Foto de los excursionistas antes de recorrer el sur del país. Foto tomada de un artículo de la revista Semana.“Yo tengo que recorrer el mundo pero primero tengo que conocer mi país, hay que viajar para que la gente se enamore de Colombia y no se quiera ir”, decía Víctor Serrano para tranquilizar a su madre y a su hermana, que le insistían que no se fuera, que era muy peligroso que viajara en plena crisis del proceso de paz del Caguán hacia una zona con presencia de grupos armados.

Pese a las advertencias, el 2 de febrero de 2001, Víctor Serrano salió de Bogotá con seis de sus amigos para realizar un viaje ecológico hasta la región de Tierradentro, Cauca. La ruta de los viajeros partía del parque arqueológico de San Agustín ubicado en el Huila, luego hacia los municipios de San José de Isnos y El Congreso hasta llegar a las reservas naturales ubicadas en Tierradentro.

Por seguridad, Víctor se comunicó todos los días con su madre Martha Ramírez para que mantuviera informadas a las familias de sus compañeros, hasta el 4 de febrero, fecha en que perdieron la comunicación y no se volvió a tener razón de su paradero. “El domingo a las seis de la mañana me llamó y me dijo que salían para El Congreso, yo le dije que tuviera cuidado. Me dijo que me tranquilizara, que tenían los permisos y que todo el mundo sabía que iban para allá. Esa fue la última vez que hablé con él, pasó el lunes y el martes y a mí me comenzó la angustia de no saber nada”, contó Martha.

Información registrada en la base de datos del conflicto del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, apunta a que el 6 de febrero los expedicionarios fueron vistos en el corregimiento de Campoalegre, caserío de El Congreso mientras guerrilleros, entre ellos alias ‘Federico’, los interrogaban y los montaban a una camioneta.

Faiber Alberto Clavijo y Rosalba Carrera Ducuara, las dos víctimas restantes, fueron secuestradas ese mismo día en un retén ilegal en la vía que conduce de Huila a Cauca, luego de que presuntamente se resistieron a identificarse con los guerrilleros. Los insurgentes, llevaron a las nueve víctimas hasta el Parque Nacional Puracé en donde los torturaron y posteriormente los asesinaron.

Aunque no se tiene claridad sobre la fecha y hora de la muerte, investigaciones del Instituto de Medicina legal del Cauca apuntan a que la masacre ocurrió entre las 10 y las 11 de la mañana del 7 de febrero de 2001. Los cuerpos fueron encontrados siete días después con impactos de bala y lesiones debido a que fueron lanzados desde una pendiente de más de 50 metros a orillas del río Bedón, ubicado en el parque.

Los cuerpos de las víctimas pertenecían a Faiber Alberto Clavijo, Rosalba Carrera Ducuara, Rosalba Ramírez Rojas, Adriana Rodríguez Beltrán, Germán Edison Bejarano, Goldson Steven Granados, Pablo Julio Montes Buriticá, Jaime Alberto Ramírez y aVíctor Álvaro Serrano.

El 11 de febrero, Noticias Caracol transmitió un video de los cuerpos de los expedicionarios en el que sus familiares los identificaron. “Llegué a Compensar, que era donde trabajaban los muchachos, y me dijeron que acaban de pasar la noticia. Me fui corriendo a Caracol  y pregunté directamente por el periodista Rafael Poveda. Él me preguntó si estaba segura de poder verlo y le dije que sí. Cuando reconocí a mi hijo fue cuando pensé: ‘Dios mío, qué pasó aquí’”, recordó Martha.

“Los asesinaron dizque por ser presuntos informantes del Ejército o de paramilitares, pero por Dios es que era evidente que eran caminantes. No es justo con ninguna persona, sea pobre o rico, nadie tiene porque ver morir a un ser querido a menos que sea causa natural”, señaló la hermana de Víctor.

Proceso de paz y conflicto en el Cauca

Dos días después de la masacre, cuando aún no se sabía la suerte de los caminantes y sus familias seguían buscándolos, el entonces presidente Andrés Pastrana y el jefe de las Farc Manuel Marulanda se reunieron en la vereda de Los Pozos, ubicada en San Vicente del Caguán. Allí celebraron la reanudación de los diálogos de paz luego de que las Farc se hubiera retirado de la mesa  el 14 de noviembre del año anterior.

Dicho encuentro terminó en la firma de un acuerdo de 13 puntos, dentro de los cuales las Farc se comprometían a disminuir la intensidad del conflicto y ratificaban su voluntad de continuar los diálogos . Ninguna de las partes se pronunció sobre los hechos ocurridos en el Puracé, pero el Gobierno sí le exigió a la guerrilla la liberación de Juliana Villegas, hija del entonces presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, hoy ministro de Defensa, quien había sido secuestrada en noviembre de 2000.

Esta masacre hizo parte de los más de 400 ataques de la guerrilla ocurridos en el departamento del Cauca entre el 2000 y el 2003. Cifras del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos apuntan a que el 60% de estos ataques se concentraron en solo 10 municipios, entre estos Puracé, los cuales fueron dirigidos principalmente a atacar a la Fuerza pública y a grupos paramilitares, que por esos años entraron por el norte del departamento y extendieron su presencia en varios cascos urbanos de la región. “Por esos años teníamos una presencia permanente de las Farc en el municipio de Puracé, todo el tiempo la gente e incluso la administración recibía amenazas. La presencia era solo de guerrilleros, ya que paramilitares en la región no había, simplemente que el municipio era un corredor estratégico de las autodefensas, para comunicarse con el Cauca, el Huila y el sector del Putumayo. Puracé era el camino de ellos para llegar a todos partes” señaló Gustavo Adolfo Valencia, el entonces alcalde y actual personero de Puracé.

Los ataques en contra de la población civil del Cauca tuvieron su momento más crítico con la llegada de los grupos paramilitares a partir del año 2000 y con mayor intensidad en 2001, lo cual se vio reflejado en el aumento de  asesinatos selectivos y masacres. “La muerte de los excursionistas coincide con la llegada del Bloque Calima de las Auc al Cauca, que desde mediados de 2000 empezó a incursionar por el norte. Esto generó que las Farc encontraran un enemigo en cualquier foráneo que entrara a un municipio de estos”, cuenta un periodista que cubrió la guerra en esa zona del país durante esos años.

Justicia e impunidad

Sepelio de los excursionistas. Foto: archivo Semana.Inicialmente este caso fue tomado por el abogado Luis Guillermo Pérez y la abogada Dora Luci Arias del  Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quienes mediaron un encuentro entre los familiares de las víctimas y representantes de las Farc en el lugar de Los Pozos, San Vicente del Caguán, para que estos dieran explicaciones sobre lo ocurrido.

En un primer encuentro el 22 de febrero de 2002, los guerrilleros negaron su responsabilidad en los hechos alegando que no había existido ningún motivo para atentar contra los expedicionarios. No obstante, los familiares insistieron y en una tercera reunión Milton de Jesús Toncel , alias ‘Joaquín Gómez’, vocero de las Farc, aceptó la responsabilidad afirmando que los habían confundido con miembros del Ejército al encontrar una libreta militar en los documentos de una de las víctimas. “Nos hicieron ir dos veces más a Los Pozos hasta que la última vez Joaquín Gómez con su cabeza ‘gacha’ admitió que habían sido ellos los asesinos. También nos mostró el documento de Pablo Emilio por lo que pensaron que eran ‘paracos’ o del Ejército”, dijo Martha.

Luego del anuncio en Los Pozos, ‘Joaquín Gómez’ les confirmó a los familiares que por estos asesinatos Ernesto Arroyo, alias ‘Federico’ iba a ser  juzgado de acuerdo al reglamento de las Farc.

En diciembre de 2001 La Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento contra la cúpula de las Farc por ser los presuntos autores intelectuales de los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y rebelión en contra de los nueve jóvenes asesinados. Más adelante, fueron vinculados al proceso los cabecillas del  frente 13 de las Farc, Ernesto Arroyo, alias ‘Federico’ y Franklin González Ramírez, alias ‘Franklin’. En 2002 se condenó por homicidio agravado, secuestro agravado y rebelión a todos los guerrilleros implicados en este proceso.

En agosto de 2008, un juez penal de Popayán inició un proceso penal en contra del exjefe guerrillero Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, quien asistió por primera vez en la historia judicial del país a una audiencia virtual para responder por estos hechos desde la cárcel donde se encuentra recluido. En dicha audiencia, el guerrillero negó que para ese momento hiciera parte del Secretariado o mando central de las Farc, condición bajo la cual fue vinculado con los asesinatos.

A febrero de 2016, ningún guerrillero de las Farc ha pagado con cárcel por estos hechos, no obstante, los familiares de las víctimas esperan con el proceso de paz en La Habana, los responsables acepten públicamente los crímenes y digan la verdad.

“Nosotros hemos seguido con la búsqueda, quién fue y por qué, nunca nos han dicho con claridad y eso es lo que yo quiero; tener frente a frente a las personas que dicen que fueron los que los mataron. Nosotros como colombianos estamos en el derecho de exigir justicia y que no se nos olvide porque pueblo que pierde la memoria se le va a repetir la historia”, concluyó Martha.

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En la madrugada  del 23 de enero de 1994, un grupo de guerrilleros de las Farc, en compañía de un grupo de disidentes del Epl, entraron al barrio La Chinita de Apartadó y asesinaron a 35 personas. De ellas, dos militaban en Esperanza, Paz y Libertad, el partido político creado por el Epl en 1991 luego de entregar las armas y que fue objeto de una cruenta persecución armada que prácticamente lo llevó hasta su desaparición.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, fue la peor de las más de 18 masacres que hubo en el Urabá antioqueño por esa época. Además, fue el inicio de uno de los más sangrientos periodos de violencia que ha vivido esta región agroindustrial.

Víctimas de La Chinita esperan explicaciones de las Farc

A partir de aquel momento, cuando la guerrilla de las Farc cometía una masacre en una finca bananera de influencia política de los exinsurgentes, las autodefensas respondían con otra en un predio de influencia ‘fariana’, persiguiendo militantes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Así se perpetraron matanzas como las de El Aracatazo, Los Kunas y Bajo del Oso.

La historia de la guerra se remonta a 1991, cuando el Epl abandonó el conflicto armado ysus reinsertados comenzaron a ser conocidos como ‘Los Esperanzados’, en alusión al nombre su movimiento político: Esperanza, Paz y Libertad.

La tranquilidad de la zona duró muy poco. Un año después de los acuerdos, las Farc, apoyadas por una disidencia del Epl que siguió en armas, comenzaron una tenaz ofensiva contra los desmovilizados tachados de traidores, copando a su paso los territorios que antes dominaban. ‘Los Caraballos’, como eran conocidos estos guerrilleros del Epl que no se desmovilizaron, estaban integrados por cerca de 100 hombres bajo el mando de Francisco Caraballo, uno de los fundadores del Epl en Urabá.

Exterminio del Epl en Urabá: ¿crimen de lesa humanidad?

Así lo recuerda Carmen Palencia, varias veces sobreviviente de la violencia en Urabá cuando era líder de ‘Los Esperanzados’ y actual presidenta de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y Acceso a la Tierra, una organización que reúne a más de mil líderes víctimas de despojo.

Así, de un lado los hombres de Caraballo se unieron a las Farc y del otro, un grupo de desmovilizados del Epl volvió a las armas, ahora con el respaldo de los hermanos Castaño para defenderse de sus excompañeros. Los nuevos aliados de los ‘paras’ tomaron el nombre de “Comandos Populares”.

En el proceso de Justicia y Paz, Hebert Veloza García, alias ‘HH’, exjefe del Bloque Bananero de las Auc, confesó que los Comandos Populares fueron responsables de matanzas en lugares como Turbo y Carepa.

Palencia relató que en esta guerra por el dominio del territorio era fundamental el control de los sindicatos. Hasta la desmovilización del Epl, las dos guerrillas tuvieron un acuerdo de no agresión a la hora de dividirse la influencia sobre las bases sindicales. Este acuerdo de tranquilidad ayudó a ambas partes a identificar en cuáles fincas se asentaban los líderes cercanos a cada grupo, información que determinó la decisión de perpetrar una u otra masacre cuando el conflicto se agudizó.

Según Arnoldo Escobar, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Nueva Granada en Turbo, para la época el abandono del Estado en la región era total y los grupos armados ilegales eran la ley de las comunidades. “La ley de ellos era ‘el que la hace la paga’ y cuando querían convocar a la gente organizaban reuniones y decían vamos a matar a tal por esto o lo otro. Luego la cosa se puso mucho peor con la llegada de los paramilitares”, recordó Escobar.

Carlos Blandón es un líder de la Asociación Comunitaria de Apartadó, Asocodea, que para ese entonces era un niño que vivía en Chigorodó. Su testimonio refleja el temor de los habitantes del Urabá durante este cruento período de violencia.

Fidel, el hermano mayor de los Castaño, envió paramilitares al Urabá desde 1988, ordenando masacres como las de El Tomate, en San Pedro de Urabá, y las de Honduras y La Negra y Punta Coquitos, en Turbo. Sin embargo, no fue sino hasta1992 que decidió asentarse en la región, dejando Córdoba a la par que organizaba un grupo paramilitar en el norte del Urabá.

La guerra entre Pablo Escobar y los ‘Pepes’, una alianza de criminales exsocios del cartel de Medellín, dirigida entre otros por Fidel Castaño, había hecho que los ‘paras’ concentraran todos sus esfuerzos en eliminar al Capo, que murió a finales de 1993. Castaño no disfrutó mucho la victoria en la guerra pues fue asesinado misteriosamente un mes después. Ante la muerte del hermano mayor, Carlos y Vicente quedaron con el poder del grupo paramilitar.

Mientras tanto, las Farc y ‘Los Caraballos’ perseguían desmovilizados, aumentaban las extorsiones y los secuestros en la región y ocupaban los espacios que dejó el Epl tras haber firmado la paz. Según un administrador de una finca bananera, antes de que los paramilitares se consolidaran en la región, en Apartadó había dos alcaldías, una legítima y una paralela que era conocida como ‘La Casa del Pueblo’. “La paralela la manejaban las Farc abiertamente, recibiendo las quejas de todo el mundo. Allá se sentenciaba y se ajusticiaba al que fuera, las quejas eran por cosas como alguna deuda por ejemplo”, dijo el administrador.

Arnoldo Escobar recuerda que con la llegada paramilitar el miedo se esparció por Urabá. “Antes uno iba y mercaba a San Pedro de Urabá y no había mayor problema. Con la llegada de los ‘mochacabezas’ (como eran conocidos los hombres de los Castaño) por este municipio, ya uno iba a mercar y aparecían en las carreteras haciendo preguntas e intimidando a la gente para sacar información de la guerrilla”, dijo Escobar.

Carmen Palencia recordó que los ‘paras’ entraron a Urabá desde Las Tangas, la finca de Fidel Castaño ubicada en Valencia, Córdoba, de donde viene el nombre ‘Los Tangueros’. Atravesaron la zona por el norte y construyeron la primera base paramilitar en el Cerro del Yoki, ubicado en el corregimiento El Totumo en Necoclí.

El periodo de las masacres sucedió a la par con las primeras elecciones a las alcaldías. Después de los asesinatos de los posibles candidatos de los sectores políticos respaldados por ambas partes a la Alcaldía de Apartadó, se decidió que Gloria Cuartas sería candidata única. Según Palencia, Cuartas, quien ha sido perseguida por el paramilitarismo, intentó bajarle el tono a la guerra a través de su labor humanitaria.

Con la conformación de los Comandos Populares y la entrada paramilitar, la violencia se agravó. “Fue una cosa terrible, en la que toda la población estaba polarizada y todo mundo tomaba parte, incluso sin armas”, afirmó Palencia, quien contó además que el recrudecimiento de la guerra hizo que parte de la población entregara información a los grupos armados para tomar venganza.

La polarización era tal que el casco urbano de Apartadó terminó dividido por fronteras invisibles. “Se suponía que los del barrio Policarpa eran de las Farc y los del barrio Pueblo Nuevo eran de los reinsertados del Epl, ninguno podía pasar al otro lado fácilmente”, recordó un habitante.

Carlos y Vicente encontraron en los Comandos la llave de entrada al Urabá. En su interés por consolidarse en esta zona, conocida como el Eje Bananero, los Castaño financiaron a los Comandos, pero terminaron por absorberlos y usarlos como base para la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, en marzo de 1995.

Las masacres de las Farc  continuaron hasta 1996, primero en la finca Osaka en Carepa a mediados de febrero y luego en Pueblo Bello en mayo.  Los Comando Populares terminaron siendo absorbidos del todo durante ese año por los paramilitares que siguieron cometiendo crímenes durante la siguiente década.

Las Farc perdieron el poder en la zona y los paramilitares consolidaron su estructura criminal con el apoyo de miembros de la fuerza pública. La Justicia colombiana en varias instancias ha confirmado el apoyo de miembros de la Brigada 17 del Ejército con sede en Carepa a los hombres de los Castaño. En diciembre de 1995, en medio de la guerra que libraban las Farc con los Comandos Populares, estos últimos respaldados por los ‘paras’  la guarnición militar quedó bajo el mando de Rito Alejo Del Río, general condenado por la justicia por sus vínculos con las Auc.

Foto de portada: Vanessa Reyes R.

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Cuatro de los 12 concejales electos en Puerto Rico para el periodo 2003 – 2007 fueron asesinados en la masacre de 2005. Foto: Archivo Diario del Caguán. Un miércoles de mayo de 2005 una camioneta de guerrilleros irrumpió en la sesión del Concejo municipal de Puerto Rico, en Caquetá. Desde antes de entrar al recinto, los insurgentes comenzaron a disparar con el arma que tenían instalada en el carro y cuando entraron, un guerrillero se bajó con su ametralladora. Los tiros en el Concejo duraron 15 minutos, mataron a cinco funcionarios e hirieron a dos.

“Antes la política en Caquetá era un tema de aventurados. Quienes emprendían esos proyectos valoraban poco la vida”, apuntó un antiguo miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en ese departamento, quien pidió la reserva de su nombre.

Y es que desde antes de que ocurriera la masacre, los concejales de Puerto Rico fueron perseguidos e hicieron parte de la espiral de violencia política del departamento. Esta se recrudeció a principios de los años 80. Los primeros muertos fueron de partidos de izquierda, específicamente de la UP, y desde entonces los concejales se convirtieron en un blanco principal. Uno de los primeros asesinados por grupos de extrema derecha, en 1981, fue Miguel Ángel Osorio, edil del Partido Comunista y presidente del Concejo de Puerto Rico.

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En retaliación, las Farc comenzaron a matar a políticos liberales y también a seguidores de la élite política de los Turbay en todo el departamento, como asegura Gustavo Cabrera, exalcalde de Puerto Rico a mediados de los 90 y actual miembro de la Academia de Historia de Caquetá.

La amenaza también era institucional. Sólo en Puerto Rico, entre 1997 y 1998, las instalaciones de la Fiscalía Seccional, los despachos judiciales, la estación de Policía y la Registraduría fueron destruidas casi por completo con múltiples bombas.

En pleno proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, las Farc asesinaron al congresista Diego Turbay, a su mamá y a siete personas más cuando iban a la posesión del alcalde de Puerto Rico, José Lizardo Rojas. Siete meses después, en agosto de 2001, mataron a José Lizardo y en enero de 2002 hicieron lo mismo con el alcalde encargado William Lozano, quien fue enviado por el gobernador Pablo Adriano Muñoz para reemplazar a Rojas.

Los ataques llegaron a su punto más crítico en 2002, tras el rompimiento de los diálogos de paz. Las Farc se enfilaron contra la institucionalidad a sangre y fuego para no perder en lo militar, y en Caquetá concentraron sus acciones en Puerto Rico y El Doncello, según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia. Otras fuentes apuntan a que las Farc querían presionar por la vía militar las elecciones regionales de 2003 y debido a que en Puerto Rico no tenían personas capaces de incidir políticamente y sus intereses eran más económicos y militares, “reaccionaron con represalia ante diferencias políticas”, según el antiguo miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Concejales, alcaldes y hasta gobernadores de Caquetá fueron declarados abiertamente como objetivo militar. La amenaza era tal que en 2002 todo el Concejo de Puerto Rico sesionó desde Bogotá y al año siguiente ese municipio se convirtió en el símbolo de una campaña nacional para que los ediles pudieran administrar desde sus lugares de origen.

Al terminar el periodo de concejales de Puerto Rico en 2002, un edil había sido asesinado, otro se exilió en España y cuatro abandonaron el cargo. Después de las las elecciones regionales de 2003, las Farc dieron el ultimátum para los tres concejales reelegidos en Puerto Rico: Ausencio Olarte, Luz Stella Puertas y Willard Villegas. Además, la guerrilla les advirtió a los nuevos ediles que si no abandonaban el municipio también entrarían a la lista de muerte.

Este mapa describe cómo la columna móvil ‘Teófilo Forero’ llegó desde el Río Guayas hasta el Concejo. Foto: VerdadAbierta.com.Ante la inminencia de un ataque, trasladaron el Concejo, que sesionaba en un salón de la Alcaldía, a una casa alquilada ubicada a menos de una cuadra de la estación de Policía para aumentar la seguridad. En esa misma época el Batallón de Cazadores de la Brigada XII del Ejército se trasladó de San Vicente del Caguán a la cabecera municipal de Puerto Rico.

Además, los concejales tenían escoltas. Pero nada de esto impidió los atentados y las amenazas de la guerrilla.

A mediados de 2004, en la vereda las Iglesias, hombres identificados como miembros de las Farc dijeron que “si no le podían dar a los concejales, les darían a las familias a ver si así obedecían”, como registra la denuncia que hicieron los 12 concejales ante la Fiscalía el 24 de junio de ese año.

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“Nos mandaban pasquines a nombre de las Farc, que nos fuéramos, que nos iban a matar. Nosotros nos hacíamos los duros para no irnos del pueblo hasta que en 2005 arreciaron las matanzas”, recuerda María Luisa Celis, dos veces concejal de Puerto Rico entre 2003 y 2011.

A principios de 2005, ella se salvó de ser asesinada porque se había tinturado el pelo. Dos sicarios armados y con pasamontañas frenaron su moto delante de ella y le preguntaron cuál era la casa María Luisa Celis, una “viejita canosa”. Ella aseguró que desconocía a la señora pues estaba recién mudada al barrio. Los desconocidos dieron vueltas unos minutos más mientras María Luisa se escondió.

A mediados de mayo presuntos guerrilleros atentaron contra el concejal Luis Enrique Fierro, quien sobrevivió, y luego unos hombres armados los buscaron en su casa pero él no estaba. En el hogar del edil Ferney Rosales explotaron dos granadas y en el del concejal Edilmer Castaño dejaron amenazas de muerte contra todos los funcionarios de Puerto Rico.

El Concejo en pleno buscaba salidas para evitar una tragedia. Además de la denuncia ante la Fiscalía, todos los concejales enviaron una carta al comandante de la Policía de Caquetá en abril de 2005 para pedir el relevo del mayor Mauricio Ortiz como encargado de la Policía en Puerto Rico puesto que otras estaciones del departamento había agredido física y verbalmente a varios ciudadanos y mostraba “negligencia frente a problemáticas de seguridad y orden público del casco urbano” e “intransigencia con los miembros de la corporación del Concejo frente a su seguridad”. Para entonces ya habían matado en ese mismo año a los concejales Myriam Martínez y Armando Zafra. Sin embargo, los ediles nunca fueron escuchados.

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El 24 de mayo de 2005, un día antes de la masacre en el Concejo, por lo menos dos carros cargados de guerrilleros de las Farc se acercaron hasta el parque principal con el propósito de entrar a un evento en la escuela municipal donde estaban todos los concejales y el alcalde Jorge Calderón. “Como vieron que había tanta guardia de Ejército, no se metieron. Ese día alas 6:00 de la tarde, explotaron unas granadas en el parque para mostrar que tenían fuerza y el miércoles no nos la rebajaron. Ahí sí fue en serio”, relata Celis.

El Concejo citó para el 25 de mayo una sesión plena con el alcalde Calderón y varios de sus secretarios para hablar del Plan de Desarrollo, como aseguró César Cabrera, quien fue asesor externo de la autoridad municipal.

A las 2:40 p.m. Calderón todavía estaba en su despacho, los militares del Batallón Cazadores habían salido de la cabecera municipal a una operación en la vereda Alto Londres y 12 ediles empezaron la sesión en el Concejo junto con el secretario y una periodista que iba a grabar. A esa misma hora, una decena de guerrilleros de la columna móvil ‘Teófilo Forero’ del Bloque Sur desembarcaron desde el Río Guayas y se montaron en una camioneta Toyota Land Cruiser, recorrieron tres cuadras hasta el parque principal, pasaron al lado de la Policía, tumbaron una barricada, giraron en U y entraron el carro al Concejo con un arma instalada en la parte trasera.  

A todo el frente del parque principal se ubica la antigua casa donde sesionaba el Concejo y donde ocurrió la masacre. Foto: VerdadAbierta.com.

Los concejales Wilmer Lizcano, Horacio Chocué y Julio Casas treparon un muro para salir de la edificación. “A Wilmer le dio por llevar el niño ese día. Cuando entró la guerrilla, Ausencio lo cogió y se lo pasó al papá por encima del muro. Fue cuando a Ausencio lo bajaron de un tiro y luego lo remataron”, narra Celis, quien veía lo que pasaba desde la alacena en la que se escondió. Ella asegura que Luz Stella Puertas, quien tenía 8 meses de embarazo, se untó de la sangre de sus compañeros y se tiró donde pudo para hacerse pasar por muerta.

La periodista Leibnitz Collazos, hermana del concejal Gerardo, se metió con su hermano discapacitado al baño y se acostó sobre él para protegerlo. De la ráfaga, ella recibió varios disparos y a Gerardo le entró un tiro en el pecho. Según Celis, el guerrillero que se bajó de la camioneta, entró hasta donde ellos estaban para propinarle un tiro de gracia.

El ataque duró 15 minutos. Los escoltas de los ediles no reaccionaron y la Policía, cuya estación era a 20 metros de distancia, llegó 5 minutos después de que las Farc se fueron. En la masacre murieron los concejales Gerardo Collazos, Willard Villegas, Ausencio Olarte y Silvio Mesa, y el secretario Germán Rodríguez Carabalí.

El presidente de la corporación, Luis Enrique Sierra, resultó gravemente herido, al igual que Jhon Ferney Rosales mientras que los concejales María Luisa Celis, Luz Stella Puertas, Wilmer Lizcano, Julio Casas, José Horacio Chocué y Edilmer Castaño resultaron ilesos.

Casi de inmediato, la ONU declaró que esta masacre “demostró un total desprecio de los integrantes de las Farc-Ep por los principios y normas adoptados por la comunidad internacional para impedir la degradación del conflicto y la victimización de personas que no toman parte directa de las hostilidades” y afirmó que era una violación del Derecho Internacional Humanitario.

En la misma semana, el Ejército, la Policía y la Sijin se reunieron en un consejo de seguridad con las autoridades locales. El capitán Giovanni Velásquez del Ejército propuso que como medida de seguridad todos los hombres utilizaran la camisa por dentro.

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Por su parte, el alcalde Calderón manifestó que hubo fallas en la protección y le advirtió a la Fuerza Pública que si en el municipio no había seguridad, él se iba de Puerto Rico. Y es que desde que fue candidato las Farc lo amenazaron. A Calderón lo mataron en 2010 cuando ya había abandonado su cargo y era uno de los testigos de la muerte de los Turbay contra el exrepresentante a la Cámara Fernando Almario.

A raíz de la masacre, las autoridades impusieron toques de queda los viernes, sábados y domingos; trasladaron la Alcaldía para un lugar dentro de los cordones de seguridad y aceptaron el desplazamiento de los concejales sobrevivientes para que sesionaran desde Florencia. Luis Enrique Fierro y Julio Casas se exiliaron en Canadá. Este país ha recibido desde el 2000 a cerca de 200 personas de 20 familias diferentes de Puerto Rico, según las estimaciones de Gustavo Cabrera.

El mayor Ortiz estuvo en el Consejo de Seguridad pero en el acta no quedó registrada ninguna intervención suya. Un mes después, la Policía lo intercambió con el mayor Ricardo Alarcón, encargado de la seguridad en Florencia.

Perseguidos en la capital de Caquetá

La exconcejal María Luisa Celis revisa un archivo donde prensa en el que hablan de sus compañeros asesinados en la masacre. Foto: VerdadAbierta.com.Siete meses después de que la mayoría de los sobrevivientes llegaron a Florencia para ejercer sus cargos, los atentados se repitieron.

La Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios invitó a los concejales de todos los municipios de Caquetá, congresistas, funcionarios de la Gobernación y organizaciones civiles a una reunión el 25 de noviembre de 2005 en el hospital de Florencia para discutir la crisis del sistema de salud en todo el departamento.

Cuando los ediles de Puerto Rico ya estaban en el recinto, explotó una bomba que destruyó casi por completo el auditorio. Murió el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chairá y 19 personas quedaron heridas.

María Luisa Celis fue una de ellas. La exconcejal pidió reparación en la Unidad de Víctimas por los dos ataques y demandó a la Fuerza Pública por la ineficiencia de seguridad durante la masacre. Sin embargo, aún no ha ganado el proceso judicial.

Otros de sus compañeros también demandaron y sólo quienes se exiliaron ganaron los procesos ante la justicia. En el caso de Julio Casas, en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Caquetá fue contundente: “La zona de seguridad sólo simbólicamente producía efectos de ser segura, porque al primer y único ataque que le hizo la guerrilla, mostró en su plenitud las falencias del plan de acción coordinado, la falta de inteligencia y de acciones preventivas para evidenciar y develar el ataque que se fraguaba, la falta de control en el barrio Puerto Limón como clave en el obrar de la subversión”.

Por esa razón, en 2014 condenó al Ministerio de Defensa, al Ejército y a la Policía a pagar 100 salarios mínimos al exconcejal pues “pese a que el hecho fue de un tercero (grupo subversivo de las Farc), el mismo obedeció a la omisión por parte de las fuerzas del orden”.

En cuanto a la responsabilidad de las Farc, entre 2009 y 2011 la Fiscalía capturó a 9 guerrilleros presuntamente responsables de la matanza y sus procesos continúan. Actualmente, la masacre de los concejales de Puerto Rico es uno de los crímenes de connotación que ha investigado la Fiscalía y que ha reseñado en sus informes sobre la guerrilla. Estos podrían utilizarse en la justicia transicional que se acordó en La Habana.

A pesar de que un año después de la masacre, los homicidios contra alcaldes y concejales se redujeron un 90% e incluso entre 2009 y 2012 no mataron a ningún edil en todo Caquetá, las Farc siguieron amenazando para presionar políticamente y contrarrestar la ofensiva de la Fuerza Pública, según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia.

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En 2012, durante la conmemoración de los ocho años de la masacre, la comunidad se reunió con la Unidad de Víctimas para trazar la hoja de ruta del retorno . Foto: CNMH

El pasado 18 de abril se conmemoraron once años de la masacre de Bahía Portete perpetrada por paramilitares del bloque “Contrainsurgencia Wayuu”. Fue una fecha especial no solo por los rituales de esta comunidad indígena de La Uribia, Guajira, sino porque era la primera desde que las familias comenzaran a retornar masivamente a finales de 2014.

Provenientes de los municipios de Maicao y Maracaibo (Venezuela), desde el mes de enero las familias empezaron a construir de nuevo sus rancherías, a colgar los chinchorros y a reacomodar las pocas cosas que pudieron conservar. El retorno, sin embargo, no es un tema nuevo para esta comunidad. Pocos meses después del desplazamiento, en abril de 2014, pocas personas se atrevieron a regresar solo que de manera lenta, con retrasos e, incluso, amenazas. Para ese momento, el apoyo institucional era nulo.

Además, la masacre aún removía los malos recuerdos de los Wayuu; en especial el de las mujeres, pues cuatro de los seis muertos eran matronas de la bahía quienes fueron decapitadas y expuestas para causar terror en la ranchería. (Ver: La masacre de Bahía Portete)

Maria Luisa Moreno, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica, señaló que “las víctimas siguen a la espera de una acción contundente del Estado para reparar los daños ocasionados por la masacre”. No obstante, dice que el Departamento de Protección Social, DPS, contrató a 121 personas de la comunidad para la construcción de las enramadas y la limpieza del territorio, trabajo que solo duró hasta hace dos meses.

Las dificultades del retorno
Video del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Pero el regreso a Bahía Portete no solo ha tenido obstáculos institucionales y de orden público. También ha sido un asunto de disputas entre clanes. Varias familias asentadas aún en Venezuela le reconocieron a VerdadAbierta.com que, luego del retorno masivo a finales del año pasado, algunas personas están ocupando tierras que no les pertenecen.

Ante la problemática, María Luisa Moreno dijo que “son las mismas familias -y no las instituciones- las que deben trazar la ruta para encontrar salidas hacia la concertación desde su normatividad Wayuu”. La importancia que sean ellas mismas, radica en su tradición como etnia.

Cabe recordar que Bahía Portete ha sido una zona en disputa por guerrillas y paramilitares. Al igual que Urabá, funciona como puerto para la entrada y salida de mercancía de contrabando y, de paso, para el tráfico de armas. Hoy en día, tanto ‘Rastrojos’ como ‘Los Úsuga’ se disputan las riquezas de la bahía.

El atentado contra Carmen Fince es un ejemplo de la difícil situación de seguridad. Hace menos de un mes, en inmediaciones a la casa de su hija, dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta,  le dispararon en repetidas ocasiones. Salió ilesa pero el atentado confirmó las denuncias que por su seguridad venía haciendo ante las autoridades desde abril.

“Seguimos siendo la piedra en el zapato de mucha gente en la región, nos ven como un obstáculo para continuar con las actividades que realizan, lo cual nos pone nuevamente en riesgo”, comentó Carmen. Situación que se convierte en una alerta para los demás Wayuus: “si se ataca a los líderes del proceso, ¿qué se puede esperar que pase con nosotros?”, dijo Débora Barros,  integrante de la comunidad.

Por ahora, tanto Carmen como Telemina Fince, hermana de la líder, aseguraron que no hay vuelta atrás, que ya están de nuevo asentados como comunidad en el territorio y que se quedarán afrontando la situación “como lasmujeres verracas que somos. Le daremos la cara a la problemática para buscarle una solución”.

Se espera que el atentado contra la líder Wayuu sea una prueba contundente para obtener una pronta respuesta  por parte de las autoridades competentes. Del mismo modo, es necesario que, una vez se diriman las disputas entre los clanes, La Unidad de Víctimas continúe acompañando el retorno indígena a sus tierras.

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Las familias de nueve personas cuyos cuerpos fueron exhumados en mayo de 2013, por fin pudieron sepultarlos este fin de semana. En febrero del año 2000, luego de la masacre cometida por los paramilitares, los cuerpos fueron enterrados en cinco fosas comunes que el CTI de la Fiscalía había exhumado días después de la tragedia, y que volvió a inhumar de inmediato, dado que no había condiciones para entrega. En 2013 volvieron a ser exhumados para entregarlos con toda dignidad, pero solo hasta este fin de semana se logró hacerlo. Algunos cuerpos tienen piezas óseas perdidas, lo cual creo un gran malestar entre la comunidad. Por eso mismo la Fiscalía pidió perdón:  

“Pido perdón por no haber dimensionado la magnitud de su tragedia, por no haber comprendido el dolor, por lo que se hizo mal hace 15 años, por lo que hicimos a medias, por lo que dejamos de hacer durante tantos años, y les pido perdón por llegar al extremo de sugerir que era de ustedes la responsabilidad de parte de la pérdida de los cuerpos”, afirmó el coordinador de la Dirección Nacional de Justicia Transicional, Héctor Eduardo Moreno, durante su intervención en las exequias.  

La ceremonia transcurrió en medio de una gran solemnidad en la Iglesia de este corregimiento, a solo unos pasos de la cancha donde ocurrió la masacre. Por parte de las víctimas, Ladis Redondo Torres leyó una carta en la que aseguraba que sin justicia no habrá paz, y que hasta que no se conozca por qué ocurrió la masacre, quiénes financiaron a los paramilitares, qué políticos estaban detrás de esto, ella y el resto de campesinos de El Salado, no descansarán. “Hoy por fin parimos, pero aún faltan pujos”, agregó.

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Los paramilitares del Frente Pivijay destruyeron las casas de Salaminita. Hoy solo quedan algunas planchas de cemento. Foto: Comisión Colombiana de Juristas.

A 20 minutos de Fundación, sobre la carretera que conduce a Pivijay, en Magdalena, se creó en los años 80 un corregimiento llamado Salaminita. A lado y lado de vía se alzaban dos hileras con 49 casas, había centro salud y colegio, y en la zona rural decenas de predios que el entonces Incora había adjudicado a campesinos. Hoy quien pasa por la vía no ve nada, el piso de cemento de algunas casas es el único recuerdo que queda de este pueblo.

La violencia del Frente Pivijay, una facción paramilitar que hizo parte del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), destruyó este caserío habitado por 211 personas. El 7 de junio de 1999 Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias ‘Esteban’, ordenó la muerte de tres pobladores, el desplazamiento masivo del corregimiento y días después llevó un par de retroexcavadoras para derribar las casas. Hoy las tierras pertenecen a ganaderos de la región que las tienen cercadas.

El pasado 7 de junio, 200 de los antiguos pobladores, muchos de ellos familiares entre sí, retornaron a lo que fue Salaminita. Llegaron desde todos los rincones de la Costa Caribe, caminaron por la carretera que divide el pueblo y oficiaron una misa recordando a las decenas de muertos que dejó la llegada de los paramilitares. “Invitamos a la Defensoría del Pueblo, a la Unidad de Víctimas, a la Alcaldía local de Pivijay, pero nadie fue. Nosotros queremos que nos tengan en cuenta, ya está bueno tanto abandono”, aseveró una de las personas que organizó el evento.

Si bien en este momento la Unidad de Restitución de Tierras adelanta dos reclamaciones (una de la zona urbana y otra de la rural) ante los jueces especializados de restitución, los pobladores sienten que el resto de las entidades del Estado no los han acompañado. “No estamos en medio del monte, a nuestro pueblo lo atravesaba una carretera nacional. No puede ser que se desaparece de repente y a nadie le interese reconstruirlo”, se lamentó el familiar de una de víctimas de la masacre.

La tragedia que arrasó un pueblo
El pasado 7 de junio fue la primera vez que se reunió nuevamente todo el pueblo. Más de 200 pobladores asistieron al acto de conmemoración de la masacre. Foto: Ricardo Cubides.

Entre la década de los 50 y 70, llegaron cerca de 70 familias a estas tierras que hacen parte del municipio de Pivijay. El centro poblado se construyó sobre baldíos y tras largas disputas, en 1980 lograron que el antiguo Incora les adjudicara a los campesinos predios enla parte rural, compuesta por la vereda el Jardín y La Suiza. Allí cultivaron yuca, plátano, maíz, ajonjolí, la cría de cerdos y la ganadería en pequeña escala.  En 1986, Salaminita fue erigido como corregimiento.

Los pobladores recuerdan que tenían un puesto de salud, postes eléctricos, un colegio con seis profesores y estaban gestionando la construcción de una iglesia, de la que hasta ahora solo tenían la virgen. “Era un pueblo muy calmado, todos nos queríamos y muchos éramos familia. Nos prestábamos los caballos, los burros y uno desde lejos sabía quién era quién”, contó uno de los antiguos pobladores.

En el corregimiento, el Bloque Caribe de las Farc y el Frente Domingo Barrios del Eln hacían presencia esporádica. La Fiscalía documentó que a finales de los 90 ganaderos de Pivijay se contactaron con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, para financiar grupos paramilitares y en mayo de 1999 se creó el Frente Pivijay.

El 7 de junio de 1999, a Salaminita llegaron en camionetas 30 paramilitares al mando de alias ‘Esteban’, el mismo que en noviembre de 2000 dirigió la masacre de Nueva Venecia, donde murieron 39 personas. Los ‘paras’ obligaron a todos los pobladores a reunirse en una tienda del pueblo, pararon las flotas que en ese momento transitaban por la carretera y bajaron a sus pasajeros para que todos vieran el asesinato de tres pobladores.

Alias ‘Esteban’ dijo que se trataba de supuestos colaboradores de las Farc y ordenó que les dispararan en frente de sus familiares, vecinos y amigos. Las víctimas, que estaban sentadas en un tronco con las piernas atadas, fueron María del Rosario Hernández, quien durante doce años había sido la inspectora del pueblo, y dos jóvenes, Oscar Barrios y Carlos Cantillo.

La muerte de María de Rosario impactó a la comunidad. “Fueron tiempos espantosos, uno no sabía lo que podía pasar, si ya habían matado a la inspectora qué podía quedar para nosotros, en lo único que pensábamos era para donde podíamos irnos”, recordó uno de los pobladores.  

Todos coinciden en que a Hernández, que para la fecha tenía 48 años,  la mataron por alertar a las autoridades sobre decenas de cuerpos que los paramilitares estaban arrojando al borde de la carretera. Sus denuncias no siempre fueron escuchadas, en ocasiones nadie llegaba a recoger los cadáveres hasta que la propia inspectora tenía que llevarlos hasta la morgue.

Irónicamente, lo mismo sucedió el día de su asesinato. Aunque el hecho fue informado a las autoridades de Fundación, nadie hizo el levantamiento de los cuerpos. La gente del pueblo recogió el cadaver de María del Rosario y el de Óscar Barrios, pero no el de Carlos Cantillo, que era un jornalero no muy conocido por la comunidad. Su cuerpo duró tres días en el centro del pueblo hasta que la Cruz Roja vino por él.

El día de la masacre todos los pobladores salieron huyendo, la mayoría hacía los cascos urbanos de Fundación y Pivijay. Los paramilitares se robaron el sistema de electrificación, el techo del colegio, los muebles del puesto de salud, los paneles y enseres de las casas, vaciaron las tiendas, pero lo que más le dolió a los pobladores, fue el hurto de la Virgen.

A los pocos días, alias ‘Esteban’ contactó a la comunidad y les pidió que regresaran, pero por temor decidieron no hacerlo. Como una forma de venganza, el exjefe paramilitar llevó un par de retroexcavadoras y ordenó tumbar todas las casas. En versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz, Daniel Velázquez Madera, un paramilitar del grupo conocido con el alias de ‘José Cabezón’, contó: “después de la incursión, el pueblo quedó solo, en varias ocasiones nosotros nos quedamos ahí y pasamos varios días. En la vía se hizo un hueco, por lo que alias ‘Esteban’ ordenó tumbar unas casa para tapar ese hueco y además porque decía que ahí se podía esconder la guerrilla”.

A los pocos habitantes de la zonarural que se negaron a salir los amenazaron o los mataron en los meses siguientes. Todos recuerdan que el 23 de agostos de 2000, más de un año después de la masacre, asesinaron en su finca y enfrente de su familia a los señores Antonio Araque Bolaños y María Eloísa Gutiérrez, una pareja de la tercera edad que se había negado a abandonar su tierra porque aseguraban que era lo único que tenían.

Poco a poco Salaminita se convirtió en lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) define como un pueblo arrasado. “La estrategia de tierra arrasada consiste en el ejercicio de la violencia que no solo aniquila a las personas sino que destruye el entorno material y simbólico de las víctimas. De esta manera, el territorio se vuelve inhabitable por la propagación de las huellas de terror, lo que fuerza el éxodo de la población”, dice en el informe ¡Basta Ya!

El enredado retorno
En la Unidad de Restitución, 36 familias que vivían en casco urbano denunciaron que las despojaron de sus casas, lo mismo hicieron 16 campesinos de la zona rural. Foto: Ricardo Cubides.

“Ya varios han muerto, pero después de reunirnos todos y volver al pueblo uno queda con la sensación de que no se quiere morir sin ver otra vez ese pueblo que tanto queremos”, dijo a VerdadAbierta.com una víctima que asistió al acto de conmemoración.

Para retornar, las víctimas iniciaron un proceso de reclamación ante la Unidad de Restitución de Tierras acompañadas por la Comisión Colombiana de Juristas. El pueblo hoy le pertenece a dos terratenientes conocidos en la zona: el área al sur de la carretera es de Adolfo Díaz Quintero y el costado norte de Vicente Rueda.

En versiones libres dentro del proceso de Justicia y Paz, los exparamilitares han dicho que estos ganaderos llegaron a financiar al grupo armado.  “Esa reunión se hizo en La Zulia, allí estuvieron Vicente Rueda Guarín, Adolfo Díaz Quintero, Gustavo Pabón, otros que no recuerdo el nombre, a ellos los recuerdo porque posteriormente hubo otras reuniones a donde ellos iban y el señor Adolfo Díaz era muy amigo del grupo autodefensas, inclusive ellos contribuían a la causa de las Auc con dinero y con información”, dijo Daniel Velásquez Madera, refiriéndose a una reunión que tuvo lugar días antes de la masacre.

Los pobladores del casco urbano alegan que dadas las condiciones de seguridad, vendieron los terrenos de sus casas en valores entre los $100 mil y $150 mil pesos. Algunos nunca vendieron, pero sus propiedades quedaron incluidas en las fincas de los terratenientes, lo mismo ocurrió con la escuela y el centro de salud. 38 familias están reclamando sus casas y se espera que en los próximos meses se conozca el fallo de un juez.

En la zona rural, aunque los terratenientes pagaron mejores precios, los pobladores dicen que vendieron bajo presión porque sabían que no podían vivir más en Salaminita y porque a quienes se negaron a vender los mataron. Hoy, 16 familias reclaman los predios, pero denuncias de los opositores en contra de las víctimas han dilatado el proceso. El caso está ahora en manos de la justicia.

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Pese a la importancia del evento, la asistencia fue escasa. Aparte de los familiares de las siete víctimas y los militares, acudieron algunas instituciones locales. Foto: VerdadAbierta.com.

Las heridas que produjo la masacre del Naya aún no se cicatrizan en las comunidades de esa región montañosa entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Su dolor se remonta a la Semana Santa de 2001, cuando alrededor de 220 paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) incursionaron desde la zona rural del municipio caucano de Buenos Aires y durante varias semanas realizaron un recorrido de sangre en el que asesinaron y desaparecieron a quienes se encontraban a su paso, señalándolos arbitrariamente de tener nexos con la subversión.

Durante sus versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz, varios desmovilizados de esa facción armada confesaron que contaron con la complicidad de algunos miembros de la Fuerza Pública para efectuar la arremetida, que incluyó el destrozo de propiedades, amenazas de muerte contra varios pobladores de esa inhóspita región y el desplazamiento forzado de miles de campesinos, afrodescendientes e indígenas. (Ver: Los orígenes de la masacre del Naya)

A partir de esa cruenta incursión armada, la vida de las comunidades se fracturó, sus víctimas han tenido que sortear toda clase de obstáculos para tratar de reconstruir sus vidas y desde hace varios años libran múltiples batallas judiciales para evitar que reine la impunidad. Una de ellas la dieron siete familias, acompañadas por la organización de derechos humanos Minga, que lograron que el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión de Popayán, además de reconocerles indemnizaciones por los daños sufridos, le ordenara al Ejército que les pidiera perdón en un acto público por su “omisión” con relación a la masacre del Naya. La sentencia fue dictada el 4 de septiembre de 2013.

Para cumplir con ese mandato, casi dos años después de la decisión, el Ejército hizo este miércoles una audiencia pública en el parque central de la cabecera municipal de Buenos Aires. El encargado de pedirles perdón a los familiares de Evelio Guetio Guetia, Alexander serna Quina, Audilio Rivera, Calletano Cruz,  Guillermo León Trujillo, Henry Aponzá y Wilson Casos Guetio, fue el teniente coronel William Suárez Correa, quien es el actual comandante del Batallón Pichincha con sede en Cali.

El comandante del Batallón Pichincha durante su intervención. Los familiares de las víctimas ubicaron afiches y mensajes alusivos a sus seres queridos. Foto: VerdadAbierta.com.

Durante una intervención, que duró seis minutos, el oficial del Ejército les pidió perdón a los familiares y explicó que con ese acto simbólico querían contribuir al honor y a la memoria de las víctimas, y de paso a la reconstrucción de Colombia. “Con esto queremos reconocer los errores cometidos por algunos malos procedimientos que en algún momento mancillaron el buen nombre de todo el Ejército. Actos como los ocurridos en el mes de abril del año de 2001 sobre el Alto Naya, municipio de Buenos Aires, Cauca, son inconcebibles”, manifestó Suárez.

Igualmente, le pidió a los familiares de las víctimas y al resto de la sociedad, que retomen la confianza en las Fuerzas Militares y dijo que esta clase de atropellos no se volverán a repetir. “Es una obligación moral de nosotros, como Fuerza Armada, disponer de todos los medios, para que se dé una garantía de no repetición, y esas medidas ya se han venido tomando. Por eso hoy podemos mirarlos a los ojos y asegurarles que por parte de sus Fuerzas Militares nunca volverán a sufrir un flagelo como el que han pasado”, concluyó el comandante del Batallón Pichincha.

Víctimas, insatisfechas
Tras la intervención del oficial, tomaron la palabra tres víctimas que dejaron ver su descontento por la manera en que se realizó la ceremonia de petición de perdón. El primero fue un pariente de Evelio Guetio Guetia, quien pidió que se limpiara el buen nombre de su ser querido y de los demás muertos en la masacre, todos ellos tildados por algunos medios de comunicación como guerrilleros y narcotraficantes. “Él tenía 16 años, cuidaba a mi papá y se fue a trabajar al Naya para ayudarle. No era ningún guerrillero como se dijo”, declaró con dolor.

A continuación tomó la palabra Lisina Collazos, la gobernadora del resguardo indígena que crearon los desplazados que se asentaron en Timbío tras vagar por diferentes ciudades, el cual fue bautizado como Kitek Kiwe, que significa tierra floreciente en lengua Nasa (Ver: Kitek Kiwe, el resguardo que floreció tras la masacre de El Naya). A pesar de su corta estatura, la gobernadora habló con fuerza y cuestionó la jornada. El centro de sus críticas fue la logística del evento, pues las víctimas tuvieron que poner dinero para asistir a Buenos Aires y por esa razón no pudieron acudir todas; asimismo, cuestionó que el evento se realizara sólo para las siete familias que reconoce la sentencia.

La gobernadora de Kitek Kiwe durante su crítica intervención. Foto: VerdadAbierta.com.

“Yo quería ver a la comunidad en pleno para que conociera de las disculpas y de la petición de perdón. Me da pena decirlo, pero fue una falta de logística, porque yo digo: si el mismo Ejército se prestó para prestar camiones, chivas y carros para mandar los paramilitares a los territorios, ahora cómo no iba a haber una chiva o un bus para traer a las víctimas. Son sinsabores que le quedan a una”, dijo con indignación. Las palabras de la líder indígena están relacionadas con las confesiones de los desmovilizados del Bloque Calima, quienes en sus versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz confesaron que contaron con la ayuda de miembros de la Fuerza Pública para movilizar parte de su tropa desde el centro de Valle del Cauca hasta el municipio caucano de Buenos Aires. (Ver: Los militares y la masacre del Naya)

Para la gobernadora, la jornada se hizo “por el solo hecho de cumplir ese parrafito que está al final de la sentencia”. Ella esperaba que estuvieran “las fotos de todos, que se dijera quién era la persona y qué hacía. Que hubiera acompañamiento de un psicólogo y estuviera un médico tradicional armonizando la ceremonia. Eso algún día se debe hacer”, le dijo a VerdadAbierta.com al finalizar el evento.

Además, esperaba respuestas satisfactorias sobre los cómplices de los paramilitares. “Por lo menos que el Ejército dijera quiénes han sido condenados, retirados del servicio o ya están pagando alguna sanción. De eso no se dijo nada y solo se cumplió con lo ordenado por la sentencia. Nosotros siempre hemos anhelado que se esclarezca quiénes fueron los cómplices de los paramilitares”, agregó.

En el proceso de Justicia y Paz resultaron salpicados por supuestos nexos con los paramilitares el general (r) Francisco René Pedraza, entonces comandante de la Tercera División del Ejército; el coronel (r) Tony Alberto Vargas Petecua, adscrito al Batallón Pichincha; el capitán (r) Mauricio Zambrano; la esposa de un cabo que fue señalada de suministrarles uniformes y material de intendencia; y otros miembros de la Fuerza Pública.

Un defensor de víctimas le explicó a VerdadAbiera.com que el general y el coronel están vinculados a la investigación y que su proceso se encuentra en etapa de instrucción, mientras que los de la esposa del cabo y del capitán Zambrano están más avanzados. Por esta razón, las víctimas consideran que hay impunidad y no entienden por qué el proceso no avanza pese a las confesiones de los paramilitares.

La comunidad del Naya pide justicia para todas las víctimas de la masacre de 2001. Argumentan que las víctimas son mucho más de las que han establecido las autoridades. Foto: VerdadAbierta.com.

Otra queja recurrente en el caso de la masacre del Naya es que no están identificadas ni vinculadas a procesos de justicia y de reparación todas las víctimas de la incursión paramilitar. Según testimonios de los sobrevivientes, el número de víctimas mortales puede ser superior a 100 porque los paramilitares arrojaron a ríos y precipicios a varias personas; sin embargo, la justicia sólo ha identificado a 24. Por eso en la audiencia del Ejército pidieron que se tengan en cuenta a todas las víctimas y que se les preste una reparación integral. (Ver: La masacre del Naya según la Fiscalía)

Al terminar la breve y poco concurrida ceremonia, los familiares de las víctimas sembraron árboles en memoria a sus seres queridos en los costados de la vía que conduce al cementerio. Varias de ellas consultadas por VerdadAbierta.com, y quienes pidieron mantener en reserva su identidad porque aún sienten temor, coinciden en que no les debieron pedir perdón de esa manera y se quedaron esperando mucho más por parte del Ejército.

Como acto simbólico, los familiares sembraron un árbol en memoria a sus seres queridos. Foto: VerdadAbierta.com.

“La jornada no estuvo a la altura. Sentí mucha soledad, me pareció quela indiferencia reinaba. Debimos tener un mejor recibimiento, porque cuando ocurrió la masacre, todo el mundo estaba presente para ver quién cayó; y qué pesar que ahora que limpiamos el nombre de nuestros seres queridos, parece que no ha pasado nada. Para mí es un perdón muy vano y necesitamos más sinceridad”, aseguró la familiar de una de las víctimas del Naya que vivía en Santander de Quilichao y que se marchó a esa región en busca de mejor fortuna, pero encontró la muerte a manos de los paramilitares que se movieron sin mayores restricciones por diferentes municipios de Valle y de Cauca.

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El 13 de abril del 2000 paramilitares del Bloque Montes de María asesinaron a 13 miembros de una comunidad evangélica en el corregimiento de Hato Nuevo en el Carmen de Bolívar, entre ellos el pastor de la iglesia. 15 años después un sobreviviente narra los hechos que causaron el desplazamiento de casi toda la población.

“Sobreviví a la masacre porque ese día me encontraba trabajando en Caravajal, una vereda cerca de Hato Nuevo. Mis primos, los sobrinos e hijos de mis primos y el yerno de mi primo murieron. Fue muy duro porque antes teníamos una vida llena de oportunidades. Trabajábamos tranquilos y teníamos todo para salir adelante. Vivíamos bien. Con mi familia criábamos ganado, también comercializábamos yuca y maíz. Ese era nuestro sustento.

Recuerdo que la primera persona que cayó fue José María Benítez, quien tenía una tiendita en la que vendía todo tipo de víveres, y con la cual sustentaba a su familia. Los paramilitares llegaron a su negocio ese 13 de abril del año 2000 dizque a comprarle una que otra cosa, pero no fue así. Ellos llegaron directamente a matarlo. Ahí empezó la tragedia.

Después mataron a Wiston Torres, el pastor de la iglesia cristiana del pueblo, quien desde muy niñito estuvo entregado a su religión. Él nunca tuvo problemas con nadie. Lo que dicen es que él reconoció a unos de los paramilitares y por eso lo mataron. Ahí mismo, también acabaron con la vida de Marta Benítez.

De esa tienda se llevaron a Alejandro Díaz y a Edwin Miranda, conocido como ‘Tito’, quienes vivían cerca de ese negocio. A ellos los mataron por Tailán, una vereda que queda lejos de Hato Nuevo. Unos familiares, amigos y yo recogimos sus cuerpos porque en ese momento a la Policía le daba miedo entrar a la zona por la situación que se estaba presentando.

Los paramilitares salieron de Tailánhacía el monte y se encontraron con un muchacho llamado Armando Catalán. A él se lo llevaron, pero no le hicieron nada. No lo mataron porque no mostró miedo de ninguna culpabilidad, por eso lo soltaron, pero bien lejos, como por los lados de los Montes de María. En el pueblo pensábamos que lo habían matado, pero apareció a los dos días de la masacre.

Estos hombres armados a donde llegaban quemaban viviendas y desplazaban a toda la gente del pueblo. Después de que sucedió todo, los paramilitares nunca volvieron, pero nos seguían amenazando. Nos llegaban panfletos que decían que nos iban a matar si nos quedábamos en Hato Nuevo. Además, con Armando, nos mandaron a decir que nos alejáramos de nuestras tierras porque ellos estaban dispuestos a acabar con todo lo que estuviera en la región.

Nuestro pueblo era muy alegre. Lo que más nos gustaba era hacer deporte y nos interesaba mucho la política y el comercio. Ahora estamos en una situación precaria, perdimos la mayoría de nuestras cosas. Nosotros nunca nos enteramos por qué cometieron esta masacre. Somos unas personas de bien. Mis familiares y amigos asesinados no tenían  problemas con ninguno. Todavía me pregunto por qué murieron tan miserablemente.

En Hato Nuevo más nunca volvió a pasar nada, pero ahora somos un pueblo fantasma porque todos, desde el 14 de abril del año 2000, desalojamos nuestras tierras por miedo a que otra cosa parecida fuera a suceder. En nuestra vereda solo quedan cuatro viviendas, nunca más volvió a levantarse una iglesia ni ningún otro negocio. Se acabó todo. Unos habitantes cogieron para Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y otros para la Guajira.  La gente nunca más volvió.

Nosotros luchamos mucho por nuestras tierras y por ayuda económica, pero nunca recibimos apoyo por ningún lado. Ahora yo vivo en la vereda Mala Noche, con mis viejos y mi señora. Gracias a Dios todavía puedo levantarme con fuerzas para hacer de todo y rebuscarme la platica para poder sostenerlos y velar por ellos”.

Esta victima relató su historia al proyecto Rutas del Conflicto usando la herramienta Tu memoria cuenta.

Yo sobreviví al conflicto es un proyecto de periodismo testimonial y participativo que le da continuidad a las Rutas del Conflicto, proyecto de Verdad Abierta y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y que busca que las víctimas cuenten su propia historia sobre hechos poco visibles. Usted puede mandar su testimonio a Tu memoria cuenta www.rutasdelconflicto.com o al correo verdadabierta@gmail.com.

Haga clic en la imagen para conocer más de esta masacre

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El general (r) Fabio Castañeda fue vinculado nuevamente con la masacre de El Nilo y se entregó para responder al llamado de la Justicia. Fotos: archivo Semana

En la noche del pasado martes el general (r) Fabio Alejandro Castañeda y el mayor (r) Jorge Enrique Durán se entregaron en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de la Policía para ponerse a disposición de la justicia luego de conocerse una orden de captura en su contra por hechos relacionados con la masacre de El Nilo, ocurrida el 16 de diciembre de 1991 en Caloto, Cauca. (Lea: La masacre de El Nilo)

Ese día fueron masacrados 20 indígenas de la comunidad Nasa -anteriormente conocida como Páez- que se habían tomado por las vías de hecho la hacienda El Nilo, considerada territorio ancestral, en busca de que el Estado se la comprara a sus propietarios y, posteriormente, se las titulara, como ya habían hecho antes en el norte de Cauca. (Lea: La sangre que recuperó las tierras de los Nasa)

De acuerdo con lo consignado en el expediente judicial, “en horas de la noche del 16 de diciembre de 1991, varios hombres fuertemente armados arribaron a la casa principal de la Hacienda El Nilo, ubicada en el corregimiento El Palo del municipio de Caloto (Cauca), habitado por un considerable grupo de indígenas paeces pertenecientes al Resguardo Guataba, y tras incendiar sus viviendas y ubicar a los líderes de la comunidad, los obligaron a tenderse en el piso, para, enseguida, dispararles ráfagas de fusil y causarle la muerte”.

Tras las recientes decisiones de la justicia y la entrega de los oficiales retirados, los indígenas del norte del Cauca esperan que “por fin” se haga justicia. Orlando Güetia, consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), cuestiona que después de 23 años todavía no se sepa quiénes son los actores intelectuales de la masacre.

“Sabemos que hubo miembros de la Fuerza Pública, hacendados y paramilitares involucrados, pero pedimos que se encuentren a los autores reales de los hechos: este fue un hecho que involucró a muchos sectores de la sociedad”, le dijo Güetia a VerdadAbierta.com.

Desde que ocurrió la masacre, los indígenas han señalado que en ella participaron miembros de la Fuerza Pública, hacendados, narcotraficantes y paramilitares. Inicialmente, Castañeda y Durán fueron procesados por la justicia ordinaria, pero su caso fue remitido al Tribunal Superior Militar, donde fueron absueltos el 26 julio de 1999. No obstante, el 20 de agosto del año pasado, la Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Eyder Patiño Cabrera, anuló ese fallo y ordenó que se reabriera el caso desde la etapa de instrucción. ( Descargue el fallo de la Corte en PDF)

Esa decisión de la Corte Suprema surgió a raíz de una demanda de revisión del fallo de la Justicia Penal Militar que presentó el 4 de febrero de 2011 la Procuraduría General de la Nación. Varias fueron las razones por las que la Corte decidió reabrir la investigación, entre ellas que el Estado no cumplió la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hacer una investigación a fondo; que el proceso pasara a la Justicia Penal Militar pese a que un fiscal de Derechos Humanos dictara resolución de acusación contra los dos oficiales previamente; y que la jurisdicción militar “no garantizó los estándares constitucionales de investigación y juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos”.

Por otro lado, semanas previas a la anulación de la Corte Suprema, el Consejo de Estado condenó a los dos oficiales, les ordenó indemnizar a los familiares de las víctimas y compulsó copias para que la Fiscalía reabriera la investigación. En su fallo, este tribunal le dio credibilidad al testimonio de dos hombres que confesaron su participación en la masacre, quienes declararon que en ella actuaron el entonces capitán Castañeda y varios de sus subalternos. Para la fecha de los hechos Castañeda era capitán de la compañía antinarcóticos destacado en el municipio de Santander de Quilichao. 

El general (r) Castañeda, quien hasta hace dos años estuvo al frente de la comandancia de la Policía Metropolitana de Cali, siempre ha defendido su inocencia y dijo que en el momento de los hechos estaba en Santander de Quilichao en una novena navideña.

Las peticiones de los Nasa
Las comunidades indígenas del norte del Cauca quieren vivir en paz en sus territorios y piden que cese la violencia. Según sus cuentas, más 600 miembros de su comunidad han perdido la vida en masacres y asesiantos selectivos cometidos por actores armados. Foto: VerdadAbierta.com.

Esneider Gómez, exgobernador del resguardo de Toribío y consejero de la Acin, además de pedir que se procesen a los autores intelectuales de la masacre, pide una fuerte sanción para los dos oficiales retirados de la Policía. “Ya que no los podemos juzgar nosotros, esperamos que la Justicia sea coherente y les caiga todo el peso de la Ley; el dolor de 20 familias pide justicia”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Además de la falta de justicia, los indígenas del norte del Cauca también han sido víctimas del incumplimiento del Estado para su reparación. En 1997 los Nasa conciliaron con el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llegaron a un acuerdo que contiene cinco puntos. El Estado se comprometió a entregarles 15.600 hectáreas en cinco años; a apoyar sus planes de vida; a procesar a los actores intelectuales de la masacre; a garantizar la no repetición de estos hechos violentos; y a reparar integralmente a las familias de las 20 víctimas.

El consejero Güetia explicó que el primer punto se cumplió a medias porque sólo hasta el año pasado, y luego de fuertes presiones y manifestaciones por parte de la comunidad, el Estado terminó de entregarles las hectáreas acordadas. Al respecto, el exgobernador Gómez considera que el Estado les sigue incumpliendo y que en medio de ese proceso de reparación les causó un gran problema porque les otorgó una finca que pertenecía a una comunidad afrodescendiente. Ese incidente llevó a las dos comunidades a enfrentarse a muerte. (Lea: Un error del gobierno los enfrentó, ahora afros e indígenas se reconcilian)

Las comunidades llegaron a un acuerdo y los indígenas les entregaron la finca a los afrodescendientes a cambio de que el Estado les diera otras tierras en Caquetá y les ayudara a reubicar a 17 familias. “Confiamos en el Estado y nos incumplió. No nos han dado las tierras y no nos han ayudado con las casas para las 17 familias que ahora están en Barrancón”, explicó Gómez, quien lideró esa negociación por parte de los indígenas.

Gabriel Paví, el actual gobernador del resguardo de Toribío, lugar en el que nacieron los 20 indígenas asesinados en El Nilo, afirma que el Estado les falló en apoyar sus planes de vida, en procesar a los actores intelectuales y en protegerlos de más hechos violentos. “Después de la masacre de El Nilo vinieron las de El Naya, Gualanday, San Pedro y otras. Ese es uno de los incumplimientos que más nos duelen porquecientos de mayores y guardias indígenas han perdido la vida por una guerra ajena en nuestro territorio”, dijo Paví. Según cifras de la Acin, desde 1999 han sido asesinados más de 600 indígenas en el norte del Cauca.

Sobre la reparación a los familiares de la víctimas también hay reparos. Los líderes indígenas afirman que el Estado no les dio una reparación integral y cuestionan que a la fecha todas las familias no hayan sido indemnizadas. El consejero Güetia explicó que solo 12 familias fueron indemnizadas y las ocho restantes no recibieron indemnización alguna.

Pese al incumplimiento del Estado y a la lentitud de la Justicia, los Nasa ven en la reapertura del proceso contra los oficiales Castañeda y Durán la oportunidad de encontrar la verdad y la reparación que les ha sido tan esquiva durante décadas. Este es uno de los hechos que más les duele e indigna, porque como lo dijo alguna vez Feliciano Valencia, uno de los líderes más visibles de esa comunidad, “con esa masacre nos inauguraron la Constitución Política de 1991, la cual reconoció los derechos por los que peleamos durante tantos años”.

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