener la guerra a sus espaldas, en el territorio las organizaciones campesinas y resguardos indígenas continuaron trabajando por la defensa de la vida y la región.
Una vez iniciadas las negociaciones en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, las organizaciones campesinas buscaron contactarse con los comandantes de los frentes de ese grupo armado que operaban en la región, logrando concretar un nuevo acuerdo para desminar humniatariamente algunos corregimientos, que en principio se empezó a aplicar con el respeto por la vida de los habitantes y la no siembra de artefactos explosivos. De igual manera suciedio, durante la fase exploratoria de diálogos con el Eln.
“Hay un plan piloto de desminado humanitario en el resguardo indígena del Sande, que era habitado por las Farc y el Eln. Cuando fue el proceso de diálogos con de las Farc, se habló con los comandantes de la guerrilla, quienes estuvieron de acuerdo, nos faltaba con la gente del Eln, entonces fuimos a hablar con Juan Carlos Cuellar, actual gestor de paz, quien nos expresó que una vez iniciado los diálogos se le daría celeridad a la propuesta poner el plan en marcha”, comentó un vocero de la Mesa Social por la Paz, que agrupa un conjunto de organizaciones interesadas en fortalecer el proceso de negociación con el Eln.
Esperanza en Quito
Foto: archivo Semana.Para las comunidades de Nariño, la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln es el espacio en el que pretenden exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el grupo armado en pasadas negociaciones y el canal para plantear las agendas propias de cada territorio y los ejes temáticos que a juicio de las organizaciones se quedaron por fuera de La Habana.
“La mesa de Quito es un espacio importantísimo para plantear las reivindicaciones de la agenda de pueblos y comunidades; de todos modos, nosotros trabajamos independiente de que haya o no un cambio estructural con los diálogos, que es lo que se espera”, aseveró Montufar.
Uno de los acuerdos que quedó en vilo, desde el año 2006, cuando se planteó en la cuarta ronda de conversaciones entre el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y la guerrilla del Eln fue el desminado humanitario de 14 veredas de la región, el cual contó con el aval del Comando Central del grupo armado, pero se quedó a la espera de la aprobación y ejecución por parte del gobierno nacional.
Ahora bien, parte de la propuesta de las comunidades y resguardos es que, en aras de avanzar en la subcomisión de dinámicas y acciones humanitarias, se empiece con la implementación de los compromisos incumplidos. Sumado a ello, según reposa en la propuesta, se brinde apoyo, fortalecimiento y acompañamiento a la guardia indígena y campesina en los territorios de Guachavés, el Sande, la Montaña y corregimiento de Chincal.
Al departamento de Nariño se han sumado otros municipios y regiones del país que han empezado a construir sus propuestas, con base en las agendas propias, para contribuir al fortalecimiento de las negociaciones que se adelantan en Quito, la idea es sumar comunidades, para que la participación social sea eficaz en este nuevo proceso de paz.
