Armando Lugo, alias ‘El Cabezón’, desmovilizado del Bloque Calima que fue expulsado del proceso de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.Más que por sus crímenes, Armando Lugo, alias ‘El Cabezón’, se dio a conocer después de su desmovilización en los estrados judiciales por sus denuncias contra políticos, militares y servidores públicos. Sus declaraciones llevaron a la Unidad de Justicia y Paz a solicitar la apertura de 62 investigaciones en la llamada justicia ordinaria.

Pero a la par de esas declaraciones, aparecieron denuncias de políticos en contra de Lugo que lo señalaban de extorsionarlos desde la cárcel. En diciembre de 2009, el Juzgado Once Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá condenó a ‘El Cabezón’ a 18 meses de prisión por el delito de extorsión agravada contra el senador Luis Fernando Velasco.

Teniendo en cuenta este fallo, la Fiscalía pidió la exclusión de Lugo del proceso de Justicia y Paz, teniendo en cuenta que las normas de justicia transicional en el país determinaron que una persona que haya sido condenada por delitos cometidos después de su desmovilización no puede acceder a los beneficios de Justicia y Paz, entre ellos a una pena alternativa de ocho años de prisión. (Ver: Las razones para excluir a ‘El Cabezón’ de Justicia y Paz)

El exparamilitar y su defensor no negaron los hechos, pero argumentaron que la extorsión por la que fue condenado ocurrió antes de su postulación a la Ley de Justicia y Paz. Lugo fue capturado el 7 de septiembre de 2002, pero sólo hasta de diciembre de 2009 fue postulado al proceso de justicia transicional porque al estar en prisión no pudo participar en la desmovilización colectiva del Bloque Calima en 2004.

Al final, los magistrados acogieron el argumento de la Fiscalía y ordenaron su expulsión, lo que significa que el exparamilitar no va a poder acceder a una rebaja de pena y que sus delitos serán juzgados por la justicia ordinaria. Lugo se opuso al fallo y la decisión final la tendrá la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. (Ver fallo)

Versiones amañadas
Las declaraciones de Armando Lugo en Justicia y Paz contra los políticos fueron desmentidas en varias oportunidades por otros desmovilizados del Bloque Calima, incluido Hebert Veloza García, alias ‘HH’, quien fue el jefe de este grupo paramilitar. Incluso, algunos postulados aseguraron que Lugo les pidió que rindieran falsos testimonios a cambio de plata.  

La Fiscalía investigó la situación y llegó a la conclusión de que “Armando Lugo estando detenido y desmovilizado creó una estrategia criminal para sacar provecho económico en contra de políticos y personas de la región del Cauca, contactando para ello a desmovilizados”.

Su estrategia salió a la luz en el caso del senador Luis Fernando Velasco. Entre marzo y junio de 2008, Lugo les dijo a investigadores de la Corte Suprema que el congresista había ordenado el homicidio de dos personas en Popayán. Sin embargo, desde el 19 de noviembre de 2007 Velasco denunció ante las autoridades que alias ‘El Cabezón’ lo había contactado desde la cárcel de Palmira, donde estaba recluido,  para pedirle 50 millones de pesos a cambio de no incriminarlo en sus versiones de Justicia y Paz.

Para desenmascarar la trama, el congresista organizó una supuesta reunión para pagar la extorsión el 27 de noviembre del 2007 y dio aviso a la Policía. En diciembre de 2009 el Juzgado Once Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá condenó a ‘El Cabezón’ a 18 meses de prisión por el delito de extorsión agravada.

La ex congresista Dilian Francisca Toro también denunció a Lugo en julio de 2010 por ese mismo delito, proceso que está siendo investigado por la Fiscalía Séptima de Cali. Según Toro, Lugo le pidió a su abogado 200 millones de pesos a cambio de no testificar en su contra ante Corte Suprema de Justicia. El exparamilitar también habría amenazado al esposo de la ex senadora, Julio Cesar Caicedo, para no involucrarlo en asuntos de narcotráfico.

Según documentó la Fiscalía, como no recibió el dinero, el 30 de julio de 2010 Lugo aseguró que la  exsenadora y su esposo financiaron grupos paramilitares y le ordenaron a alias ‘HH’ que asesinara a un inspector de policía. Esto versión fue desmentida por el exjefe paramilitar en agosto de 2012. (Ver: ‘HH’ asegura que no se reunió con Dilian Francisca Toro). Además, el desmovilizado Jaime Manuel Mestre Santamaria aseguró que Lugo le había pedido que declarara en contra de Toro y de su esposo para conseguir dinero.

Lugo también fue señalado por mentir contra el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra. Según Lugo, en 2002 Martínez asistió a varias reuniones con ‘HH’ para tratar temas de narcotráfico, asunto que también fue negado por quien fungió como comandante del Bloque Calima. Esos supuestos hechos de narcotráfico que ‘El Cabezón’ narró en Justicia y Paz, no hicieron parte de la condena que la Corte Suprema de Justicia dictó en contra del legislador por parapolítica y la Fiscalía lo capturó de nuevo cuando terminaba de pagar la pena en su casa porque un juez le otorgó la casa por cárcel para que pudiera atender a sus hijos tras la muerte de su esposa. (Lea: Juan Carlos Martínez vuelve a la cárcel La Picota) 

Lugo no solo extorsionó a congresistas, también involucró a políticos locales. El 17 agosto de 2009, Lugo dijo que el exalcalde del municipio de Florida, en el Valle, Humberto de Jesús López, fue el autor intelectual del homicidio de cuatro personas. A partir de estas versiones el exalcalde fue detenido y se inició una investigación en su contra.

Pero el desmovilizado Alejandro Ortega, quien admitió ser el autor material de los asesinatos, negó que López los hubiera ordenado y agregó que todo eran una mentira de Lugo. Acorralado, Lugo se retractó asegurando que estaba confundido. En febrero 2010 se cerró la investigación y dejaron al exalcalde en libertad.

¿Quién es ‘El Cabezón’?
El exparamilitar Armando Lugo nació 1973 en Florencia, Caquetá. Según sus declaraciones, en 1993 tuvo que salir de su ciudad natal por amenazas de la guerrilla de las Farc. Fue así que llegó a Santander de Quilichao, Cauca, donde entró a formar parte de le Defensa Civil Colombiana.

Su primer acercamiento a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fue como informante del Bloque Calima. Lugo aprovechaba las brigadas de salud que se organizaban en las veredas donde delinquía la guerrilla de las Farc para entregarles información a los jefes paramilitares de este bloque.

En agosto del 2000 se vinculó a las Auc. Dentro del Bloque Calima fue coordinador militar, comandante de material logístico y segundo de zona del Frente La Buitrera, que operó en los municipios de El Cerrito, Palmira, Pradera, Florida, (Miranda y Corinto, en el Cauca) y los corregimientos de El Palo, Villa Gorgona, Juanchito y El Carmelo en Candelaria.

Como el exparamilitar conocía la zona de Santander de Quilichao, fue el encargado de señalar a las víctimas de extorsiones en la zona. Además, según dijo en versión libre, por medio de miembros del coronel del Batallón Pichincha consiguió municiones y uniformes que los paramilitares del Calima utilizaron para perpetrar la masacre del Naya en abril de 2001.

Por fuera del proceso de Justicia y Paz, este exparamilitar se enfrentará a penas que irán más allá de los ochos años.

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“No queremos vivir más de los subsidios y las ayudas que les ofrecen a las víctimas, queremos tener nuestro propio proyecto donde podamos trabajar”, le dijo Ana* a los magistrados de Justicia y Paz de Bogotá en representación de 25 mujeres que fueron abusadas sexualmente en Buenos Aires, Cauca, por paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

La mayoría de estas campesinas son madres cabeza de familia que no tienen tierra propia para cultivar y sostienen a sus familias limpiando casas, lavando ropa o trabajando en las minas, pero que anhelan regresar al campo. “Nosotras vemos en la tierra una gran medida de reparación, para que la indemnización no nos la gastemos sino que sea sostenible en el tiempo”, agregó Ana.

Las mujeres de comunidad afro de Buenos Aires fueron víctimas constantes de la violencia de los paramilitares del Bloque Calima, que llegaron a la zona el 30 de junio de 2000. Según ha documentado la Fiscalía, en corregimientos como San Miguel algunos de ellos se instalaron en la casa de estas mujeres, las obligaron a lavar, cocinar y abusaron sexualmente de ellas por largos periodos. (Ver: Sin opción ante la arremetida paramilitar)

Sin embargo, estas campesinas dicen no querer retroceder a los hechos que tanto dolor les causaron y están empeñadas en construir un mejor futuro para sus hijos. La magistrada del Tribunal aseguró que se indagará sobre la oferta que la Unidad de Víctimas para la adjudicación de tierras e invitó a las demás víctimas a que, al igual que estas mujeres, hagan uso de otras medidas de reparación que ofrece el Estado, como el acceso a la educación o vivienda.

No solo las mujeres del Cauca, sino también en el Valle, reiteraron que no han recibido una ayuda psicológica especializada para ellas ni para sus familias. La Fiscalía recordó que hay varios casos de mujeres que tuvieron hijos como consecuencia de esos abusos sexuales y pidió que se le dé prioridad a estos casos.

Este encuentro se dio dentro del juicio que se sigue contra Hébert Veloza, alias ‘HH’, ex jefe del Bloque Calima y del Bloque Bananero de las Auc. En esta oportunidad el postulado no estuvo presente porque autoridades de Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008, no hicieron la retrasmisión.

El alcalde de Rosas
Otras víctimas claman por la verdad y la justicia como forma dereparación. Este es el caso de los familiares de Tulio Ernesto Valencia Mondragón, exalcalde de Rosas,Cauca, asesinado por paramilitares el 26 de marzo de 2002. Valencia también era para ese entonces miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), una organización campesina del Cauca.

En versiones libres dentro del proceso de Justicia y Paz el ex paramilitar José Fernando Cardona, alias ‘El Gato’, confesó que él, junto con alias ‘Pelirrojo’ y alias ‘El Loco’, le dispararon al ex mandatario cuando asistió a cumplirles una cita en un hotel del municipio de Rosas. Según el postulado, mataron al Valencia porque supuestamente les habían dicho que tenían nexos con el Eln. (Ver: La ley del terror de los paramilitares en Cauca)

A partir de esta confesión, alias ‘HH’ aceptó el hecho por línea de mando, pero los familiares del mandatario aseguran que los desmovilizados no están contando la verdad sobre quiénes fueron los autores materiales del hecho y las verdaderas razones del asesinato. En la justicia ordinaria hay una investigación por la muerte de Valencia contra Jesús Salazar, quien era el alcalde de Rosas en el momento del homicidio, pero doce años después el proceso no ha avanzado.

Los familiares aseguran que antes de su muerte, Valencia, quien fue alcalde entre los años 1995 y 1997, recibió amenazas de personas que no hacían parte del grupo armado ilegal y aún no se han investigado esos hechos. “Nosotros como familia lo que queremos es la verdad integral y sin eso no nos vamos a sentir reparados y para eso necesitamos que nos digan quien ordenó el asesinato”, aseguró un familiar del exalcalde.

Los comerciantes de Cajibío
A la audiencia también se presentaron víctimas que hasta ahora van a entrar al proceso de Justicia y Paz, entre ellos más de 40 comerciantes que fueron víctimas de la incursión que los paramilitares en Cajibío, Cauca. A las 10 de la mañana del 19 de noviembre del 2000, en la vereda el Dinde, los ‘paras’ reunieron a más de cien personas, les pidieron sus documentos y separaron a los hombres de las mujeres. (Ver: Los primeros crímenes de las Auc en Cajibío)

Los integrantes del Bloque Calima se llevaron a Argelino Largacha Campo, quien fue asesinado al día siguiente en la vereda La Diana. Durante ese tiempo recibió golpes e insultos. Varias personas salieron desplazadas después de los hechos.

Ese día también llegó al Dinde un grupo de comerciantes que iba a la plaza de mercado a vender sus productos, pero los ‘paras’ los encerraron en una casa del pueblo hasta las seis de la tarde. Cuando salieron, encontraron que les habían robado toda la mercancía.

Los paramilitares continuaron hacia el corregimiento del Carmelo, el Pedregal y, por último, a la vereda la Laguna, donde hicieron lo mismo que en Dinde. Este recorrido de sangre y fuego terminó el 25 de noviembre. Cientos de personas salieron desplazadas y algunas, como los comerciantes, hasta ahora se atreven a denunciar.

¿De dónde salieron los ‘paras’ del Cauca?
En mayo de 2000, 54 paramilitares del Bloque Calima provenientes de Tuluá se instalaron en varias fincas del corregimiento Timba, de Buenos Aires, e instalaron una base de entrenamiento en la vereda San Miguel. Desde esta zona realizaron varias incursiones a municipios aledaños como Jamundí, Santander de Quilichao, Suárez, Caloto y Puerto Tejada. (Ver: El recorrido sangriento de Bloque Calima por el Cauca)

En julio de 2000, alias ‘HH’, fue enviado por los hermanos Carlos y Vicente Castañocomo el nuevo jefe del grupo paramilitar. Con los hombres que ya estaban instalados en Timba, se creó el Frente Farallones, que operó en Cauca y Huila.

A Santander de Quilichao entraron con ayuda de Armando Lugo, un funcionario de la Defensa Civil que después entró al grupo paramilitar y fue conocido con el alias de ‘Cabezón’. Lugo se encargó de señalar a supuestos colaboradores de la guerrilla en la zona. Santander de Quilichao fue uno de los puntos claves del Frente Farallones, por esos instalaron retenes que controlaran las vías de acceso.

En noviembre de ese año ocurrió la entrada a Cajibío en su recorrido sangriento por los caseríos del Dinde, El Carmelo, Pedregal y La Laguna. Para finales de 2000, esta facción paramilitar se entendió hasta el municipio de Suarez y Puerto Tejada. Según algunas confesiones de los postulados, antes ingresar a estos municipios se pusieron en contacto con miembros de la Fuerza Pública que permitieron su llegada. Este grupo se fue nutriendo por jóvenes que pertenecían a bandas delincuenciales.

A comienzos de 2001, los paramilitares arribaron al centro del Cauca, incluida su capital. Al sur de departamento llegaron en enero de 2001, empezaron por el municipio de Patía y extendiéndose hacia El Bordo, Mercaderes, Florencia y Balboa.

Los paramilitares del Frente Farallones del Bloque Calima hicieron presencia en el departamento de Cauca entre mayo de 2000 y diciembre de 2004, cuando se desmovilizaron bajo los acuerdos del Estado Mayor de las Auc y el gobierno nacional.

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El ‘Cabezón’ podría ser excluido de Justicia y Paz por seguir delinquiendo después de su desmovilización. Foto: Archivo Semana

Luego de meses de anuncios sobre la posible exclusión del proceso de Justicia y Paz de Armando Lugo, ex paramilitar conocido con el alias de ‘El Cabezón’, la Fiscalía presentó la solicitud ante los magistrados competentes.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Lugo intentó extorsionar a varias personas, entre ellas congresistas y políticos de Valle de Cauca, a cambio de no salpicarlos en sus declaraciones ante la justicia.

De acuerdo con la Fiscalía 40 de Justicia y Paz, Lugo, ex miembro del Bloque Calima que se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004, “planeó una estrategia criminal desde la cárcel para extorsionar a algunos políticos y beneficiarse económicamente, intentando además, manipular las declaraciones de otros desmovilizados para que lo respaldaran en sus afirmaciones”.

Dentro de los políticos que fueron víctimas de las extorsiones de Lugo se encuentra el senador Luis Fernando Velasco, la ex congresista Dilian Francisca Toro y su esposo Julio Cesar Caicedo, también ex senador. Igualmente la Fiscalía reveló detalles de chantajes en contra de Humberto de Jesús López, ex alcalde de Florida en el Valle del Cauca y del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por parapolítica.  

El 18 de diciembre de 2009, alias ‘El Cabezón’ fue condenado a 18 meses de prisión por el por el delito de extorsión agravada por el chantaje al senador Velasco.

Además de esta condena, sobre Lugo pesan otras investigaciones y procesos en los que se ha cuestionado la credibilidad de sus testimonios, los cuales han sido desmentidos por el extraditado Éver Veloza, alias ‘HH’, quien fuera el jefe del Bloque Calima y por otros desmovilizados que lo califican como un mentiroso.

El representante de la Procuraduría apoyó la solicitud del ente investigador y aseguró que “según las pruebas, Armando Lugo vio en el proceso de Justicia y Paz un negocio para obtener beneficios económicos ilegales dedicándose a la extorsión. La ley es muy clara y el solo hecho de haber recibido condena por delitos cometidos después de su desmovilización es razón suficiente para que sea excluido de Justicia y Paz”.

Por su parte, Lugo aseguró ante los magistrados de Justicia y Paz que todo se trata de una persecución, a lo que agregó que ha recibido amenazas de personas que lo quieren callar ya que es el único de su bloque que se ha atrevido a denunciar con nombres propios a políticos, miembros de la fuerza pública, empresarios y particulares que apoyaron el paramilitarismo en el occidente del país.

Según la Fiscalía, Lugo ha rendido diez diligencias de versión libre desde julio de 2010 en las que ha anunciado y confesado 107 hechos criminales. Con base en sus testimonios el ente investigador ha compulsado copias para que se investiguen a 62 políticos, militares y particulares.

Como Lugo no estuvo acompañado por un abogado conocedor de su caso -aunque estuvo representado por un defensor público-, los magistrados de Justicia y Paz establecieron una nueva fecha para que el desmovilizado pueda presentar su defensa. Luego deesta presentación se procederá a tomar la decisión de excluir o no al ex paramilitar.

Así cayó el ‘Cabezón’
El 19 de noviembre de 2007 el senador Luis Fernando Velasco denunció ante las autoridades que Armando Lugo, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, lo contactó a través de otro desmovilizado para pedirle dinero a cambio de no incriminarlo en sus versiones de Justicia y Paz.

Según el político, Lugo lo iba a relacionar con unos homicidios realizados por el Bloque Calima por orden de una persona que estaba interesada en salpicarlo.

El ‘Cabezón’ organizó el encuentro entre Velasco y Mario Alberto Morales, a quién Lugo delegó para ir a recoger el dinero de la extorsión en el aeropuerto de Palmira. A cambio de 50 millones de pesos, Velasco no sería nombrado por el desmovilizado y además podría saber quién estaba detrás de un supuesto complot en su contra.

El 27 de noviembre del 2007, cuando el senador llegó a la reunión en el aeropuerto avisó a la Policía, la cual procedió a capturar a Morales cuando estaba recibiendo el dinero en nombre de Lugo.

Días después, el paramilitar llamó al senador para amenazarlo, mientras que entre marzo y junio de 2008 lo señaló como el determinador del homicidio de dos personas en Popayán ante investigadores de la Corte Suprema de Justicia.

Armando Lugo ha sido desmentido por otros desmovilizados que lo llamaron a decir la verdad para no afectar el proceso de Justicia y Paz. Los desmovilizados aseguraron que Lugo utilizó a ex miembros del grupo ilegal para que lo acompañen en sus señalamientos falsos.

Esto ocurrió en las versiones libres del 15 al 17 de agosto de 2012 a las que asistió el ex jefe paramilitar Éver Veloza, alias ‘HH’ -por videoconferencia desde Estados Unidos-; Elkin Casarrubía, alias ‘El Cura’; José de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’; Pablo Antonio Peinado, alias ‘Mauricio’; Alejandro Ortega; Jaime Manuel Mestre Santamaria, alias de ‘Romario’ y Juan Mauricio Aristizábal Ramirez, conocido con el alias de ‘El Fino’, todos desmovilizados del Bloque Calima.

En esa ocasión los ex paramilitares negaron cualquier relación con el senador Luis Fernando Velasco. Incluso, Alejandro Ortega dijo que Lugo le pidió colaboración para incriminar al político en el homicidio de dos personas ocurrido en septiembre de 2002 en Popayán.

‘HH’ respaldó esta versión y negó los nexos con Velasco. Por esta razón, el 9 septiembre de 2009 la Corte Suprema se abstuvo de iniciar investigación formal en contra de Velasco, señalando que las declaraciones de Lugo fueron incoherentes y difusas.

Tres meses después, el 18 de diciembre el juzgado once penal municipal con funciones de conocimiento de Bogotá condenó a ‘El Cabezón’ a 18 meses de prisión por por el delito de extorsión agravada al senador Velasco.

Las extorsiones a Dilian Francisca Toro
La ex congresista Dilian Francisca Toro denunció a Lugo en julio de 2010 por el mismo delito de extorsión agravada, proceso que fue llevado por la Fiscalía Séptima de Cali.

Desde el centro de reclusión, Lugo contactó a la ex senadora Dilian Francisca Toro y le hizo llegar un mensaje de que necesitaba darle una información a través de un abogado de confianza. Toro puso la situación en conocimiento de las autoridades que le pidieron hacer una grabación del encuentro.  

La ex senadora envió al abogado Eduardo Alfonso Correa, quien grabó la conversación con Lugo en la que le exige el pago de 200 millones de pesos a cambio de no testificar en su contra ante Corte Suprema. El paramilitar también habría amenazado al esposo de la ex senadora, Julio Cesar Caicedo, para no involucrarlo en asuntos de narcotráfico.

Según relató la Fiscalía, al no recibir lo esperado, el 30 de julio de 2010, Lugo aseguró que la ex senadora y su esposo financiaban grupos paramilitares y que además habían ordenado el homicidio de un inspector de policía en reunión con alias ‘HH’. Esto fue desvirtuado por el jefe paramilitar en agosto de 2012. (Ver artículo ‘HH’ asegura que no se reunió con Dilian Francisca Toro)

En la versión conjunta de varios desmovilizados del Calima, Jaime Manuel Mestre Santamaria aseguró que Lugo le había pedido que declarara en contra de Toro y de su esposo para conseguir dinero.

Además de esta investigación por las presiones realizada en contra de Dilian Francisca, Lugo fue señalado por mentir en el caso del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por parapolítica. Según Lugo, en el 2002 Martínez había asistido a varias reuniones con ‘HH’ para tratar temas de narcotráfico. ‘HH’ también negó estos encuentros.

Por su parte, el desmovilizado Pablo Antonio Peinado aseguró que recibió propuestas de Lugo para conseguir dinero a través de extorsiones y contó el caso de un ex alcalde de Florida Valle, Humberto de Jesús López, quien fue señalado por este paramilitar como el autor intelectual del homicidio de cuatro personas.

En versión del 17 agosto de 2009, Lugo declaró en contra de López y del empresario Álvaro Correa, declaraciones por las que la Fiscalía decidió capturarlos.

El desmovilizado Alejandro Ortega admitió ser autor material de los asesinatos, pero negó que López los hubiera ordenado y agregó que todo eran una mentira de Lugo. Viéndose encerrado, Lugo se retractó asegurando que estaba confundido.

En febrero 2010 se cerró la investigación y se revocó la medida de aseguramiento en contra de López y de Correa quienes fueron dejados en libertad de manera inmediata.

¿Quién es ‘El Cabezón’?
El ex paramilitar Armando Lugo nació en Florencia, Caquetá. Según sus declaraciones, en 1993 tuvo que salir de su ciudad natal por amenazas de la guerrilla de las Farc, que para ese entonces delinquía en la zona. Fue así que llegó a Santander de Quilichao, Cauca, donde entró a formar parte de le Defensa Civil Colombiana.

Su primer acercamiento a las Auc fue como informante del Bloque Calima. Lugo aprovechaba las brigadas de salud que se organizaban en las veredas donde delinquía la guerrilla de las Farc para entregarle información a los jefes paramilitares de este bloque.

En agosto del 2000 se vinculó a las Auc. Dentro del Bloque Calima fue coordinador militar, comandante de material logístico y segundo de zona del Frente La Buitrera, que delinquió en los municipios de El Cerrito, Palmira, Pradera, Florida, (Miranda y Corinto, en el Cauca) y los corregimientos de El Palo, Villa Gorgona, Juanchito y El Carmelo en Candelaria.

La Fiscalía tiene indicios de que Lugo continuó delinquiendo después de la desmovilización del Bloque Calima, ocurrida en diciembre de 2004, lo cual es una causal para su expulsión. Cuando los paramilitares entregaron las armas ‘El Cabezón’ estaba en la cárcel, pero a mediados de 2010 fue postulado al proceso de Justicia y Paz y empezó a rendir versiones libres.

Como el ex paramilitar conocía la zona de Santander de Quilichao, fue el encargado de señalar a las víctimas de extosiones para financiar a los paramilitares de Éver Velozaalias ‘HH’. “Yo comienzo a decirles quiénes son los ganaderos y el encargado de recoger esa plata era alias ‘Julián’, quien a su vez encargó a alias ‘Pata e’ palo’. En octubre de 2001 se hace una reunión a donde se lleva todo el comercio, incluyendo granjeros y dueños de droguerías. Alias ‘El Cura’ les fijó las fechas en que tenían que pagar las cuotas”, dijo alias ‘El Cabezón’

Además, según dijo el ex paramilitar en versión libre del 29 de julio de 2010, fue el encargado de conseguir el material de guerra para la masacre del Naya que cometieron los paramilitares en abril de 2001. Según la Fiscalía, “por medio de la esposa de un cabo contactó a un coronel del Batallón Pichincha y a un general de la Tercera División del Ejército para conseguir uniformes, municiones y mover las tropas de La Esperanza a Timba, para que los paramilitares pasaran sin problema al Naya”

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El Bloque Calima dejó las armas en diciembre de 2004 y delinquió en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Quindio y Huila.

Entre los días 15 y 18 de este mes, dos magistradas de Justicia y Paz, pertenecientes a la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Cundinamarca, escucharon las pretensiones de reparación integral y de condena que las instituciones intervinientes en el proceso pidieron para las víctimas directas que dejó en Cauca y Huila el ex paramiliiar Giancarlo Gutiérrez Suárez, alias ‘Pirata’.

Esta audiencia es la última instancia que deben superar todos los procesos en el sistema de justicia transicional para que finalmente las víctimas puedan ser reparadas por esta vía judicial y los magistrados le impongan una pena alternativa a los ex integrantes de grupos armados ilegales que se acogieron a Justicia y Paz.

Los crímenes por los que será condenado el postulado Giancarlo Gutiérrez, quien también fue conocido con los alias de ‘El Tuerto’, ‘El Flaco’ y ‘Carlos’, son 26 asesinatos, 18 secuestros -que fueron retenciones involuntarias de víctimas mientras las asesinaban-, una extorsión y un caso de desplazamiento forzado. Esos crímenes fueron cometidos entre los años 2000 y 2002 en los municipios caucanos de El Tambo, Patía y Mercaderes, y en los municipios huilenses de Isnos y Guadalupe.

Además, este postulado que fue un paramilitar raso en varias veredas y cascos urbanos en los que delinquió el Frente Farallones del Bloque Calima, será condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y uso de elementos de uso privativo de la fuerza pública.

En el primer día de audiencia la Fiscalía 18 de Justicia y Paz hizo una exposición sobre los delitos atribuibles al Bloque Calima entre 1999 y 2004. También presentó una reseña de cada uno de los crímenes en los que participó el ex paramilitar y extractos de entrevistas que la Policía Judicial realizó con los familiares de las víctimas, quienes cuentan las dificultades que han tenido que vivir desde que fueron afectadas por la violencia del Bloque Calima y qué esperan como reparación.

Más allá de las indemnizaciones y de las ayudas provenientes del Estado, varias de las víctimas expresaron que es clave que la sociedad conozca cómo fueron los hechos en los que murieron sus seres queridos para que ninguna otra familia viva en carne propia sus tragedias. También pidieron placas en las que se exalten la memoria y el buen nombre sus familiares, quienes fueron asesinados por falsos señalamientos por parte de los paramilitares. Así mismo, pidieron que su victimario se retracte en público de dichas acusaciones y se comprometa a no perseguirlos ni atacarlos en el futuro.

Entre los días 17 y 18 de noviembre las magistradas escucharon las pretensiones de reparación que presentaron los miembros de la Defensoría del Pueblo para los familiares de las personas asesinadas y para la víctima del caso de extorsión y desplazamiento.

Los defensores pidieron diferentes montos de indemnización de acuerdo con los daños materiales e inmateriales sufridos por las víctimas, además de que se les garanticen medidas de rehabilitación, restitución y no repetición.

El daño material o perjuicio patrimonial fue tazado por un perito de la Defensoría del Pueblo teniendo en cuenta el lucro cesante y el daño emergente de cada caso. El primero consiste en calcular los salarios que la víctima habría ganado durante toda su vida si no hubiera sido asesinada por los paramilitares, mientras que el daño emergente está relacionado con el dinero que los familiares de la víctima gastaron para darle sepultura.

En los casos de las víctimas que no pudieron demostrar cuánto dinero usaron para los gastos funerarios, el perito solicitó que se cancelen dos mil dólares americanos bajo el concepto de presunción, como lo estableció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que condenó al Estado colombiano por la masacre de La Rochela.

El daño inmaterial o perjuicio extramatrimonial, también conocido como moral, fue tazado por el perito teniendo en cuenta el monto que estableció el Consejo de Estado en una sentencia del 20 de febrero de 2008, en el cuál fijo un tope de indemnización de mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, y varía teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso y sus familiares.

A parte de la indemnización, los defensores les pidieron alas magistradas que les otorguen tratamientos médicos y psicológicos gratuitos a las víctimas para que puedan superar sus traumas, además de subsidios de vivienda, becas en universidades públicas y demás medidas que les permitan reconstruir sus vidas. También pidieron medidas de reparación simbólicas y garantías de no repetición.

Al final de la audiencia la Cnrr hizo unas recomendaciones para la reparación simbólica y cómo facilitar el proceso de reconciliación.

Cuando sea dictado el fallo del Tribunal de Justicia y Paz espere un informe especial similar al de la sentencia de Mampuján, en el que VerdadAbierta.com contará todos los detalles de la primera sentencia del Bloque Calima.

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–Los hermanos Castaño y sus cómplices en Cauca, Valle y Huila – ‘Paras’ del Bloque Calima entregan ubicación de fosas comunes – 32 nuevos postulados del Bloque Calima iniciaron versiones libres – Ocho ex ‘paras’ más del Bloque Calima iniciaron versiones libres – Así van las confesiones del Bloque Calima en Justicia y Paz

Once exparamilitares fueron los encargados de entrenar y financiar al Bloque Calima que delinquió en el Valle del Cauca, Cauca, Huila y Antioquia entre 1999 y 2004.

Así lo expuso la Fiscalía durante una audiencia de legalización de cargos contra Hébert Veloza alias ‘H.H.’, exjefe paramilitar de los Bloque Bananero y Calima, que dejó 3.000 víctimas en el Urabá antioqueño y la costa pacífica.  La Fiscalía documentó dónde los paramilitares instalaron bases de entrenamiento, los vínculos que tuvieron con políticos y cómo financiaron una tropa que llegó a tener 1.000 paramilitares, según lo confesó el exjefe paramilitares.

Las escuelas
Para el entrenamiento, el Bloque Calima usó además de instructores militares un grupo de instructores políticos entre los que estuvieron Carlos Efrén Guevara alias ‘Fernando Político’, Armando Lugo alias ‘El Cabezón’, Ángel Fernando Peñata alias ‘Daniel’, Francisco José Morelo alias ‘Sarley’, Teodosio Pabón alias ‘El Profe’ y Miguel Enrique Mejía alias ‘Chiquito Político’.

Estos paramilitares eran conocidos como ‘los políticos’, los encargados de hacer contactos con la clase política de la región, emitir los comunicados y darle charlas al grupo paramilitar sobre los estatutos de las Auc. Estos paramilitares iban hasta las escuelas de entrenamiento, donde los paramilitares recibían clases sobre las ‘normas del grupo’, táctica militar y manejo de armas.

Según la Fiscalía, una de estas escuelas estuvo ubicada en San Miguel, una vereda del municipio Buenos Aires, Cauca, cerca de una escuela pública donde los niños de la vereda recibían clases. En época de vacaciones, los paramilitares se tomaban las instalaciones del colegio. La otra escuela estuvo ubicada en Calima el Darién, cerca a un predio de una empresa de cartones.

“La escuela ubicada cerca de la empresa de cartón entrenamos personas traídas de Buenaventura. Por ahí pasaron entre 500 y 600 paramilitares”, dijo en versión libre del 18 de febrero de 2011 Juan Mauricio Aristizábal alias ‘El Fino’, exjefe financiero del Bloque Calima.

Alias ‘El Fino’ dijo que hasta estas escuelas, incluso, fueron llevados estudiantes universitarios, como parte de la estrategia de reclutamiento del Bloque. “Fueron llevados por ‘Fernando Político’. Era un grupo como de 60 a 70 universitarios entre los 17 y 20 años. Llegaron a las nueve de la mañana y se estuvieron como hasta las cuatro de la tarde. Se les dio almuerzo, comida de res y marrano. La idea era que ellos vieran los entrenamientos de los paramilitares”, dijo alias ‘El Fino’.

El exparamilitar dijo que alias ‘Fernando Político’, que había sido exjefe financiero del Frente 30 de las Farc, quería implementar la misma estrategia de la guerrilla de reclutar jóvenes de las universidades. “Así como habían células de milicias en las universidades, ‘Fernando Político’ pensaba que era importante crear grupos que defendieran al paramilitarismo”, contó ‘El Fino’.

En una versión libre, Teodosio Pabón alias ‘El Profe’ contó sobre esa reunión. “Hice un trabajo de recoger a estudiantes en Bogotá y llevarlos conmigo a un campamento de las autodefensas… Entramos a las universidades pegando unos adhesivos con la dirección electrónica de la página web a través dellink ‘Contáctenos’. Se nos ocurrió una invitación al Lago Calima. El que estuvo al frente de eso fue ‘Fernando’, el político de alias ‘H.H.’”, dijo alias ‘El Profe’.

Los cobros
Según la Fiscalía, el Calima tuvo al menos cinco ‘financieros’, paramilitares encargados de pagar la nómina, comprar armas, realizar sobornos a funcionarios públicos y pagar los abogados de los paramilitares que fueran capturados. El principal de este grupo fue Juan Mauricio Aristizábal alias ‘El Fino’, seguido por Luis Horacio Martínez alias ‘Tocayo’, Javier Mondragón González alias ‘Erick’, Ubernis Alberto Areiza Fernández alias ‘Andrés’ y Omar de Jesús Ojeda alias ‘Fabián’.

Según las versiones de varios exparamilitares, antes de que alias ‘H.H.’ llegara como jefe del grupo paramilitar, el Bloque Calima recibía aportes de $50 millones de pesos al año por narcotraficante como acuerdo para producir y sacar la cocaína de las ‘cocinas’ de la región. Alias ‘Román’ llevaba esas cuentas en un listado que fue encontrado en su casa durante un allanamiento.

Con la llegada de alias ‘H.H.’ al Valle, el exjefe paramilitar ordenó realizar reuniones con comerciantes, ganaderos y empresarios de ingenios azucareros a los que les pidió cuotas mensuales a cambios de ‘seguridad’. “Por medio de un exjefe de seguridad de un ingeniero azucarero, una empresa hacía aportes mensuales de $20 millones de pesos para que los paramilitares los cuidaran de secuestros o extorsiones de la guerrilla”, dijo la Fiscalía.

Según alias ‘El Fino’, el centro de finanzas del Bloque Calima estuvo en Buenaventura, un puerto clave de la costa pacífica por donde salían los cargamentos de droga y donde los paramilitares realizaban cobros al gramaje, es decir, por kilo de cocaína producido.

Sin embargo, en Cauca los paramilitares tenían otro centro de cobros o impuestos ilegales en Santander de Quilichao. En versión libre, Armando Lugo alias ‘Cabezón’ contó que como él trabajaba para la Defensa Civil, conocía la zona y empezó a delinquir señalando a las posibles víctimas. “Yo comienzo a decirles quiénes son los ganaderos y el encargado de recoger esa plata era alias ‘Julián’, quien a su vez encargó a alias ‘Pata e’ palo’. En octubre de 2001 se hace una reunión a donde se lleva todo el comercio, incluyendo granjeros y dueños de droguerías. Alias ‘El Cura’ les fijó las fechas en que tenían que pagar las cuotas”, dijo alias ‘Cabezón’.

En una versión libre, alias ‘El Cura’ confesó que convocó esa reunión en Santander de Quilichao y que fue realizada en el corregimiento El Palmar. “Llegaron varias personas del comercio donde hablé con ellos y les dije que de ahora en adelante necesitaba una colaboración económica, que ellos podían decir con cuánto podían”, dijo el exjefe militar del Bloque Calima.

‘El chorro’, las reses y las extorsiones
Otra forma de financiación del bloque fue el robo de gasolina, principalmente de dos poliductos de Ecopetrol ubicados en la vía Cartago-Yumbo y Yumbo-Buenaventura. Según datos aportados a la Fiscalía por la petrolera nacional, entre enero y diciembre de 2002 los grupos armados ilegales que delinquían en esta zona extrajeron 7.270 barriles de crudo al día equivalentes a 106 millones de dólares. Entre 2002, 2003 y 2004, dijo la Fiscalía, los paramilitares del Bloque Calima hurtaron por lo menos 21 millones de dólares en gasolina robada.

En una versión libre, Robert Enrique Oviedo alias ‘El Chacal’ contó que el encargado de hacer estos hurtos en era Ricardo López Lora alias ‘La Marrana’.  “Según alias ‘El Chacal’, alias ‘La Marrana’ instalaba unas válvulas que extraían entre 7.000 y 8.000 galones de gasolina al día. Eso se coordinaba con integrantes policía y se vendía en gasolineras de amigos”, dijo la Fiscalía. Otro de los encargados de robar gasolina era José Barney Veloza alias ‘El Flaco’, hermano de alias ‘H.H.’.

Además de gasolina, los paramilitares robaron reses y electrodomésticos de las fincas de la región. Según contaron varios exparamilitares en versiones libres, el 5 de junio de 2004 hurtaron 223 reses de una finca en Sevilla, Valle del Cauca, señalando que ese ganado era de la guerrilla. La Fiscalía documentó que ese era el pretexto que usaban los paramilitares para cometer los robos.

Batallones, a su servicio
Para cometer los delitos, los paramilitares del Bloque Calima contaron con la complicidad de los militares. En versiones libres, Elkin Casarrubia alias ‘El Cura’, José de Jesús Pérez alias ‘Sancocho’, alias ‘El Cura’, alias ‘El Fino’ y ‘H.H.’ hablaron sobre sus nexos con los batallones de la región.

En una versión libre, un exparamilitar contó que fue informante del Batallón Palacé, con sede en Buga. “Entre los paramilitares y algunos paramilitares de ese Batallón nos comunicábamos con convenciones, a los lugares los nombrábamos por letras y la misión era hacerle inteligencia a la guerrilla. Desde el Batallón nos colaboraban con medicamentos y municiones”, dijo el paramilitar.

Juan Manuel Mestre Santamaría alias ‘Romario’ aseguró en versión libre del 23 de agosto de 2010 que el Bloque Calima también tuvo pactos con algunos miembros del Batallón Popayán, suministrándoles armas y municiones Entre las finanzas del grupo paramilitar, dijeron otros exparamilitares, estuvo pagarle mesadas de 500 mil pesos a los tenientes, de 300 mil pesos a los sargentos y de 200 mil a los agentes de más bajo rango.

Otros exparamilitares han dicho en Justicia y Paz que también contaron con la complicidad del Batallón Pichincha, con sede en Tambo, Cauca. Según dijeron, militares de ese batallón despejaron la zona para que los paramilitares cometieran la Masacre del Alto Naya, ocurrida en abril de 2001.

La audiencia de control de legalidad contra alias ‘H.H.’ continuará durante la segunda semana de julio de 2011 en los Tribunales de Cundinamarca.

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