De izquierda a derecha: Álvaro Uribe Vélez, expresidente y senador de la República; Rubén Darío Pinilla Cogollo, magistrado de Justicia y Paz; y Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, paramilitar desmovilizado de la Casa Castaño. Fotos: archivo Semana y Semana.com.

La orden impartida en septiembre de 2013 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, de investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares, no solo sigue vigente en términos jurídicos, sino que además, la autoridad encargada de llevarla a cabo, en este caso la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, deberá rendir informe público sobre el estado de la misma.  

Así lo señaló el magistrado de Justicia y Paz, Rubén Darío Pinilla Cogollo, durante la lectura de sentencia del jefe paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, que tuvo lugar este viernes 12 de diciembre en la ciudad de Medellín y en donde se le impuso una condena de ocho años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada, homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado. Paradójicamente, Según Pinilla Cogollo, magistrado ponente de la decisión, dicho tiempo ya se hizo efectivo toda vez que el entonces ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, postuló al exparamilitar a los beneficios de la justicia transicional el 15 de agosto de 2006 y se le privó de la libertad el 11 de octubre del mismo año. (Descargue la sentencia en PDF)

Por tal razón, el funcionario judicial ordenó concederle el beneficio de la “libertad a prueba por pena cumplida” por un término de 47 meses, tiempo en el cual alias ‘Monoleche’ “deberá comprometerse a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente Ley. Deberá presentarse cada tres meses ante los tribunales de Justicia y Paz; informar cualquier cambio de residencia; entregar al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes entregados para tal fin; cumplir con los actos de reparación y demás compromisos impuestos en esta sentencia”, expuso el magistrado Pinilla.

Sin embargo, el punto de la providencia que despierta mayor interés es allí donde se ordena que las entrevistas realizadas durante el curso del proceso adelantado contra Roldán Pérez a los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Ever Veloza García, alias ‘H.H’, se agreguen como material probatorio en las investigaciones que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes debe adelantar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pesquisas judiciales ordenadas por el propio magistrado Pinilla Cogollo en decisión proferida los días 4 y 5 septiembre de 2013.

Como se recordará, en esa fecha el magistrado en mención no solo decidió excluir de los beneficios de la justicia transicional a siete postulados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), sino que además ordenó compulsar copias para que se investigara la presunta responsabilidad del expresidente y hoy senador por el partido Centro Democrático en la conformación de grupos paramilitares, dada su profunda cercanía con personajes condenados por la justicia, precisamente, por su apoyo al proyecto paramilitar como el general retirado del Ejército, Rito Alejo del Río; el exdirector del DAS, Jorge Noguera; entre otros. (Ver: Sala de Justicia y Paz pedirá investigar a expresidente Uribe por paramilitarismo)

La decisión fue apelada y el 23 de julio del presente año, la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad del auto de exclusión de los siete postulados por considerar que el magistrado Pinilla Cogollo se había extralimitado en sus funciones, situación que, a juicio de abogados expertos en derecho procesal consultados por VerdadAbierta.com en aquella oportunidad, dejaba sin piso jurídico todo lo ordenado por el funcionario judicial, que no solo contemplaban investigaciones contra el expresidente Uribe Vélez, sino también contra la exfiscal Viviane Morales, y los generales del Ejército enretiro Óscar Botero Restrepo y Carlos Alberto Ospina. (Ver: Corte Suprema tumbó investigación contra senador Álvaro Uribe)

Pero ahora, el magistrado Pinilla revive el debate tras señalar que, además de existir argumentos jurídicos para sustentar que la investigación ordenada por él en septiembre de 2013 sigue vigente, la Comisión de Acusaciones debe rendir informes públicos periódicamente que den cuenta del avance de esta actuación.

“La Comisión de Acusaciones y los demás funcionarios competentes, en todo caso, adquirieron y tienen conocimiento de esos hechos con base en las copias expedidas por la Sala y allegadas ya hace más de un año y tienen el deber de adelantar de oficio esas investigaciones, aún en el caso de que la orden de la Sala haya quedado cobijada por la decisión de nulidad de la Corte”, argumentó el magistrado, quien ordenó además a la Comisión de Acusaciones presentar informe público cada cuatro meses sobre el avance de las investigaciones, el estado de las mismas y las decisiones que se tomen en ellas.

Otros acusados
‘Monoleche’ fue muy cercano a los hermanos Castaño Gil y conoció varios secretos del paramilitarismo. Foto: archivo Semana.

En la sentencia contra Roldán Pérez, que fue tomada por Sala Mayoritaria (es decir, dos de tres magistrados) también se ordenó al presidente Juan Manuel Santos o al ministro que él designe realizar un evento público de carácter simbólico, donde los altos funcionarios de gobierno pidan perdón a las comunidades del Urabá antioqueño y cordobés por la responsabilidad que tuvo el Estado, bien por acción o bien por omisión, en los graves crímenes cometidos por las Accu en esa región del país.

Lo anterior se fundamenta en los análisis hechos por el magistrado Pinilla Cogollo a las versiones aportadas por alias ‘Monoleche’, las pruebas recopiladas por la Fiscalía 13 de Justicia y Paz y los testimonios recogidos de otros exjefes paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz, que coinciden en señalar una estrecha relación entre miembros de las Fuerzas Militares, políticos regionales, funcionarios de entidades gubernamentales, entre otros, con los hermanos Castaño, máximos comandantes de las Accu. Sin dicha relación, concluyó el magistrado, no hubiera sido posible la expansión del modelo paramilitar de las Accu a otras regiones del país.

De ahí que, en ese mismo sentido, en la providencia se haya ordenado investigar por el delito de prevaricato a Arturo Rodríguez Cortercero, quien  fuera Juez Primero de Orden Público de Montería para el año 1989 y quien tuvo bajo su responsabilidad la investigación de la masacre de Mejor Esquina, ocurrida el 3 de abril de 1988 en el municipio de Buenavista, Córdoba y que cobró la vida de 27 personas. Según el magistrado Pinilla, a finales de 1988 el Juez Primero de Orden Público absolvió a ocho personas implicadas en estos hechos, pese a contar con suficiente material probatorio para proferir condena en su contra. De haberlo hecho, sostiene el funcionario judicial, se hubiera podido evitar una trágica racha de masacres en el Urabá antioqueño y cordobés. (Ver: Lo que la justicia no quiso ver en La Mejor Esquina)

De igual forma, en la sentencia se ordena compulsar copias para que se investigue a Héctor Cárdenas Larrea, quien fuera fiscal primero especializado ante los jueces penales del Circuito  Especializados de Medellín, quien tuvo bajo su cargo uno de los expedientes judiciales más espinosos del paramilitarismo: el parqueadero Padilla. Lo que se busca determinar en este caso es la responsabilidad de este funcionario judicial en la preclusión del proceso que develó las formas de financiación de las Accu así como en la libertad ordenada a favor de los implicados: Antonio Adonis González, Joaquín Segundo Rivera; Tarquino Rafael Morales y José Felipe Pertuz. (Ver: Quién financió el comienzo de las Accu)

Asimismo, se ordenó compulsar copias contra el entonces teniente del Ejército, Fabio Rincón Quiñones, así como a los oficiales y suboficiales del Ejército y miembros de la Policía Nacional responsables de los puestos de control que tanto Ejército como Policía tenían instalados el día 14 de enero de 1990  en el trayecto que une la vereda Pueblo Bello de Turbo con la finca Las Tangas, campamento de los hermanos Castaño ubicado en Valencia, Córdoba. Como se recordará, ese día hombres fuertemente armados al servicio de Fidel Castaño ingresaron hasta Pueblo Bello y se llevaron a 43 pobladores en varios camiones, con destino a la finca Las Tangas. (Ver: El Estado le pidió perdón a Pueblo Bello).

Otro de los personajes contra quien también se ordenó compulsar copias fue Carlos Buelvas Aldana, quien fuera gobernador de Córdoba entre 1995 y 1997. Esto a raíz de las versiones libres rendidas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso los días 24, 25 y 26 de febrero de 2009, en donde salpica al exmandatario regional de apoyar la conformación de las Accu en tierras cordobesas.

No obstante, pese a lo trascendental de la decisión proferida, será la Corte Suprema de Justicia quien tenga la última palabra al resolver la apelación interpuesta tanto por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y los defensores de las víctimas de Roldán Pérez. Por su parte, el magistrado Juan Guillermo Cárdenas, integrante del Tribunal de Justicia y Paz, consignó su salvamento de voto tras considerar, entre otros puntos, que los tribunales de Justicia y Paz no tienen potestad para ordenar a entidades del Legislativo y el Ejecutivo rendir cuentas como lo ordena la sentencia.

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Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’.¿Realmente faltó a su compromiso de contribuir a la verdad y reparar a sus víctimas el exparamilitar Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, al reconocer solo hasta hace poco su responsabilidad en el despojo de la finca La Holanda, de Montería, hecho que negó reiteradamente durante ocho años de continúas y numerosas versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz?

Tal interrogante deberá resolverlo la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín tras la solicitud hecha por la Fiscalía Octava de Justicia y Paz de solicitar la exclusión de alias ‘Monoleche’ de los beneficios de la justicia transicional consagrados en la Ley 975 de 2005, entre ellos una condena alternativa de 8 años.

No obstante, antes de esa decisión, este tribunal deberá esperar a que la Corte Suprema de Justicia resuelva si el magistrado Juan Guillermo Cárdenas, integrante de la Sala y designado para decidir este asunto, puede declararse impedido como lo solicitó, por considerar que, meses atrás, mientras se discutía el proyecto de sentencia contra este postulado, había pronunciado una opinión desfavorable contra su presencia en el proceso de Justicia y Paz, lo que viciaría su neutralidad y objetividad, atentando además contra el derecho del debido proceso.

Mientras todo esto ocurre, la fiscalía 30 especializada contra Bandas Criminales continuará una investigación iniciada recientemente contra alias ‘Monoleche’ por su presunta responsabilidad como determinador en la desaparición y posterior homicidio de los hermanos Juan y Diego Vélez Ruiz, así como del contador público Luis Fernando Claros, ocurridos en 2007 y 2009 respectivamente.

Estos hechos que se dieron después de su desmovilización con el Bloque Casa Castaño de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que según el Ente Investigador, tuvieron como móvil el apoderarse de unas tierras en el Urabá antioqueño que pertenecieron a uno de los máximos jefes paramilitares, Vicente Castaño, lo que genera la pérdida de beneficios judiciales y la exclusión de Justicia y Paz.

La novela de La Holanda
El pasado 6 agosto de 2014, alias ‘Monoleche’ le narró a fiscales de Justicia y Paz, en diligencia de versión libre, los pormenores relacionados con el despojo de una finca llamada La Holanda, del corregimiento Leticia de Montería. Ese día, el otrora hombre de confianza de Vicente Castaño Gil narró cómo, en noviembre de 2003, él y otro paramilitar conocido como ‘Chico’ se dirigieron hasta el predio en cuestión, siguiendo órdenes de su jefe.

“Resulta que el señor ‘Cuco’ (Vanoy) le dice a Vicente (Castaño) que hay una finca por Montería, que es de un extrabajador de él que se llamaba Hugo Berrío, que le había robado y necesitaba recuperarla”, dijo ese día.

“Me traslado entonces a La Holanda con el señor Chico. Allá estaba el administrador con su esposa. Yo hablo con él y le digo que esa finca la voy a decomisar por orden de Vicente Castaño. Él me dice que no hay ningún problema, que él tenía conocimiento que esa finca tenía problemas, que le pagara lo que se le debía y que se le dejara sacar un ganado que tenía este muchacho allí”, añadió.

Para la Fiscalía de Justicia y Paz la revelación resultó bastante sorpresiva, pues en diligencias judiciales rendidas en los años 2008, 2009 y 2010 negó reiteradamente su participación en ese despojo.

El 24 de enero de 2008, por ejemplo, cuando un fiscal le preguntó por qué había una mujer, de nombre Yaneth Arango García, que lo señalaba de haberle despojado este predio, respondió: “se llegó al comentario, como ahí cerca están Ias tierras que tenía Fidel Castaño de las que él había repartido, que yo había comprado una cantidad de tierras en esa zona, pero eso es mentiras”.

La misma negativa la repitió el 13 de agosto de 2009, cuando en una diligencia de versión libre dijo que “estaba dispuesto a perder los beneficios de Justicia y Paz si lo que esta señora Janeth dice de que yo la haya desplazado fuera cierto, lo que dice esta señora en su denuncia es falso”.

Fue precisamente Yaneth Arango quien, en 2008, denunció su caso ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y ante la justicia ordinaria. VerdadAbierta.com publicó esa historia el 10 de mayo de 2011, razón por la cual recibió sendas críticas de alias ‘Monoleche’, quien alegó que lo narrado en el reportaje era falso. (Ver: Monoleche’ y la batalla por ‘La Holanda’)

La historia de la disputa por el predio, que incluye graves hechos de sangre que compromete a dos oficiales y a doce soldados adscritos a la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, se remonta al año 2002.

Para ese entonces, el Bloque Mineros de las Auc, comandado por Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, ya era ‘amo y señor’ en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Su poder militar lo convirtió en el único jugador del negocio del narcotráfico en la región: solo ellos podían comprar la producción de base de coca en la zona bajo su influencia armada, considerada para aquel entonces como “la despensa cocalera de Antioquia”. Nadie podía saltarse esa regla.

No obstante, hombres bajo el mando de Vanoy Murrillo detectaron el 17 de junio de 2002 que dos de sus trabajadores, Hugo Alberto Berrío y su hermano Fredy, intentaron sacar 80 kilos de base de coca ocultos en un camión en el que viajaban desde el corregimiento La Caucana de Tarazá hasta Medellín, con el fin de vendersela a un narcotraficante de esta ciudad.

Por tal razón fueron declarados “objetivo militar” por el Bloque Mineros y se desató en su contra una cacería que dejó por lo menos seis personas muertas, entre ellas los dos hermanos infractores de las normas paramilitares.

Hugo fue asesinado en diciembre de ese año en el municipio de Girardota, norte del Valle de Aburrá, mientras se movilizaba en un vehículo en compañía de otra persona. El 28 de febrero de 2004 mataron a Fredy junto a otras tres personas más en un lujoso apartamento de la unidad residencial Parques del Estadio, al lado de la sede de la IV Brigada del Ejército.

Los cuatrohombres fueron asesinados por militares adscritos a esa guarnición militar en un aparente operativo comandado por los entonces coronel Guillermo Granados y el capitán Rogelio Echeverri del Ejército, quienes luego de los hechos expusieron el caso como una acción contra guerrilleros de las Farc, pero luego se supo que al parecer fueron pagados por la llamada ‘Oficina de Envigado’. (Ver: Miembros de la Fuerza Pública salpicados en masacres de ‘Cuco’ Vanoy y Procuraduría y Fiscalía pedirán revisar fallo sobre masacre de narcos)

Para el momento de su muerte, Hugo convivía con Yaneth y tenían como patrimonio familiar La Holanda, un predio de 128 hectáreas dedicado a ganadería. Según el relato que entregó en su momento a la justicia, luego de desplazarla forzosamente, ‘Monoleche’ quiso aprovechar la situación para quedarse con su finca, recurriendo para ello a una serie de maniobras fraudulentas.

La primera de ellas fue la falsificación de firmas. El 29 de diciembre de 2003 se suscribrió la escritura pública 994 en la Notaria Tercera de Sincelejo, donde Ernesto José Cantero, exhibiendo un poder autenticado y otorgado por Hugo Berrío el 28 de noviembre de 2003, es decir, once meses después de su muerte, vende el predio La Holanda a Alex Posada Petro. Tres meses después, el 11 de marzo de 2004, la finca es adquirida por Amparo Pereira, excompañera sentimental de alias ‘Monoleche’, mediante escritura pública 560 de la Notaria Segunda de Montería.

En mayo de 2014, en desarrollo de una audiencia de Justicia y Paz contra ‘Monoleche’ en Medellín, Yaneth Arango denunció haber recibido amenazas de muerte por hombres que dijeron estar al servicio de ‘Monoleche’, quienes le exigieron que dejara de reclamar este predio, o se atendría a las consecuencias.

“Estaba amenazado”
Cuando el pasado 6 de agosto un fiscal de Justicia y Paz le preguntó a alias ‘Monoleche’ por los detalles de esta negociación, el exparamilitar confesó que Vicente Castaño lo autorizó para que vendiera el predio. “Resulta que averigüé que las escrituras estaban a nombre de Hugo Berrío, ya fallecido. Entonces contrato a un abogado de Montería, llamado Ariel, que me dijo que él podía falsificar la firma del señor Hugo para hacer las escrituras”, contó.

Lo que vino después, según ‘Monoleche’ fue buscar personas para darle la apariencia de legalidad al negocio. De acuerdo con su versión, todos fueron engañados pues nadie supo lo que había detrás de este inmueble. El primero en aparecer fue Ernesto José Cantero, oriundo de Montería, encargado de realizar el poder. Luego apareció Alex Posada Petro, también de Montería, quien por petición del exparamilitar recibe la finca. Luego llegaría Amparo Pereira.

“Yo había vivido como seis o siete años con una señora Amparo Pereira, viuda del señor Giyo Calonge. Ella me cuidaba un hijo que había tenido con una sobrina de Carlos Castaño. Un día ella me dice que quería comprar una tierrita en Montería, y yo pensé en esa finca, porque era muy buena. Le digo a Vicente (Castaño) que si podía negociar esa finca y me dice que sí. Ahí es donde se le vende esta tierra a la señora Amparo, en 400 millones de pesos. La plata se le dio a Vicente Castaño”, relató.

Para el Ente investigador, la declaración de ‘Monoleche” dejó al descubierto una serie de contradicciones y mentiras con relación a este hecho, “afectando los postulados de verdad; la que decide presentar luego de transcurridos seis años desde el primer momento en que se le indaga por estos hechos, no porque no recuerde o le sean ajenos, sino que los calla con clara intención de ocultar las circunstancias del hecho, garantizar la impunidad y con ello mantener en cabeza de Amparo Pereira el predio”.

De acuerdo con la Fiscal Octava de Justicia y Paz, si bien la versión libre es el escenario propicio para confesar los hechos, no debió ocultar hasta último momento información sobre el caso relacionado con La Holanda, “máxime cuando ha sido interrogado con anterioridad sobre las circunstancias en que se desarrollaron, mostrándose ajeno a los mismos e incluso refiriendo como prueba de lo que fue su participación en los hechos, las decisiones adoptadas en la justicia ordinaria que en su momento le fueron favorables, mintiendo evidentemente dentro del proceso”.

Al respecto, Jesús Ignacio Roldán señaló como argumento de su defensa que si no confesó con anterioridad estos hechos fue porque Yaneth Arango había buscado recuperarla a través de hombres del Bloque Mineros que no se desmovilizaron como Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’, y Rolando Lopera, alias ‘Milton’, e incluso miembros de los llamados ‘Urabeños’ como Francisco Morela, alias ‘Negro Sarley’, quienes lanzaron amenazas de muerte contra él y su familia.

“Un día el ‘Negro Sarley’, ya fallecido, mandó llamar a un sobrino mío que vive por Pueblo Bello, entre Turbo y San Pedro de Urabá, y le dijo: ‘dígale a su tío que si se denuncia esa finca a extinción de dominio y se pierde, lo mato a él y lo mato a usted’. Desde la cárcel, incluso,alias ‘Chepe’ me mando a amenazar”, dijo alias ‘Monoleche’.

El exparamilitar también señaló que Yaneth Arango mantiene estrechos vínculos con las bandas criminales que delinquen en Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño y de paso, la inculpó como responsable de la muerte de su cuñado Fredy Berrío, tras indicar que fue ella quien informó a los miembros de la ‘Oficina de Envigado’ el sitio donde se escondía.

“En 2009, la señora Yaneth entró como diez tipos ‘enfusilados’ a amenazar a Amparo Pereira, que en ese entonces vivía en La Holanda, a decirle que tenía que irse de la finca. ¿Ella por qué no denunció? Porque esta gente le dijo: ‘si usted denuncia, la matamos a usted, a su hijo y a su familia’. Yo le vendí esa finca a ella sin decirle el problema que tenía. Ella no es mi testaferra. Pero bueno, a esas bandas les están combatiendo, las están arrinconando y ahí es cuando decido hablar”.

Yaneth Arango ha negado de manera reiterada cualquier vínculo con grupos armados ilegales y tal como lo ha narrado en diversos estados judiciales sus abogados son constantemente amenazados, así como también los potenciales compradores del predio La Holanda.

Las otras acusaciones
Frente a la acusación hecha por una fiscal especializada contra Bandas Criminales, alias ‘Monoleche’ dijo que los hermanos Juan y Diego Vélez Ruiz y el contador Luis Fernando Claros pertenecían a la Oficina de Envigado. “Ellos amenazaron a toda la familia del (alias) ‘Gordo Pepe’, que era el único que sabía dónde estaba Vicente Castaño. Y fueron ellos, con otras personas, quienes le dijeron al ‘Gordo’ que entregara a Vicente o mataban a su familia. En el asesinato de ellos están involucradas otras fuerzas, y demostraré mi inocencia en ese caso”.

Finalmente, resaltó su aporte en el hallazgo de decenas de fosas comunes en el Urabá antioqueño y cordobés. Por ahora, la decisión sobre la suerte de ‘Monoleche’ en el proceso de Justicia y Paz tendrá que superar varios trámites. El primero de ellos será la declaración de impedimento hecha por el magistrado Juan Guillermo Cárdenas, designado inicialmente para decidir en este caso.

El magistrado señaló que durante la discusión del proyecto de sentencia contra este exparamilitar, que iba a ser leída este lunes, hizo público su postura desfavorable al otorgamiento de los beneficios de la justicia transicional, pues a su juicio, “el postulado ha faltado a la verdad, ha amenazado a las víctimas y ha jugado con la justicia”. Estas opiniones, que no fueron consignadas en su salvamento de voto, constituyen un prejuicio que afecta la imparcialidad del juez.

Así, será la Corte Suprema de Justicia quien decida si el magistrado Cárdenas puede declararse impedido como lo solicitó, para luego darle paso a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín para que defina si alias ‘Monoleche’ merece los beneficios de la justicia transicional o si, por el contrario, lo excluye porque faltó a la verdad de manera reiterada y delinquió después de su desmovilización.

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Mancuso aseguró que se reunió con apoyó la elección Álvaro Uribe

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso dio detalles de una supuesta reunión que tuvo con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, en la finca El Uberrimo, de propiedad del ex mandatario. Para la fecha, Mancuso manejaba una cooperativa de seguridad privada, llamadas  Convivir, en Córdoba, las cuales eran legales en ese momento.

Según el desmovilizado, extraditado en los Estados Unidos, a la reunión asistió el coronel de la Policía Raúl Suárez, para ese entonces comandante de la Policía de Córdoba. “Uribe me dijo que estaba enterado de la lucha del enemigo común, es decir las Farc, y que estaba muy feliz del trabajo que estábamos realizando con el coronel en la región”, aseguró el ex jefe paramilitar. Agregó que también hablaron de unposible atentado que las Farc estaban planeando en contra del entonces gobernador.

Mancuso aseguró que esa no fue la primera vez que vio a Uribe.  Según el ex ‘para’, coincidió con el político en una exhibición de caballos, en la que “se hacían apuestas” a principios de 1996. “Vi a Uribe muchas veces antes de que fuera candidato a la Presidencia.  Varias veces nos encontramos en los establecimientos comerciales que eran de propiedad de mi familia”, aseguró el desmovilizado.

El ex presidente Uribe serefirió a esta declaración en su cuenta de twitter, diciendo: “Jamás me he reunido con Mancuso, ni en Ubérrimo ni sitio alguno. Abusa de muertos citándolos de testigos”.

Los contactos cercanos a Uribe
Cuando fue interrogado por la presencia los grupos de autodefensas en Yarumal, Antoquia, Salvatore Mancuso dijo que Santiago Uribe, hermano del ex presidente, era el jefe de ‘los Doce Apóstoles’, una banda de “limpieza social” que surgió a finales de los años 80 y principios de los 90, y que delinquió en varios municipios del norte de Antioquia, justo en el área de influencia de la finca La Carolina, de  propiedad de la familia Uribe Vélez. Sin embargo, el ex ‘para’ no dio más detalles al respecto.

Aunque Santiago Uribe ha sido mencionado por varios ex paramilitares como Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, y Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, esta es la primera vez que Mancuso se refiere a la relación de Santiago Uribe con el grupo de los Doce apóstoles. En mayo de 2011, en una entrevista con Caracol Radio cuando le preguntaron por estos hechos dijo que prefería no referirse al tema.

Actualmente se adelanta una investigación contra Santiago Uribe ordenada por la Fiscalía General de la Nación en 2010, luego de que el ex oficial de la Policía, Juan Carlos Meneses, dijo a diferentes medios internacionales que el hermano del ex presidente era el jefe de los llamados ‘Doce Apóstoles’.  Meneses era parte del grupo de oficial que comandaba la estación de Policía de Yarumal para la época en la que delinquieron “Los Doce Apóstoles”.

Además, Salvatore Mancuso aseguró que Pedro Juan Moreno, quien fue secretario general de la Gobernación de Uribe Vélez en Antioquia, fue quien se le acercó para pedirle que apoyara la candidatura presidencial de Uribe.

El ex jefe paramilitar dijo que tuvo varias reuniones con Moreno en compañía de Carlos y Vicente Castaño desde 1996.  Según Mancuso, el ex secretario, fallecido en un accidente aéreo en 2006 fue su interlocutor con el entonces gobernador Uribe.

En declaraciones entregadas en durante su juicio, Mancuso ha aclarado que para la campaña presidencial de 2002, prefirió que sus voceros ante el entonces candidato fueran Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, quienes eran aspirantes al Congreso de la República.  Los dos políticos fueron condenados posteriormente por sus vínculos con los paramilitares.

Esta última semana Mancuso ha hecho varias referencias a la relación de las autodefensas con Álvaro Uribe. Por petición de la defensa del ex jefe ‘para’, De la Espriella y Pineda declararon ante el tribuna que tuvieron una reunión con Uribe en la que le contaron del respaldo que Auc le daban a su campaña presidencial (ver: De la Espriella: “Fui puente entre Uribe y Auc para negociación de Ralito“)

El ex presidente Uribe respondió por medio de su cuenta de twitter que sus abogados establearan una denuncia penal en contra de los ex congresistas.  Además dijo que estaba a la espera de confirmar una versión según la cual Mancuso habría presionado a los ex parlamentarios para que declararan en su contra.

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Los hermanos Cifuentes obtuvieron de manera ilegal armento de la Policía Nacional de Nicaragua. Foto: Semana

Salvatore Mancuso dio detalles sobre el ingreso ilegal a Colombia de 3.400 fusiles y 2.5 millones de cartuchos de munición provenientes de Nicaragua en 2001 que terminaron en manos de las autodefensas. Estos hechos han sido conocidos  como la ‘Operación Otterloo’.

Este armamento era propiedad de la Policía Nacional de Nicaragua y fue un regalo para Carlos y Vicente Castaño de parte de los hermanos Cifuentes Villa, narcotraficantes que para ese entonces eran protegidos por la Casa Castaño, según declaró Mancuso en audiencia de Justicia y Paz.

En los 80 Francisco Cifuentes Villa fue conocido como el piloto personal y hombre de confianza del entonces jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. En 1999 los narcotraficantes Cifuentes Villa se aliaron con los hermanos Castaño y  con Diego Murillo alias ‘Don Berna’ para traficar drogas desde el departamento en Antioquia. Para ese entonces Francisco Cifuentes entró a trabajar con la ‘Oficina de Envigado’.

En abril del 2007 fue asesinado ‘Pacho’ Cifuentes, como era conocido, en una finca ubicada en zona rural de Caucasia, Antioquia. Desde su muerte los hermanos Alexander, Jorge y Dolly de Jesús, en compañía de María Patricia Rodríguez, viuda de Francisco Cifuentes, asumieron el control de los negocios de narcotráfico.

El pasado 7 de agosto Dolly de Jesús fue extraditada a los Estados Unidos, pues según las autoridades de ese país colaboró en el envío de al menos 30 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante los últimos tres años y tenía una alianza con Joaquín Guzmán alias el ‘Chapo’ Guzmán, cabecilla del cartel de Sinaloa.

Dolly Cifuentes tuvo una relación sentimental con el fallecido Jaime Uribe Vélez, hermano del ex presidente Álvaro Uribe. Su hija llamada Ana María Uribe de 31 años  también se encuentra detenida e imputada por los mismos delitos de su madre.

La ruta del Otterloo
En noviembre de 2001 ingresaron a Turbo, Antioquia 3.400 fusiles AK-47 y 2.5 millones de cartuchos de munición que los hermanos Cifuentes le entregaron Carlos y Vicente Castaño.  Según la Fiscalía, la planeación de este traslado ilegal de armas inció en octubre de 1999 cuando la Policía Nacional de Nicaragua se contactó con unaempresa privada de venta de armas en Guatemala para hacer un intercambio de fusiles. 

Dicha empresa privada le vendió los fusiles y la munición de Nicaragua a un comerciante de armas panameño, quien era ficha de la organización de los hermanos Cifuentes. Este comerciante se hizo pasar por un representante de la Polcía Nacional de Panamá y presentó una orden de compra falsa del gobierno de Panamá.

La embarcación denominada Otterloo fue cargada en el puerto El Rama de Nicaragua con 14 contenedores que tenían el material bélico. Para ocultar el armamento los narcotraficantes llenaron el barco con pelotas de caucho.

En vez de dirigirse al puerto de Colón, en Panamá como había sido anunciado, la embarcación navegó directamente al puerto Zungo, en el Urabá antioqueño. El capitán de barco desapareció y la empresa de navegación que hizo el trasporte fue disuelta, según la Fiscalía. Freddy Rendón Herrera aceptó en audiencia de diciembre de 2009 que fue el encargado de recibir dicha mercancía.

Algunos ex jefes paramilitares, como Jorge Iván Laverde alias ‘el Iguano’, contaron que Vicente Castaño comercializó esas armas, vendiendo lotes a 5 millones de pesos a los bloque paramilitares a su cargo. Uno de los grupos que se armó con los fusiles transportados por el barco Otterloo fue el de Nuevo Antioquia, un frente del Bloque Bananero, integrado por 150 hombres que delinquió en Turbo.

Según Mancuso, los hermanos Cifuentes también eran los encargados de proveer de uniformes y botas para los grupos de autodefensas que delinquían en Antioquia y Urabá.

Las armas que los ‘narcos’ regalaron a los hermanos Castaño
Mancuso aseguró que los hermanos Francisco y Jorge Cifuentes obsequiaron 3 mil fusiles a Carlos y Vicente Castaño que provenían ilegalmente desde Nicaragua. Estos narcotraficantes son hermanos de la extraditada Dolly Cifuentes Villa, quien fue compañera sentimental del Jaime Uribe Vélez, hermano del ex presidente Álvaro Uribe.
En audiencia de Justicia y Paz el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso dio más detalles sobre el ingreso ilegal de 3 mil armas compradas en Nicaragua, más conocido como el caso Otterloo. Según Mancuso este armamento fue un regalo de los hermanos Cifuentes Villa, narcotraficantes que para ese entonces eran protegidos por la Casa Castaño.
Según Mancuso, los hermanos Cifuentes también eran los encargados de proveer de uniformes y botas para los grupos de autodefensas que delinquían en Antioquia y Urabá.
Francisco Cifuentes Villa fue conocido como el piloto personal y hombre de confianza del entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. En 1999 los hermanos Cifuentes se  aliaron con los hermanos Castaño y  Diego Murillo alias ‘Don Berna’. Francisco Cifuentes entró a trabajar con la ‘Oficina de Envigado’.
‘Pacho’ Cifuentes, como era conocido, fue asesinado en abril del 2007 en una finca ubicada en zona rural de Caucasia, Antioquia. Desde su muerte los hermanos Alexander, Jorge Milton y Dolly de Jesús, en compañía de María Patricia Rodríguez Monsalve, viuda de Francisco Cifuentes, asumieron el control de los negocios de narcotráfico.
El pasado 7 de agosto Dolly de Jesús fue extraditada a los Estados Unidos, pues según las autoridades de ese país colaboró en el envío de al menos 30 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante los últimos tres años, y se fueron socios y aliados estratégicos de Joaquín Guzmán alias el ‘Chapo’ Guzmán, cabecilla del cartel de Sinaloa.
Dolly Cifuentes y Jaime Uribe Vélez, hermano del ex presidente Álvaro Uribe, tuvieron una hija llamada Ana María Uribe de 31 años, quien también se encuentra detenida e imputada por los mismos delitos de su madre.
La ruta del Otterloo
En noviembre de 2001 ingresaron a Turbo, Antioquia 3.000 fusiles AK-47 y 2,5 millones de munición que los hermanos Cifuentes le entregaron Carlos y Vicente Castaño.  Según laFiscalía, las armas fueron compradas en a la policías de Nicaragua y transportadas en el barco Otterloo de bandera panameña.
Según la Fiscalía, la compra se hizo por medio de un comerciante de armas panameño contactado por Jorge Cifuentes. Este comerciante se hizo pasar por un representante de las fuerzas armadas de Panamá y presentó una orden de compra falsa del gobierno de Panamá.
Para ocultar el armamento los narcotraficantes llenaron el barco con pelotas de caucho. Después de salir del puerto Bluff, en Nicaragua llegó al puerto El Rama del mismo país donde cargó el material bélico en 14 contenedores.
Desde El Rama, el Otterloo regresó a Bluff donde reportó que su destino sería el puerto de Colón, en Panamá. Sin embargo, desvió la ruta al puerto Zungo Embarcadero, en el Urabá antioqueño, según la Fiscalía. Freddy Rendón Herrera aceptó en audiencia de diciembre de 2009 que fue el encargado de recibir dicha mercancía.
Algunos exjefes paramilitares, como Jorge Iván Laverde alias ‘el Iguano’, contaron que Vicente Castaño comercializó esas armas, vendiendo lotes de a 5 millones de pesos a los bloque paramilitares a su cargo. Uno de los grupos que se armó con los fusiles transportados por el barco Otterloo fue el de Nuevo Antioquia, un subgrupo del Bloque Bananero, integrado por 150 hombres que delinquió en Turbo.

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El ex subdirector del Das se encuentra privado de la libertad. Es investigado por la muerte del humorita Jaime Garzón. Foto: Archivo Semana

Durante el juicio que se lleva en contra de Salvatore Mancuso dentro de Justicia y Paz, el extraditado jefe paramilitar narró cómo José Miguel Narváez, ex subdirector del Das,  y varios militares de alto nivel, dictaron cátedras a los miembros de las autodefensas para que persiguieran a líderes de la izquierda, defensores de derechos humanos y ongs.

Según Mancuso, Narváez les presentaba fotos de polìticos como Gustavo Petro, Wilson Borja y Piedad Córdoba.

“También recuerdo que estaban el  Padre Jesús Alberto Franco Giraldo, el director de la Comisión Colombiana de juristas, el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo y varios miembros de ongs “, aseguró Mancuso.  

En las escuelas de entrenamiento militar y político de las autodefensas, varios miembros de la fuerza pública y autoridades, entre ellos José Miguel Narváez, ex subdirector del Das,  dictaron cursos de anti-subversión y anti-comunismo. Estas cátedras se realizaron desde 1996 en varios lugares del país.

Con la información de Narváez, según Mancuso, “Carlos Castaño ordenó que se le pusiera una bomba de 500 libras sin mecanismos de activación para asustar al director del periódico Voz. También se realizó un atentado a Wilson Borja y se retuvo a Piedad Córdoba  (secuestrada el 21 de mayo de 1999 y liberada días después)”, agregó.

De acuerdo a Mancuso, Narváez tenía acceso a información de inteligencia, representaba el pensamiento militar y era asesor de varias instituciones en el país como el Ministerio de Defensa y la Escuela Superior de Guerra, y por eso fue elegido como “profesor” en las escuelas de las autodefensas.

Yaen anteriores ocasiones Mancuso había asegurado que “Narváez disparaba contra todo el mundo y decía que era lícito combatir comunistas, sin importar donde se encontraran. Nos sorprendió por la fogosidad con la que habló. Luego nos dijo que tomáramos nota y sacó una lista de 50 ONG que, según él, eran propiedad de la guerrilla”.

Pero Mancuso no es el único ex paramilitar que lo ha relacionado,  también han rendido versión ante las autoridades Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y Jorge Iván Laverde, alias el ‘Iguano’.

De acuerdo con el ex jefe de las autodefensas, la estrategia principal del adoctrinamiento era mostrar como estas personas y organizaciones de derechos humanos actuaban a favor de la guerrilla y se convertían en una amenaza para la sociedad y para la imagen del país.

Narváez decía que independientemente de que las personas señaladas pertenecieran a organizaciones defensoras de derechos humanos o fueran personajes ligados al proceso sindical, en realidad estaban cumpliendo una misión específica para la guerrilla, agregó el ex jefe paramilitar ante las preguntas de la fiscal de Justicia y Paz encargada de su juicio.

Según Mancuso la última vez que vio a Narváez fue en 2003 en la región de San Ángel, Magdalena, en un campamento de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’.

Las clases se realizaron en las fincas La 35 y Corazones. “En las que dictaba Narváez nos enseñaron que la guerrilla no estaba compuesta solamente por los que portaban un fusil sino también por personas como las que nos mostraba en fotos y quienes, según Narváez,  eran más peligrosos que los mismos armados”, dijo Mancuso desde una Cárcel de Virginia, Estados Unidos.

Son estas versiones, entre otras pruebas, las que hoy tienen tras las rejas a Narváez, quien está siendo juzgado por supárticipación en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón que tuvo lugar en agosto de 1999.

Con las clases, que incluso recibió Carlos Castaño y el mismo Mancuso, se incentivó una persecusión de los grupos paramilitares contra cualquier personas u organización que pudiera relacionarse con la izquierda.

Sin embargo, aunque Mancuso hizo claridad de que no se trataba de una persecusión a todos los miembros de la izquierda sino solamente a los que estuvieran involucrados con las guerrillas, la verdad es que durante el auge paramilitar se asesinaron indiscriminadamente a varios líderes, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Frente a los cuestionamientos sobre víctimas inocentes como Iván Villamizar Luciani, ex defensor del pueblo en el Norte de Santander y rector en la Universidad Libre de Cúcuta que fue asesinado por denunciar las acciones de los paramilitares, Mancuso aseguró que en muchos casos posiblemente cayeron  inocentes  por falsas informaciones de miembros del Estado que buscaron beneficiarse.

“En la mayoría de los casos la información de los supuestos auxiliadores provenían de los miembros del paramilitarismo de Estado, que en algunos casos nos utilizaron para beneficiarse”, aseguró Mancuso refiriéndose a miembros de la fuerza pública y autoridades en la legalidad que les suministraban información de a quién deberían perseguir y asesinar.

Narvaéz y el asesinato de Jaime Garzón

Por las declaraciones de varios ex jefes paramilitares, especialmente de Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, Narvaéz fue vinculado a las investigaciones sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón en agosto de 1999.

En junio de este año, se realizó la audiencia preparatoria del juicio en contra de Narváez, acusado por la Fiscalía como la persona que instigó a Carlos Castaño a asesinar al Garzón.

Para esa ocasión el juez Séptimo Penal Especializado de Bogotá llamó a rendir su versión a Mancuso, Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ y Rodrigo Tobar Pupo alias ‘Jorge 40’.

Una de las pruebas que presentará la Fiscalía será una memoria (usb) del desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño, que según fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, contiene información que supuestamente Narváez le filtró a los paramilitares para que se cometiera el crimen. La Usb fue entregada por Ever Veloza, alias ‘HH’ a la justicia.

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