Jesús María Valle, defensor de derechos humanos

      
La reconocida vocación de servicio de Valle Jaramillo tuvo su origen en la extrema pobreza vivida durante su niñez en el corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, norte de Antioquia, donde nació un 29 de febrero de 1943, en el seno de una familia campesina conformada por su padre Jesús, su madre Blanca, y diez hermanos más.

Para ayudar a sus padres Jesús María vendía periódicos en el pueblo. A finales de los años cincuenta la familia vendió la parcela que tenían y se fueron a vivir a Medellín, Su constante lucha por los más pobres lo llevó a formarse como abogado de la Universidad de Antioquia, y como político, ocupando curules en la Asamblea de Antioquia y en el Concejo de Ituango.Las actividades de Valle Jaramillo en defensa de los derechos humanos habían comenzado a ser “incómodas” tanto para los grupos paramilitares como para las autoridades departamentales desde 1994 y a partir de las denuncias sobre operaciones paramilitares en su tierra natal, Ituango, y en una vasta zona del norte de Antioquia, comprometiendo al Ejército y la Gobernación de Antioquia en esas tareas, tanto por acción como por omisión.

Entre sus denuncias estaba la complicidad del Ejército en las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, corregimientos de Ituango, perpetradas por comandos paramilitares.Días antes de su asesinato, este abogado había dado declaraciones a la prensa en las que acusaba a la IV Brigada, comandada en ese momento por el general Alfonso Manosalva Flórez.

Por tales afirmaciones fue señalado públicamente como enemigo de las Fuerzas Armadas y acusado penalmente por calumnia por un suboficial de esta guarnición militar. Un día antes de su asesinato, se había presentado a la Fiscalía para rendir indagatoria sobre esta denuncia y habría llevado consigo las pruebas de sus afirmaciones.

Este abogado, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y defensor de los presos políticos de Antioquia, fue asesinado en la tarde del 27 de febrero de 1998 en su oficina, ubicada en el edificio Colón, pleno centro de Medellín.

A su oficina llegaron dos hombres y una mujer y tras intimidar a la hermana del juristas, quien trabajaba con él, y a un cliente, pasaron a la oficina donde estaba Valle Jaramillo y tras decirle que “usted para nosotros es muy importante, pero también es un problema”, le ordenaron tenderse en el piso boca abajo y luego le propinaron dos impactos de arma de fuego provista con silenciador.

La orden de asesinar al abogado fue dada por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.En la comisión de este crimen no sólo participaron esas tres personas, sino al parecer otras 16 más que cubrieron la entrada y la retirada de los victimarios. Uno de los aspectos que más llamó la atención es que momentos antes del asesinato y durante su ejecución, tropas adscritas a la IV Brigada del Ejército realizaban operativos de control al porte ilegal de armas en el sector.

El jefe paramilitar Carlos Castaño Gil fue procesado como reo ausente en calidad de instigador del homicidio, no obstante fue absuelto en decisión de segunda instancia. Varios miembros de una prestante familia de Ituango, relacionados con el homicidio, también fueron absueltos, así como otras personas procesadas.

Los autores materiales han sido condenados en ausencia y nunca han sido requeridos. De hecho, no es seguro que sigan vivos. Además, la presunta responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública no ha sido investigada, ni tampoco las de las autoridades políticas locales.

La investigación fue abandonada después de su defunción.El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que falló en contra del Estado colombiano el 27 de noviembre de 2008.

En el fallo, lo conminó a investigar los hechos que generaron la muerte de Valle Jaramillo, así como a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en la Universidadde Antioquia y colocar una placa en su memoria en el Palacio de Justicia del departamento de Antioquia, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo. Hasta el momento nada de lo exigido se ha hecho.