Según la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, hay 106 denucias de predios urbanos en Medellín.

Hace ya más de siete años que Néstor Salgado recorre los pasillos del edificio José Félix de Restrepo, donde se concentra gran parte del aparato judicial de Medellín. En cada despacho visitado ha contado la misma historia y aportado documentos para corroborar su versión: que hombres de la llamada ‘Oficina de Envigado’ lo despojaron violentamente de su apartamento, lo obligaron a titularlo a nombre de un tercero que, a su vez, lo negoció con otra persona y que ahora es habitado por gente que no conoce.

Pero, por razones que van desde vacíos en la normatividad penal, falta de claridad en competencias, recientes reformas judiciales y hasta el paro el judicial de 2012, ningún despacho ha logrado tramitar su caso y atender su petición de proteger jurídicamente el bien para que no pueda ser comercializado y, luego, cancelar la escritura de compraventa que, según Néstor, fue obligado a realizar a punta de pistola y por la cual no recibió un solo peso.

“Yo no soy el único que está pasando por esto. Conozco varias personas que vivían en El Poblado y esta gente de ‘La Oficina’ les quitó los apartamentos, y ellos por miedo no denuncian, y los que sí lo hacemos, vea como nos va con esta justicia”, respondió sin ocultar su enfado.

Víctima de una vendetta

Su enojo con el sistema judicial comenzó a finales del año 2007. En los primeros meses de ese año, Néstor había seguido con atención informes periodísticos y versiones de funcionarios del Alto Gobierno que daban como un hecho la muerte de Daniel Alberto Mejía, alias ‘Danielito’, uno de los jefes del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y mano derecha de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, en la ‘Oficina de Envigado’.

La confirmación de la muerte de su verdugo animó a Néstor a contar su historia ante un fiscal de Derechos Humanos de Medellín: “Yo había comprado un apartamento en el barrio El Poblado, en el año 1996, y se lo alquilé a mi tío. Resulta que a él lo asesinan el 23 de noviembre de 2003 en el municipio de Itagüí. Ahí me entero que estaba metido en malos pasos. Cuatro meses después aparece la viuda de mi tío, con un sobrino de nombre Alejandro, diciéndome que mi tío había negociado el apartamento con Alejandro y que lo tenía que entregar. Yo sí les dije que cómo así, que no había documentos ni nada que probaran eso, entonces, no tenía por qué”.

Confiado en que sin documento alguno de por medio no podrían obligarlo a entregar su apartamento, Néstor se negó en repetidas ocasiones a ceder a las pretensiones de la mujer. Lo que él desconocía en aquel momento era que su propiedad iba a ser objeto de algo que en el argot del bajo mundo se conoce como una ‘recogida’; es decir, el bien era considerado parte de pago de una deuda entre mafiosos que iba cobrarse “a las buenas o a las malas”, sin importar quién saliera afectado.

Darse cuenta de ello fue algo tan doloroso que aún se estremece al recordarlo: “Resulta que un día, por allá como en abril de 2004, yo estaba trabajando cuando recibo una llamada de mi mamá. Yo para esos días vivía con ella, cuando la escucho muy asustada cuando me dice: ‘aquí hay unos señores que quieren hablar con usted’. Entonces, me dice un tipo: ‘hermanito, es para que hablemos del apartamento’. ‘Yo no tengo nada que hablar con usted’, le respondí, pero llega y me dice: ‘hermanito, es mejor que sí, porque aquí estoy con su mamá y no va a querer que le pase nada’. ¡Claro! Resulta que la tenían encañonada varios tipos”.

Ante semejante presión, a Néstor no le quedó más alternativa que asistir a una reunión a la que fue citado en un local comercial del municipio de Envigado. A la cita acudieron la esposa de su tío y el sobrino, acompañados de alias ‘Danielito’, alias ‘Hugito’ y otras personas más. Allí recibió instrucciones precisas por parte de Daniel Mejía, quien le dijo que debía acudir a una Notaría en Medellín a firmar una compraventa, que no se preocupara que todo “estaba conversado”.

Efectivamente, el 22 de abril de 2004 y en la Notaría 4 de Medellín quedó asentada en la escritura número 1453 la supuesta venta que Néstor Salgado hace de un apartamento ubicado en la Urbanización Barcelona del barrio El Poblado a un tercero de nombre Hernán de Jesús Mosquera, por valor de 100 millones de pesos.

El 21 de julio de ese mismo año, la propiedad cambió de dueño. En la escritura número 1955 de la Notaría 20 figura que Miriam Ester Puello Medrano pagó por esta propiedad 100 millones de pesos de los cuales, 40 millones se entregaron al momento de cerrar el negocio mientras que el restante se canceló semanas después, gracias a una hipoteca otorgada por una entidad bancaria.

“Yo no conozco a ninguna de estas personas. Ni sé quién estaba viviendo ahora en mi apartamento. Mi familia me pidió que no hiciéramos nada. Que dejáramos las cosas quietas. Pero me atreví a denunciar y vea como van las cosas”.

Peregrinar sin resultados
Tras conocer la historia, el fiscal de Derechos Humanos consideró que, tratándose de una declaración contra un reconocido miembro de las Auc como alias ‘Danielito’, lo más recomendable era remitir el caso a Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. En esta Unidad tomaron nuevamente su versión y de allí pasó a la Defensoría del Pueblo, donde, una vez más, relató su drama.

Su deseo de pronta justicia contrastó con la compleja realidad que afronta el proceso de aplicación de la Ley 975: jefes paramilitares extraditados, postulados fallecidos durante el proceso y mandos medios que siguieron delinquiendo. Total, aclarar los hechos narrados por Néstor no se veía factible en el corto plazo y la misma Fiscalía de Justicia y Paz le sugirió acudir a la Unidad de Persecución de Bienes del Ente Investigador, con sede en Bogotá.

“Allá me recomendaron que pidiera una audiencia al Magistrado con Función de Control de Garantías de Justicia y Paz y que en ella le solicitara medidas cautelares para proteger el apartamento. Así, ya se podía iniciar la investigación contra la viuda de mi tío y su sobrino, que siguen por ahí como si nada, haciendo de las suyas y en los negocios raros que ellos mantienen”, expresó Néstor.

Pero su infortunio tiene también algo de irónico: “Hicimos la solicitud en julio del año pasado y nos programaron audiencia para el 27 de octubre. Pero resulta que la cancelaron porque en esos días la justicia estaba en paro y no se podía entrar a las salas de audiencia. La reprogramaron para el 22 de enero. Y resulta que voy, expongo el caso, hago la solicitud y el Magistrado me responde que él ya no puede hacer eso. Que si yo hubiera ido antes del 3 de diciembre muy seguramente hubiera ordenado las medidas cautelares, pero como reformaron la Ley de Justicia y Paz, él ya no tiene esa competencia”.

Los excesivos trámites y las respuestas escuetas y vagas de los funcionarios judiciales lo han llevado a afirmar que la justicia colombiano no está hecha para proteger a las víctimas, “y de paso creen que estoy tratando de estafar, porque me lo han dicho, que yo estoy tratando de recuperar un bien que vendí legalmente y que puedo terminar en la cárcel. Pues si me toca me voy a la cárcel, pero voy a demostrar cómo me quitaron mi apartamento”.

Lo que deja en evidencia el caso de Néstor es que el despojo urbano fue una práctica empleada por los grupos armados ilegales con mucha más frecuencia de la que se creía. Según funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, el flagelo fue de tal magnitud que ya existen zonas microfocalizadas en donde se priorizará la intervención. Una de estas zonas es el barrio Policarpa Salavarrieta del municipio de Apartadó, Urabá Antioqueño.

Hasta el 14 de enero del presente año, la Unidad de Restitución de Tierras recepcionó 106 solicitudes de reclamación sobre predios urbanos ubicados en Medellín, convirtiéndose en uno de los 20 municipios del departamento con más casos registrados de despojo urbano. Aunque la cifra puede ser mucho mayor, pues el temor que persisten entre las víctimas de este flagelo, sumado al hecho de que en muchos casos los victimarios continúan operando, hace que el subregistro sea bastante elevado.

La pregunta es, ¿tiene los suficientes dientes la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para enfrentar el despojo urbano? Funcionarios de esta entidad consultados por Verdadabierta.com responden enfáticamente que sí, que el articulado contempla trámites expeditos para la restitución de este tipo de inmuebles. Una buena noticia para Néstor, quien pese a los tropiezos que ha tenido en el sistema judicial, piensa continuar en su lucha por recuperar su apartamento porque según él, “estoy seguro que si logro recuperarlo, otras personas que han pasado por lo mismo que yo se animan a denunciar”.

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Johana Bernal, tenía sólo 14 años cuando los ‘paras’ la desaparecieron.

Johana Bernal* nació en diciembre de 1987 en una familia muy humilde de Vistahermosa, Meta. Cuando era bebé todavía, su padre se marchó de la casa con otra mujer y dejó a su madre sola con ella y otra hermana.

Ligia, la madre de Johana tuvo que hacer grandes sacrificios para poderlas mandar al colegio, alimentarlas y ayudarlas.Pero a principios de 2002, los Bernal abandonaron la región, cuando el gobierno Pastrana canceló los diálogos con las Farc, y retomó la Zona de Distensión que había sido escenario de los diálogos, pues Vistahermosa era parte de esa zona. Temían que las amenazas de las Farc que dijeron que iban a reclutar a los menores de edad se hicieran realidad.

La familia abandonó el Llano y se desplazó a Bogotá donde Ligia a duras penas podía sostener sus hijas. Recuerda que “no le podía dar estudio a ambas, me tocó poner a trabajar a Johana para ayudar con los gastos”.

Ante la difícil situación que atravesaban en la capital, Johana decidió devolverse a Vistahermosa para poder seguir estudiando. Su madre recuerda que Johana era “muy noble, pero muy terca. Si quería salir a bailar y yo no la dejaba, se iba igual”. “Johana tenía mucho carácter, le gustaba vestirse con ropa a la moda, se maquillaba, parecía que tenía más edad”, dijo alguien que la conoció.

Con tan sólo 14 años Johana se puso a trabajar en Vistahermosa, lavando ropa, haciendo oficio o atendiendo tiendas. Con lo poco que tenía arrendó un cuarto y se puso a terminar el octavo grado del colegio. “Por ser mujer decían que era alocada, inconsciente; de ser un hombre habrían dicho que era una ‘berraca’, echada para adelante” le dijo a VerdadAbierta.com la abogada que se ocupa del caso de Johana.

Poco tiempo después de volver a Vistahermosa Johana empezó una relación amorosa con un oficial del Ejército, comandante de la contraguerrilla de la región. Él le ayudaba con los gastos, le pagaba el cuarto. En una llamada telefónica la joven le dijo a su madre que ahora tenía su cama, su peinador y sus muebles, “cosas que nunca en la vida habíamos imaginado”.

Según su madre, Johana quedó embarazada del oficial pero no quería abortar. En septiembre de 2002 Johana tomó una flota de la empresa La Macarena para ir a Villavicencio, donde otro bus la llevaría a Bogotá para visitar a su madre. Uno de los pasajeros recuerda que la menor “se montó al bus cerca del colegio de Vistahermosa. Llevaba sólo un bolsito pequeño. Ya cuando salimos del municipio una moto con dos hombres con pasamontañas pasó el bus y se le atravesó. Uno de los hombres, estaba armado, se subió, se acercó a Johana y se la llevó”.

Ligia Bernal dijo que después de varias horas empezó a llamar a todos los familiares, a sus conocidos, a sus amigas. “Me comentaron que había salido hace una horas, que ya debería estar llegando. Todavía la espero”.

Después de la desaparición, la madrastra de Johana, que vivía en el pueblo, empezó a buscarla con obstinación. Un día unos hombres se acercaron a su casa y le dijeron que le iban a hacer lo mismo que a su hijastra si no se iba del pueblo. La señora cogió todas sus cosas y se fue definitivamente de los Llanos Orientales.

Justicia
En la época la región de Vistahermosa era controlada por el Bloque Centauros de las Auc, bajo el mando de Luis Alex Arango Cárdenas, alias ‘Chatarro’. En los Llanos se han reportado muchos casos de desaparecidos que fueron obligados a bajarse de los buses.

En siete años el proceso se ha cerrado dos veces y ha quedado en investigaciones preliminares. Pero gracias a la insistencia de los abogados de Johana, un fiscal de Derechos Humanos vinculó a Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’, Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’ y José Armando Díaz Alcántara a la investigación. Sin embargo aún no ha habido órdenes de captura, medidas deaseguramiento o sentencias por la desaparición de Johana.

Los abogados creen que hay una intención de encubrir al Ejército, pues mucha gente en el pueblo dice que Johana se volvió un “falso positivo”. Además, según argumentan, no se ha investigado la relación de la joven y del oficial de la contraguerrilla, en la que la menor salió embarazada.

Verdad
Los abogados y la madre de Johana han asistido a varias versiones libres de desmovilizados del Bloque Centauros. ‘Chatarro’, jefe de la región de Vistahermosa para la época de la desaparición, dijo que desconocía el paradero de Johana y que quien sabía es alias ‘Charro’, que ya está muerto.

Reparación
Por la desaparición de Johana su madre aún no ha recibido nada.

*Los nombres originales fueron ocultados por razones de seguridad. Esta historia fue hecha con información de la Casa de la Mujer.

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La viuda de Alfredo Correa de Andreis contó en 2005 cómo fue su vida después de que su esposo fue asesinado por alias ‘Don Antonio’.

Los familiares piensan que el asesinato está relacionado con su trabajo. Correa de Andreis investigó varias comunidades de desplazados y estudió el impacto ambiental de un puerto carbonífero en Nueva Venecia, Magdalena, municipio de la Ciénaga Grande, donde los ‘paras’ asesinaron a 21 personas. Según El Heraldo de Barranquilla, detrás del proyecto estaban el gobernador Trino Luna, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, el ex director del DAS Jorge Noguera y el político Jorge Caballero.

Pero lo que condenó a muerte al sociólogo fue la acusación falsa del DAS y de la Fiscalía de tener nexos con la guerrilla. Su defensa mostró que el caso era un burdo montaje, lo que puso en evidencia graves irregularidades en la Fiscalía y el DAS.

“El gran misterio de todo esto es por qué si lo iban a matar, hicieron toda la bulla previa de la detención. A Alfredo nunca lo amenazaron”, dijo un colega.

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Valle Jaramillo nació en una humilde familia de campesinos el 29 de febrero de 1943 en Ituango, Antioquia. Tenían una pequeña parcela con la que sobrevivían su padre, Jesús, , Blanca, su madre, y sus diez hermanos. Valle siempre sostuvo que las difíciles de su infancia lo comprometieron toda su vida con la defensa de los más débiles.

A finales de los años cincuenta la familia vendió la parcela que tenía y se fue a vivir a Medellín en busca de nuevos horizontes. Apoyado por sus hermanos, Jesús María terminó el bachillerato en el Liceo Antioqueño donde fue un líder del movimiento estudiantil.

Con la ayuda de sus familiares, Valle se graduó en Derecho en la Universidad de Antioquia, siempre comprometido con los más débiles y con una excepcional oratoria. En 1972, el abogado llegó con el Partido Conservador a la Asamblea Departamental de Antioquia. Lo eligieron además al concejo de Ituango en 1987. Fue fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia en 1979, institución que dirigió después del asesinato de Héctor Abad en 1987. Valle también fue profesor de Derecho en la Universidad de Antioquia, de la Autónoma y de la Universidad, todas en Medellín.

Desde el Comité, Valle fue uno de los primeros en denunciar el terror de las autodefensas en Antioquia y particularmente en Ituango. “Yo escuchaba decir que el meridiano de la cultura y la política pasaban por Antioquia. Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia”, dijo en un recordado discurso en 1997.

Las actividades de Valle Jaramillo en defensa de los derechos humanos comenzaron a ser incómodas tanto para los grupos paramilitares como para algunos funcionarios cómplices de estas acciones.

En 1996 en una entrevista en El Colombiano, Valle dijo “desde el año pasado le pedí al Gobernador y al comandante de la IV Brigada que protegiera la población civil de mi pueblo, porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas”. No le creyeron. Pocos días después, el entonces gobernador y hoy presidente, Álvaro Uribe, lo señaló como “enemigo de las Fuerzas Armadas” y fue denunciado por calumnia ante los tribunales.

Aún así, Valle denunció con gran coraje la complicidad del Ejército en las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, corregimientos de Ituango, perpetradas por comandos paramilitares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó dándole la razón y condenó al Estado colombiano por la relación de algunos militares con esas masacres de Ituango.

Un día antes de su asesinato, se presentó en la Fiscalía para rendir indagatoria por la denuncia por calumnia. Alegó que no había cometido ningún delito, pues su versión sobre los nexos entre miembros del Ejército y la Policía con los grupos paramilitares había sido comprobada por organizaciones internacionales de derechos humanos.

El 27 de febrero de 1998 dos hombres y una mujer llegaron a suoficina en el centro de Medellín. Después de intimidar a su hermana, que trabajaba con él, los sicarios le dijeron  “usted para nosotros es muy importante, pero también es un problema”. Lo obligaron a tenderse en el piso boca abajo y le dispararon dos balazos.

En el crimen al parecer 16 personas más cubrieron la entrada y la retirada de los tres sicarios. La familia denunció además que cuando Valle fue asesinado tropas de la IV Brigada del Ejército realizaban operativos de control al porte ilegal de armas en el sector.

En el sepelio de Valle el sacerdote Joaquín Vargas dijo que “un apóstol nunca piensa en sí mismo sino en los demás. Por ello, Jesús María Valle representa esa clase de hombres que luchan por la dignidad del otro, aún a costa de su propia vida”.

La justicia

Por el asesinato de Jesús María Valle el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 40 años de prisión como coautores a Álvaro Gómez Mesa y a Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán. Sin embargo estas personas aún no han sido capturadas por las autoridades.

El Juzgado también condenó a Carlos Castaño como autor intelectual del crimen, pero fue absuelto en segunda instancia. Varios miembros de la familia Angulo, una prestante familia de Ituango, relacionados con el homicidio, fueron absueltos.

En mayo del 2007 el Consejo de Estado consideró que no se adoptaron medidas efectivas para proteger la vida de Jesús María Valle y condenó la Nación al pago de una indemnización de 1.700 millones de pesos a la familia del abogado.

El caso de Valle fue llevado a la CIDH que falló contra el Estado colombiano el 27 de noviembre de 2008. La sentencia obliga reabrir la investigación, así como a realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la universidad de Antioquia y colocar una placa en la memoria de Valle en el Palacio de Justicia de Antioquia.

En 2009 la Fiscalía reabrió el caso y vinculó a Salvatore Mancuso y a Isaías Montes Hernández, alias ‘Junior’ al considerar que “están surgiendo evidencias que habrán de contribuir a aclarar los hechos”. En el proceso además se está investigando la participación de militares.

La verdad

En 2001 varios integrantes de la banda de sicarios ‘La Terraza’ se responsabilizaron por el asesinato de Valle en un comunicado publicado en Tele Antioquia. Añadieron que Carlos Castaño les pagó por este y otros crímenes contra defensores de derecho humanos.

La reparación

En 2007 el Concejo de Estado condenó la Nación a pagar una indemnización de 1.700 millones de pesos a la familia de Valle. Pero varios familiares del abogado la rechazaron al considerar que “no se establece la verdad sobre su crimen”. Liliana Uribe, abogada de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín, dijo que “queda el vacío sobre sí hubo o no responsabilidad directa del Estado en su muerte o en los casos que él denunció”.

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Noel Palacio, Javiman, rapea para denunciar los graves problemas sociales de Colombia.

El dos de mayo de 2002 todo cambió para Noel Palacios. Ese día en Bojayá, su pueblo, 119 personas murieron cuando una pipeta de gas de la guerrilla estalló en plena iglesia. Noel perdió a su gente, sus costumbres, su cuna.

Noel es ahora Javiman, un rapero que trata de salir adelante con su música. “Creo que cuando uno habla se desahoga, por eso canto rap. Después de la tragedia mi consigna fue hacer canciones sociales, porque la gente no sabe que pasó, para hacer la revolución con música”, dice en su casa de Bogotá (Escuchar sus canciones en Myspace).

Noel Palacios, el segundo de cuatro hermanos, nació el 5 de diciembre de 1984 en Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, Chocó. Su mamá sostuvo a toda la familia con mojarras, barbudos y sardinas que pescaba en el río Atrato y que vendía en los pueblos de esta región selvática.

Bojayá era un sitio donde todos se conocían, donde se ayudaban y trabajaban el uno para el otro. “En el pueblo nos reuníamos los amigos, cada uno llevaba pescado, plátano, lo que fuera y hacíamos un cocinado en una olla para todos”, se acuerda.

Según cuenta Noel la situación se deterioró en 1997 cuando los paramilitares llegaron. Se instalaron en la selva, desde donde controlaban el pueblo, el paso de las lanchas sobre el río y los negocios de la madera y del oro.

En marzo de 2000 las Farc se tomaron Bojayá y Vigía del Fuerte, el municipio vecino, con un violento ataque de más de 17 horas donde ocho civiles y 21 policías murieron y 10 agentes fueron secuestrados.

“Fue la primera vez que escuché una pipeta de gas. Ese sonido es terrible, tiembla toda la tierra, hasta si la casa es de material, de cemento. Como que pasa un frío terrible”, se acuerda estremecido Noel.

Después de la toma las autoridades no volvieron y Bojayá quedó a la merced de la guerrilla. Noel dice que por eso muchos habitantes del pueblo responsabilizan el gobierno que los abandonó.

A finales de abril de 2002 las autodefensas del bloque Élmer Cárdenas volvieron al pueblo. Noel recuerda que sonaban tiros y explosiones de pipetas a lo lejos. Dice Noel “nunca había visto tanta gente en uniformes. Estábamos muy nerviosos, nos pusimos a cocinar arroz y pescado frito, a mí me da hambre cuando estoy nervioso”.

“El dos de mayo cayó un aguacero en la madrugada. Parecía que no estaba pasando nada, no se escuchaba el plomo. Escampó y mucha gente se fue a la iglesia, creían que por ser un sitio sagrado no lo iban a tocar.

“A las once y media de la mañana cayó una pipeta de la guerrilla en plena iglesia. Los paramilitares estaban escondidos detrás del templo porque era el único edifico grande de la población.

En 2009 los pobladores de Bojayá hicieron tejidos con los nombres de cada uno de los muertos de la masacre.

“De pronto vi mucha gente ensangrentada corriendo, gritando. Una mujer salió de la iglesia, con su hijo en los brazos corrió y corrió hasta que se dio cuenta que el bebé estaba muerto. Nos dio mucho miedo, salimos de las casas para Vigía del Fuerte con pañuelos blancos, gritando ‘no disparen, somos civiles’. Mucha gente quedó por la iglesia, murieron desangrados.

“A un amigo se le murieron 19 personas de la familia. Hay familias donde sólo quedan dos o tres personas. El gobierno tiene la culpa porque nunca sacaron a los guerrilleros ni a los ‘paras’. Esos tres son los culpables”.

Después de la masacre, la peor en la historia de Colombia, Noel volvió a un Bojayá solitario, saqueado y destruido. Advierte que “en ese pueblo van a asustar, quedaron muchas almas penando”.

“Esta canción se me ocurrió a los pocos días de la masacre, por eso ahora estoy en Bogotá, le debo mucho a la música, todo”, dice Noel, inspira profundo, empieza a marcar el ritmo con sus manos y se lanza a cantar Lo ocurrido en Bojayá, tema que participó en la obra Bocas de ceniza del artista Juan Manuel Echavarría:

“Eran las seis de la mañana compadre,
cuando sucedió un caso muy grave

Sonó un fusil, sonó una AK
sonó una metralla respondieron los paras
se pasaron a Bojayá y allá fue la cosa seria
se fue tejiendo el plomeo y la gente asustada

Pensaron en una idea de irse para la iglesia
porque estaban seguros de que allá nada les pasaba
como era un lugar de Dios el Señor los amparaba.

Compadre, pero qué tristeza allá lo ocurrido en Bojayá ¿no?
¡Mira que tanta muerte!

Noel fue uno de los primeros que volvió a Bojayá después de la masacre. El pueblo estaba saqueado e invadido por la manigua.

En una equivocación lanzaron una pipeta
cayó derecho en la iglesia
y acabó con muchas vidas
cayó derecho en la iglesia
y acabó con muchas vidas.

Como a los tres segundos
de ya haber estallado
muchos de nuestros parientes habían quedado destrozados

La gente corría, los niños lloraban
de ver cómo su pueblo lo acababan
Yo no lo puedo creer ni lo puedo imaginar
que eso allá en Bojayá, haya podido pasar

Muchos hijos sin sus padres
muchos padres sin sus hijos
que por causa de la violencia
que acaba con el campesino.
Yo no lo puedo creer ni lo puedo imaginar
que eso allá en Bojayá, haya podido pasar”

Al año de la masacre Noel se fue a Quibdó, donde pasó su bachillerato y en 2006 llegó a Bogotá donde estudia música gracias a la ayuda del artista Juan Manuel Echavarría.

La justicia

Por la masacre de Bojayá seis guerrilleros de las Farc han sido condenados.  La Justicia impuso una pena de 41 años de prisión a John Jairo Durango Valencia, Norberto Mosquera Asprilla y Octavio Torres Benítez que están recluidos en cárceles de Chocó y Antioquia.

José Antonio Rodríguez Torres, alias ‘Pájaro’, también fue condenado a 36 años y seis meses de cárcel. ‘Pájaro’ era integrante del frente 57 de la Farc.

El Tribunal Superior de Quibdó condenó además a Orlando Martínez Quinto, alias ‘Panapanguero’, a 36 años de prisión y a una multa de 753 millones de pesos. ‘Panapanguero’ fue capturado en Costa Rica y extraditado en diciembre de 2006 a Colombia.

Jhoverman Sánchez Arroyave, alias ‘Manteco’, cabecilla del frente 58 de las Farc, fue condenado a 37 años y medio de prisión por un juzgado especializado de Quibdó.

En junio de 2009 Rigoberto García Restrepo, alias ‘Rigo’, que era jefe de reclutamiento del bloque Iván Ríos, está procesado por homicidio agravado, terrorismo, y rebelión.

Los paramilitares que también tuvieron un rol clave para que se diera la masacre no han sido condenados.

La verdad

Los habitantes de Bojayá se han reunido en varias oportunidades para escuchar las confesiones de los jefes paramilitares del bloque Élmer Cárdenas. Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, Pablo José Montalvo, alias ‘Alfa 11’ y Luis Muentes, alias ‘El Calvo’ han dado sus versiones sobre la masacre.

‘El Calvo’ aceptó que después de la explosión de la pipeta sobre la iglesia, él y sus hombres saquearon las casas de ropa y comida, una conducta que proscrita por el Derecho Internacional Humanitario.

Por su parte ‘El Alemán’ dijo que dos de sus comandantes guiaron miembros de la Fuerza Aérea para ubicar a las Farc después de la masacre. Según dijo “William Soto o ‘Don Rafa’ se trasladó al aeropuerto de Apartadó. Allí se montó en un avión de la Fuerza Aérea de reconocimiento para ubicar donde estaban las tropas nuestras y en donde estaban las tropas de la guerrilla”.

‘El Alemán’ también culpó al padre Atún, párroco de Bojayá, por encerrar los habitantes del pueblo con candado en la iglesia a pesar de que los ‘paras’ advirtieron que llevaran a la gente al otro extremo del pueblo. Los habitantes de Bojayá que rechazaron la versión con indignación. Uno de los asistentes dijo: “¿Para qué nos trajeron a este señor?… el es un monstruo. Mi papá fue uno de los que murieron allí y yo no voy a permitir que una persona de esta calaña venga y nos diga estas mentiras”.

La agencia de la ONU para los derechos humanos (UNHCHR) señaló en un informe especial que las Farc era el principal responsable de la masacre. También culpó los paramilitares por hacer operaciones militares en el pueblo, exponiendo e incrementando los riesgos de los civiles. La ONU señaló además al Estado colombiano por su inacción porque no previno ni protegió los civiles. El informe también señala el Estado dejó de cumplir sus funciones al no ocuparse de prevenir, proteger y garantizar la vida de los habitantes de Bojayá.

La reparación

Por su omisión en la masacre de Bojayá el Estado fue condenado en mayo de 2008 a pagar 1.552 millones de pesos a familiares de dos víctimas. Un juez de Quibdó culpó la Nación de ser “administrativamente responsable” por la muerte de los dos habitantes. Según el fallo, la población no fue debidamente protegida pese a una “alerta temprana” formulada por la Defensoría del Pueblo ocho días antes de la matanza. El Ministerio de Defensa tendrá que pagar ese monto.

El Estado reconstruyó en octubre de 2007 un nuevo pueblo a dos kilómetros del antiguo Bojayá. Nuevo-Bellavista, como fue bautizado (o Severá como le dice la gente), tiene 264 casa de concreto, polideportivo, tres parques infantiles, colegio, centro de salud, biblioteca, ludoteca, iglesia y un malecón. El flamante pueblo costó 34.000 millones de pesos pero hay quejas de que fue mal diseñado, ajeno a las costumbres de los habitantes.

Noel Palacios dice que recibió 618.000 pesos de Acción Social por ser sobreviviente de la masacre. Su familia tiene además casa nueva, pero su abuela ya no quiere volver a vivir en Bojayá y parte de sus hermanos se fueron a definitivamente a otras ciudades.

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María Zabala, mujer Cafam 2004.

Por Aleida Patarroyo* especial para VerdadAbierta.com

Toda la vida de María Zabala ha sido de sinsabores. Viuda, con ocho hijos y desplazada de los ‘paras’ en Córdoba ha intentado recuperarse pero no la ha tenido fácil.

Esta mujer que, por su coraje, fue galardonada como Mujer Cafam 2004, está a punto de perder lo poco que tiene cuando creyó que su vida daría una vuelta.

En 1983, María y su familia, ocho hijos y su esposo, vivían en la vereda de San Rafaelito, cerca de Montería, en una casa de campo grande, de madera de ceiba colorada, con graneros para maíz, café y ñame. Eran propietarios de una finca de 80 hectáreas en la que su esposo Polo administraba el ganado y los cultivos. “La vereda era próspera, había una escuela, una cooperativa, una junta de acción comunal” recuerda.

A principios de los ochenta, la guerra llegó a la región. Era tal el grado de terror en el que vivían los habitantes de ese corregimiento, que los cadáveres aparecían por la mañana a la orilla de las carreteras, sin que nadie se atreviera a decir nada. “En mi ignorancia pensaba que los mataban porque hacían algo malo, nosotros no teníamos problemas, pagábamos nuestras deudas, nuestros impuestos, estábamos al día en todo” dice.

Una madrugada en diciembre de 1983 un grupo de paramilitares armados llegó a San Rafaelito, entraron a las casas, las quemaron y asesinaron los hombres. Esta vez, la violencia que no le preocupaba le tocó a ella.

Los paramilitares asesinaron a su esposo, su tío y un sobrino. María solo tuvo tiempo para enterrarlos en el patio de su casa, antes de salir embarazada con sus ocho hijos y con lo que tenían puesto.

Poco antes de la masacre varias personas se acercaron, ofreciéndoles 500 mil pesos por hectárea para adquirir su finca. Después, le compraron las tierras a 100 mil pesos por hectárea, aprovechándose de su miedo. Para María San Rafaelito no existe, “en la vereda viven los ricos ahora, ya no es de parceleros”.

María Zabala cuenta los días para que la Fiscalía le entregue los restos de su marido y sus dos familiares asesinados en la vereda San Rafaelito en 1983.

En agosto de 2009 solicitó un permiso especial a la Fiscalía para poder exhumar sus muertos. Armada de picas y palas, María estuvo una semana cavando en la vereda abandonada. Gracias a algunos árboles que le sirvieron para orientarse, encontró los restos de tres personas.

Ahora la Fiscalía los tiene y ella espera el proceso de verificación de ADN en Medicina Legal para por fin poderlos sepultar. Pero ya sabe que el epitafio de la lápida de su marido será “aquí yace una víctima inocente del conflicto armado”.

La otra historia
Después de la muerte de sus familiares, ella huyó a Montería y, vendiendo empanadas, lavando ropa para otras familias, logró mantener a su familia. En la capital de Córdoba conoció a otras madres solteras, viudas y desplazadas. De esa época sólo recuerda que ninguno de sus hijos tuvo infancia ni adolescencia porque les tocó, al lado de su madre, trabajar.

Pero María siguió pensando en volver al campo. Por eso, en 2001 junto a 17 mujeres y con un préstamo de 104 millones de pesos de la Caja Agraria compraron la finca El Valle Encantado, en el corregimiento Las Palomas, a solo una hora de distancia de Montería.

Cuando creyó que podía volver a empezar, las cosas no salieron bien. María resume los últimos años con la frase: “Al caído, caerle”.

Ese proyecto comunitario les trajo el reconocimiento. En 2004, recibió con sus compañeras el premio Mujer Cafam 2004, con el que se reconoció el esfuerzo y el sacrificio de un grupo de mujeres víctimas de la violencia por rehacer sus vidas.

Sin embargo, la ola invernal, en una temporada, y el fenómeno del Niño en 2009 las hicieron perder parte de las cosechas y empezaron a tener dificultades para cancelar las cuotas del crédito con el Banco Agrario.

Con la mora en los pagos, el banco vendió la obligación a Covinoc, una empresa de cobranzas, que desde entonces empezó a exigirles la cancelación de la deuda, sin importar que fueran mujeres cabeza de familia, desplazadas, viudas y con hijos que mantener.

María y sus socias aceptan que tienen una deuda, pero lo que no entienden es que su caso se mida con la misma vara que la de un hacendado o gran empresario.

La agencia de cobros les dio un ultimátum y a principios de 2010 deben conseguir 120 millones de pesos si no Covinoc les quitará sus tierras.

Las mujeres gastaron lo poco que tenían en abogados, y aunque renegociaron la deuda viven con una presión constante. María, que ha sido amenazada en varias oportunidades, dice que “la idea es resistir, estamos desesperadas, nosotras ya tenemos la micro empresa, el terreno. Con la tierra uno se puede sostener solo, no necesita hacer cola para pedir plata en Acción Social. Necesitamos ayuda”.

la idea que ellas tienen es que Covinoc les permita recuperarse y pagar la deuda, pero no amenazarlas con quitarles la única forma que tienen para sostenerse.

*Directora de  Comunicaciones – Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP

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“Antes la guerra se veía sólo por televisión, hasta el momento que nos tocó vivirla en carne propia”, dice este payaso que vive en Morroa, Sucre. Foto: Semana.

“Antes la guerra se veía sólo por televisión, hasta Blas Corena, el payaso, se inició como la mayoría de humoristas en estos ámbitos de ruina y miedo: reír y hacer reír para sobrevivir. Despide cada atardecer rodeadode niños, bajo las gruesas capas de maquillaje, y su legendaria boina roja sentado en un taburete recostado en el marco de la puerta de su casa de la calle El Medio, de Morroa, Sucre.

Enfundado en su traje de payaso, se hace llamar ‘Chipilín’. Su rostro siempre refleja una sonrisa Le da poca importancia a su estrechez económica, que considera proporcionalmente igual a la devaluación de las grandes ideas de este país.

En el entierro de su padre no hubo llanto, pero sí mucha música de pito atravesao que tocaron los mejores conjuntos de la zona. El payaso nació el día en que, para alegrar a un grupo de niños, se pintó la cara y fue abucheado por algunos adultos. Esa tarde no supo si reír o llorar. Se decidió por lo primero y se hizo payaso de profesión.

Luego vendrían los días de éxitos, cuando en Morroa apagaron las linternas y se encendieron las bujías eléctricas. Blas tenía 18 años, estaba forjado a la intemperie y, de tanto dar ‘quimbes’, le salió un contrato para amenizar un cumpleaños en Corozal. A cambio, recibió su primer traje de payaso, que le fabricó la señora María Olmos. Hoy ‘Chipilín’ tiene 45 años de carcajadas y casi siete décadas de vida. Después de que una bomba destruyó el Palacio Municipal de Morroa y la guerrilla sacó del recinto del Concejo a su presidenta, el miedo se apoderó de todos los habitantes. Pero Blas se ingenió la manera más efectiva para recobrar el estado de ánimo: por las noches salía casa por casa vestido de payaso, con el pretexto de hacer reír a los niños, pero en realidad el mensaje de alegría era para todos. SEMANA habló con él.

Semana: ¿Cómo nació ‘Chipilín’?
Blas Corena: Lo trajo una burra mocha por Los Montes de María, en la época en que la guerra sólo era conocida por televisión y antes de que la violencia cegara la vida de hombres y mujeres, porque en esta región la gente se moría de vieja y algunas veces en medio de la alegría, como le sucedió a mi padre, que cayó en plena cumbiamba de diciembre, víctima de la euforia que le produjo el pito atravesao.No había guerra.

Semana: ¿Qué hace Blas cuando no es ‘Chipilín’?
B.C.: Soy gestor cultural, miembro fundador del Festival Nacional de Pito Atravesao. Emprendo campañas para recolectar dulces y ropas para los niños pobres, mis amigos. Los niños me identifican como OChipilin¹ y cuando no actúo, van a la casa a buscarme para que los haga reír.

Semana: ¿Y ‘Chipilín’ no se siente viejo?
B.C.: ¡Viejo yo! Pongo de jueces a los niños para que digan si ‘Chipilín’ debe salir del oficio de hacer reír.

Y entonces lanza una carcajada intensa que se prolonga por varios segundos y luego se levanta de su taburete para bailar porros, fandangos y hasta ritmos modernos.

Publicado en el especial Poder Caribe de la revista Semana.

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Por Aleida Patarroyo especial para VerdadAbierta.com

María Zabala, víctima de los ‘paras’, ahora enfrenta a los bancos.

Después de huir de los asesinos de su esposo en 1983, muerto por paramilitares en Córdoba, María Zabala intentó reconstruir su vida en una nueva tierra.

María, además de tener que enfrentar los abogados de los bancos, cuenta los días para que la Fiscalía le dé los restos de Polo, su esposo, de su tío y de su sobrino quienes fueron asesinados por los paramilitares hace 21 años. Confía que así podrá empezar su duelo y darles cristiana sepultura.

María, con su dolor a cuestas, enterró como pudo el cadáver de su esposo y los de sus dos familiares en diciembre de 1983. Tuvo que huir la región inmediatamente para salvar los que quedaban vivos de su familia. Salieron con lo que tenían puesto. En medio del ruido de las balas de metralla vio cómo quemaban su casa y todas las de su comunidad y cómo las llamas consumían todo lo que habían construido con tanto esfuerzo.

En agosto de 2009 ella y sus hijos, tras ver que los funcionarios de la Fiscalía no encontraban los restos de su esposo y de sus familiares, logró persuadirlos después de mucho insistir para que les dieran un permiso especial para ir a buscarlos.

María armó su propio operativo, le pidió permiso al dueño de la finca, se estableció en una escuela, consiguió comida, mantas, carpas y se puso a buscar. Con temperaturas de más de 35 grados centígrados a la sombra, María y sus hijos estuvieron buscando cinco días y sus noches por todo el predio.

Con sus propias manos, armados de picas y palas, excavaron aquí y allá hasta que, venciendo los augurios mas pesimistas encontró los restos. Sin embargo no pueden hacer el esperado duelo hasta que las autoridades no realicen los procesos de identificación y las verificaciones pertinentes.

El 12 de agosto de 2009, después de encontrar ella misma los despojos de sus familiares, los entregó a la Fiscalía  para que hagan el proceso de verificación del ADN en Medicina Legal. Según le informaron los funcionarios, la respuesta se conocerá en ocho meses a un año. La lentitud del proceso se debe al dispendioso trabajo de ubicar fosas comunes y de exhumar los cadáveres de las miles de victimas del conflicto armado.

El nuevo duelo
María no se amedrantó y encontró un pedazo de tierra donde rehizo su vida junto a sus xx hijos. En 2001, compró la finca El Valle Encantado, en el corregimiento Las Palomas, a una hora de Montería, con un crédito de la Caja Agraria por 104 millones de pesos.  

Con un grupo de mujeres víctimas de los ‘paras’ María organizó un proyecto productivo en la finca pero el verano echó a perder una cosecha de arroz. Desde entonces se atrasaron con los pagos y la deuda aumentó con los intereses a 146 millones de pesos.

María Zabala se endeudó con la Caja Agraria, luego Finagro, después el Banco Agrario y ahora la empresa de cobranzas Covinoc, que compró los pasivos al Banco Agrario. Los abogados de Covinoc amenazan ahora con despojarla de sus tierras.

María, como en la obra del Nóbel García Márquez El coronel no tiene quién le escriba, pareciera estar condenada a esperar a que solo el tiempo le dé las respuestas  a tanto dolor y desdén de tantos años.

A que una mañana o una tarde cualquiera, le llegue una carta oficial en la que le confirmen que por fin puede sepultar a su esposo.

A que las autoridades le digan quién o quiénes lo mataron a él y a sus familiares, porqué lo hicieron, porqué la desplazaron a ella y a su comunidad, porqué les quitaron las tierras después de vivir bien, en armonía, trabajando en su finca a lado de los suyos y sin hacerle daño a nadie.

En todo caso, María ya tiene escrito el epitafio de la lapida de su marido para que le quede claro a todo el mundo “aquí yace una víctima inocente del conflicto armado”.

*Directora de  Comunicaciones – Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP

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Para ayudar a sus padres Jesús María vendía periódicos en el pueblo. A finales de los años cincuenta la familia vendió la parcela que tenían y se fueron a vivir a Medellín, Su constante lucha por los más pobres lo llevó a formarse como abogado de la Universidad de Antioquia, y como político, ocupando curules en la Asamblea de Antioquia y en el Concejo de Ituango.Las actividades de Valle Jaramillo en defensa de los derechos humanos habían comenzado a ser “incómodas” tanto para los grupos paramilitares como para las autoridades departamentales desde 1994 y a partir de las denuncias sobre operaciones paramilitares en su tierra natal, Ituango, y en una vasta zona del norte de Antioquia, comprometiendo al Ejército y la Gobernación de Antioquia en esas tareas, tanto por acción como por omisión.

Entre sus denuncias estaba la complicidad del Ejército en las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, corregimientos de Ituango, perpetradas por comandos paramilitares.Días antes de su asesinato, este abogado había dado declaraciones a la prensa en las que acusaba a la IV Brigada, comandada en ese momento por el general Alfonso Manosalva Flórez.

Por tales afirmaciones fue señalado públicamente como enemigo de las Fuerzas Armadas y acusado penalmente por calumnia por un suboficial de esta guarnición militar. Un día antes de su asesinato, se había presentado a la Fiscalía para rendir indagatoria sobre esta denuncia y habría llevado consigo las pruebas de sus afirmaciones.

Este abogado, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y defensor de los presos políticos de Antioquia, fue asesinado en la tarde del 27 de febrero de 1998 en su oficina, ubicada en el edificio Colón, pleno centro de Medellín.

A su oficina llegaron dos hombres y una mujer y tras intimidar a la hermana del juristas, quien trabajaba con él, y a un cliente, pasaron a la oficina donde estaba Valle Jaramillo y tras decirle que “usted para nosotros es muy importante, pero también es un problema”, le ordenaron tenderse en el piso boca abajo y luego le propinaron dos impactos de arma de fuego provista con silenciador.

La orden de asesinar al abogado fue dada por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.En la comisión de este crimen no sólo participaron esas tres personas, sino al parecer otras 16 más que cubrieron la entrada y la retirada de los victimarios. Uno de los aspectos que más llamó la atención es que momentos antes del asesinato y durante su ejecución, tropas adscritas a la IV Brigada del Ejército realizaban operativos de control al porte ilegal de armas en el sector.

El jefe paramilitar Carlos Castaño Gil fue procesado como reo ausente en calidad de instigador del homicidio, no obstante fue absuelto en decisión de segunda instancia. Varios miembros de una prestante familia de Ituango, relacionados con el homicidio, también fueron absueltos, así como otras personas procesadas.

Los autores materiales han sido condenados en ausencia y nunca han sido requeridos. De hecho, no es seguro que sigan vivos. Además, la presunta responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública no ha sido investigada, ni tampoco las de las autoridades políticas locales.

La investigación fue abandonada después de su defunción.El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que falló en contra del Estado colombiano el 27 de noviembre de 2008.

En el fallo, lo conminó a investigar los hechos que generaron la muerte de Valle Jaramillo, así como a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en la Universidadde Antioquia y colocar una placa en su memoria en el Palacio de Justicia del departamento de Antioquia, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo. Hasta el momento nada de lo exigido se ha hecho. 

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