El fallo en primera instancia, dictado el 23 de julio de 2025 por el Juzgado Sexto Penal de Antioquia,  halló culpable a varios exdirectivos de Chiquita Brands de haber financiado y auspiciado al Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), entre 1996 y 2004. La sentencia se dio después de que en 2007 la empresa aceptara en Estados Unidos haber realizado más de cien pagos ilegales por 1,7 millones de dólares, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que allá se le impusiera una multa de 25 millones de dólares.

La sentencia advierte que la financiación de grupos armados no constituye un delito común, sino una agresión indirecta contra el Estado y la paz social. Según el fallo, este tipo de conductas “no solo afecta la seguridad pública como bien jurídico, sino la integridad de los ciudadanos colombianos”. Además, resalta que los recursos entregados a las AUC contribuyeron a prolongar su capacidad operativa y, con ello, el riesgo de nuevos crímenes.

Por esa razón, el tribunal consideró que la sanción debía tener un efecto ejemplarizante.  “La necesidad de la pena, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la retribución justa, demanda una sanción cuyo mensaje disuada a otros empresarios, políticos o personas con posición de autoridad de incurrir en este tipo de ilícitos”, dice la sentencia.

La jueza Diana Lucía Monsalve respaldó en su fallo lo que durante años han sostenido víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y antiguos comandantes paramilitares: que las asociaciones conocidas como Convivir —creadas inicialmente con respaldo legal— fueron instrumentalizadas por estructuras de las AUC para blanquear los pagos hechos por Chiquita Brands. La Fiscalía demostró que, entre 2001 y 2004, se realizaron al menos 18 transferencias a estas organizaciones por una suma superior a los 1.400 millones de pesos. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

La sentencia condenó los exgerentes generales de Banadex S.A.: el estadounidense Charles Dennis Keiser, quien ocupó ese cargo entre 1990 y 2000; el costarricense José Luis Valverde Ramírez, entre 2000 y 2002; y el colombiano Álvaro Acevedo González, quien estuvo al frente de la gerencia entre 2001 y 2004.

La decisión judicial también cobija a los colombianos Reinaldo Elías Escobar de Hoz, exrepresentante legal de la empresa entre 1994 y 1998, y Víctor Julio Buitrago Sandoval, exjefe de seguridad. A ellos se suman los excontralores de la bananera: John Paul Olivo, ciudadano estadounidense que ejerció el cargo entre 1996 y 2001, y el hondureño Fuad Alberto Giacoman Hasbún, quien lo sucedió entre 2002 y 2004. (Leer más en: Los nuevos papeles de Chiquita Brands)

Así Chiquita Brands financió el paramilitarismo

Los hechos por los que se juzgaron a los exdirectivos sucedieron entre 1996 y 2004. El proceso se inició luego de que en 2005 un veterinario reportó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que varios sectores de la industria bananera en Urabá estaban entregando a las AUC tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Esta denuncia hizo que comenzara el proceso judicial que avanzó con lentitud durante casi dos décadas.

Con el desarrollo de la investigación, las autoridades identificaron el esquema mediante el cual se canalizaban los recursos hacia el grupo paramilitar. Los empresarios realizaban los pagos a las asociaciones Convivir en Urabá, organizaciones que, según el expediente, estaban fundadas, dirigidas e integradas por miembros de las AUC. Los recursos, en consecuencia, terminaban en manos del Bloque Bananero bajo el mando de Raúl Emilio Hasbún. De acuerdo a lo que se ha revelado en sentencias anteriores, el esquema tuvo participación directa de ejecutivos del sector.

El fallo judicial señala que en el caso de Chiquita Brands y Banadex, los pagos se realizaron a pesar del contexto de violencia y de las dudas sobre su legalidad. “A pesar de conocer la situación de orden público, del clima de violencia y muerte en la zona y de las sospechas sobre la legalidad de los pagos, se hicieron de la vista gorda. Primero, amparados en los avales de la Gobernación y el Ejército, y, segundo, porque parece que la ley colombiana era irrelevante para una multinacional americana”, se lee en la sentencia.

Sobre este punto, Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), le dijo a VerdadAbierta.com que la empresa ya había admitido su responsabilidad en instancias internacionales: “La propia compañía había celebrado un acuerdo de culpabilidad donde admitía que esos pagos se habían realizado. Es decir, la existencia de los pagos casi que son incuestionables”.

Escobar explicó que la defensa intentó argumentar que los pagos no se hicieron de forma voluntaria o que se trataba de contribuciones a cooperativas de seguridad legalmente autorizadas. Sin embargo, insistió en que “se desconocía el carácter instrumental de estos grupos en relación con los paramilitares”. Y añadió que Chiquita ya había reconocido públicamente que financió a las AUC a través de ese acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Una decisión para la verdad

Pese al acervo probatorio y a la condena en primera instancia, el futuro judicial del caso es incierto.

El abogado del Cajar advierte que si  la sentencia es apelada ante el Tribunal Superior de Antioquia y va a casación, el caso podría prescribir antes de que se agoten todos los recursos.  El abogado explica que el proceso se adelantó bajo un régimen procesal que no contempla la suspensión del término de prescripción por la interposición del recurso de casación.

“El panorama frente a la prescripción es gris, porque hay algunos casos que podrían prescribir a finales de este año”, dice. Y añade que, incluso en un escenario optimista, en el que el tribunal alcance a emitir una decisión de fondo sobre un expediente extenso y complejo que involucra a múltiples actores, la prescripción “es prácticamente una realidad”.

Escobar afirmó que la sentencia es sobre todo un aporte a la verdad sobre el conflicto armado en el país y la vinculación de terceros en este. Esto especialmente porque  las víctimas del caso renunciaron a cualquier pretensión económica en el proceso penal. “Las víctimas en sus demandas en la parte civil, mecanismo a través del cual se participa en este proceso penal, renunciaron por lo menos a la indemnización de perjuicios, porque acuden al proceso sólo en la búsqueda de la verdad y de la justicia”, afirmó.

Otros procesos, otras condenas

En junio de 2024, un jurado federal en el Distrito Sur de Florida declaró a Chiquita Brands responsable por la financiación de las AUC, tras determinar que esa relación contribuyó directamente a la comisión de asesinatos en el marco del conflicto armado. La decisión se dio en el marco de un juicio civil impulsado por un grupo de víctimas, cuyos familiares fueron asesinados por los paramilitares en el Urabá antioqueño. La compañía fue obligada a pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a los demandantes, marcando un precedente en la búsqueda de justicia transnacional. (Leer más en: Responsabilidad de Chiquita Brands en asesinatos por financiar paramilitares acelerará reparación de miles de víctimas)

El fallo se considera histórico: fue la primera vez que una multinacional estadounidense es hallada responsable en un tribunal de su país por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el extranjero. El caso avanzó gracias a una demanda interpuesta bajo el Alien Tort Claims Act, una ley federal que permite a ciudadanos extranjeros presentar acciones civiles en Estados Unidos por crímenes que contravienen el derecho internacional.

Las demandas, presentadas desde 2007, se apoyaron en el reconocimiento de culpabilidad de Chiquita Brands ante el Departamento de Justicia de ese país, cuando la empresa admitió haber hecho más de 100 pagos a las AUC por un monto cercano a los 1,7 millones de dólares. Si bien Chiquita ha sostenido que dichos pagos se hicieron bajo coacción, con el fin de proteger a sus empleados y operaciones, los abogados y organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas argumentaron —y lograron probar— que la compañía tenía conocimiento del carácter criminal de ese grupo armado y, aun así, decidió mantener el flujo de recursos.

Este primer veredicto abre la puerta para que otras 5.000 víctimas, cuyos casos siguen pendientes, puedan lograr justicia y reparación.

Un avance en la vinculación de terceros

Escobar, del Cajar, dice que la Justicia Especial para la Paz (JEP) en Colombia intentó incluir la responsabilidad de actores civiles: “Yo creo que el marco jurídico transicional reciente hizo un intento porque el fenómeno de la vinculación de actores civiles estuviera en el diseño de rendición de cuentas”. No obstante, recordó que una sentencia de la Corte Constitucional “excluyó la competencia obligatoria de la Jurisdicción Especial para la Paz para investigar a este tipo de actores, dejándola simplemente como una competencia voluntaria”.

Ese carácter voluntario ha tenido consecuencias prácticas, como en el caso de los empresarios de Chiquita Brands, quienes decidieron no comparecer ante la JEP. Según Escobar, su decisión respondió a una estrategia jurídica frente al avance del proceso en la justicia ordinaria: “Básicamente porque el caso estaba a punto de prescribir, o en riesgo inminente de prescripción —aseguró el abogado— y apostaron por eso”.

En cuanto a los esfuerzos anteriores del Estado para investigar estas relaciones, Escobar dijo que el proceso de Justicia y Paz permitió la recolección de información relevante. A través de declaraciones de exparamilitares que se acogieron a ese sistema de justicia transicional,  se han documentado aportes financieros, vínculos y formas de colaboración entre estructuras empresariales y grupos armados ilegales. Sin embargo, advirtió que “de eso no hay avances ante la justicia muy consolidados, salvo algunos casos aislados”.

Uno de los aspectos más críticos es el volumen de material represado en la Fiscalía que ha sido remitido desde Justicia y Paz. “Desde hace un tiempo se habla de más de 19.000 compulsas de copias en la Fiscalía contra este tipo de actores”, asegura Escobar.

Germán Valencia Agudelo, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en una columna publicada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), destacó que la reciente sentencia contra exdirectivos de Chiquita Brands evidencia los vínculos más amplios entre empresarios y grupos armados ilegales durante el conflicto colombiano.

El experto aseguró que que este tipo de decisiones judiciales plantea la necesidad de considerar “en otros procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición a colaboradores y financiadores en la guerra. Su contribución al crecimiento del conflicto es considerable y hasta el momento se les protege y vincula muy poco en los estrados judiciales”.

La sentencia contra los exdirectivos de Chiquita Brands, según Valencia, resalta la necesidad de investigar también el papel de entidades oficiales en el caso Chiquita Brands. “Entre los responsables están la Gobernación de Antioquia, que para aquel momento estaba liderada por el exgobernador Álvaro Uribe, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”. Según el análisis, estas instituciones otorgaron personería jurídica y licencias de funcionamiento a una organización Convivir que terminó sirviendo de canal para la financiación de grupos armados.

La sentencia contra los exdirectivos de Chiquita Brands marca un precedente en la búsqueda de responsabilidad penal de terceros por crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano. Aunque el fallo aún puede ser apelado, y persiste el riesgo de prescripción, el caso evidencia los desafíos estructurales para juzgar la participación de actores económicos en violaciones de derechos humanos. También pone en el centro las limitaciones del sistema judicial frente a la rendición de cuentas de empresarios y funcionarios que, según diversas fuentes judiciales y académicas, contribuyeron al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales en Colombia.

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“Como desde mitad de año que esa gente se declaró la guerra y ya incluso ha habido combates. El miedo por aquí es bastante”, cuenta una lideresa comunitaria de Dabeiba, quien, por cuestiones de seguridad, pide omitir su nombre. Dice que sus temores están más que justificados.

Haber asumido el compromiso de defender los derechos de las comunidades campesinas la ha llevado a recorrer cada rincón de diversos municipios del occidente antioqueño. Por cuenta de sus correrías, conoció y padeció el férreo control que hoy ejercen en amplias zonas rurales de Peque las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamados por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’.

“Nuestra intención era consolidar una asociación campesina allá, pero los campesinos con los que veníamos trabajando renuciaron todos por las intimidaciones de este grupo”, explica la lideresa.

Y de miedos sí que saben los pobladores de Peque. A comienzos de la década del dos mil, padecieron las secuelas de la guerra por cuenta de la guerra que libraron las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en zonas rurales y urbanas.

La acción más cruenta se registró entre el 3 y el 10 de julio de 2001, cuando un comando de 800 paramilitares provenientes de los bloques Mineros, Central Bolívar y Noroccidente de las Auc ingresaron a este pequeño municipio y en su recorrido forzaron el éxodo de más de tres mil pobladores; secuestraron 54 personas; asesinaron otras diez y torturaron cinco más; destruyeron y saquearon todo el comercio del casco urbano y robaron más de tres mil cabezas de ganado. (Leer más en: El día que Peque, Antioquia, conoció el horror paramilitar)

La lideresa consultada también ha escuchado los temores de los pobladores de las regiones de Dabeiba conocidas como Cañón de La Llorona, Cañón del Águila y Cañón de la Paloma, en límites con el departamento del Chocó, quienes le han advertido sobre el riesgo inminente de vulneraciones de derechos humanos por cuenta de la llegada sorpresiva de hombres armados que se han identificado como guerrilleros del Eln.

“Por ahí desde mitad de año los campesinos vienen denunciando la llegada del Eln a esos sectores. Dicen que vienen desde Murindó, atravesando el río Quiparadó”, relata la lideresa y detalla lo que ha escuchado en zonas rurales: “La gente dice que los ‘elenos’ ya han ido a los colegios de varias veredas a reclutar jóvenes”.

El avance de guerrilleros del Eln provenientes de Chocó también inquieta a las autoridades departamentales. A mediados de octubre, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, detalló ante medios de comunicación regionales varios hechos que alteraron el orden público en zonas rurales del municipio de Frontino, también en el occidente de Antioquia.

“Desde las veredas La Blanquita y Murrí de Frontino nos llegó información reciente donde nos dicen que unos encapuchados, que dijeron ser del Eln, se llevaron unos 20 jóvenes de una escuela rural. Varios de esos jóvenes son indígenas. La comunidad también nos denuncia que en esas veredas están extorsionando en nombre del Eln”, precisó el gobernador de Antioquia ante periodistas locales.

A las denuncias formuladas por el mandatario antioqueño y las comunidades de Dabeiba, se suma el plagio de la empresaria Diana María Toro Vélez, quien residía en Amagá y fue secuestrada por integrantes del Frente de Guerra Occidental del Eln en el municipio de Carmen de Atrato, en límites de Antioquia con Chocó.

VerdadAbierta.com visitó la región e indagó con fuentes conocedoras de las dinámicas de guerra y paz que se mueven en el occidente de Antioquia sobre la posibilidad de una expansión del Frente de Guerra Occidental del Eln, bajo el mando de su comandante, alias ‘Uriel’, cuya injerencia en tierras chocoanas viene incrementándose exponencialmente en el último año, tras la desmovilización y dejación de armas de la guerrilla de las Farc como parte de los acuerdos de paz.

El panorama es más que preocupante si se tiene en cuenta que los diálogos en su fase pública que venían adelantando en La Habana, Cuba, este grupo subversivo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018) desde febrero del año pasado, se congelaron con la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto, y no hay perspectivas de una reactivación, por el contrario, se teme un escalamiento de la confrontación. (Leer más en: https://verdadabierta.com/proceso-paz-eln/)

Fuerza en expansión

Han sido constantes los reportes de diversas agencias, gubernamentales y no gubernamentales, sobre la crisis humanitaria que vive el departamento de Chocó por cuenta de la guerra que sostienen, desde 2012, el Frente de Guerra Occidental del Eln y las Agc.

Las afectaciones a las comunidades rurales han sido lesivas y violatorias de los derechos humanos. Así lo hicieron saber organizaciones sociales chocoanas en una carta enviada el pasado 14 de septiembre a Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia.

“En el presente año se han presentado varios desplazamientos forzados masivos y ‘gota a gota’, bloqueos económicos, ocupación de escuelas y casas comunitarias, intimidación, secuestros, confinamiento de comunidades, asesinatos a líderes y amenazas”, se lee en el documento. (Leer más en: La peor cara de Chocó: 25 niños muertos por falta de acceso a servicios de salud y agua potable)

En esta confrontación, que tiene como botín de guerra el control de territorios valiosos para los intereses estratégicos de ambas organizaciones armadas, entre ellos el control de economías ilegales que, en un pasado reciente, estuvieron bajo el dominio de los frentes 57, 34, 18 y 58 de la extinta guerrilla de las Farc, los ‘elenos’ aparecen como el grupo armado ilegal que ha logrado mayor expansión territorial. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)

De acuerdo con el Defensor del Pueblo, Regional Chocó, Luis Murillo, “en zonas que fueron bastiones históricos de las Farc hoy se registra fuerte presencia de la guerrilla del Eln. Pasa por ejemplo en Juradó, en la costa Pacífica chocoana, pero también pasa en los municipios del Bajo y Medio Atrato, como Vigía del Fuerte, Bojayá, Carmen del Darién, Riosucio, Beté e incluso en Tadó. Y en varios de estos municipios se presentan fuertes disputas con el grupo armado posdesmovilización Autodefensas Gaitanistas de Colombia. De ahí la profunda crisis humanitaria que vive el departamento”.

De la expansión del Eln en Chocó también ha dado cuenta el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. En su Nota de Seguimiento 004-17 de abril de 2017, esta agencia del Ministerio Público consignó cómo el vacío de poder dejado por la salida de la guerrilla de las Farc de amplias zonas rurales de Carmen del Darien y Riosucio fue rápidamente copado por tropas del Frente Resistencia Cimarrón del Frente de Guerra Occidental del Eln, configurando así una presencia, si se quiere inédita, de este grupo insurgente en el Bajo Atrato. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)

“Por casi dos décadas, la presencia de la guerrilla del Eln no se registró en la subregión del Bajo Atrato; tal como se documentó en la nota de seguimiento No. 001-16”, señaló en su momento la Defensoría del Pueblo y explicó que “la disputa del Eln con las Agc por el control de la margen occidental del río Atrato (cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Cacarica, Quiparadó y Domingodó), estaría motivada en la ampliación de las áreas territoriales de control sobre los corredores como el Truandó y el Salaquí, a través de los cuales se transita hasta la costa Pacífica en los municipios de Bahía Solano y Nuquí, lo que permite administrar el paso sobre rutas que conectan el Océano Pacífico con el Atlántico por el Golfo de Urabá; de igual forma, la cuenca del Cacarica hace parte del corredor que da paso a la subregión del Darién Chocoano y conecta con la República de Panamá”.

En mayo de este año, autoridades del resguardo indígena Uradá–Jiguamiandó del pueblo Emberá, en el municipio de Carmen del Darién, denunciaron que unas 14 familias (54 personas) salieron desplazadas forzosamente de las comunidades Alto Guayabal y Bidoquera – Ancadia, luego que la guerrilla del Eln se llevara a la fuerza para sus filas a dos jóvenes de la zona, lo que se constituyó en una prueba más del avance de esta guerrilla al Bajo Atrato chocoano.

Mediante Alerta Temprana 011-18 del 23 de enero de 2018; Alerta Temprana de Inminencia 064-18 de junio del mismo año; y Alerta Temprana de Inminencia 068-18 y 069-18 de agosto pasado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el creciente riesgo de violaciones de derechos humanos en comunidades afros e indígenas que habitan los cabeceras municipales y zonas rurales de Vigía del Fuerte, Bojayá, Beté y Riosucio, por cuenta de la expansión de la guerrilla del Eln desde el Medio y Alto Baudó.

“Se tienen registros de ingreso del Eln a Murindó y Vigia del Fuerte (Antioquia) desde octubre de 2017. Mientras que las Agc se posicionaron muy fuerte en las cabeceras municipales, la guerrilla del Eln viene copando zonas rurales y desde allí lanzó su avanzada para cruzar el río Atrato e instalarse en suelo antioqueño y de ahí avanzar hacia el occidente”, le contó a VerdadAbierta.com una fuente conocedora de la conflictividad de la región.

Interés estratégico

“En municipios donde no había cultivos ilícitos, como Dabeiba y Peque, hoy se pueden observar plantaciones de hoja de coca, particularmente en el Cañón de la Llorona y en el Cañón del Águila (Dabeiba). Y la regulación de la pasta base sería el objeto de disputa entre ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ en esta parte del occidente de Antioquia, que conecta con el municipio de Urrao, suroeste antioqueño, donde también las autoridades locales y comunidades campesinas han denunciado presencial del Eln, sobre todo en la zona de Mandé”, agrega la fuente consultada.

Todo indica que habría un interés estratégico de la guerrilla del Eln en conectar el Pacífico colombiano, donde las huestes ‘elenas’ ya controlan un importante corredor de movilidad que va desde Juradó, pasa por el Alto Baudó hasta llegar al Bajo Atrato chocoano, con el occidente de Antioquia y de ahí con el Bajo Cauca antioqueño. De lograrlo, estarían asegurandose el paso por el Nudo de Paramillo, fortín histórico de la extinta guerrilla de las Farc y escenario actual de una disputa armada entre los ‘gaitanistas’, disidentes de las Farc y el grupo disidentes de las Agc conocido como ‘Caparrapos’.

Pero mientras crecen las denuncias sobre presencia ‘elena’ en tierras donde, históricamente, no ha tenido injerencia, en veredas del corregimiento Camparrusia, de Dabeiba, sus pobladores han advertido un fortalecimiento de las Agc. “Ellos por allá han entrado comprando tierras, compran fincas para ellos instalarse allí, convocan a los líderes a reuniones, hacen control social y del territorio. Por eso el trabajo comunitario por allá es más bien poco”, cuenta la líder comunitaria de Dabeiba consultada.

Se trata de una situación que preocupa no sólo a autoridades civiles y de Policía local, también inquieta a los exmiembros de las Farc que trabajan en su proceso de reincorporación a la vida legal y ocupan el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ‘Comandante Jacobo Arango’ en la vereda Llanogrande Chimiadó, de Dabeiba.

Si bien Óscar Úsuga Restrepo, quien fuera conocido con el alias de ‘Isaías Trujillo’, antiguo comandante del Bloque Iván Ríos de la extinta guerrilla de las Farc, asevera que los 180 excombatientes que conviven allí mantienen su compromiso con el Acuerdo de Paz, la lentitud en la implementación de este sí podría convertirse en un factor de riesgo de reincidencia.

“Aquí faltan tierras, faltan proyectos productivos. La implementación va muy lenta”, se queja Restrepo. “Nosotros, por ahora, estamos tranquilos, pero alertas. Eso es de conocimiento público que esos grupos están por aquí. Si no fuera por el Ejército, que cuida este espacio, de seguro ya se hubieran metido. Los muchachos de aquí siguen firmes con el proceso. Algunos se fueron para donde sus familias porque se cansaron de esperar aquí; otros se fueron a coger café a otros pueblos; también es cierto que otros se fueron y sabemos en qué andan y lo hemos informado”. (Leer más en: Deserción y reincidencia, los dos riesgos que afrontan excombatientes de las Farc en Dabeiba)

Lo que les preocupa a los habitantes de Dabeiba es el dominio que ejercen allí las Agc. Una posible llegada de la guerrilla del Eln a la zona podría desatar una confrontación en la que las comunidades llevarían la peor parte, tal como viene ocurriendo en el vecino departamento de Chocó, que padece una grave crisis humanitaria sin que haya soluciones concretas a la vista.

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Elda Neyis Mosquera García, alias ‘Karina’, exjefa guerrillera de las Farc que se sometió al proceso de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.Pese a que el magistrado con función de control de garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, Olimpo Castaño, le concedió el beneficio de sustitución de medida de aseguramiento a Elda Neyis Mosquera García, alias ‘Karina’, exintegrante de los frentes 5 y 47 de la guerrilla de las Farc, tras considerar que cumplía con los requisitos para recuperar su libertad consignados en la Ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz, aún no se hará efectiva.

Aún falta por resolver la suspensión de una de las 10 sentencias que la justicia penal ordinaria ha proferido contra Mosquera García por delitos que van desde reclutamiento forzado, secuestro y homicidio, hasta desaparición forzada. Se trata de un trámite del sistema de justicia que básicamente consiste en revisar el estado de los procesos penales que pesan sobre la postulada que solicitó el beneficio de la excarcelación y, si tiene condenas vigentes, ordenar su suspensión y remitir la información al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que pueda ser efectiva su libertad.

En ese caso, la defensa de ‘Karina’ presentó en la audiencia información sobre el estado de nueve condenas que jueces de Manizales, Buga y Medellín han proferido contra la exguerrillera. Sin embargo, al examinar una providencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sonsón contra Mosquera García, que llegó a la instancia de casación en la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Castaño se abstuvo de tomar decisión alguna pues “no se sabe qué fue lo que decidió la Corte (Suprema de Justicia) en la casación. No puedo decidir sobre algo que no conozco”, tal como lo expuso en la diligencia judicial.

“En este caso el Juzgado no nos remitió la información completa”, declaró por su parte Jorge Iván Hoyos, abogado defensor de ‘Karina’, explicando, además, que “hay que ubicar el proceso para mirar si hay condena aún vigente. De ser así, hay que solicitar una nueva audiencia ante el magistrado (con función de control de garantías) y pedir su suspensión”. Lo que preocupa al jurista son los tiempos: “Quedan pocos meses antes de la vacancia judicial. Si la audiencia no se hace este año, es probable que Elda Neyis no recupere su libertad”.

Al respecto, representantes de víctimas de las tomas perpetradas por la guerrilla de las Farc al corregimiento La Arboleda, de Pensilvania (Caldas) y Montebonito (Caldas), manifestaron su rechazo ante la inminente puesta en libertad de la otrora jefa guerrillera tras considerar que su aporte a la verdad y a la reparación de las víctimas sobre estos hechos ha sido nulo.

“Las víctimas no sentimos burladas. Esta es una justicia para victimarios. Ella no ha aportado a la verdad ni tampoco ha sido efectiva la reparación a unas familias que lo perdieron todo en un ataque feroz, donde se utilizaron artefactos de guerra no convencionales como lo llamados tatucos”, declaró Carmen Amparo Valencia, abogada defensora de las víctimas que dejó la toma al corregimiento La Arboleda, de Pensilvania, perpetrada el 29 de julio de 2000.

“Ha cumplido”

De acuerdo con lo expuesto por el magistrado Castaño, alias ‘Karina’ cumplió con el tiempo máximo de ocho años recluida en centro penitenciario, tal como lo contempla la Ley de Justicia y Paz. En este caso, el tiempo comenzó a correr desde agosto de 2009, justo un mes después que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sonsón la condenara a 20 años de prisión por el reclutamiento y la desaparición forzada de cuatro menores de edad de esta localidad del Oriente antioqueño. (Leer más en: ‘Karina’, a responder por 143 crímenes en Caldas y Antioquia)

“Sentencia que se logró por las confesiones hechas por la postulada ante los fiscales de Justicia y Paz”, señaló el magistrado con función de control de garantías. Desde entonces, Mosquera García ha cumplido con su pena, primero, en el centro de reclusión Santa Inés del municipio de Apartadó, Urabá antioqueño; y luego, en las instalaciones de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia.

En esta guarnición militar, alias ‘Karina’ adelantó diversas labores de resocialización, como la culminación de sus estudios de bachillerato, capacitaciones técnicas impartidas por el Sena, así como actividades relacionadas con su cargo de ‘Gestora de Paz’, figura creada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para conceder beneficios a insurgentes que contribuyeran “a la paz y a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario”. (Leer más en: ¿Qué hay detrás de los “gestores de paz”?)

Estas actividades fueron avaladas por el magistrado Castaño como ajustadas a lo planteado en el Artículo 18 de la Ley 975, según el cual, uno de los requisitos para acceder a la sustitución de medida de aseguramiento es que el postulado haya participado en labores de resocialización. Dentro de las obligaciones de la postulada para acceder a los beneficios de la justicia transicional también figura el haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz.

Al respecto, según el Ente Investigador, Mosquera García ha reconocido en los estrados judiciales crímenes de gran connotación como la toma guerrillera al municipio de San Luis, Antioquia, perpetrada el 11 de diciembre de 1999 por 300 guerrilleros de los frentes 9, 47, Aurelio Rodríguez y la red urbana del Frente Jacobo Arenas. La incursión dejó un saldo trágico de ocho policías y dos civiles muertos, seis heridos, cinco uniformados secuestrados y la destrucción parcial del pueblo.

También figura la toma a San Carlos, Antioquia, que tuvo lugar los días 3 y 4 de agosto de 1998. En ella participaron unos 300 guerrilleros de los frentes 47 y 9 de las Farc y dejó como saldo ocho policías secuestrados, dos caídos en combate y dos más heridos; siete soldados del Ejército muertos, seis heridos y uno más plagiado de su libertad. Tres civiles fueron retenidos por la guerrilla luego de la toma. (Leer más en: Las Farc cosecharon odios en el Oriente antioqueño)

Igualmente, la postulada ayudó en el esclarecimiento de las tomas guerrilleras efectuadas a los municipios de Juradó (Chocó), sucedida en diciembre de 1999 y al corregimiento de Arboleda de Pensilvania, Caldas. Este hecho dejó 13 policías muertos. También perdieron la vida cuatro civiles y a la fecha se desconoce el paradero de un uniformado.

Lo que sigue

Si bien alias ‘Karina’ está a un trámite de recuperar su libertad, ello no significa que su participación en el proceso de Justicia y Paz haya terminado. Así lo dejó claro el magistrado Castaño al notificar su decisión, señalando, además, que no podrá salir del país, deberá informar su domicilio y deberá abstenerse de participar en actividades proselitistas y de entablar contacto con las víctimas.

Mosquera García deberá presentarse ante los magistrados de la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz el próximo 14 de noviembre, donde se adelanta el trámite de formulación y aceptación de cargos contra 29 integrantes del Bloque José María Córdoba de las Farc postulados a los beneficios de la justicia transicional.

Hasta el momento, a esta estructura guerrillera la han responsabilizado de la comisión de 558 hechos de secuestro y 131 casos de reclutamiento forzado de menores de edad y está pendiente la imputación de poco más de mil crímenes relacionados con desaparición forzada, violencia basada en género y desplazamiento forzado.

Por su parte, contra Elda Neyis Mosquera ya pesa una imputación realizada por fiscales de Justicia y Paz los días 20, 21 y 22 de enero de 2014 por 152 delitos que dejaron un total de 1.303 víctimas. Entre los casos imputados está el reclutamiento forzado y la posterior desaparición forzado de 29 menores de edad que fueron reclutados por el Frente 47 en diversos municipios del Oriente antioqueño. (Leer más en: ‘Karina’, a responder por reclutamiento de menores)

Se trata, en la mayoría de los casos, de jóvenes que, luego de ser reclutados fueron fusilados y sus cuerpos aún están desaparecidos. Según los datos expuestos por el Ente Investigador, los menores de edad fueron reclutados entre los años 1998 y 2003 en Nariño, Sonsón, Argelia y San Carlos, municipios del Oriente antioqueño en los que operó el Frente 47 de la Farc, facción guerrillera que comandado alias ‘Karina’ del año 2000 al 2003.

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“Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país”, expresó Dairo de Jesús Úsuga David, alias ‘Otoniel’ a través de un video revelado en días pasados. “Una vez estén dadas las condiciones, estamos dispuestos suspender todas las actividades ilegales de la organización”.

No es la primera vez que este hombre toca las puestas del Estado colombiano con la intención de deponer fusiles a cambio de perdón judicial. De hecho, la historia del hombre más buscado de Colombia, así como de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), condensan el fracaso de tres desmovilizaciones y sus respectivos planes de reinserción a la vida legal.

Se trata de una larga historia de acuerdos, incumplimientos e insatisfacciones que, vistos en retrospectiva, despiertan serias dudas sobre la verdadera voluntad de sometimiento del temido capo, tal como lo manifestó el pasado 5 de septiembre, pero también sobre la capacidad del Estado de brindar garantías reales y efectivas de reintegración a personas que forjan sus proyectos de vida al fragor de la guerra y el crimen como en el caso de ‘Otoniel’, quien ha vivido los últimos 40 años de su vida empuñando fusiles para ejércitos irregulares de diferentes siglas.

En su momento fueron las banderas del Epl (Ejército Popular de Liberación), de inspiración comunista, las que lo convocaron a las armas. Del corregimiento Nuevo Antioquia, de Turbo, salió, junto con su hermano, Juan de Dios, a engrosar las filas de esa guerrilla que, para 1987, se peleaba a sangre y fuego cada vereda del norte del Urabá antioqueño con los nacientes grupos paramilitares de Fidel Castaño, así como con el Ejército Nacional.

“Llegaron muy jóvenes. A mí siempre me sorprendió que, ellos, que erande Nuevo Antioquia, donde eran más fuertes las Farc que nosotros, se hayan venido para el Epl. Nosotros éramos muy fuertes en el Norte de Urabá”, recuerda Mario Agudelo, exintegrante de este grupo insurgente que luego se transformó en el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad.

Eran tiempos turbulentos para toda la región de Urabá. Las guerrillas combinaban todas las formas de lucha para anteponerse ante sus enemigos, mientras los paramilitares de Fidel Castaño apelaban a la macabra estrategia de las masacres. Para los actores armados en disputa, la dinámica de la guerra demandaba estrategias militares avezadas y personas capacesde llevarlas a cabo y ahí despuntaron los hermanos Úsuga, mucho más que en las acaloradas discusiones sobre cómo derrocar las oligarquías y el sistema capitalista.

“Nosotros teníamos células del partido (comunista) en los frentes. Es decir, teníamos dirigente político y comandante militar. Pero cuando ellos ingresan, les toca una época muy activa del Epl en la parte militar. Muchos combates, mucho enfrentamiento. Llegaron a tener algún mando, por lo buenos que eran en la parte militar. Pero su formación política era más bien pobre”, recuerda Agudelo.

La apertura democrática que plantearon los dirigentes del Epl una vez dejaron las armas en marzo de 1991 que buscaba articularse con movimientos más lejanos del maoísmo-leninismo y más cercanos al centro del espectro político, luego de una corta, pero intensa negociación con el gobierno de César Gaviria (1990-1994), no logró cautivar ni a los hermanos Úsuga ni tampoco a un conjunto de mandos medios que no vio en el proselitismo político una opción de vida, pero tampoco se dejó seducir por una oferta institucional lenta y desarticulada.

“Se trató de un grupo de jóvenes muy propensos a la reincidencia delincuencial, porque eso pasó: se dedicaron a la delincuencia común en Apartadó, en Turbo”, relata Álvaro Villarraga, actual director de Acuerdos por la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y quien participó del proceso de desmovilización del Epl, al referirse a los hermanos Úsuga y su grupo de amigos. “Fue muy curioso porque se formó como un grupito de amigos en el Epl. Y se volvieron muy amigos y caminaron juntos para todas partes”, agrega por su parte Agudelo.

Amistad forjada en armas

La cúpula de los Gaitanistas inició su camino armado en las filas del Epl en Urabá. Foto: archivo Semana.

A Francisco José Morelo Peñate lo conocieron en el norte de Urabá como el ‘Negro Sarley’. Murió la madrugada del 23 de abril de 2013 en un operativo realizado por comandos Jungla de la Policía Nacional en zona montañosa de Turbo. La acción fue catalogada en su momento por las autoridades como el golpe más contundente propinado a las Agc.

El ‘Negro Sarley’ fue uno de los que, 32 años atrás, se dejó seducir por los “cantos de sirena” de Francisco Caraballo, hombre recio y terco quien consideró que el Epl le había fallado a la revolución y que había que emprender nuevamente el camino de la lucha armada. El ‘Negro’ llegó con un grupo de amigos que forjó durante los años de intensos combates como guerrillero del Epl. Uno de ellos era Roberto Vargas, alias ‘Marcos Gavilán’, recientementeabatido por la Fuerza Pública en operativo llevado a cabo en zona rural de Turbo. Otro de ellos era Elkin González, más conocido como ‘Gonzalo’. Y junto a ellos los hermanos Úsuga: Dairo de Jesús y Juan de Dios.

Todos ellos integraron la disidencia del Epl que adquirió el nombre de Frente Bernardo Franco. Y en esta “aventura armada”, antiguos combatientes como ‘Sarley’, ‘Gonzalo’, ‘Marcos Gavilán’ y los hermanos Úsuga adquirieron gran protagonismo: eran combatientes altamente preparados para la confrontación armada y conocían los antiguos territorios del Epl. Además, se movían con soltura y determinación en una región inhóspita, inmensa e inclemente como el Urabá antioqueño como quieran que nacieron y crecieron allí.

Pero la pobre formación política de los nuevos comandantes condenó al fracaso la disidencia “caraballista”. Ni ‘Gonzalo’, ni ‘Sarley’, ni los hermanos Úsuga lograron cautivar las masas y rápidamente quedaron atrapados en la espiral de violencia que desataron las Farc, las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y los Comandos Populares, grupo armado que surgió como respuesta al exterminio que iniciaron las Farc y la disidencia del Epl contra los “esperanzados”, nombre con que se conoció a los militantes de Esperanza, Paz y Libertad.

Tras la captura de Caraballo, en junio de 1994, y reducidos a su mínima expresión, los disidentes del Epl terminaron protegidos por las Farc, donde se reorganizaron bajo el nombre de Frente Pedro León Arboleda. “Pero ellos tuvieron un problema grave con las Farc. Al parecer mataron un campesino muy cercano al jefe del Frente 5 de ese momento y les tocó volarse de Belén de Bajirá”, recuerda Mario Agudelo.

Fue entonces cuando comenzó a gestarse la segunda desmovilización de los Úsuga y sus amigos. Acorralados por las Farc, los sobrevivientes de la disidencia decidieron buscar la protección de Carlos Castaño, quien para la fecha ya despertaba odios, miedos y admiraciones por su discurso contrainsurgente y las acciones violentas que ordenaba como comandante de las Accu desde su centro de operaciones en las veredas El Tomate y Catalina, de San Pedro de Urabá.

Quedará para la historia la pregunta sin resolver de por qué Castaño les sugirió a los disidentes entregarse ante el gobierno nacional. Y más aún, porque el máximo vocero de los nacientes grupos paramilitares medió ante las autoridades civiles y militares y organizó personalmente la entrega del Frente Pedro León Arboleda.

En efecto, archivos periodísticos señalan que, en agosto de 1996, en la finca Cedro Cocido, ubicada en el corregimiento Leticia de Montería, de propiedad de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, 60 guerrilleros del Frente Pedro León Arboleda hicieron entrega de sus armas ante delegados de la Presidencia de la República, la Fiscalía y autoridades cordobesas. Los combatientes, dirigidos por Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovani’, declararon a los medios de comunicación en aquel entonces que luego de hablar con Carlos Castaño decidieron dejar sus armas, cansados de tanta violencia.

“Él nos dijo que nos iba a dar tierras para nosotros trabajar y vivir en paz con nuestras familias”, declaró alias ‘Giovani’ a los periodistas que lo abordaron en aquel agosto. Tomás Concha, director en ese momento de la Oficina Nacional de Reinserción, declaró ante medios de comunicación que la Fiscalía entraría a resolver la situación jurídica de los desmovilizados para luego incluirlos en los planes de reincorporación a la sociedad.

Pero no ocurrió así. Los disidentes terminaron albergados en tierras de Carlos Castaño quien, conocedor de sus habilidades para la guerra, finalmente terminó vinculándolos a su proyecto paramilitar justo en momentos en que las Autodefensas se aprestaban a dar el salto de simples cuadrillas de sicarios a un verdadero ejército irregular con intenciones de expansión. (Leer más en: La reinserción del Epl en Urabá: historia de un fracaso anunciado)

Historia paramilitar

En enero de 2015 la Fuerza Pública lanzó en Urabá la Operación Agamenón para netralizar el accionar de ´Otoniel´ y sus hombres. Ese era el registro más reciente que se tenía de él. Foto: Semana.com.

Ni ‘Otoniel’, ni el ‘Negro Sarley’, ni siquiera ‘Marcos Gavilán’ tuvieron poder de mando en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), pero terminaron siendo hombres de confianza plena de Carlos Castaño, quien no pocas veces les delegó acciones de guerra para ejecutar en varias regiones de Antioquia y el país.

Ejemplo de ello fueron los múltiples asesinatos cometidos en el municipio de Peque, occidente de Antioquia, durante la primera quincena de julio de 2001. Según relataron paramilitares postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, entre el 3 y el 10 de julio de 2001, un comando de 800 paramilitares ingresó al casco urbano desde la localidad vecina de Buriticá y en su recorrido forzaron el éxodo de más de tres mil labriegos; secuestraron a 54 personas; asesinaron otras diez y torturaron cinco más; destruyeron y saquearon todo el comercio y robaron más de tres mil cabezas de ganado. (Leer más en: El día que Peque, Antioquia, conoció el horror paramilitar)

Para conformar este numeroso grupo, los jefes paramilitares con bloques en Antioquia debieron aportar hombres para esta misión: Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, comandante del Bloque Mineros, respondió al llamado enviando tropas desde Tarazá, Bajo Cauca antioqueño; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y Salvatore Mancuso hicieron lo propio desde tierras cordobesas. Quien comandó el operativo fue alias ‘Marcos Gavilán’, designado personalmente por Carlos Castaño, dada la confianza que tenía en las capacidades militares del exguerrillero del Epl.

Lo mismo sucedió con alias ‘Giovani’, quien fue enviado por los Castaño a los Llanos Orientales a finales de los años noventa para apoyar las acciones del Bloque Centauros, comandado por Miguel Arroyave. En la Altillanura terminaría encontrándose con Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, hombre de confianza de Arroyave y hermano del jefe paramilitar Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’. En aquel entonces nadie previó que un Rendón y un Úsuga serían los artífices de uno de los grupos armados más complejos que ha tenido el país en la última década.

Según lo reveló Hebert Veloza, alias ‘HH’, ante fiscales de Justicia y Paz, ‘Giovani’ también participó en la conformación del Frente La Buitrera, del Bloque Calima, que tuvo presencia en los municipios vallecaucanos de Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Cerrito, y los municipios caucanos de Miranda y Corinto. De acuerdo con Veloza, Juan de Dios Úsuga llegó a la región por orden de Castaño.

Los disidentes del Epl que buscaron la ayuda de Carlos Castaño terminaron desmovilizándose -por tercera vez- en los diferentes bloques de las Auc del país. El ‘Negro Sarley’, por ejemplo, entregó nuevamente sus armas el 18 de diciembre de 2004 en la finca El Jardín, del corregimiento Galicia del municipio de Bugalagrande, sitio de concentración del Bloque Calima. Por su parte, ‘Marcos Gavilán’ participó en la desmovilización del Bloque Mineros, llevada a cabo el 20 de enero de 2006 en la hacienda Ranchería de la vereda Pecoralia de Tarazá. Juan de Dios Úsuga también se desmovilizó el 3 de septiembre de 2004 bajo las huestes del Bloque Centauros, evento celebrado en la finca Corinto del corregimiento Tilodirán de Yopal, Casanare.

El grupo de viejos amigos y guerreros regresó a la región que los vio nacer: el Urabá antioqueño y allí terminaron respondiendo una vez más el llamado de una violencia que requería hombres con su trayectoria criminal.

Aparecen las Agc

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han consolidado su poder en la región de Urabá. Foto: Juan Diego Restrepo E.

“La mayoría de los compañeros del Estado Mayor Negociador fueron capturados mucho antes de que saliera la Ley de Justicia y Paz. No se respetaron los salvoconductos que impedían la captura. Un mes después de la captura no se han expedido los decretos reglamentarios de las leyes 782 y 975. El acogimiento a la Ley de Justicia y Paz lo hicimos en circunstancias y condiciones muy diferentes a las de hoy”, consignó el poderoso jefe paramilitar Vicente Castaño en carta enviada en septiembre de 2006 al entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.

En la misiva, que reposa en los archivos de la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, el máximo vocero de las Auc manifestó su descontento por lo que consideró un engaño. Fue, quizás, el punto de quiebre de las negociaciones con los paramilitares: Vicente le pidió a un puñado de hombres de su más cercano círculo de confianza no cumplir la orden impartida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2006-2010), que les exigió a los máximos comandantes paramilitares recluirse en un centro recreacional de La Ceja, Antioquia.

Entre quienes no acogieron dicho llamado figura Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, quien regresó a San Pedro de Urabá, donde, por años, funcionó el centro de operaciones de las Auc. Lo que encontró a su llegada fue un vacío de poder que rápidamente procuró copar. Informes de la época, elaborados entre otros por la Defensoría del Pueblo, señalan que luego de la desmovilización de los paramilitares, pequeñas redes de narcotraficantes continuaron sacando alijos de cocaína por diferentes puntos del Golfo de Urabá con ayuda de desmovilizados de las Auc y que localidades como Necoclí y San Pedro de Urabá funcionaban como centro de acopio de alcaloides.

Alias ‘Don Mario’ se propuso entonces reorganizar las actividades de narcotráfico que en el pasado manejara su hermano, alias ‘El Alemán’, como comandante del Bloque Elmer Cárdenas. Y, para lograrlo, se apoyó en un grupo de hombres con experiencia militar y amplios conocedores de la región: los hermanos Úsuga, el ‘Negro Sarley’, ‘Marcos Gavilán’. Esa situación quedó consignada en sendos informes elaborados en su momento por organizaciones como el entonces La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el International Crisis Group y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp-OEA).

Así nació el grupo conocido como ‘Héroes de Castaño’, pero este nombre no duraría mucho tiempo. El 15 de octubre de 2008 protagonizaría su primer hecho de alto impacto: argumentando incumplimientos del gobierno nacional a la población desmovilizada de las Auc, promovieron un paro armado que obligó al cierre del comercio y la suspensión del servicio de transporte público en los municipios de Chigorodó, Carepa, Turbo y Apartadó.

Las calles de estos municipios fueron inundadas con panfletos alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en los que se consignó su mensaje central: “Le queremos informar a la opinión pública nacional que en vista de los incumplimientos del gobierno en el proceso de paz que adelantó con las Autodefensas Unidas de Colombia, y el avance de la guerrilla en busca de controlar zonas donde ha ejercido control la autodefensas durante muchos años, nos vimos obligado a continuar con nuestra lucha antisubversiva y en defensa de los intereses de las comunidades más vulnerables víctimas del abandono estatal producto de la corrupción político-administrativa”.

Para principios de 2009, el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia identificó su presencia en el Urabá antioqueño (San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó); Urabá chocoano (Riosucio); Córdoba (Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia, Tierralta, Montería, Moñitos, Los Córdobas y Puerto Escondido); y Nordeste antioqueño (Anorí, Amalfi, Gómez Plata y Carolina del Príncipe).

Sobre su ingreso al Bajo Cauca antioqueño se han tejido varias hipótesis. Organizaciones no gubernamentales plantean que esto obedeció al interés de esta banda criminal de arrebatarle territorios aptos para el narcotráfico bajo dominio de ‘Los Paisas’, ‘Las Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’, pequeños grupos armados surgidos luego de la desmovilización del Bloque Mineros y que continuaron operando en la región. (Leer más en: ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ en  el Bajo Cauca antioqueño)

La Fiscalía 15 de Justicia y Paz ha señalado que lo que desató la guerra entre los ‘gaitanistas’ y ‘Los Paisas’ y ‘Los Rastrojos’ fue la muerte de Lázaro Rendón, hermano alias ‘Don Mario’ y ‘El Alemán’. Según el Ente Investigador, Lázaro fue asesinado en febrero de 2008 en el corregimiento Piamonte, de Cáceres, y su cuerpo arrojado, a las aguas del río Cauca, fue hallado días después en inmediaciones de Caucasia.

‘Don Mario’ acusó de la muerte de su hermano a los herederos del imperio criminal de Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, por lo que inició una vendetta contra familiares del exjefe paramilitar y antiguos combatientes del Bloque Mineros. La primera víctima de esta retaliación fue José Nelson Vanoy Murillo, hermano de ‘Cuco Vanoy’, quien fuera asesinado el 21 de julio de 2008 en el municipio de San José de Uré, Córdoba.

Esto terminó desatando una largo y cruento enfrentamiento armado que en 2012 se saldó en un pacto entre ‘Los Rastrojos’ y Gaitanistas que les supuso a los segundos el control absoluto de la región y su posibilidad de expansiónal Nordeste de Antioquia y de ahí al Magdalena Medio.

Para Álvaro Villarraga, el fenómeno Gaitanista muestra ciertas líneas de continuidad con el paramilitarismo, “en especial en sus repertorios de violencia donde se destaca las amenazas hacia líderes sociales, sindicalistas, comunidades, activistas de derechos humanos, pero también hay rupturas y es que se trata de una fase más degradada de esa parte delincuencial que tuvieron las Autodefensas. Las actuaciones están más articuladas a redes de narcotráfico”.

De acuerdo con diferentes organismos humanitarios, entre ellos la Defensoría del Pueblo, las Agc son las mayores responsables de hechos violatorios a los derechos humanos en los últimos cinco años, particularmente en casos de desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y amenazas.

En un reporte de esta agencia del Ministerio Público se lee que “esta organización armada conserva una estrategia contrainsurgente que se basa en el señalamiento, las amenazas y la presión contra formas de organización social local por la defensa de derechos y del territorio de comunidades campesinas e indígenas. Estos factores han permitido que el grupo armado ilegal regule de forma violenta las relaciones sociales”.

Su proceso de expansión ha sido intenso y acelerado, al punto que su presencia, según investigaciones recientes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se puede advertir actualmente en poco más de 107 municipios del país, llegando a tener una cifra cercana a los 1.700 hombres en armas, sin contar las redes de outsourcing que han logrado edificar en diferentes ciudades del país para sus fines criminales.

“La revisión de prensa permite establecer que por algún tipo de presencia se debe entender que ha habido, principalmente, captu­ras, incautaciones de cargamentos de droga y armas, denuncias por extorsiones y otros delitos. Esto forta­lece la hipótesis del crecimiento de redes o niveles de subcontratación, así como el presunto uso de la marca Agc, táctica muy común por parte de grupos o es­tructuras delincuenciales que buscan intimidación y aparentar un poder que realmente no tienen”, consigna la FIP en su más reciente informe. (Leer más en: Los saboteadores que enfrenta el proceso de paz)

Durante una década, las Agc han demostrado una gran capacidad de recomposición y una flexibilidad que les permite adaptarse a las circunstancias. Lo demostraron en abril de 2009, cuando miembros de la Policía Nacional capturaron en zona rural del municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, a alias ‘Don Mario’. Lo hicieron nuevamente cuando el 1 de enero de 2012, integrantes de la Fuerza Pública abatieron en zona rural de Acandí, Chocó, a Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovani’, quien heredó el mando tras la captura de ‘Don Mario’. (Leer más en: Los secretos del ‘Clan Úsuga’)

Cinco días después, esta muerte se convertiría en una excusa para demostrar el poder que para ese año tenía la organización armada. A través de un panfleto distribuido casa por casa decretaron el segundo paro armado, que afectó decenas de municipios, entre ellas sus capitales, en los departamentos de Magdalena, Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar. (Leer más en: Urabeños demuestran su poder regional)

Luego caería el ‘Negro Sarley’ y, más recientemente, fue abatido ‘Marcos Gavilán’. Ambos fueron vistos en parajes recónditos del Urabá antioqueño como grandes benefactores, campesinos comunes y corrientes que empuñaron las armas para darles qué comer a su pueblo. Del grupo de viejos amigos solo queda ‘Otoniel’, quien nuevamente expresa su deseo de entregar las armas y someterse a la justicia tras casi cuatro décadas de operar en la ilegalidad, siempre en la misma región que lo vio crecer, convertirse guerrillero, luego paramilitar y, finalmente, en poderoso narcotraficante.

Esa intención del máximo jefe de las Agc echa por tierra el propósito esbozado en uno de sus documentos internos incautados por la Policía Nacional: “para 2018, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Jorge Eliecer Gaitán’ serán un actor armado y político que buscará entablar negociaciones con el gobierno nacional”. Nada más distante de la realidad.

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La violencia sexual tenía como objetivo específico a las mujeres negras y lo fueron no sólo por su género, sino particularmente por su raza. No fue una forma de represalia o castigo a las mujeres del enemigo, como suele suceder en los conflictos armados, sino que tenía sus raíces en la historia de discriminación, servidumbre y esclavitud a que han estado sometidos los hombres y mujeres de las comunidades negras”.

A esa conclusión llegó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín al evaluar los vejámenes, ultrajes, ataques sexuales, casos de servidumbre sexual y tratos degradantes que los miembros del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) perpetraron contra las mujeres de las comunidades afros asentadas en el sur del departamento de Chocó.

Las valoraciones de los relatos de las víctimas quedaron consignadas en la sentencia proferida recientemente por este Tribunal contra Rodrigo Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’ y otros cinco desmovilizados de esta estructura paramilitar postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, entre ellos a purgar sólo ocho años de cárcel. (Descargar sentencia)

La magistratura analizó en detalle 31 casos de violencia sexual cometidos por los integrantes del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó en los municipios de Bajo Baudó (Pizarro), Condoto, Quibdó, Medio Baudó (Puerto Meluk), Istmina, Alto Baudó (Pie de Pató), Medio Atrato y Lloró.

Para los magistrados, se trata de una cifra que encierra un alto subregistro, pues las víctimas de este crimen generalmente eran intimidadas por los ‘paras’ con el fin de que no denunciaran dichas agresiones o, en el peor de los casos, las mismas mujeres afectadas optaron por guardar silencio para evitar los señalamientos y los juicios de sus comunidades o el rechazo de sus parejas y familiares.

En los casos analizados se advierten patrones de sistematicidad que dan a entender que se trató de una “clara manifestación de abuso de poder, dominación y sometimiento del grupo armado y sus hombres sobre las mujeres negras, asociado al dominio y control que tenían sobre la población”, con lo cual se infringieron las normas internacionales que regulan los conflictos armados, constituyéndose así en crímenes de guerra agravados por su carácter discriminatorio y racial.

Tal como quedó demostrado a lo largo del proceso judicial, la violencia sexual en el sur de Chocó se incrementó notoriamente desde 1997, año en que ingresaron los primeros paramilitares que sirvieron de base para la conformación del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó (ver más en: Baudó, Chocó: dos décadas de guerra intensa). Desde entonces, esta práctica criminal comenzó a registrar incrementos, siendo el periodo comprendido entre los años 2000-2004 el pico más alto.

El análisis de estos casos dejó entrever que, a diferencia de episodios similares registrados en otras regiones del país, “ninguno obedeció a la humillación, represalia o castigo de las niñas, adolescentes y mujeres del enemigo, o una especie de ‘botín de guerra’ que se le arrebata y del que se despoja a éste”, así como también quedó claro que “ninguna de ellas tenía vínculos con los otros grupos armados ilegales que hacían presencia en la región ni se les acusó de tenerlos. Todas ellas hacían parte de la población civil y eran mujeres civiles”.

Uno de los señalamientos más graves de la sentencia es que este tipo de prácticas “se ejercían y realizaban de manera pública y continúa, con el conocimiento y la tolerancia, permisividad o indiferencia de las autoridades. La omisión de éstas constituye un incumplimiento de los deberes del Estado”.

Relatos de dolor

La violencia sexual en el Chocó tiene un gran subregistro, pues muchas mujeres aún se niegan a denunciar por temor al rechazo social y familiar. Foto: Juan Diego Restrepo E.M* fue víctima del asedio desde que tenía 10 años y los paramilitares del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó ingresaron al corregimiento Aguacatico del municipio de Medio Baudó (Puerto Meluk). “Alias ‘el vaquero’ comenzó a molestarme, a decirme que le parara bolas, a enviarme razones. Como no le prestaba atención me cogió a la fuerza y me violó”, describe uno de los casos consignados en la sentencia.

Este fue uno de los aspectos más llamativos de los crímenes documentados:en el 49 por ciento de los casos las víctimas fueron objeto de seguimientos y acosos previos por parte de sus victimarios. El caso de T* da cuenta de ello: “antes que de que me violaría, el ‘Yuca’ (paramilitar) me decía que estaba muy buena (sic), que esos vestidos me quedaban muy bien, que tenía un cuerpo muy bueno (sic)”.

Al momento de los ultrajes sexuales, ambas víctimas eran menores de edad. Este fue otro de los dolorosos hallazgos que dejó el análisis de este crimen cometido por los paramilitares: 12 de los 31 casos documentados correspondieron a mujeres menores de 18 años y en tres de esos casos la víctima no superaba los 14 años de edad.

Además, si algo demostró el estudio realizado por la Sala de Justicia y Paz de Medellín es que la violencia sexual se convirtió en una práctica para ejercer poder y dominación sobre las poblaciones donde se asentaron los paramilitares. En ese sentido se estableció que “aunque la violencia sexual se concentraba en cierto tipo de mujeres, y dentro de éstas privilegiaba la edad y la condición civil, de alguna manera también asociada a la edad, terminaba siendo indiscriminada y no distinguía las demás condiciones de las víctimas. De ella no escapaban las embarazadas, ni las mujeres recién paridas, ni las que sufrían de algún trastorno mental, ni las vírgenes

El caso de Y* también es diciente al respecto: “llegaron dos hombres, que iban de parte de su jefe y que él quería que me presentara en su casa, me tocó irme (…) me llevaron a un cuarto donde estaba alias ‘don Mario’ vestido con una pantaloneta y sin camisa (…) se me presentó como el jefe de la zona y que necesitaba de mis servicios, que estuviera con él, a lo que yo me rehusé y este se puso como bravo, me cerró la puerta y me dijo que tenía que estar con él”.

En otros casos, los ataques sexuales ocasionaron embarazos no deseados entre las víctimas, como en el caso de L*: “llegó un muchacho y me dijo que fuera donde el comandante y yo le dije que no iba a ir porque no tenía nada que hablar con él. A la media hora llegó con otro muchacho, me dijeron que el jefe había mandado por mí, yo le dije que no y cada uno me cogió del brazo y me llevaron, cuando llegamos allá, el comandante me dijo que yo me las tiraba de muy creída, que de qué me las aplicaba, que nunca una mujer lo había despreciado y me violó”.

Por varios años los paramilitares del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó de las Auc sometieron a las comunidades del Baudó a sangre y fuego. Foto: Ricardo CruzTal como lo consignó el Tribunal, la víctima, que tenía 19 años para el momento de la violación, quedó embarazada. Ella decidió ocultarle el hecho a su victimario, pero cuando este se enteró ordenó golpearla por “haberle dicho mentiras”.

Como si fuera poco, la violencia sexual vino aparejada con casos de servidumbre y esclavitud sexual, como lo revela el caso de S*, quien a la edad de 15 años fue retenida por un comandante paramilitar en zona rural de Bajo Baudó: “alias Ronald apenas me miró dijo que yo tenía que ser de él y me cogió y me llevó para el monte y no me dejaba salir y para donde él iba yo tenía que ir con él (…) me obligaba a tener relaciones con él (…) y me decía que si me volaba me mochaba la cabeza”.

En otro de los casos, estuvo asociada a la desaparición forzada, tal como lo narró R*, luego de describir cómo fue violada por dos hombres: “en ese momento llegó mi hijo de nombre F.M. y trató de defenderme, pero no pudo hacer nada porquelos tipos lo amarraron y se lo llevaron… por la desaparición de mi hijo tampoco pude hacer nada, cuando preguntaba a la gente si habían visto a mi hijo me contestaban que los grupos armados estaban matando la gente y la estaban tirando al río, que era mejor que me quedara callada y las cosas quedaron así… yo no tengo esperanza de que sea encontrado”.

La magistratura también destacó que “hubo verdaderos casos de humillación y degradación”, entre ellos la violación sucesiva por dos o tres hombres, uso de objetos y violencia innecesaria y excesiva. Así quedó constatado en el caso de F*, al describir qué le ocurrió luego de que un grupo de por lo menos cien paramilitares llegara a donde ella estaba junto con otra mujer.

“Dos de ellos nos detuvieron… me decían que no gritara que nadie iba a hacer nada… me llevaron detrás de una casa… [y] entre los dos me arrancaron la blusa también tenía una falda short, también me la arrancaron… yo estaba temblando del miedo y gritaba, y ellos me metieron un trapo en la boca… seguí gritando y el negro me pegó en la cara y me reventó la boca, ellos estaban discutiendo quién era primero y me preguntaron si yo había estado con algún hombre yo les dije que no… me violaron, primero el negro, y yo botaba mucha sangre y luego el paisa y después vino otro paramilitar y también abusó de mí, yo quede tendida en el suelo llena de mucha sangre, y como pude me levanté”.

Tras estos dolorosos relatos, la magistratura concluyó que “todo ello no era más que una forma de negar o eludir la propia degradación e indignidad, pues para no experimentarla era preciso hacer todo lo posible para humillar, vejar, pisotear y aniquilar la integridad y dignidad de la mujer”.

Los efectos fueron devastadores para las víctimas. De los 31 casos analizados, “en 11 de ellos las mujeres quedaron en embarazo y casi todas tuvieron su hijo a pesar de ser el fruto de la violación y las dos que no, fue porque lo perdieron. En la larga lista de efectos de la violación, además del daño emocional y sicológico, está el desplazamiento forzado, las ideas suicidas, las enfermedades de transmisión sexual, la ruptura de la relación con sus compañeros y/o la dificultad para sostener nuevas relaciones sentimentales y sexuales, el abandono del estudio”.

Los responsables

Las mujeres jóvenes, incluso menores de edad, fueron el blanco de la violencia sexual infringida por paramilitares en el sur del Chocó, así como en su capital, Quibdó. Foto: Juan Diego Restrepo E.Según lo estableció la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía, finalizando 1995 se realizó en Quibdó una reunión en la que participó un selecto grupo de mineros y comerciantes chocoanos con Carlos Mario García, alias ‘Rodrigo Doblecero’, en aquel entonces mano derecha del máximo comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), Carlos Castaño Gil.

El motivo del encuentro fue concretar la creación de un grupo de autodefensas que incursionara en el sur de Chocó. El primer contingente paramilitar arribó en los primeros meses de 1996, en total 30 hombres bajo el mando de Rafael Antonio Londoño Ramírez, alias ‘Rafa’, a quien le encomendaron la misión de proteger los intereses de mineros y comerciantes de Quibdó, la región del San Juan, así como recuperar los ejes viales Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira.

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Ese primer grupo tomaría el nombre de Frente Minero y sería la génesis del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó, una máquina de guerra que sembró el terror en los pueblos asentados a lo largo de la cuenca de los ríos Baudó y San Juan, y responsable del éxodo de decenas de comunidades negras de sus territorios ancestrales. Curiosamente, buena parte de los miembros de este Bloque eran hombres mestizos, provenientes de Antioquia y la costa norte del país.

Y fueron principalmente los mestizos (paisas y costeños) los responsables de los ataques y ultrajes sexuales perpetrados contra las mujeres negras, como lo pudo establecer el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín y, según constataron los magistrados que lo integran, dichos actos no solo fueron cometidos por los jefes paramilitares, también los patrulleros de bajo rango, incluso bajo beneplácito de sus jefes.

De acuerdo con los testimonios consignados en la sentencia, reconocidos paramilitares como Hernán Darío Aristizábal, alias ‘King Kong’, quien luego fuera comandante del Bloque Cacique Nutibara en la comuna 13 de Medellín; Aldemar Echavarría Durango, alias ‘Mario’; José María Negrete, alias ‘Raúl’; y Nilson Machado Rentería, alias ‘Capaceño’, aparecen como los máximos responsables de estos crímenes de violencia sexual.

Pero más allá de ello, la conclusión del Tribunal es que se trató de un crimen con connotaciones discriminatorias: “En su inmensa mayoría, la violencia sexual fue ejecutada por hombres blancos o mestizos o de regiones distintas a Chocó o el litoral pacífico. En múltiples casos, el perpetrador, blanco o mestizo, emitía un mandato imperativo y perentorio y las mujeres, negras, eran retenidas o sustraídas y conducidas forzosamente ante él, quien las sometía a distintas formas de violencia sexual”.

En los apartes finales, la magistratura exaltó la valentía de las víctimas ante hechos tan aberrantes: “Esta sentencia es un reconocimiento del sufrimiento de las mujeres negras víctimas de violencia sexual, pero también un homenaje a su capacidad de soportar el dolor, a su fortaleza para seguir adelante y a su entereza para enfrentar el futuro con dignidad, dar a luz y levantar a sus hijos fruto de la violencia, con el mismo afecto y ternura que los demás y sin discriminación alguna”.

* Nombre cambiado para preservar la identidad de la víctima

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El Ejército Popular de Liberación (EPL) inició sus acciones en 1968 en el Alto San Jorge y el Alto Sinú, en los límites del departamento de Córdoba y el Urabá antioqueño. Foto: archivo Semana.Ha pasado poco más de un cuarto de siglo desde el día que el Ejército Popular de Liberación (Epl), la segunda guerrilla más beligerante que tuvo Colombia en su momento, abandonó la lucha armada para transformarse en Esperanza, Paz y Libertad, un movimiento político con aspiraciones de poder. El camino recorrido hasta ahora en la arena política nacional por los “esperanzados”, como popularmente se les conoce, no ha sido fácil.

La falta de garantías de seguridad para sus miembros, que fueron perseguidos por sectores de extrema derecha y extrema izquierda; el fracaso parcial de la reincorporación de sus excombatientes, sobre todo de sus mandos medios; y la dispersión política de sus integrantes, fueron las principales amenazas que enfrentó el naciente movimiento que buscó abrirse camino en un escenario caracterizado por la debacle de los partidos tradicionales Liberal y Conservador, y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas.

Sin embargo, entre quienes lograron sortear todos esos obstáculos aún sobrevive ese espíritu de unidad que los ata al pasado y que les permite mantener esa coherencia ideológica y política que se trazaron el 1 de marzo de 1991, cuando decidieron apostarle a una democracia sin fusiles ni camuflados.

Hoy, cuando las negociaciones con las Farc parecen que llegarán a un acuerdo final, experiencias como la del Epl vuelven a cobrar vigencia para aprender de los errores y potenciar los aprendizajes en materia de participación política de exguerrilleros. VerdadAbierta.com hizo un repaso sobre el papel de los “esperanzados” a su paso por la política nacional y regional, con el fin de identificar allí las claves que tendrá que atender el país para que el capítulo de las “Farc en la política” sea exitoso.

El “Día D”

Mario Agudelo, exmiembro del EPL que ha sido electo Alcalde de Apartadó y Diputado de Antioquia por el movimiento Esperanza, Paz y Libertad.Fuertes vientos de paz soplaban en Colombia cuando inició la década de los noventa. Pablo Escobar, el temido narcotraficante jefe del Cartel de Medellín, se había entregado a las autoridades. Tan sólo un par de años antes, la guerrilla del M-19 hizo dejación de sus armas, reintegrándose a la sociedad como nueva fuerza política. Como si fuera poco, Fidel Castaño, jefe de los grupos de autodefensa que por aquellos años se gestaban en Córdoba y Urabá, se sumó a los gestos de paz que tenían lugar en todo el país y decidió desarmar sus ejércitos privados.

El ambiente político nacional también se sacudía desde sus cimientos, gracias a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente cuya tarea era la de reformar la Constitución Política, la que, además, abrió la posibilidad para que participaran nuevas expresiones políticas diferentes a los partidos tradicionales. Fue en este escenario en el que se produjo la desmovilización de los 2.200 integrantes de la guerrilla del Epl el 1 de marzo de 1991.

Desde ese día, esta guerrilla de orientación maoístacomunista, se transformó en Esperanza, Paz y Libertad, movimiento político que buscaba aprovechar la apertura democrática y los procesos de descentralización que se gestaban en el país para introducir sus agendas, sus propuestas y, por supuesto, aspirar a ser opción real de poder. Para ello, “los esperanzados” buscaron aprovechar la base social que construyeron durante sus años de lucha revolucionaria.

Uno de los territorios donde el Epl tuvo mayor fuerza político-militar fue el Urabá antioqueño. Cerca de allí, nacerían en la década del sesenta, justo en el Alto Sinú y el Alto San Jorge, zona limítrofe entre Córdoba y Antioquia. En medio de la tregua con el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y tras pactar la posibilidad de tener voceros públicos, este grupo logró consolidar una fuerza sindical en torno a las condiciones laborales de los obreros de las bananeras de la región.

“Después de cuatro meses, Sintagro pasó de tener 60 afiliados, con 10 pliegos de peticiones a tres mil afiliados y más de 40 petitorios. Entre agosto del 84 y agosto del 85 ya tenía unos ocho mil afiliados y alcanzó a tener el 60 por ciento de la fuerza laboral bananera. Bajó la represión y la estigmatización, y podíamos hacer proselitismo abiertamente”, explica Mario Agudelo, exdirigente del Epl, quien llegó a ser Alcalde de Apartadó y Diputado de Antioquia.

Este sindicato fue una de las bases del actual Sintrainagro, cuando en 1989 se uniera con otro sindicato existente en la región: Sintrabanano, influenciado por las Farc y el Partido Comunista; y Sindejornaleros, influenciado por la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del Eln. De esa manera se convirtió así en uno de los fortines políticos de Esperanza, Paz y Libertad en el denominado Eje Bananero (Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa).

“Se les notificó a los empresarios bananeros que Sintrainagro surgía como una organización y además como un modelo de negociación avanzado”, recuerda Guillermo Correa, exmilitante del Epl y líder sindical de esta organización, y añade: “con Sintrainagro, las negociaciones se organizaron por grupos y no se hacían en cada finca, este modelo aún se mantiene en la industria bananera de Urabá”.

Persecución violenta

El Frente 5 de las Farc fue uno de los principales enemigos tanto del Epl como del movimiento surgido tras su desmovilización en 1991. La disidencia de este grupo estuvo apoyada por Jaime Caraballo y sostuvo algunas alianzas con este frente de las Farc. Foto: archivo Semana.Pero los “esperanzados” no sólo debieron enfrentarse a las viejas maquinarias políticas, bien aceitadas y con capacidad de comprar grandes clientelas. También tuvieron que soportar una inclemente persecución armada que provino tanto de las Farc como de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

Las diferencias con las Farc surgieron en 1979, cuando el líder político Bernardo Gutiérrez integró las filas del Epl tras desertar del Frente 5, junto con once combatientes más.

“Bernardo planteó que las Farc tenían un comportamiento más delincuencial que revolucionario por lo que venía haciendo y sacó un listado de combatientes que habían asesinado por no querer seguir en las Farc; otro de campesinos que al no quererlos apoyar también fueron asesinados; y habló de personas que tuvieron que desplazarse huyendo de que los mataran”, asegura Miguel Darío Osorio, quien fue miembro de la dirección regional y del Comité de Ética del Epl en Urabá.

Según Felipe Cabadía, exmilitante del Epl en esa región agroindustrial, la persecución hacia sus desertores tuvo una tregua durante la conformación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, donde confluían las Farc, el Eln, el Epl, el Quintín Lame y el Prt (Partido Revolucionario de los Trabajadores). A partir de la desmovilización de todos los integrantes, excepto las Farc y el Eln, se reavivaron las tensiones y se sumaron las acusaciones de traición a las banderas de la lucha armada revolucionaria

Cuando empezó el trabajo político del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, “la primera reacción de las Farc fue empezar a matar dirigentes, la segunda fue matar base social y hacer masacres en fincas”, asegura el exconstituyente Darío Mejía y agrega: “si uno compara en el país los muertos de la izquierda hay más a manos de las Farc que a manos del Ejército. Esa guerrilla siempre se ha caracterizado por ser una organización vanguardista que nunca ha aceptado que haya otros que le peleen cosas en el territorio”.

Tras la desmovilización, entre los simpatizantes del nuevo movimiento se sentía incertidumbre, no sólo por los hechos violentos que se presentaban, sino también por los procedimientos para el trabajo político. En diciembre de 1991, unas 73 personas de la región enviaron a los dirigentes de Esperanza, Paz y Libertad una carta donde expresaron, además de esto, su inconformidad frente a lo que consideran un abandono por parte de los líderes del movimiento. (Ver carta)

Pero las Farc no fue el único adversario que tuvo este naciente grupo político. En octubre de 1991, sus dirigentes denunciaron públicamente las dificultades que sufría su proyecto en el norte de Urabá debido al recrudecimiento del paramilitarismo en la zona, en especial en los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Arboletes y San Juan. Las Autodefensas reaparecieron luego de que en septiembre de 1991 Fidel Castaño desmovilizara sus ejércitos privados y distribuyera 10 mil hectáreas de tierra entre más de dos mil familias campesinas de la región.

Este grupo, que se reactivó en San Pedro de Urabá, “es el embrión de lo que serán después las Accu”, asegura Agudelo. Así, el intenso trabajo social y sindical que Esperanza, Paz y Libertad había realizado tanto en el norte de Urabá como en el Eje bananero tuvo que suspenderse como consecuencia de las persecuciones y señalamientos de las autodefensas. A esto se suma que para las elecciones de 1994 sus candidatos y listas obtuvieron escasos votos en el norte de Urabá, por lo que los “esperanzados” optaron por reforzar su tradicional trabajo sindical en el Eje bananero.

¿Y los mandos medios?

La desmovilización de la disidencia se dio en julio de 1995 en la finca Cedro Cocido, propiedad de Fidel y Carlos Castaño en San Pedro de Urabá; los principales jefes terminaron trabajando para Carlos Castaño, en el norte de la región. Foto: archivo Semana.Alproceso de paz con el Epl se le sumaría un problema más: la disidencia, denominada ‘Frente Bernardo Franco’ e integrada en su momento por más de 30 hombres liderados por Francisco Caraballo. Se trató de un grupo conformado, en su mayoría, por desmovilizados que pretendían retomar la lucha armada en el Eje bananero y en el norte de Urabá.

“Antes de la desmovilización no teníamos idea de que a los mandos medios había que tratarlos diferente: el dirigente tiene claro para dónde va, sabe qué trabajo sindical, social o político hará; la inmensa mayoría de los excombatientes de base no querían ser políticos, sino reorganizar su vida, volver donde su familia o a su parcela; sin embargo, al mando medio no le interesaba ni la política, ni regresar a casa”, asegura Agudelo.

Para Mejía, quien ha acompañado diferentes procesos de desmovilización en Colombia, estos momentos de ruptura tras la dejación de armas son inevitables: la estructura del movimiento cambia y quedan atrás las relaciones verticales y empiezan a conformarse relaciones horizontales que no siempre son armoniosas. “Una cosa es que usted, en la organización, dé una orden porque es mando y otra cuando la gente se desmoviliza porque empieza a pensar ‘yo no tengo quién me mande’, ‘yo puedo pensar diferente, creo diferente y hago diferente y no tengo por qué aceptarle a usted las cosas’ y se empiezan a presentar contradicciones”.

La disidencia del Epl estuvo conformada, entre otros por alias ‘Gonzalo’; ‘Ricardo’; ‘Giovanny’; ‘Gavilán’ y ‘Otoniel’, estos últimos reconocidos como los máximos jefes de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

“Ellos empiezan esa actividad radicalizados contra Esperanza, Paz y Libertad. Las Farc los asume en sus territorios y cuando entran en choque con ese grupo guerrillero debido a diferencias frente al trato con la población se repliegan para Vigía del Fuerte; envían desde allí comunicación a Carlos Castaño expresando su deseo de adherirse a las autodefensas, él no los acepta y mejor se convierte en intermediario para que se desmovilicen”, explica Agudelo.

Ante las amenazas de seguridad de los desmovilizados y las crecientes quejas por la débil actuación del Estado para brindar las garantías necesarias, en marzo de 1992, un sector de excombatientes decidió crear los Comandos Populares para enfrentarse a la disidencia de Caraballo.

Comandos populares de Urabá, base de las Accu

Entre los desmovilizados de base y exdirigentes se plantearon debates acerca de la protección para quienes no tenían esquemas de seguridad permanentes. El resultado de esas discusiones fue el rearme de por lo menos 50 personas para protegerse de la persecución por parte de la disidencia. Los exdirigentes consideraron que rearmarse afectaba el proyecto político y la idea de paz que había motivado la desmovilización.

Para Agudelo, los mandos medios representan uno de los puntos más delicados de la desmovilización de las Farc y deberá vigilarse cuidadosamente su reinserción a la vida civil para evitar disidencias como la padecida por el Epl.

Participación, con resultados para mostrar

Esperanza, Paz y Libertad logró su participación en la Asamblea de Antioquia con varios representantes, entre ellos Mario Agudelo y Manuel Márquez. El sindicato bananero Sintrainagro fue el principal fortín político de este movimiento. Foto tomada de Teleantioquia.Pero, ¿qué pasó con los exguerrilleros que pudieron participar en política? Después de la desmovilización del Epl, en marzo de 1991, y de conformarse Esperanza, Paz y Libertad, el movimiento de la Alianza Democrática M-19 acogió ésta y otras iniciativas políticas para fortalecerse en todo el país, lo que dejó a los “esperanzados” sin posibilidades en la arena política nacional.

“Muchos amigos (la gran mayoría) estuvimos en la Alianza”, admite Manuel Márquez, actual diputado de Antioquia por el partido ASI y quien fue concejal de Apartadó entre 1997 y 2001 por la Alianza Democrática. “Cuando la Alianza M-19 también se desbarató como movimiento político a nivel nacional, cada quién cogió su rumbo, unos para el Partido Liberal, otros para el Polo (Democrático Alternativo). A diferentes escenarios políticos que en su momento la gente vio como alternativa”.

Otro, como Márquez, tomaron la decisión de integrarse a Convergencia Ciudadana, movimiento conformado por otros desmovilizados que habían quedado “huérfanos políticamente” tras la liquidación de la Alianza. Sin embargo, “muchos no nos sentimos representados, entonces unos se fueron para el Polo, otros para el Partido Verde. En mi caso, vi en la ASI una alternativa donde uno puede hacer política”, asegura el diputado.

Márquez llegó a la Asamblea de Antioquia en 2011 con 10.689 votos, resultado de su liderazgo y trabajo sindical en Sintrainagro, conformado por más de 16 mil trabajadores bananeros de Urabá y reconocida fuerza política de Esperanza, Paz y Libertad. En 2015 este diputado repitió escaño en la Duma con más de 8 mil votos.

Por su parte, el actual alcalde de Apartadó, Eliécer Arteaga fue elegido en 2015 por el partido de la U con más de 20 mil votos. Algunos exmilitantes consideran que él ha capitalizado electoralmente la fuerza política de Esperanza, Paz y Libertad, pero que sus ideales distan de lo que proponía este movimiento.

Arteaga, sin embargo, asegura que su ejercicio político tiene banderas democráticas actualizadas: “lo que pasa es que en la medida que va avanzando el tiempo, las costumbres políticas van cambiando, las exigencias de la comunidad son otras y el municipio va creciendo. Una sola diferencia: los dos primeros alcaldes que tuvo el movimiento, Teodoro Díaz y Mario Agudelo, llegaron con 5 mil 500 votos, luego estuvo Oswaldo Cuadrado, que llegó con 9 mil, y yo llego con 20 mil votos. Y uno le pregunta a un joven de hoy quién era Teodoro o Mario y de pronto ni se acuerda. Todo esto se debe tener en cuenta a la hora de construir una propuesta”.

El alcalde aclara que su proyecto político ya no se centra en la génesis de la izquierda en la región, donde Esperanza, Paz y Libertad tuvo fuerza desde su configuración gracias al trabajo sindical y campesino; para él, la región y el país deben verse ahora de una “manera real” y, a partir de esa mirada construir las propuestas políticas que den solución a las necesidades de la gente.

El líder de la organización de víctimas Asovima, Ciro Abadía, expresa que aún hoy el barrio Obrero, donde se perpetró la masacre conocida como de “La Chinita”, la más cruentapor parte de las Farc contra los simpatizantes de este movimiento, representa una fuerza política importante a la hora de elegir concejales y alcaldes en Apartadó, gracias a las 33 mil personas que conforman la Junta de Acción Comunal.

“Le acabamos de poner más de 6 mil votos a Eliécer Arteaga para que fuera el alcalde”, dice Abadía; sin embargo, el estigma hacia los candidatos a Concejo y Alcaldía que se relacionan con los “esperanzados” sigue vigente. De 17 concejales que se eligen en Apartadó, el barrio Obrero alcanzó a elegir cinco.

“Pero todo eso nos lo acabaron por el estigma. A Eliecer [Arteaga] le decían que cómo iban a montar a un alcalde guerrillero; eso no puede seguir pasando”, cuenta Abadía y asegura que el movimiento también ha sido víctima de la maquinaria política: “La política ya no se puede hacer de tú a tú, sino con el billete; tú haces el trabajo social, pero cuando llegan las elecciones, llega la plata”.

Pese a que han tenido que apelar al apoyo de otros partidos, quienes conformaron Esperanza, Paz y Libertad han logrado ganar varias veces las elecciones a las alcaldías en Urabá en los municipios de Turbo, Carepa, Apartadó y Chigorodó. Los resultados logrados esta vez por Márquez y Arteaga evidencian que, a pesar de las muertes a manos de la disidencia, las Accu y las Farc, la fuerza de este movimiento es latente en la región.

Reparación colectiva

Exdirigentes de Esperanza, Paz y Libertad aseguran que la persecución de las Farc fue sistemática y tuvo como objetivo acabar con todo el movimiento político. Se estima que más de 150 personas fueron asesinadas en masacres ejecutadas por las Farc y que, con homicidios selectivos, alcanzaron la tercera parte de este grupo. Foto: archivo Semana.Actualmente Esperanza, Paz y Libertad se encuentra en proceso de recolección de información con el propósito de apelar a la reparación colectiva en el marco de la Ley 1448 de 2011, conocido como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, alegando que contra ellos se perpetró un exterminio similar al de la Unión Patrótica (UP). Así lo expresaron el 17 de junio de 1991, tan solo cuatro meses después de la desmovilización del Epl. Ese día, 150 excombatientes se tomaron pacíficamente la Alcaldía de Apartadó para denunciar el asesinato de14 de sus compañeros, así como constantes amenazas al movimiento político.

“Esperanza, Paz y Libertad era una organización de 2.500 militantes y le mataron casi 700, aniquilaron una cuarta parte de la organización”, precisa Mejía, quien explica que “esto fue por cuenta de la persecución de las Farc, las Autodefensas y también la disidencia. En Urabá se da un proceso de aniquilamiento, no contra unas personas sino contra una organización política naciente”.

¿Exterminio de Epl en Urabá, crimen de lesa humanidad?

Mejía tiene claro que uno de los propósitos de las Farc después de la desmovilización del Epl fue “aniquilar una fuerza que en el territorio le estaba haciendo oposición y que estaba trabajando con la comunidad para defender su línea política. Hay un aniquilamiento y una persecución contra un movimiento político”.

Desde 1993 empezó otra ofensiva militar de las Farc contra Esperanza, Paz y Libertad que dejó más de 143 integrantes muertos en tres años. Su inicio estuvo antecedido por el secuestro y posterior asesinato del líder sindical Jesús Alirio Guevara Angarita, ocurrido en enero de ese año.

Lo que vino después fue cruento y dejó decenas de víctimas. Entre el 4 de febrero de 1993 y el 14 de febrero de 1996 el Frente 5 de las Farc ejecutó 12 masacres contra este movimiento. En Apartadó, en las fincas La Popola (4 muertos), Canaima (5 muertos), La Lolita (9 muertos), Filipinas (9 muertos), en el Bajo del Oso (26 muertos) y en el Barrio La Chinita, (37 muertos); en Turbo, en la finca La Mora, antes Villanueva (8 muertos), La Ceja (8 muertos), San Rafael, (4 muertos), Mapaná (5 muertos); y, en Carepa, en las fincas Los Cunas (17 muertos) y Osaka (11 muertos).

“A nosotros nos dejaron a merced de los grupos paramilitares porque el Estado no copó las zonas quenosotros dejamos, esas las coparon las Farc y Carlos Castaño”, asegura Cabadía y señala que en ese momento el afán del Estado era desmovilizarlos, “lograron su objetivo y nos abandonaron a nuestra suerte”.

La versión de incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado es sostenida por algunos, quienes, además, aseguran que por eso se originó la disidencia apoyada por Caraballo; sin embargo, Darío Mejía asegura que el gobierno sí cumplió con los acuerdos. (Ver acuerdos)

Experiencias y errores: el turno de las Farc

La seguridad de los dirigentes y la base militar de las Farc, la desmovilización de los mandos medios, la aceptación de la sociedad para los  desmovilizados,y la disputa de los territorios por parte de otros grupos; son algunos de los principales riesgos en materia de participación política de las Farc tras la firma del acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Para Mejía, pese a que las Farc han sido un “obstáculo para el desarrollo de las posiciones democráticas en el país” y que “han sido extremadamente perjudiciales para que existan posiciones divergentes”, se deben crear los condiciones para que ellas encuentren los espacios políticos sin importar que no los hayan generado antes: “lo más importante es que con el correr del tiempo se van a dar cuenta de los grandes errores que cometieron”.

Uno de los puntos menos sólidos de los acuerdos entre el Epl y el gobierno nacional fue el de participación política; si bien se brindaron condiciones jurídicas, no se dio especial importancia a las garantías de seguridad. “El Estado estableció esquemas para los dirigentes, pero el modelo estuvo enfocado en la protección de dirigentes y no en excombatientes de base”, explica Agudelo.

De acuerdo con este dirigente, “nosotros siempre pensamos que en los temas de seguridad el problema iba a hacer: primero, por parte de viejos enemigos (gobierno, paramilitares y poder económico) y que sería contra los dirigentes”. Sin embargo, al poco tiempo se observó que las Farc atentaron contra los militantes de base o simpatizantes. A su juicio, el proceso que avanza con este grupo alzado en armas debe valorar de una manera más realista las posibles amenazas y hacer un seguimiento acertado con una reacción más rápida por parte del Estado en materia de seguridad.

Para Cabadía, una de las ventajas de este proceso de paz, frente a lo que vivió el Epl después de su desmovilización, es que a pesar de que ahora hay bandas criminales ellas no tienen una concepción anticomunista como sí lo tenían las paramilitares de Carlos Castaño. “A Castaño no le importaba si nos habíamos desmovilizado o no, el problema de él era que nosotros éramos de izquierda”, dice, y advierte que otro peligro que podrían correr las Farc es que los ataque otra organización guerrillera, en este caso, el Eln.

Con estos dos grupos se vislumbra otra amenaza que consiste en la ocupación de los territorios donde actuaban las Farc, tal como pasó con los territorios dejados por el Epl en su momento. En algunas regiones estos grupos pueden atacar el proceso y en otras pueden servir como receptores de desmovilizados que, en cierto momento, estén inconformes con el avance de la reinserción.

Según Agudelo, a la hora de hablar de un proceso adecuado de reincorporación, no sólo se habla del acompañamiento a los proyectos productivos, sino de la adaptación de los excombatientes a los entornos sociales “que para ellos va a hacer algo novedoso porque muchos de ellos han pasado toda su vida en la guerrilla”. Además, asegura que uno de los grandes retos para el Estado será mantener a los desmovilizados en las zonas rurales y evitar que, por falta de oportunidades, se desplacen a las grandes ciudades trasladando la responsabilidad de su proceso de reinserción a las autoridades locales.

Los desmovilizados de Esperanza, Paz y Libertad de Urabá han manifestado su intención de ayudar al desarrollo exitoso de este proceso de paz y aseguran que actualmente las Farc cuentan con unas posibilidades y unas garantías mayores de las que ellos tuvieron en su momento.

El proceso de negociacion con este grupo subversivo, que lleva en armas 52 años, es al que más tiempo se ha dedicado en la historia del país. Según Arteaga, han aprendido del pasado y se ha blindado jurídicamente para que pueda ser política de Estado.

Esta garantía jurídica, así como los acuerdos alcanzados en puntos neurálgicos que dieron origen al conflicto o que lo alimentaron, como la propiedad de la tierra y los cultivos de uso ilícito, generan una expectativa de éxito aún mayor que la vivida por el Epl en 1991, por lo menos en Urabá. “A las Farc les irá bien porque el país requiere que ellos silencien los fusiles y que se metan a trabajar por las vías legales”, concluye Abadía.

(*) Este artículo hace parte del proyecto Open Society con VerdadAbierta.com.

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El Eln fue el primer grupo guerrillero en “instalar” de minas antipersonal en el país. En la década de los 90 se convirtió en una práctica extendida a otros grupos insurgentes. Foto: archivo Semana.La historia de la guerrilla del Eln no solo está ligada al espíritu evangélico del sacerdote Camilo Torres; también al uso de artefactos explosivos como estrategia de guerra contra las Fuerzas Militares, lo que llevó a sus bloques y frentes a “instalar” minas antipersonal en buena parte de las zonas donde ejercen dominio armado.

Un repaso al pasado de este grupo alzado en armas desde hace 52 años muestra que fueron los primeros en usar artefactos explosivos contra la Fuerza Pública. Se emplearon inicialmente en áreas rurales del municipio de San Vicente de Chucurí, Santander. (Leer más en: San Vicente de Chucurí y las minas del Eln)

Las primeras referencias de accidentes que dejaron las primeras víctimas se registraron en la década del setenta en la región que hoy comprende los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucurí, donde se dio una fuerte confrontación entre el Eln y el Ejército Nacional.

En las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, que quedaron consignadas en el documento de macroimputación que le atribuye la responsabilidad de 15.896 crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se incluyeron 520 casos de siembra de minas antipersonal presentados entre 1991 y 2014.

El uso recurrente de estos artefactos explosivos no ha cesado. “Partes de guerra” de los distintos frentes de esta organización guerrillera dan cuenta de nuevos hechos.  El Frente de Guerra Oriental reportó denotación de una mina contra patrulla del Ejército el 26 de febrero de este año en la vereda Charo Centro, del municipio de Saravena, Arauca. Los reportes se repiten para el año 2015, sobre todo para este departamento.

Esa realidad contrasta con declaraciones de miembros del Comando Central del Eln, quienes en febrero del año pasado afirmaron que estaban dispuestos a desminar aquellas áreas de su influencia. La promesa le fue hecha al Llamamiento de Ginebra, una organización no gubernamental fundada en 2000 con el objetivo de “promover el respeto de las normas internacionales humanitarias por parte de los actores armados no estatales” y de impulsar la prohibición del uso de las minas antipersonal.

“Al llamamiento de Ginebra manifestamos nuestra disposición de contribuir al desminado en las zonas donde hemos sembrado minas”, precisó este jefe insurgente, quien de paso admitió varios errores al utilizar estos artefactos explosivos, “pero en ningún momento ha sido con propósito de afectar a la población protegida. En algunos casos no se levantaron mapas de los sitios minados y no se recogieron las minas”.

Alias ‘Ramiro Vargas’, explicó que las minas antipersonal las usan los distintos frentes del Eln “para la seguridad del área de nuestros campamentos y para contener el avance de fuerzas enemigas”.

Ante el eventual inicio de negociaciones entre el gobierno nacional y este grupo guerrillero, VerdadAbierta.com presenta el escenario de minas antipersonal en aquellos territorios de presencia histórica del Eln, con el propósito de resolver algunas preguntas que expliquen a fondo el problema que genera su uso para las comunidades campesinas y cuáles serán los desafíos para su erradicación en el caso de lograrse un acuerdo con esa organización subversiva. (Leer más en: ¿Cómo llega la guerrilla del Eln a la Mesa de Diálogos?)

De acuerdo con datos de diversos centros de investigación, el Eln tiene presencia en regiones del país que se destacan por ser áreas de frontera, explotación de hidrocarburos, enclaves de cultivos de hoja de coca para uso ilícito y actividades mineras ilegales. En todas ellas hay minas antipersonal desde hace varias décadas.

En algunas de esas áreas comparte dominio con otros grupos armados ilegales, tales como las Farc, una disidencia del Epl y estructuras criminales ligadas a actividades de narcotráfico. Por ello no es una tarea fácil tratar de identificar la responsabilidad de un fenómeno como el del uso de artefactos explosivos para atribuírselo a un solo grupo alzado en armas o a aquellos que hacen parte del crimen organizado.

No obstante, Verdadabierta.com se dio a la tarea de ubicar cuatro regiones históricas donde el Eln ha tenido presencia armada y por momentos ha sido hegemónico su control social y territorial, para determinar la magnitud no solo del daño actual sino de lo que podrá significar para un futuro las tareas de desminado.

Áreas minadas

Norte de Santander es el quinto departamento en registrar un mayor número de víctimas por minas antipersonal en el país. El Carmen y Teorama son los municipios más afectados por la presencia de estos artefactos explosivos. El año 2006 registró un aumento considerable en el número de víctimas a nivel nacional. En el caso de Norte de Santander, esta tendencia se presentó en el año 2005, cuando se dio un cambio en la estrategia guerrillera para defenderse y proteger sus cultivos de hoja de coca, como respuesta a las operaciones militares.

La complejidad en determinar a qué actor armado corresponden las áreas minadas radica en la coexistencia de las Farc, el Eln y el Epl en este territorio. El uso actual de estos artefactos puede estar asociado con el control de corredores de movilidad y defensa del territorio.

En amplias zonas de Arauca, Boyacá y Casanare hace presencia el Frente de Guerra Oriental, la estructura más activa y numerosa del Eln. El empleo de minas antipersonal en esta región se asocia con una estrategia de control territorial y no tanto con tácticas de repliegue o de tipo defensivo. Particularmente en Arauca, uno de los departamentos más afectados por la presencia de estos artefactos explosivos, el uso de minas antipersonal por parte del Eln está vinculado con el control de los corredores estratégicos empleados para el narcotráfico. Sin embargo, como respuesta a la ofensiva militar que tuvo su pico más alto entre 2002 y 2005, el Frente de Guerra Oriental incrementó el uso de minas antipersonal para evitar una confrontación directa con la Fuerza Pública.

En el informe el “ABC del Eln, evolución del Frente de Guerra Oriental”, publicado por la Fundación Ideas para la Paz (Fip) en abril de 2015, se establece que el uso de minas antipersonal por parte de este frente comienza a ser una práctica consolidada a partir del año 2000, hecho que coincide con un incremento en la capacidad de combate de esta estructura guerrillera. Por otro lado, Eduardo Álvarez, Coordinador del área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fip, señaló que no sería extraño que gran parte del territorio que está minado en partes de la frontera con Arauca sea muy cerca al río Arauca y a sus afluentes para impedir el paso de ciertas poblaciones.

En la actualidad, Tame es el segundo municipio que reporta mayor número de víctimas en el país. Los accidentes más recientes con estos artefactos se registraron el pasado 15 de marzo del presente año cuando tres militares y dos civiles activaron una mina antipersonal en la vereda Mata Oscura del municipio de Arauquita, Arauca.

La estructura guerrillera del Eln en Nariño es pequeña, pero activa en términos de ataque a la infraestructura y contra miembros de la Fuerza Pública. La lógica del minado puede obedecer a la protección de corredores estratégicos de salida hacia el Pacífico con el fin de proteger a su vez los controles de insumos para su producción y de tráfico de armas.

El accidente más reciente, que dejó un muerto y un herido, que se presentó en este departamento ocurrió en el resguardo de El Sande, en la vereda Chagui en elmunicipio de Santacruz Guachavez el pasado 2 de mayo.

Este departamento ocupa el cuarto lugar en número de víctimas antipersonal. Uno de los municipios más afectados por la presencia de estos artefactos es Samaniego. En 2009 habitantes de la vereda de El Decio estuvieron confinados por cuatro meses debido al uso indiscriminado de minas antipersonal por parte de los actores armados ilegales.

Hace más de diez años, en el corregimiento de Micoahumado, municipio de Morales, se llevó a cabo un ejercicio de desminado unilateral por parte del Eln. Este ha sido un territorio en disputa por diferentes actores armados debido a su riqueza en recursos naturales, como el oro y el petróleo, y a su ubicación estratégica.

En diciembre de 2002 se presentó el mayor escalamiento del conflicto cuando la población quedó en medio de un fuego cruzado entre los paramilitares del Bloque Central Bolívar (Bcb) y el Frente José Luís Solano Sepúlveda del Eln. Mientras los primeros se asentaron en las escuelas, en la cancha de futbol y en otros lugares públicos, así como en las casas de los mismos pobladores, los segundos emplearon minas antipersonal en diferentes puntos. La comunidad quedó confinada debido al uso de minas, a los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla, y al bloqueo de la entrada al corregimiento por parte de este último grupo armado ilegal.

La presión de la comunidad organizada en una Asamblea Popular Constituyente hizo que el Eln desminara la carretera San Pedro de la Plaza, El Reflejo, La Caoba y la Guásima, “mediante la remoción manual de minas, designando de entre sus combatientes a un grupo de expertos que ubicara los campos minados y elaborara un mapa”.

No obstante, la situación en esta zona es compleja. Por el recrudecimiento de la confrontación entre el Eln y tropas del Ejército hay problemas en Montecristo, Micoahumado y Morales, donde se está recurriendo al empleo de minas antipersonal.

¿Para qué minan?

Las minas antipersonal instaladas por el Eln han servido a los propósitos de brindar seguridad a sus campamentos y contener el avance de la Fuerza Pública u otro contrincante. Sin embargo, estos artefactos explosivos también han sido empleados por este grupo armado para la protección de cultivos ilícitos, como señaló para VerdadAbierta.com el Mayor Manuel Cardona, Director de Guerra de Minas del Centro Nacional Contra Artefactos Explosivos y Minas (Cenam) del Ejército.

Este grupo guerrillero emplea minas de tipo artesanal. En un informe especial de la Fundación Seguridad y Democracia, se señala que todos sus combatientes saben armar e instalar estos artefactos, entre ellos los conocidos como “quiebrapata” y “sombrero chino”, activados ya sea por la víctima o a control remoto.

Yeison Villamil, Gerente de Operaciones de Halo Trust, la primera y única organización que en el momento realiza procesos de desminado humanitario en el país, aclaró que en algunos casos es difícil establecer las diferencias entre las minas empeladas por las Farc o el Eln.

No obstante, en áreas cercanas al Carmen del Viboral y otras zonas del suroriente antioqueño, en donde ha existido control territorial por parte del Eln, las minas que se han encontrado son más sofisticadas, más durables y de mejor calidad. Estas minas antipersonal empleadas por esta organización alzada en armas son principalmente de alambre de tropiezo y son iniciadas de manera eléctrica, aclaró Villamil.

Una de las consecuencias de la instalación masiva de minas es la confinación de las comunidades, que no pueden salir a los centros poblados o a sus lugares de trabajo. En diversas regiones del país, las unidades guerrilleras informan a los pobladores sobre la ubicación de esos artefactos. Lo perverso es que si por alguna razón un civil activa uno de ellos es obligado a pagarla. Exigencias de este tipo se han dado en Nariño y Antioquia.

Si bien los diálogos entre el gobierno nacional y este grupo subversivo están en un momento de crisis por cuanto el Comando Central no acepta condicionar la apertura de la mesa de negociaciones al cese de la práctica del secuestro, diversos sectores sociales y políticos esperan que ese obstáculo sea superado y rápidamente se concrete un acuerdo sobre desminado, lo que aliviará la situación de seguridad de cientos de comunidades en sus zonas de influencia.

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Foto del mandatario tomada de lavozdelcinaruco.comJosé Vicente Lozano es conocido como el primer político condenado por ‘elenopolítica’. En 2010 un fallo de la Corte Suprema determinó que el Frente Domingo Laín Sáenz, del Eln, lo apoyó en su carrera a la Gobernación de Arauca en 1995 a cambio de que, una vez en el poder, les asignara partidas de la contratación pública. Lozano había sido elegido representante a la  Cámara por el mismo departamento en 2006, pero tuvo que abandonar su cargo en medio del proceso judicial.

En una reciente sentencia, el alto Tribunal retomó el caso y condenó a Lozano a nueve años de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

En su decisión, el Alto Tribunal referenció tres contratos que se financiaron con dineros de las regalías que recibe el departamento: la construcción del alcantarillado sanitario del barrio El Estero en Cravo Norte, el terraplén de la vía Puerto Rondón y la pavimentación de varias vías de Fortúl.

Las licitaciones para comenzar estas obras se entregaron entre 1995 y 1997, periodo en el que Lozano ocupó el cargo de Gobernador. El contratista elegido para ejecutar todas las obras fue Nelson William Rodríguez Sánchez, quien admitió que trabajó como un enlace de la guerrilla.

El caso de Lozano no es el único. El Frente Domingo Laín, considerado uno de los más ‘ricos’ del Eln, se ha financiado principalmente con extorsiones a las empresas petroleras y actividades de contrabando, pero también de la intensa intervención en la contratación pública de Arauca.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su informe “El ELN y la industria petrolera: ataques a la infraestructura en Arauca”, aseguró que “la protección y la amenaza a los políticos locales le permitió al Domingo Laín convertirse en un intermediario efectivo entre las necesidades de la población y los recursos públicos designados para satisfacerlas”.

Durante el juicio al exgobernador Lozano, el contratista del Eln, Rodríguez Sánchez, aseguró que es imposible que un contrato se adjudique sin el permiso de la guerrilla, pues los materiales deben pasar por carreteras que están contraladas por ella.  “Cuando se tenía conocimiento de las partidas aprobadas en los consejos municipales o en la asamblea departamental, era común ver desfile de contratistas con el fin de solicitarle a los jefes guerrilleros la asignación de los mismos”, agregó.

De acuerdo con varios testimonios recogidos por investigadores de la Fiscalía, la información sobre cómo y a quién se le debía adjudicar un contrato se le entregaba directamente al mandatario (o sus secretarios) por medio de ‘Vikingos’, nombre con el que se le conoce a una especie de memoriales en donde el Eln se comunicaba e impartía órdenesa los funcionarios públicos.

Temístocles Rojas, desmovilizado del Eln, contó cómo le asignaron un contrato en la Gobernación: “le mandaron una nota o vikingo al secretario de Obras Públicas, en ese tiempo Jaime Salazar, para que asignaran un contrato a mí personalmente (…) como ya había llegado la nota nos pasaron sin hacer cola, luego en la administración de alcaldía eran manejadas u orientadas por el mismo mando del frente o comisión, así era como nadie tenía derecho acontratar si no tenía el aval de dicha organización”.

En más de diez contratos estudiados por la Fiscalía se encontraron algunos elementos comunes que muestran cómo se amañó el proceso de selección para favorecer al Eln. Por ejemplo, algunas contratistas entregaron sus propuestas antes de que fuera pública la información de las licitaciones; en otros casos, los supuestos “competidores” entregaron idénticos formatos de presentación o cometían errores menores como no firmar los documentos o contradicciones en las firmas.

De acuerdo con la investigación, esto sucedía porque era una misma empresa la que se encargaba de manipular cada contrato. “En mi empresa Data Office, en nuestros computadores, hicimos los pliegos de condiciones, la invitación, las actas de inicio, actas de entrega y actas de liquidación, elaboramos la propuesta ganadora y las dos perdedoras, y el contratista correspondiente compraba las pólizas de seriedad de la oferta de los tres proponentes, documentación que solo la debe hacer la Gobernación”, aseguró Gustavo Iván Lizarazu Cáceres.

Durante el juicio, el excongresista Lozano insistió en su inocencia e reiteró que durante su administración fue condecorado por su capacidad combativa e implacable contra grupos guerrilleros de la zona. No obstante, el Alto Tribunal encontró motivos suficientes para no creerle y, por el contrario, condenarlo a nueve años de prisión.

Este grupo guerrillero se apresta a comenzar negociaciones con el gobierno nacional, según lo anunciaron el pasado 30 de marzo desde Caracas, Venezuela. Se espera que la mesa sea instalada a comienzos de mayo próximo en la ciudad de Quito, Ecuador.

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Luis Fernando Almario, en el Congreso de la República, durante su etapa de representante a la Cámara. Foto: archivo Semana.Luego de casi cuatro años de que se ordenara su captura, la Corte Suprema de Justicia aseguró que el exrepresentante a la Cámara, Luis Fernando Almario, se alió con los paramilitares que hicieron presencia en Caquetá para beneficiarse política y electoralmente entre 2001 y 2006. Por tal razón, lo condenó a una pena de 120 meses de prisión y una multa de 11.000 salarios mínimos.

La Sala de Casación Penal del Alto Tribunal probó la alianza del político con dos grupos paramilitares: el Bloque Caquetá, primer grupo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que en 1997 enviaron los hermanos Carlos y Vicente Castaño al departamento; y el Frente Sur Andaquíes, agrupación que se creó luego de que los Castaño le vendieran la franquicia paramilitar al narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

La incursión paramilitar al Caquetá

“De acuerdo con los hechos comprobados en el expediente, los ex militantes de estos dos  grupos de autodefensas convinieron con Almario Rojas promocionar dichas organizaciones como estructuras de poder que ejercían dominio en la zona, para lograr notoriedad como  consecuencia de su expansión, someter a la población y ganar espacios sociales y políticos”, dice el comunicado de la Corte. Y agrega que esto se dio a cambio de contraprestaciones pactadas con los ‘paras’ en varias reuniones.

¿Qué han dicho los ‘paras’?

Almario, del partido Movimiento de Participación Popular, ha sido señalado por los exparamilitares, Carlos Fernando Mateus, alias ‘Paquita’, exjefe del Frente Sur Andaquíes, y José Germán Senna, alias ‘Nico’, jefe político de este mismo grupo paramilitar.  Tanto alias ‘Paquita’ como ‘Nico’ han asegurado en Justicia y Paz que Almario recibió el apoyo político, electoral y militar del Bloque.

¿Se destapa la parapolítica en Caquetá?

De acuerdo con la versión de varios desmovilizados, dentro de los acuerdos, los políticos apoyados por Almario se comprometieron a entregar parte del presupuesto de las gobernaciones y alcaldías a cambio del apoyo de las autodefensas. Almario no solo se alió con los paramilitares para las elecciones parlamentarias, sino también para elegir a sus socios políticos en las elecciones locales.

De acuerdo con un testimonio que la Fiscalía le entregó a la Corte Suprema, Almario se reunió con alias ‘Chiqui’ en un apartamento en Bogotá donde se pactó la colaboración que los paramilitares presuntamente entregaron a su “ahijado” político, Juan Carlos Claros, para las elecciones a la gobernación de Caquetá en el 2004.

“Los políticos del Caquetá nos utilizaron”: alias ‘Paquita’

Según sus declaraciones, Almario se reunió también en varias ocasiones con el máximo jefe del Bcb, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, uno de los jefes más poderosos de las Auc, para definir la forma en que su bloque paramilitar iba a financiar la campaña de Claros.

Fue así como alias ‘Chiqui’, por órdenes de ‘Macaco’, presuntamente entregó 20 millones de pesos para apoyar la campaña de Claros y se comprometió a intimidar a la población del departamento para que votara por él.

Según dijeron los postulados a la ley de Justicia y Paz, la presión contra los electores se hizo más fuerte en el municipio de Morelia, también en veredas como La Liberia, Fuente Hermosa, Puerto México, y la Rochela, en el corregimiento de Bolivia, donde Luis Francisco Cuellar, candidato opositor de Claros para las elecciones, tenía gran acogida.

Después de la elección de Juan Carlos Claros como gobernador en el 2004, según dijeron los testimonios,  el político entregó grandes tajadas del presupuesto del departamento a los paramilitares.

A esto se suma al vínculo que se da por los lazos familiares entre Jhon Eduard Monje, quien fuera asesor de la unidad legislativa de Almario durante su gobernación, y su hermano Juan Carlos Monje, quien se desmovilizó en Valparaíso como jefe de la autodefensas que dominaban esa zona.

Por estos señalamientos, en octubre de 2012, la Procuraduría General inhabilitó al político por 15 años para ejercer cargos públicos. En su momento el ministerio público ratificó la versión de que Almario se había reunido con el ex paramilitar  alias ‘Paquita’, con quien coordinó el apoyo que recibió de las autodefensas.

Inhabilitan a ex congresista Luis F. Almario por nexos con ‘paras’

Sobre el excongresista Almario pesa otra investigación por su presunta responsabilidad intelectual en los asesinatos del representante a la Cámara Diego Turbay Cote, su madre y cuatro personas más realizado por las Farc en el 2000 en Caquetá. Por ese caso, Almario recobró su libertad en mayo de 2009 después de que el juez especializado de Bogotá, Carlos Enrique Tobón, ordenara su libertad tras considerar que se vulneró su derecho al debido proceso. El juez decidió que el expediente de Almario se devolviera a la fase de instrucción y por ello el proceso sigue abierto.

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Foto: archivo Semana.El pasado 22 de febrero se cumplieron 15 años de una de las mayores masacres cometidas por los paramilitares  en Cúcuta, en  la que fueron asesinadas siete personas al medio día en un popular sector de la ciudad, el barrio Antonia Santos.  A pesar de la magnitud del crimen, ni la comunidad ni ninguna entidad oficial realizaron ceremonias conmemorativas para recordar las víctimas: un grupo de indigentes, vendedores ambulantes y drogadictos  que cayeron en lo que se ha considerado recurrentemente como una “limpieza social”.

Este tipo de crímenes ha sido sistemático en el conflicto en varias regiones del país.  Miembros de todos los actores armados, en diferente medida, han convertido en objetivo militar a todo aquel que consideren un “peligro social”: desde habitantes de la calle, drogadictos, prostitutas y presuntos ladrones, hasta miembros de la comunidad LGBTI. (Ver informe del Centro de Memoria Histórica: Aniquilar la diferencia)

Según expertos, “limpieza social” es un término usado para etiquetar el exterminio de personas consideradas por sectores radicales y con tendencias facistas de la sociedad como “prescindibles”.  “Hay unos oficios que son vistos como ‘repugnantes o abominables’ como los que ejercen los habitantes de calle, las prostitutas o simplemente los individuos más pobres. Estas personas son catalogados como ciudadanos potencialmente prescindibles o incluso desechables”, explica Freddy Cante, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

El investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep,  Carlos Eduardo Rojas señala en su libro La Violencia llamada limpieza social, que los primeros crímenes sistemáticos de este tipo aparecieron en Pereira en 1979, para luego extenderse a casi todo el país en la década de los ochenta.

El autor explica que ante el aumento de la inseguridad en la capital de Risaralda, para la época un consejo de seguridad organizado en la ciudad determinó pintarles la cara y las manos con tinta indeleble a los ladrones que fueran capturados por las autoridades.  Rápidamente comenzaron a aparecer cuerpos de los presuntos criminales asesinados con tiros de gracia.

Este tipo de crímenes cometidos por los llamados en su momento “escuadrones de la muerte” se extendieron rápidamente a Medellín, Cali y Bogotá. El fenómeno coincide con la aparición pública de grupos paramilitares creados por narcotraficantes como Muerte A Secuestradores, Mas, en 1981.  Este último fue conformado por el Cartel de Medellín, luego de que un comando del M-19 secuestrara a Marta Nieves Ochoa, una hermana de los capos Ochoa Vásquez.

Aunque el Mas duró apenas unos meses, el nombre comenzó a utilizarse para referirse a cualquier grupo paramilitar en el país durante la década de los ochenta.  Los denominados “masetos” comenzaron a realizar sistemáticamente masacres y asesinatos selectivos considerados como “limpiezas sociales”, principalmente en Antioquia y el Magdalena Medio.

Además del discurso antisubversivo y anticomunista con el que justificaban los crímenes a líderes de izquierda, los paramilitares llegaron a limpiar pueblos de “indeseables”, según explica Rojas en su libro.  Durante los ochenta, varios políticos denunciaron que en las llamadas “limpiezas sociales” participaban miembros de la fuerza pública, especialmente de los extintos F2 (grupo de inteligencia de la Policía) y el DAS.

La base de datos Noche y Niebla del Cinep, que documenta crímenes desde hace varias décadas, registra que la cifra de víctimas de este tipo de crímenes se disparó a finales de los ochenta y principio de los noventa.  En 1991, fueron asesinadas en las llamadas “limpiezas sociales” 142 personas en Antioquia y 124 en el Valle del Cauca.

Aunque las cifras en todo el país bajaron entre 1992 y 1993, la expansión del modelo paramilitar de los hermanos Carlos y Vicente Castaño por varias zonas del país, a partir de 1995, volvió a disparar los asesinatos  contra aquellos considerados como “sobras de la sociedad”, señalados muchas veces como informantes de la guerrilla.

El caso más dramático de limpieza social ocurrió en Norte de Santander. En 1999 los hermanos Carlos y Vicente Castaño enviaron un grupo de hombres para crear el Bloque Catatumbo de las Autodefensas, para arrebatarle el control del narcotráfico a las Farc en la zona de frontera con Venezuela.

Entre 1998 a 2004 se dispararon las tasas de homicidios en Norte de Santander, específicamente en Cúcuta, lugar en el que delinquía el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo. Este Frente era liderado por  Jorge Iván Laverde, alias  ‘El Iguano’, quien no solo se encontraba en Cúcuta sino en municipios aledaños como Puerto Santander, Zulia y Sardinata.

Este frente prácticamente se creó para realizar las mal llamadas “limpieza sociales”, en las que asesinaban habitantes de la calle y vendedores ambulantes señalados de ser supuestos colaboradores y miembros del Eln. Después de perpetrar las masacres los ‘paras’ dejaban mensajes en las paredes como,  “rodarán cabezas”, “muerte viciosos” y “fuera ratas”.

Desde la década de los setenta, centenares de campesinos llegaron a Cúcuta y crearon barrios de invasión como el Antonia Santos y el Cecilia Castro, que 20 años después se convirtieron en el objetivo de la violencia paramilitar, debido a la presencia que hacían en el sector las milicias del Eln.  En este barrio ocurrieron varias masacres y asesinatos selectivos de habitantes de la calle, que en varios casos eran campesinos desplazados que huían de la violencia rural del departamento y no tenían donde vivir.

Ver registro de la masacre en Rutas del Conflicto

Según la base de datos Noche y Niebla, entre 1998 y 2005, la ciudad con mayor número de este tipo de crímenes fue Cúcuta con 107 víctimas, seguido por Pereira con 77 y Bogotá con 48. En datos del banco de datos Noche y Niebla, este tipo de crimines se agrupa en la categoría de intolerancia social, que según un funcionario del Cinep se presenta cuando “el acto violatorio de los derechos humanos, está dirigido a eliminar personas consideradas por sus victimarios como disfuncionales o problemáticas para la sociedad”.

Aunque en menor medida, las Farc también cometieron estos crímenes, en contra de presuntos ladrones o supuestos informantes de los paramilitares y la fuerza pública.  En varios municipios de Antioquia, Huila y Tolima, asesinaron personas marginadas en los cascos urbanos que consideraran colaboradores de sus enemigos.

Miembros de la fuerza pública también realizaron las mal llamadas “limpiezas sociales”.  Además de los señalamientos de colaboración con los paramilitares en masacres de este tipo, varios de los mal llamados “falsos positivos” documentados durante los últimos años, fueron cometidos contra jóvenes considerados como “socialmente indeseables”.  VerdadAbierta.com documentó uno de estos casos, en el que fueron asesinados seis habitantes de la calle, consumidores de droga que recogían dinero a cambio de ayudar a los pasajeros a cargar sus maletas y que después fueron presentados como guerrilleros muertos en combate por el Ejército.

Falsos Positivos, una herida que sigue abierta

Según expertos, en muchos de estos casos los delincuentes actuaron con la aprobación de miembros de la comunidad, que veían con beneplácito la “limpieza” para mejorar la seguridad de los barrios.  En el proceso de Justicia y Paz, varios paramilitares han aceptado la autoría de estos crímenes y han denunciado la colaboración de policías y militares, pero no existe mucha información sobre comerciantes relacionados con estos hechos.  “El jefe ‘para’ confesó que Vicente Castaño le había dado una lista y que por eso los mató, pero como Vicente no apareció, no se sabe si hubo otras personas implicadas”, dice la esposa de una víctima adicta a la droga, asesinada en La Ceja, Antioquia, en 1995.

Los asesinatos y amenazas contra estos sectores marginados de la sociedad no pararon con la desmovilización paramilitar. Todavía con comunes los panfletos con los que bandas criminales, que recurren en la mayoría de los casos a nombres como “Águilas Negras” para amenazar drogadictos, habitantes de la calle y supuestos ladrones, como la aparecida en la Ceja, Antioquia en 2015.

Según la base de datos Noche y Niebla del Cinep, al menos 59 personas fueron asesinadas en todo el país en las llamadas “limpiezas sociales” durante 2014 y 2015.  Aunque la cifra es mucho menor si se compara con los años más duros de la guerra (en 2005, en plena desmovilización paramilitar murieron al menos 143 personas en estos crímenes), es evidente la violencia contra estos sectores de la sociedad sigue vigente.

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