Tomás Velásquez fue sindicalista a finales de los 80, guerrillero del Epl hasta 1991, trabajador de la Alta Consejería para la Reintegración y asesor presidencial. Foto: VerdadAbierta.com.

Unos pisaron una mina, otros quedaron heridos en medio de un combate o quizás perdieron sus manos o sus piernas con bombas propias. A ellos, los desmovilizados con discapacidades, la Ley les da un trato diferencial o al menos así está escrito, porque en la práctica las cosas parecen no marchar tan bien.

De los casi 30.000 excombatientes que estaban en el programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) hasta diciembre de 2014; 590 tenían algún problema de salud que podía terminar en discapacidad. De esos, 105 son atendidas diferencialmente, según las cifras de la institución.

Tomás Velásquez es uno de ellos. Entróal Frente Ernesto Rojas del Epl, que comandaba en la Serranía del Perijá, huyendo de las amenazas en su contra por ser sindicalista de las minas de carbón del Cerrejón. En 1991 dejó las armas y seis años después le hicieron un atentado que le impidió volver a caminar. Todo ocurrió mucho antes de que Colombia tuviera una legislación más precisa en este tema. “No hay una política clara frente a las discapacidades y la reinserción” dice Velásquez.

Desde 2008, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) con su documento 3554 le recomendó al Gobierno definir estrategias diferenciadas para minorías étnicas, mujeres y discapacitados en la desmovilización. La Resolución 0754 apareció cinco años después para reglamentar las condiciones en las que los desmovilizados pueden acceder a los beneficios de la ACR y, dentro de esta, se trazó un camino para los excombatientes con discapacidad.

La norma estableció que todos los desmovilizados tienen tres componentes básicos en su ruta de reintegración: atención psicosocial, educación y formación para el trabajo. Por asistir a cada uno de los tres componentes, les dan 160.000 pesos, para un límite de 480.000 mensuales. Una de las diferencias es que los desmovilizados discapacitados reciben 320.000 pesos más allá del tope. Otra es que a los excombatientes les dan un dinero durante un lapso máximo de 30 meses por asistir a las sesiones psicosociales. Este tiempo se duplica para quienes tienen alguna discapacidad.  

Aunque la ley insiste en un enfoque diferencial, no establece qué tiene que hacer diferente la ACR con los discapacitados en temas como salud o trabajo, que es donde más padecen y hay quejas de que ni siquiera en el dinero los están diferenciando.

“A cada uno de los del Bloque del Catatumbo (de las Auc) nos dieron 358.000 pesos por año y medio y no más. La misma plata, igual de condiciones para todo el mundo”, afirma Jerson Asprilla, un exparamilitar que perdió su pierna al pisar una mina antipersonal en Norte de Santander.

Santafe de Ralito era uno de los lugares donde los paramilitares atendían a cerca de 200 combatientes discapacitados, según un desmovilizado. Foto: archivo Semana.

Luego de entrar al campo minado en 2002, sus compañeros lo llevaron al corregimiento Santafé de Ralito en Tierralta, Córdoba. Según Jerson, allí vivían entre 200 y 300 paramilitares de los Bloques Catatumbo y Córdoba que no podían combatir a causa de las heridas. “Era el dispensario de los discapacitados, donde nos enseñaban trabajos de manualidades. Ese señor (Salvatore) Mancuso sí tuvo responsabilidad con nosotros pero cuando nos desmovilizamos, cada quien buscó su lugar de origen y llegó la falencia”, señala.

La primera prótesis de pierna que tuvo Jerson se la dieron los mismos paramilitares. Ya desmovilizado, obtuvo su segunda pierna artificial en una jornada que hizo la fundación Cirec en Tierralta. Ahora está gestionando una nueva prótesis con su EPS Caprecompero según él, no es fácil por el trámite que se necesita para que un ortopedista lo atienda y por las dificultades para conseguir el dinero e ir a Montería, que es donde está la atención que necesita.

Hace seis años, la entonces Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (hoy reemplazada por la ACR), se comprometió en el Conpes a vigilar a las EPS para que les cumplan a los desmovilizados. Asimismo, el documento sirvió de guía para que las EPS pagaran el 100% de las prótesis sin que los desmovilizados tuvieran que poner un peso.

Una parte de esta balanza no se ha cumplido en el caso de Jerson, quien afirma que los desmovilizados tienen que buscar solos lo que necesitan. “LaACR sí me da charlas psicológicas pero en el resto no se compromete mucho porque usted sabe que ellos trabajan con el Estado. Le dicen a uno a escondidas qué es lo que el Estado tiene que cubrir. Nadie quiere perder su puesto por defender una prótesis”, indica el exparamilitar.

La ACR por su parte sostiene que los profesionales en las regiones facilitan la alianza del gobierno local, las entidades de salud, las organizaciones de discapacitados, entre otros, para crear “una red de apoyo institucional y social que le permita a este grupo de población recibir la atención necesaria y gozar de sus derechos en condiciones de equidad”, como señala Diego Jones, asesor de la Dirección Programática de Reintegración. Él afirma que la ACR habla constantemente con el Ministerio de Salud para que atiendan a los desmovilizados, le hace seguimiento a la vinculación del excombatiente a la EPS y los asesora para que puedan acceder al servicio.

Jerson no es el único que ha tenido inconvenientes. Luis* es un exguerrillero de las Farc que perdió más del 60% de sus capacidades, según el dictamen médico, después de que explotó la bomba que estaba limpiando con otros dos compañeros. Él se quedó sin parte de sus dos brazos. Las primeras prótesis que tuvo se las pusieron en el hospital bogotano donde lo atendieron. “Eso salió por el lado de nosotros (las Farc). Todo estaba organizado”, recuerda.

Luis continuó en el grupo guerrillero con su discapacidad durante una década, administrando una finca en el sur del país donde, además de trabajar con el ganado, escondió equipos y camufló a guerrilleros. Él recibió a algunos de los heridos de la Toma de Miraflores, en 1998.

La segunda prótesis se la regaló una empresa estadounidense con sede en Colombia luego de su desmovilización, en 2010, pero él explica que no le sirve porque no puede agarrar los objetos. Por esa razón, está esperando a que la EPS le consiga otra. “Me dicen que hay una muy cara, de 50 millones, pero esa respuesta es como si a uno no le hubiera pasado nada”, dice el exguerrillero, quien agrega que Caprecom sí respondió por todo el dinero de la prótesis de oído que tiene.

A diferencia de Jerson, Luis sostiene que la ACR sí le dio el dinero excedente por su discapacidad.

Sin trabajo

De los desmovilizados discapacitados que están en los programas diferenciales de la ACR, 84 tienen discapacidad física y 21 discapacidad sensorial. Foto: archivo Semana.

El caso de Tomás Velásquez es muy diferente a los otros dos, no sólo por la época en la que se desmovilizó, sino porque su discapacidad no ocurrió cuando él hacía parte del grupo armado.

El 9 de enero de 1997, seis años después de dejar las armas, a Tomás le dispararon 49 veces a través de una ventana, con una ametralladora, cuando estaba en su casa en Villanueva, La Guajira. Tres detonaciones lo impactaron en la clavícula, en la espalda y un último en la pierna izquierda. La gente del pueblo le explicó después que fueron dos hombres y que se creía que eran enviados del entonces jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

Luego del atentado, lo operaron seis veces en casi 4 años. El primer tratamiento se lo hizo en Cuba, con su dinero y con la ayuda de algunos compañeros. “Nosotros también hicimos los contactos, el Gobierno… nada”, recuerda. A los dos meses regresó al país y en Bogotá le hicieron las operaciones. Ya no podía caminar pero lo intervenían para reducirle los dolores neuropáticos que “son como punzadas eléctricas en la columna”, detalla Tomás. Cinco operaciones las pagó la EPS.

Mucho antes de estar en silla de ruedas, Velásquez fue representante a la Cámara por la Alianza Democrática M-19, en el mismo año en el que se desmovilizaron y cuando cambió la Constitución Política. A pesar de haber sido congresista, no consiguió trabajo fácilmente debido a su condición de discapacidad.

En el documento de 2008 del Conpes se previeron estas situaciones y por eso se planeó que la ACR y el Ministerio de Trabajo hicieran estrategias para que el desmovilizado discapacitado tuviera un trabajo digno, pero esto no se trató diferencialmente en la Resolución de 2013. Jones explica que las personas con discapacidad en general tienen mayores problemas para trabajar y que esto es igual para los desmovilizados pero que “la Agencia se relaciona con el SENA para facilitar la capacitación que facilite la vinculación a entornos productivos y sensibiliza al sector privado para que brinden oportunidades laborales; sin embargo, gran parte de la población se encuentra en actividades productivas informales”.

Velásquez cree que su condición de exparlamentario ayudó pero aun así consiguió trabajo sólo en 2001, en la entonces Alta Consejería para la Reintegración. Dos años después pasó a la Presidencia, donde estuvo hasta hace pocos meses.

Otros desmovilizados no han corrido con esa suerte pues ni siquiera consideran sus discapacidades por ser el resultado de un ataque posterior a la dejación de armas. Velásquez asegura que así le pasó a un antiguo compañero suyo del Epl que fue su escolta. Él indica que por lo menos otros 50 exguerrilleros terminaron de guardespaldas.

“Le hicieron un atentado en Villanueva y quedó en silla de ruedas. A él tampoco le pagaron una reparación, a pesar de que ‘Jorge 40’ reconoció en una audiencia en Barranquilla que lo mandó a matar. Ahora lo mantiene la mujer y el único apoyo que le han dado es por ser desplazado”, relata Velásquez.

Por experiencias como estas y como la que él mismo vive, es que Jerson Asprilla concluye que “si hay discapacitado o no, todos los beneficios son iguales”.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

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El 21 de enero de 2005 se desmovilizaron 925 paramilitares del Bloque Córdoba de las Auc en Tierralta, Córdoba. Foto: archivo Semana.

El 21 de enero de 2005 entregaron sus armas 925 paramilitares delBloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en Tierralta, un municipio a tan solo dos horas de Montería. Allí también retornaron varios tierraltenses que se unieron a otros grupos paramilitares en Norte de Santander y en el vecino pueblo de Valencia. Luego de las principales capitales, este municipio reúne el mayor número de desmovilizados del país. (Ver: Tierralta, las lecciones aprendidas de una reinserción a medias)

En Santa Fe de Ralito, corregimiento de Tierralta, donde los altos mandos de las Auc negociaron su desmovilización con el gobierno, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso propuso la creación de proyectos productivos donde pudieran trabajar los excombatientes. El entonces alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo y el ministro del Interior de la época, Sabas Pretelt de la Vega, apoyaron la iniciativa y crearon lo que se conoció como Proyectos Productivos para la Paz (PPP).

Diez años después, los reinsertados de este este municipio sienten que el gobierno les falló. Los proyectos productivos que les prometieron se frenaron, las tierras que les ofrecieron están en medio de una disputa legal y el dinero que les entregaron para su reintegración fue invertido, sin consultarles, en fallidos cultivos de acacia.

“Si vienen y nos ofrecen un proyecto de vida, no nos pueden dejar tirados a la mitad del camino y cambiar las reglas de juego. Ahora dicen que nos queremos robar un territorio ajeno, pero nosotros solo queremos trabajar”, afirmó Jerson Asprilla, uno de los líderes de los reinsertados en Tierralta.

Más de una decena de desmovilizados consultados por VerdadAbierta.com aseguran estar defraudados por las promesas incumplidas y la falta de acompañamiento por parte del gobierno. Los errores cometidos en Tierralta pueden servir de aprendizaje para una posible desmovilización masiva de los guerrilleros de las Farc.

El inicio fallido
Con excepción de las principales ciudades del país, Tierralta fue el municipio que más exparamilitares acogió. Foto: archivo Semana.

Los Proyectos Productivos Para la Paz fueron presentados en octubre de 2005 ante el consejo de ministros por Luis Carlos Restrepo y comenzaron a rodar a finales de ese mismo año. (Ver: El despilfarro de los proyectos productivos de Mancuso)

En Tierralta, de acuerdo con la Fiscalía, el propio Salvatore Mancuso entregó 2 mil millones de pesos. El gobierno invirtió 1.048 millones, a través del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior. Testaferros como Aram Assias y empresarios cordobeses como Pedro Ghisays y a Leopoldo Anaya entregaron cerca de mil millones de pesos y 15 predios para iniciar los proyectos. Años después, la Fiscalía determinó que gran parte de los dineros y las tierras eran de Mancuso, pero estos empresarios le servían como testaferros. (Ver: Los enredos de los bienes de Mancuso)

Según cuentan los desmovilizados, el gobierno y el propio Salvatore Mancuso los convocaron a mediados de 2005 para que se vincularan a los proyectos, muchos firmaron loscontratos pensando que era su única salida, incluso excombatientes que paraese entonces eran analfabetas. “A nosotros no nos consultaron para hacer los proyectos, no nos dijeron qué era lo que iban a sembrar, simplemente nos pidieron que firmáramos”, sostuvo Manuel Caballero, uno de los reinsertados asociados al proyecto.  

Para ese entonces se hablaba de más de 500 desmovilizados agrupados en varias asociaciones, algunos de los cuales fueron convocados para trabajar como jornaleros en sus propios proyectos. “Yo no tenía trabajo y me fui a jornalear, pero nunca nos capacitaron. Nos pagaban un sueldo, pero nunca nos dijeron que ese era nuestro proyecto”, contó Asprilla. La idea original era crear proyectos de cacao, caucho, ganadería y forestales, solo este último salió adelante con más de 2 mil hectáreas de acacia sembradas.

Como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en el libro ‘Tierras, y territorios en las versiones de los paramilitares’, escrito por la investigadora Yamile Salinas, los proyectos fueron implementados en varios departamentos. “En 2007, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hizo entrega a la Alta Consejería para la Reintegración y Económica de las Personas y los Grupos Alzados en Armas la información relacionada con 35 PPP que estaban en ejecución, distribuidos así: 16 en Antioquia, ocho en Córdoba, tres en Casanare, tres en Santander, dos en Sucre y uno en Norte de Santander, Caldas y Cundinamarca”.

El texto asegura que en su momento entidades como la Procuraduría se opusieron a los PPP porque podrían “conducir a la legalización y legitimación del despojo y hacer más compleja la restitución de tierras y la reparación a las víctimas”, una de las teorías esbozadas por Salinas en su libro.

Cómo se enredó el proyecto
Cultivo de palma en Tierralta. Foto: VerdadAbierta.com.

El 26 de marzo de 2007, los testaferros que aparecían como dueños de las fincas, firmaron una carta de intención para transferirles a los desmovilizados tres de los predios: La Guaira, Nueva Delhi y Villa Nueva, un englobe de tierra con más de 800 hectáreas sembradas con acacia. Se comprometían a suscribir un contrato de arrendamiento con la Asociación Agroempresarial de Tierralta – Córdoba (Asotaco), a nombre del empresario Humberto Solano. En el evento también asistieron Monseñor Julio Cesar Vidal y Juan B. Pérez Rubiano, en representación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Aunque en principio se planteó como un proyecto de reconciliación entre las víctimas y los victimarios, lo cierto es que entre los asociados solo aparecen 25 desplazados y otros 25 pequeños productores, en comparación con 533 desmovilizados.

Mancuso ha dicho en versiones libres que ese contrato se hizo a sus espaldas con la intención de blindar al comisionado Restrepo por haber entregado dineros del erario público. Los reinsertados aseguran que los predios tampoco les fueron entregados directamente, “eso sí lo entregaron, pero no a nosotros. Se lo dieron a Humberto Solano, una persona que el gobierno puso al mando de una asociación que supuestamente agrupaba a los desmovilizados”, aseveró Clemente Germán, el actual representante legal de la asociación de reinsertados.

Según contó Humberto Solano a VerdadAbierta.com, en una audiencia pública en 2012, el gobierno empezó a incumplir con las cuotas de financiamiento y por eso se fueron acabando los recursos de funcionamiento. Luego los representantes del gobierno, el Alto Comisionado y los Ministerios se desentendieron y los proyectos empezaron a perderse como sucedió con las plantaciones de cacao y caucho.

Lo cierto es que a finales de 2007 la Oficinadel Alto Comisionado de Pazsuspendió el apoyo a los PPP, pues se había desembolsado dinero para proyectos productivos que no llevaron a cabo, algunos de los cuales eran inviables, y porque no habían claridad sobre quiénes eran los destinatarios, los operadores y los propietarios de las tierras, en su mayoría testaferros de paramilitares.

Entre abril y mayo de 2007, los tres predios fueron transferidos a través de compraventas realizadas en la notaria tercera de Montería a Salvatore Mancuso por precios no mayores a los 20 millones de pesos, lo que dejó al descubierto la estrategia de testaferrato. Ese mismo año el exjefe paramilitar, en versión libre, denunció estos bienes y los ofreció como un insumo para reparar a las víctimas, sin que los reinsertados que ocupaban el predio lo supieran.

Ese mismo año, cuando empezaron a decaer los proyectos, los desmovilizados decidieron al mismo tiempo hacer a un lado a Humberto Solano y apropiarse de la administración de los proyectos. Todos coinciden en que el abanderado fue Carlos Londoño, un expersonero del pueblo que se desmovilizó como parte del grupo paramilitar, y que había estudiado Derecho. “Él nos hizo caer en cuenta que esos proyectos eran de nosotros y que teníamos que hacerle una veeduría a los dineros que estaban entrando”. Decidieron entonces crear la Asociación Maderera Agrícola y Ganadera del Sinú (Asomag), agrupación que actualmente ocupa los predios.

Durante 2008 una serie de asesinatos enrarecieron el ambiente. En enero mataron a Carlos Londoño, quien para ese entonces estaba a la cabeza de la asociación de desmovilizados; el 1 de febrero en la terraza de su casa le dispararon a Aram Assias, el testaferro de Salvatore Mancuso; y en junio asesinaron a Juan Carlos Martínez, quien sucedió a Londoño como líder de los reinsertados.

Se conocen 238 casos de desmovilizados que fueron asesinados en Córdoba, de ellos, más de 60 vivían en Tierralta. La mayoría de estos homicidios ocurrieron en 2008.  Los asociados a los proyectos productivos, decidieron que las familias de los reinsertados asesinados, podían seguir participando del proyecto.

Sin la tierra y sin la plata
Según la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en Tierralta hay más de 716 excombatientes, un 97% de las Auc, de los cuales 584 ingresaron a los programas que ofrece la institución. Foto: VerdadAbierta.com.

La institucionalidad a cargo de los desmovilizados fue cambiando  y en 2011 se creó la Agencia Colombiana para la Reintegración (Acr). A partir de ese año cambiaron las condiciones para los reinsertados que hacían parte de los proyectos productivos, pues como explicó Liliana Cogollo, coordinadora de la territorial de la Acr en Córdoba, “el Presidente de la República sancionó el decreto 1391, que regula los beneficios económicos para la población desmovilizada y se decidió que quien ya había sido desembolsado no podía ser objeto de beneficio económico por parte de la Acr”.

En la práctica significó que a partir de esa fecha, ninguno de los 533 asociados volvió a recibir el apoyo económico que le ofrecen a los reinsertados que asisten a los programas de ayuda psicosocial, educación  y formación para el trabajo. Estas personas tampoco pueden acceder al capital semilla, un dinero que la Acr entrega a quienes están cerca de finalizar su ruta reintegradora y tienen un plan de negocio estructurado. El argumento es que su dinero fue desembolsado dentro de los más de mil millones de pesos que el gobierno invirtió en los cultivos de acacia.

“Muchos de los desmovilizados no sabíamos que hacíamos parte de ese proyecto, porque a gente del gobierno era la que lo venía manejando, hasta que nos quitaron los beneficios económicos entendimos que nuestra plata la habían invertido en esos cultivos, pero nunca nos preguntaron si queríamos sembrar acacia”, contó uno de los líderes de los reinsertados.

A raíz de esta decisión, los excombatientes decidieron apropiarse aún más de esos proyectos, sembraron cultivos de pancoger y repartieron la tierra. De acuerdo con los líderes de Asomag, poco a poco fueron llegaron más de 100 desmovilizados que hoy tienen cultivos en los tres predios. “Cada uno tiene de tres a cuatro hectáreas para cultivar”, asegura Clemente. Las fuentes oficiales difieren en la cifra, pues aseguran que son cerca de 15 o 20 familias las que están usufructuando los predios.

Sin embargo, junio de 2012, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia contra Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, decidió que esas tres fincas ocupadas por desmovilizadas debían ser destinadas a reparar a las víctimas de Norte de Santander, donde un grupo paramilitar a cargo de Salvatore Mancuso cometió todo tipo de atrocidades.

Los reinsertados no estaban al tanto de lo que decidían las altas cortes en Bogotá, hasta que a finales de 2012, funcionarios del Fondo de Reparación para las Víctimas, una dependencia que forma parte de la Unidad para las Víctimas encargada de administrar los bienes entregados por los exparamilitares, les informaron que no podían seguir explotando esa tierra.

Los funcionarios del Fondo intentaron convencerlos de llegar a un acuerdo. Les propusieron ser arrendatarios del predio, ser contratados para explotarlo e incluso hablaron con las autoridades locales para que compraran las fincas, pero no se logró ningún acuerdo. “Nosotros sabemos que ahí está nuestra plata del capital semilla y nuestros años de trabajo, no vamos a salir así tan fácil”, dijo a VerdadAbierta.com un excombatiente.

Las pérdidas de la larga espera
Del cultivo de acacia que el gobierno sembró en 2005 queda solo el rastro, aseguran los desmovilizados que explotan los predios. En 2009 un gran incendio consumió gran parte de las plantaciones maderables, además del constante robo de madera que se viene presentando desde ese mismo año.

En operativos policiales coordinados por el Fondo de Reparación se han capturado en flagrancia a varias personas, algunas reinsertados, que han cortado parte de la acacia. Según cálculos de la Unidad de Víctimas, antes de que esta pasara a ser la administradora de los predios en 2012, ya se habían presentado perdidas de casi 500 millones de pesos en el cultivo.

Para evitar más perdidas, el Fondo de Reparación instauró denuncias penales por el hurto de la plantación y  acción civiles para recuperar la posesión. Actualmente están a la espera de la respuesta de un juzgado en Tierralta.

A esto se suma que dos de las fincas (Villa Nueva y la Guaira) fueron pedidas en restitución por personas que alegan haber sido despojadas de estos bienes por los paramilitares. El 5 de marzo de 2005, meses antes de que se diera inició a los proyectos productivos, Aram Assias, testaferro de Mancuso, realizó las compraventas de estos predios en la Notaría Única de Tierralta por un valor de 26 millones de pesos cada una. Será la justicia la encargada de decidir si se trató de un despojo.

Por su parte,  en octubre de 2014, Alexandra Valencia, magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, ordenó investigar al excomisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo y el exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, por el detrimento patrimonial que ocurrió en los proyectos.

En medio de este enredo jurídico, los desmovilizados alegan que el Estado los ha dejado solos. “Hemos tocado las puertas de la Acr, de las autoridades locales, hemos pedido que nos asesoren, pero nadie nos ha acompañado”, aseguró Manuel Caballero. La Acr no fue quien creó esos proyectos y asegura que no tiene competencia jurídica en elasunto, al igual que las autoridades locales.

Por eso, mientras aprendían a leer, muchos desmovilizados decidieron estudiar algunos conceptos básicos de derecho y cargan a diario los documentos que los acreditan como supuestos propietarios de los predios con la esperanza de quedarse con la tierra que les prometieron.

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Leonardo Villanueva Acosta, exguerrillero que aspira al Concejo municipal de Chalán. Foto: Andrés Celis.

Leonardo Villanueva Acosta ha pasado los últimos 30 años de su vida entre la lucha armada y el ejercicio de la política. En 1994 fue electo concejal del municipio de Chalán, Sucre, por la Alianza Democrática M-19. Tras un año en esas lides, y luego de ser amenazado por grupos paramilitares, decidió vincularse al Frente 35 de las Farc. En el año 2004 fue capturado por tropas de la Infantería de Marina de Corozal y condenado a 5 años de cárcel. Una vez pagó su pena y animado por el regreso de la personería jurídica a la Unión Patriótica (UP) decidió volver a exigir garantías, tierra y recursos para los campesinos nuevamente por la vía democrática.

Tras su salida de la cárcel, Villanueva volvió, en palabras de él, a ser lo que era: “un campesino trabajador de la tierra”. Se dedicó a cuidar sus cultivos de yuca, ñame y tabaco negro, a y sacar adelante a su familia. El regreso a la vida civil lo puso de nuevo en contacto con la sociedad, que a su modo de ver, no ha cambiado tras 13 años de ausencia. “Las condiciones siguen siendo las mismas por las cuales había tomado las armas, la gente no tiene más que el pancoger, la tierra está en manos de unos pocos y no tenemos incentivos para trabajar la tierra”, dice.

El cambio de patrullar los Montes de María, con 15 kilos de equipamiento encima y fusil al hombro, a recorrer las calles de Chalán, su pueblo natal, le significaron a este campesino tener contacto directo con su gente. Aunque se alejó por unos años del escenario electoral, nunca abandonó el ejercicio de la política. “Estar al tanto de la gente, conocer lo que les aqueja, participar de los espacios de socialización es lo que teje las relaciones y forja la política”, afirma Villanueva.

Los 13 años que pasó este labriego entre la ilegalidad y la cárcel solo trajeron cambios para su propia vida: “Yo pensé que, al menos, íbamos a tener mejoras por parte del Estado para los cultivos, en vías y en desarrollo social, pero no, al único que le cambió todo fue a mí, me estigmatizaron igual que hace unos años, mi familia  demoró en recomponerse y a pesar de no tener encima el peso del paramilitarismo, e incluso de la misma guerrilla, muchas condiciones de desigualdad social se mantenían”.

Inquieto por la situación económica y social de Chalán, hace un año Villanueva decidió vincularse a un partido político y encontró en los principios y plataforma política de la UP las razones suficientes para volver a aspirar, luego de 20 años, a un cargo de elección popular, teniendo, paradójicamente, las mismas propuestas con las que ganó el consejo por la Alianza Democrática M-19.

La política en medio de laguerra
Hacer política en los Montes de María no ha sido tarea fácil. Desde la década de los 70, la lucha por la tierra ha generado serias disputas entre campesinos, Estado, guerrillas y grupos paramilitares. En esta región se perpetraron 56 masacres entre 1993 y 2009, además de cientos de asesinatos selectivos; la violencia también generó masivos desplazamientos forzados, lo que condujo a una ruina económica que no se ha podido remediar.

En la década de los 80, la primera guerrilla que hizo presencia en la región fue MIR-Patria Libre-, un grupo que no superaba los 100 hombres en armas que luego se convirtió en la Unión Camilista-Eln, los mismos que se desmovilizaron en 1994 en Ovejas, Sucre, bajo el nombre de la Corriente de Renovación Socialista. Luego de ello vendría la aparición de los primeros hombres de las Farc y su posterior consolidación en la región con los frentes 35 y 37.

La presencia de la guerrilla significó para la región el inicio de cobro de vacunas, hurto de ganado a los grandes hacendados y marcó el inicio de una guerra política, económica y militar que desangró a la población.

Para inicios de los 90 los pequeños grupos de hombres armados que emergieron en las fincas de los grandes hacendados se transformaron en grupos de paramilitares. ‘Los Rodríguez’ y ‘Los Meza’ fueron los primeros en iniciar la persecución y asesinato de líderes sociales y políticos, en especial contra miembros de la UP. De allí surgieron jefes paramilitares como Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, quien luego se convirtió en uno de los comandantes más temidos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc); de igual forma, varios miembros de ‘Los Meza’ fueron asociados a políticos de ese entonces, entre ellos a Álvaro García Romero, condenado posteriormente por sus nexos con grupos paramilitares. (Ver: La tragedia que se fraguó en los Montes de María)

Villanueva recuerda que Chalán se convirtió en el corredor de los actores armados. “Por acá pasaba la guerrilla, los ‘paras’”, recuerda. Este municipio es considerado “el corazón de los Montes de María”, cuyos senderos fueron estratégicos para la movilización de tropas irregulares. Su conexión a través de varias rutas con el Golfo de Morrosquillo fue clave como corredor del narcotráfico.

Todo ello ha implicado que el quehacer político en la región esté supeditado al control y sometimiento de grupos armados ilegales, a lo que se suma la falta de garantías estatales para ejercer la oposición política, situación que, actualmente, supone un reto fuerte para gobierno de cara a la participación de las guerrillas en política una vez se desmovilicen ante una eventual firma de acuerdos de paz.

Logros del pasado
“De la torre de energía para allá, bien lejos, era que nos movíamos los del frente 37. Acá a Chalán veníamos muy poco, siempre que se pasaba era porque estábamos o en guerra con los ‘paras’ o con el Ejército” afirmó para VerdadAbierta.com un desmovilizado de las Farc. Foto: Andrés Celis.

Varias alternativas de poder político surgieron a partir de los diálogos con las guerrillas en el pasado. Una de ellas fue la Alianza Democrática M-19, que, en las elecciones de 1994, obtuvo los votos suficientes para elegir 12 senadores, 9 representantes y varios concejales a nivel regional, entre ellos Villanueva, quien asegura que fue elegido por voluntad de toda la comunidad para hacer política en pro de los campesinos.

Pretender cambiar las condiciones sociales y económicas deuna región sumida en la guerra y abandonada por el Estado pareciera un imposible, pero fue el reto que se impuso Villanueva, no obstante, al año de estar posesionado empezó a recibir amenazas por parte de paramilitares a quienes, al parecer, no les gustaba el programa agrario que había presentado para ser elegido como concejal.

“Siendo Chalán un municipio 100% campesino, empecé a invitar a los alcaldes y a los demás concejales a que trabajáramos en dirección al campesinado, haciendo respetar los derechos de las gentes a la vida digna y a el trabajo”, asegura Villanueva. “La situación no le gustó a los caciques politiqueros que estaban en el pueblo porque ellos estaban acostumbrados a la corbata, al serrucho y a la compra y venta de votos”.

La propuesta que planteó la Alianza Democrática M-19 no cayó bien en la región. Cuentan sus habitantes que la estigmatización comenzó cuando apoyaron la candidatura de Villanueva, quien, junto a sus colaboradores, tuvo problemas con los grandes hacendados. “Por plantear una política diferente fuimos estigmatizados, nos convertimos en una piedra en el zapato y para quitarnos del medio nos señalaron como guerrilleros de las Farc”, asegura un habitante de la región.

Villanueva recuerda que por esas razones empezó una persecución política en su contra. “Todo se tradujo en una alianza de las autoridades y los grupos paramilitares para asesinarme, por fortuna el día que fueron a buscarme me había ido temprano”. No obstante, ese 31 de marzo de 1996, los ‘paras’ fueron también a  terminar con la vida del entonces concejal  del Movimiento Nueva Colombia, Alfonso Beltrán Chamorro,  quien fue asesinado junto con su esposa Yermis Merlano delante de varias personas del pueblo.

“Ese día yo había salido a las 10 de la mañana del municipio, cuando me enteré de lo que había ocurrido decidí no volver”, asegura el entonces concejal. Teniendo como alternativas abandonar el departamento de Sucre e irse a otra región, e incluso fuera del país, la única salida que vio posible fue unirse a la guerrilla. Luchando contra la guerra, pretendiendo mejorar las condiciones sociales y económicas de los campesinos terminó siendo parte de ella.

Del escritorio al monte: 8 años en la insurgencia
De un día para otro la vida de Villanueva giró de manera drástica: pasó de ser concejal a militar en el Frente 35 de las Farc. “Me levanté en armas contra las políticas nefastas del Estado viendo en las filas guerrilleras la única salida para que no me quitaran la vida”.

Con fusil al hombro, se encargó de cumplir el papel de ‘organizador’ en el frente guerrillero.Era el encargado de llevarles mensajes a las comunidades del porqué de la vigencia de la lucha armada. “Yo tenía que explicarles que había causas que originaban el levantamiento en armas como la desigualdad social, que aún sigue existiendo”, afirma y destaca que su labor en la insurgencia fue puramente social.

En 1996, cuando Villanueva ingresó a las Farc, el conflicto en Montes de María estalló. A la guerrilla se le atribuyeron 36 secuestros extorsivos en Sucre, un año antes asesinaron al exgobernador del departamento, Nelson Martelo; dinamitaron fincas de miembros de la Federación de Ganaderos e intensificaron el cobro de extorsiones y la retención y quema de vehículos de transporte de carga.

El 14 de marzo de ese año, Chalán vivió un episodio que quedó grabado en la memoria de sus pobladores: guerrilleros de los frentes 35 y 37 se tomaron el municipio y detonaron mediante control remoto un burro bomba en la estación de Policía, asesinando a 11 uniformados. Aunque en los combates no se registraron civiles muertos, parte del pueblo quedó destruido.

Por si fuera poco, tiempo después, el burro bomba sirvió de excusa al Ejército para ejecutar la operación Mariscal Sucre, en la cual fueron detenidos, sindicados y procesados por rebelión 116 personas, varios de ellos del municipio de Chalán, quienes, según alegaron, nada tuvieron que ver con el atentado, aun así, 26 de ellos pagaron más de 8 años de cárcel.

El panorama de la guerra de mediados de los 90 había dejado como único saldo a la población de Montes de María como víctima. Ejército, ‘paras’ y guerrillas se convirtieron en victimarios de la población civil. Al deterioro social se sumó el inicio de la guerra por el control del narcotráfico y la disputa por el control de la tierra.

Vivir en carne propia la confrontación armada le hizo entender a Villanueva que ésta se ha desarrollado entre los menos favorecidos. “Durante mi tiempo como guerrillero viví muchas cosas crueles, como por ejemplo ver que a los que uno se enfrenta son igual o peor de pobres que uno, todos los militantes rasos, al menos, han entrado a las organizaciones ilegales buscándole salida a la pobreza”.

Aunque sigue siendo un convencido de la lucha de clases y de la creencia de la transformación del país a partir de un nuevo modelo de gobierno, este exconcejal creyó que la continuación de la guerra no iba a traer una buena consecuencia para la sociedad. Vio caer compañeros en combate, perdió amigos y se alejó de su familia; no obstante, persistió con la tarea de hablar con las comunidades, pero tiempo después, reacias a la política guerrerista de la insurgencia, dejaron de asistir a las canchas de los pueblos a escuchar el discurso de Villanueva.

En 2004 fue capturado por infantes de Marina de Corozal en un operativo que realizaron contra los frentes 35 y 37 de las Farc; se le sindicó de concierto para delinquir, terrorismo, rebelión, homicidio y desplazamiento forzado, pero solo fue condenado por el delito de rebelión y pagó cinco años de cárcel.

“En las audiencias reconocí el delito de rebelión, le dije al juez que la labor dentro de la guerrilla había sido social, de orientación a las comunidades, que no iban a encontrarme otro delito porque no había hecho nada más y así fue, no me imputaron más porque fui a la guerrilla por una causa social y no guerrerista”, afirma Villanueva.

De los cinco años que duró en la cárcel fue prudente para hablar, mencionó que a causa de ello su esposa regresó a vivir a Chalán para poderlo visitar y que la mayoría del tiempo lo utilizó en pensar en cómo iba el proceso. “Cuando me absuelven, hice una demanda con el abogado por violación a los derechos humanos, pues me pusieron casi el doble de años y no debía ser así pues no tenían pruebas, y no las había, de otros delitos” señaló Villanueva.

La nueva puesta política
Por décadas las calles de Chalán se convirtieron en un corredor estratégico para las guerrillas y los grupos paramilitares. El paso del tiempo no ha borrado los estragos de la confrontación en el municipio, a pesar de la inexistencia actual de los grupos armados sus pobladores no han olvidado los más de 30 años en guerra. Foto: Andrés Celis.

Para Villanueva no fue suficiente con haber pasado 13 años entre la guerra y la cárcel para dejar de pensar en la política. Luego de recuperar su familia y rehacer su vida como campesino, retomó el trabajo que había dejado antes de unirse a la guerrilla, empezó de nuevo el trabajo social y a recuperar las amistades dejadas y otras perdidas por haber sido insurgente.

En 2013, cuando le regresaron la personería jurídica a la UP, Villanueva se juntó con varios activistas de otros partidos y movimientos políticos, entre ellos la Marcha Patriótica, con quienes se sentó a dialogar con campesinos, afros e indígenas para retomaron el proyecto que en el pasado alcanzó una votación significativa y por la que pagó un costo muy alto en vidas, pues fueron asesinados más de tres mil personas, entre militantes, simpatizantes y colaboradores. (Ver: El saldo Rojo de la UP)

Un año después, Villanueva decidió vincularse con la UP buscando, de nuevo, ocupar un cargo de elección popular: “Lo hice por las mismas necesidades con las que hice política hace años, los campesinos deben tener sus verdaderos representantes y Chalán, que toda su composición es campesina, debe tener un representante del gremio”.

No será un proceso fácil para el proyecto que trata de impulsar este exconcejal y exguerrillero. La región de los Montes de María padece graves problemas agrarios, hay escases de alimentos y, sobre todo, persiste el desinterés del Estado en subsanar los males sociales.

Siendo quien nunca dejó de ser, un campesino, Villanueva no sabe si hubiese o no seguido en la guerra de no haber sido capturado; de lo que sí está seguro es que la violencia genera más violencia y que las causas que la generan se deben acabar para que, a futuro, no existan nuevos brotes de insurrección o de crimen organizado.

La historia de este líder político local revela, sin justificar su decisión de haber ido a la guerrilla, que de no garantizarse el libre ejercicio de la política en las regiones, va a ser muy complicado implementar la llamada paz territorial de la que tanto se habla en La Habana. Sin seguridad, justicia y equidad, ese loable propósito podría fracasar.

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Desmovilización del Bloque Bananero de las Auc, el 25 de noviembre de 2004 en Turbo, Antioquia. Varios de los hombres que dejaron las armas volvieron a delinquir y se vincularon a las Bacrim. Foto: archivo Semana.

La desmovilización efectiva de excombatientes que alcanzaron un nivel jerárquico destacado en los grupos armados ilegales, sean paramilitares o guerrillas, es uno de los retos que cualquier proceso de desarme enfrenta para evitar su retorno a la clandestinidad. La realidad muestra que los mandos medios tienen la llave para prolongar la guerra o alcanzar la paz. La experiencia muestra que algunos han regresado al campo de batalla. ¿Cómo evitarlo en futuras dejaciones de armas?

En la actualidad un caso ilustra los efectos negativos de un mal proceso de atención a mandos medios, se trata de lo ocurrido con aquellos guerrilleros del Epl que se desmovilizaron en 1991 bajo los acuerdos con el gobierno nacional y tras un intrincado camino de ilegalidades acabaron formando la cúpula de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC), también conocidas como ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’. Su experiencia bélica ha permitido sobrevivir a pesar de la persecución de las autoridades y los enfrentamientos con otros grupos ilegales en sus disputas territoriales.

Pero, ¿qué hace que un mando medio prefiera la guerra, con todo lo que ello implica, a dar el paso a la legalidad? Exguerrilleros del Epl y las Farc, así como especialistas en el tema explicaron para VerdadAbierta.com este fenómeno, que cobra vigencia en el actual escenario de negociación que se desarrolla en La Habana, Cuba, con la guerrilla de las Farc, y el que se busca con los comandantes del Eln en Colombia.

El pecho de la guerra
Este fue el organigrama que las autoridades contruyeron de Los Urabeños o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cuando ‘Don Mario’ estaba prófugo de la justicia. Varios de ellos eran paramilitares desmovilizados y tuvieron mando en las Auc. Foto: archivo Semana.

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un mando medio “representa la correa de transmisión entre quienes toman las decisiones estratégicas y aquellos combatientes que las ejecutan y ponen en marcha”. En la práctica, son los que tienen la autoridad en los territorios donde operan, conocen al detalle la tropa, manejan la inteligencia, dirigen el reclutamiento y tienen acceso a gran cantidad de dinero en efectivo que proviene de los negocios ilegales que coordinan.

Este conjunto de factores juegan un papel crucial a la hora de definir si un mando medio, de cualquier grupo armado, quiere o no regresar a la legalidad. Todo depende de la oferta estatal y qué tan competitiva es económicamente.

“El factor económico es el queimpulsa a las personas a buscar dónde volver a usufructuar”, explica Jorge*, un exguerrillero de las Farc quien desertó de las Farc, se acogió a la oferta del Estado y hoy trabaja con proyectos productivos en Antioquia. A su juicio, el conocimiento, las habilidades y la experiencia que adquieren los mandos medios en la guerra deben ser tratados de manera diferencial por los programas de reinserción estatales.

“No es lo mismo un muchacho que estuvo dos o tres años cuando más en un grupo a alguien que duró 15 y 20 años. Los programas de atención no poder ser iguales para unos y otros”, plantea Jorge. “Se requieren programas diferenciados para alcanzar mayor efectividad en lograr que algunos mandos medios no retornen a la guerra”.

Mario Agudelo, ex dirigente del Epl, dice que: “hubo un hecho que siempre me llamó la atención: cuando nosotros nos desmovilizamos, veíamos que los mandos medios andaban en grupo y se mantenían ahí en el casco urbano de Apartadó, ellos no regresaron a sus sitios de origen”, recuerda Agudelo. “A diferencia de los combatientes rasos, estos mandos medios no regresaron a sus veredas ni se integraron como obreros en las bananeras”.

¿Y quiénes eran esos mandos medios? Se trataba de los hermanos Dairo Antonio y Juan de Dios Úsuga David, quienes tras una larga historia criminal acabaron comandando las AGC, junto con Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Marcos Gavilán’, Francisco Morelo Peñata, alias ‘El negro Sarley’, Melquisedec Henao, alias ‘Belisario’ y Jacinto Nicolás Fuentes Germán, alias ‘don Leo’. Todos ellos, quince años después y luego de trasegar por distintas facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), se integraron a las AGC.

“Era un síntoma que expresaba una incertidumbre muy grande frente al proceso”, agrega Agudelo. Esas inquietudes fueron aprovechadas por los grupos paramilitares al mando de Carlos Castaño, quien los incorporó a su proyecto armado, donde manejaron un bajo perfil y proyectaron la continuidad de sus andanzas criminales una vez de desmovilizaron las Auc en todo el país.

Expectativas diversas
Varios desmovilizados del Epl pasaron a engrosar las filas de los paramilitares. Entre ellos se encuentran los hermanos Úsuga, quienes actualmente conforman una de las Bacrim más grandes y peligrosas del país. Foto: archivo Semana.

Los mandos medios se enfrentan por lo menos a tres circunstancias: no son los que negocian la dejación de armas, por tanto no son tan visibles; no desarrollan actividades políticas, pues sus funciones son más militares; y son más ambiciosos que aquellos excombatientes que estuvieron bajo su mando.

Agudelo recuerda que con la desmovilización del Epl vinieron nuevas oportunidades de trabajo para la base guerrillera. Los empresarios pudieron volver a invertir sin el temor del secuestro y la extorsión, lo que reactivó la economía local, generando decenas de puestos de trabajo en las fincas bananeras que fueron ocupados por reinsertados de ese grupo insurgente.

Las oportunidades también se abrieron para aquellos que trabajaban en el activismo por cuanto, desde la legalidad, comenzaron a impulsar proyectos sociales, trabajo sindical y a constituir el movimiento Esperanza, Paz y Libertad, una propuesta política que se impulsó desde el Urabá antioqueño.  

“Con esos mandos medios ahí fue la dificultad porque ellos no estaban interesados en un liderazgo social, en un liderazgo político, a ninguno de ellos le interesó; ni su expectativa de vida era retornar a la vereda y tener un trabajo allí. Ante eso se creó un gran vacío”, afirma Agudelo, que se agravó en aquella época por cuanto tampoco el Estado y la dirigencia subversiva tenían claro el camino a seguir. Para aquellos años eran incipientes los procesos, no había mucha claridad sobre la reinserción, mucho menos atención sicosocial, y lo poco que había era ineficiente hasta en lo más elemental que eran los pagos asignados a los desmovilizados, que se demoraban varios meses en llegar, lo mismo que los proyectos productivos.

Otro aspecto que acabó por complicar el panorama fue el estatus que tenían esos mandos medios del Epl. “Eran militares”, recuerda Agudelo y al estatus no se renuncia fácilmente, así sean ejércitos irregulares. A su juicio, el problema es que en la medida en que estos hombres y mujeres se vean afectados y no encuentren posibilidades de encajar en escenarios de reinserción o políticos, “se van volviendo inconformes y terminan resentidos, lo que puede conducir a actividades delincuenciales”.

No obstante, centros de estudio como la FIP consideran que la experiencia de los mandos medios ha sido útil para las autoridades. En ese sentido, uno de sus informes indica que los aportes de insurgentes desmovilizados “ha representado un incremento en el nivel de conocimiento y en la cualificación de la información que el Estado tiene sobre las Farc”. En ese sentido cualificar una próxima experiencia de reintegración.

Experiencia de Medellín
Entrega de armas del Bloque Cacique Nutibara en la capital antioqueña en noviembre de 2003. Foto: archivo Semana.

Si un proceso de atención al desmovilizado ha sido destacado en el país es el que se desarrolló en Medellín desde comienzos de 2004, cuando asumió como alcalde de la ciudad, Sergio Fajardo, y heredó el proceso de reinserción de los 868 hombres y mujeres que dejaron las armas de manera colectiva como integrantes del Bloque Nutibara de las Auc el 25 de noviembre de 2003.

Para aquellos años no había una legislación actualizada para el manejo de estos casos y la disposición institucional estaba adecuada solo para desmovilizaciones individuales. El reto era sacar adelante la reinserción colectiva, para evitar el regreso de los desmovilizados a laguerra urbana, que tanto daño le hizo a la capital antioqueña. Para atender ese fenómeno, se creó el Programa de Paz y Reconciliación que en su momento llegó a atender cerca de 5 mil exmiembros de distintas facciones de las Auc.

El proceso no estuvo exento de problemas y parte de ellos lo generaron los mandos medios, particularmente de aquellos que salieron de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, quienes no solo hacían grandes exigencias a la administración municipal en apariencia para beneficiar a los jóvenes reinsertados, sino para sentirse con mando y no perder su estatus. El problema con varios de ellos es que siguieron delinquiendo, razón por la cual algunos fueron a dar a la cárcel y otros acabaron muertos.

Jorge Gaviria, quien estuvo por varios años al frente de ese programa, es consciente de la complejidad de atender a los mandos medios una vez hagan dejación de sus armas. “Si no se ofrece una atención diferenciada con ellos se repite el ciclo”, dice, y recuerda que “son los que tienen la ambición, el dinero y las armas”.

Este exfuncionario de la Alcaldía de Medellín recuerda que en algún momento propuso una intervención especial para 150 mandos medios de las Auc en todo el país a través de un programa que iba a financiar el gobierno de Holanda, sin embargo no se pudo concretar, según él, porque a quienes debían aprobarlo en el gobierno nacional les dio miedo. “Propuse actividades de estudio para ellos con acompañamiento personalizado, que aprendieran a su ritmo, y también expuse la posibilidad de sacarlos del país, que conocieran otros ambientes, pero eso les pareció muy iluso, idealista y hasta irresponsable”.

En Medellín se hicieron algunos avances, sobre todo con varios mandos que terminaron siendo líderes de organizaciones comunitarias y mantuvieron un bajo perfil. “Muchos salieron adelante y hoy son anónimos. Se hacían ver los que eran bandidos y varios de ellos terminaron presos o muertos”, afirma Gaviria.

Antonio López, alias ‘Job’, desmovilizado de las Auc conocido nacionalmente por haber entrado por el sótoano a la Casa de Nariño durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Foto: archivo Semana.

Por su parte Mario Velásquez, quien, como integrante del equipo del Programa de Paz y Reconciliación, diseñó los programas educativos dirigidos a los desmovilizados de las Auc que atendía la Alcaldía de Medellín, recuerda a mandos como Antonio López, alias ‘Job’, quien pretendía imponer su autoridad sobre  los jóvenes y sobre la administración municipal. “Era uno de los más complicados en este proceso”, afirma Velásquez.

Alias ‘Job’ fue asesinado en Medellín el 28 de julio de 2008, cuatro meses después de haber asistido a varias reuniones en la Casa de Nariño con el objetivo de diseñar estrategias para deslegitimar la Corte Suprema de Justicia en la disputa que tenía esta alta corte con el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

El actual director del Programa de Paz y Reconciliación, Paulo Serna, es bastante crítico al hablar del tema de los mandos medios. “Aquí hubo un gran error estratégico del gobierno nacional y del diseño de la política de reintegración. En relación a los paramilitares, para unos se tuvo la Ley 975, y para otros se tuvieron programas como el que impulsó la Alcaldía de Medellín, que es para gente de la base, pero por fuera quedaron los mandos medios y no hemos sido capaces de diseñar una política pública para ellos”.

Serna recuerda que en Medellín se trató de diseñar una política pública para atender esos casos, pero se enfrentaron a un cuello de botella y era la competencia económica. Y puso como ejemplo la situación de un mando medio de las Farc en el Magdalena Medio: controla la minería ilegal, las rutas del narcotráfico y las extorsiones a los ganaderos. Se puede ganar 30 millones de pesos mensuales y no tiene ningún componente político. “¿Cómo le compito yo a eso?”, se pregunta el funcionario.

Desde su perspectiva y experiencia, considera necesaria la construcción de una política pública de intervención dirigida especialmente a los mandos medios de las guerrillas. “En algún momento, con otras instituciones, pensamos en que una de las alternativas era sacarlos del país con sus familias, darles un aporte en dinero y que se dedicaran a estudiar. Toca pensar en soluciones novedosas”.

Uno de los temores de Serna es que no se desarrollen políticas coherentes para atender a los mandos medios que saldrán de las guerrillas de las Farc y el Eln, ante una eventual firma de acuerdos. “Históricamente son los que hacen la guerra, pero también la paz. De no hacerse una política pública de intervención para ellos, se va a reciclar el conflicto”, sentencia.

(*) Nombre cambiado a solicitud de la fuente consultada

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Guerrilleros del Quintín Lame durante la entrega de armas en la zona rural del municipio de Caldono. Foto tomada de una galería fotografica expuesta en un encuentro de desmovilizados.

Una fuerte ola de violencia y represión les cayó encima a las comunidades indígenas del departamento de Cauca en la década del 70 cuando decidieron organizarse para recuperar sus territorios despojados. Cansados de la falta de tierras y de la explotación a la que fueron sometidos durante años, en 1971 crearon el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y decidieron tomarse por las vías de hecho varias haciendas que consideraban territorio ancestral, en busca de que el Incora se las titulara. (Ver: La sangre que recuperó la tierra de los Nasa)

Como respuesta a esa estrategia vino la represión de la Fuerza Pública y la violencia de los terratenientes, quienes, con grupos armados conocidos como Los Pájaros, arremetieron contra los indígenas. Ante la necesidad de defenderse, las comunidades decidieron armar su propia autodefensa, a la que llamaron Quintín Lame, inspirados en el cacique que dio arduas luchas por los derechos indígenas a comienzos del siglo XX.

“En la segunda parte de la década del 70 fue aumentando la represión. La ejercían principalmente los llamados Pájaros, nombre que apareció en la época de la violencia sobre todo en Valle de Cauca, pero acá se aplicó a los pistoleros que usaban los terratenientes para combatir a los líderes indígenas y miembros de la comunidad”, explica Pablo Tattay, exmiembro del ala política del Quintín Lame, o de la “dirección social”, como la denominaban ellos.

Tattay cuenta que entre 1975 y 1976 contactaron a las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que para ese entonces tenían una incipiente presencia en la parte alta de la Cordillera Central, pero como les pusieron la condición de que el movimiento indígena se subordinara a su dirección, los acercamientos se cancelaron. “Casi que desde ese momento han existido conflictos permanentes con las Farc, porque de allí en adelante buscaron tener el mando en las zonas y el movimiento indígena siempre ha sido celoso de que sus propias autoridades son las que ejercen el control territorial”, aclara Tattay.

Posteriormente buscaron a la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), y ésta, según Tattay, tuvo una actitud muy diferente hacia el movimiento indígena, respetó su autonomía y les prestó ayuda. “El contacto inicialmente fue con Iván Marino Ospina. Ellos nos ayudaron a hacer varios cursos de formación elemental militar para conformar grupos de autodefensa. Se arrancó con eso. Acá estuvo Jaime Bateman, Antonio Navarro, varios dirigentes ayudaron e hicimos una primera escuela en Tierradentro, en el resguardo de Wila, que queda al lado del Nevado del Huila. Allí fue la primera escuela en 1978 y luego se hicieron otras”, recuerda el exmiembro del ala política del Quintín Lame.

A partir de ese momento se conformaron varias células y con armas muy rudimentarias empezaron a ejercer vigilancia en las comunidades. En sus inicios, el Quintín Lame estuvo bajo la dirección de Luis Ángel Monroy, alias ‘Bernardo’, quien, paradójicamente, dirigía una pequeña tropa de indígenas inexpertos, a pesar de ser afrodescendiente. Desde finales de los 70, el Quintín actuó como grupo itinerante, pero en 1984 se vio obligado a salir a la luz pública.

En ese año se ocurrieron varios hechos que partieron en dos la lucha por la tierra de los indígenas en Cauca: se dio la primera recuperación de tierras en la parte plana o baja del departamento, con la toma de una finca en López Adentro, ubicada entre los municipios de Caloto y Corinto, y durante el desalojo fueron asesinados tres indígenas por la Policía. Y, al día siguiente, fue acribillado el sacerdote Álvaro Ulcué Chocué, uno de los líderes más queridos, respetados e influyentes en la historia contemporánea de las luchas indígenas de Cauca, quien fue a auxiliar a las comunidades de López Adentro.

Como consecuencia de estos hechos, el Quintín Lame salió a la luz pública. Tattay recuerda que a los días siguientes el grupo emitió un comunicado con la consigna: “López Adentro, tierra indígena o tierra de nadie” y quemaron maquinaria de los terratenientes. El grupo continuó con sus labores de autodefensa protegiendo a las comunidades y se integró la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar.

En 1985 fue asesinado alias ‘Bernardo’, cuando viajó a Cali para tratar de conseguir armamento y munición. Según cuentan desmovilizados del Quintín Lame, él se desplazó con un grupo disidente del M-19 conocido como Democracia, que estaba infiltrado por el Ejército y cayó en una trampa. En su reemplazo, asumió Jesús Elbio Peña Chepe, alias ‘Gildardo’, quien dirigió al Quintín hasta su desmovilización y según le contó a VerdadAbiera.com, ingresó al grupo en 1978 ante “la necesidad de tomar las armas para la recuperación de tierras y la lucha frontal contra los terratenientes, quienes explotaban a los indígenas como terrajeros”.

La desmovilización
En la finca La María-Piendamó, en del departamento del Cauca, los desmovilizados se reunieron para compartir sus experiencias del pasado y expusieron su proceso de paz en imágenes. Foto: VerdadAbierta.com.

Cuando a comienzos de los 90 se asomó en el horizonte la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, los indígenas vieron la oportunidad ideal para dejar las armas y defender sus derechos de otra manera.

El último comandante del Quintín Lame, alias ‘Gildardo’, considera que la constituyente “abrió un nuevo espacio para el movimiento indígena y la comunidad vio que debíamos dejar las armas y hacer parte de la Asamblea”. Al respecto, Pablo Tattay considera que la historia del Quintín Lame se resume en que “fue el movimiento social el que pidió primero la formación de un grupo armado y luego su desmovilización. En ambos caso, fue iniciativa de la propia comunidad, ella le dijo al Quintín: ‘ustedes ya cumplieron con su tarea y en este momento es preferible que se desmovilicen’”.

Para las negociaciones y los acuerdos de paz los miembros del Quintín Lame se concentraron en Pueblo Nuevo, municipio de Caldono, y 150 de sus integrantes entregaron las armas el 31 de mayo de 1991. Orlando Fiscué, quien dirige la Fundación Sol y Tierra, la organización que el Quintín creó después de la negociación de paz para tener un espacio de gestión e interlocución con el gobierno, le explicó a VerdadAbierta.com que varios integrantes decidieron no vincularse al proceso y retornaron a sus comunidades por temor a ser víctimas de retaliaciones o traiciones.

Los desmovilizados destacan que en los acuerdos de paz no buscaron beneficios personales sino recursos y obras para sus comunidades. A manera de broma interna dicen que su visión nunca fue obtener los beneficios de “casa, carro y beca”, el propósito fue gestionar recursos y proyectos productivos para las regiones en las que tuvieron influencia. Algunos de ellos se tradujeron en vías, antenas repetidoras y obras de infraestructura.

Una vez dejaron las armas, todos los excombatientes se vincularon a sus comunidades y rehicieron sus vidas trabajando comunitariamente. “Hay integración plena a las comunidades y a las luchas que sigue desarrollando el movimiento indígena, colaboran en la organización, han sido dirigentes o gobernadores, guardias indígenas y están en diferentes programas propios de como el de salud o educación”, explica Tattay.

Para la Asamblea Nacional Constituyente, el Quintín Lame obtuvo un representante, Alfonso Peña Chepe -hermano del comandante desmovilizado-, quien junto con Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry, los otros dos constituyentes por parte de las comunidades indígenas, lucharon por los derechos de esta étnia que finalmente reconoció la Constitución Política de 1991.

Además, por haber dejado las armas y ser parte de la Asamblea, lograron la personería jurídica para la creación de un movimiento político, y así nació la Alianza Social Indígena (ASI), con la cual Anatorio Quirá obtuvo la primera curul en el Senado de la República para los pueblos aborígenes.

Lecciones del proceso de desmovilización
Mural alusivo a Quintín Lame, el líder indígena que inspiró la lucha a finales de los 70. Foto: VerdadAbierta.com.

Henry Caballero, vocero del Quintín Lame durante el proceso de negociación con el gobierno del presidente César Gaviria y, posteriormente, secretario de Gobierno durante la Gobernación del taita Floro Tunubalá, considera que el apoyo de la sociedad fue vital para que la desmovilización saliera adelante.

En primera medida resalta el respaldo de la comunidad indígena que los acompañó durante todo el proceso y les dio el aval para hacer en Pueblo Nuevo el campamento donde se concentraron y entregaron las armas. “Eso generó un ambiente que permitió que no se viera a los desmovilizados como extraños o amenazas a las dinámicas de la comunidad, sino que nos vieran como aportantes”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Pero de igual manera también lo fue el apoyo de los otros sectores de la sociedad y, sobre todo, del movimiento Caucanos por la Paz, liderado por el entonces arzobispo de Popayán, Alberto Giraldo Jaramillo. Sobre este movimiento, destaca que “hizo una importante labor de prensa; de hablar con los políticos, que nos vieran como un grupo con propuestas políticas, que tuvo legitimidad en sus acciones y que no tomó las armas porque quería o porque buscaba beneficios personales”.

Dado esos efectos positivos, Caballero considera que en la coyuntura del actual proceso con las Farc en Cuba, se debería organizar nuevamente Caucanos por la Paz, porque “fue el espacio para sensibilizar a la sociedaden términos de la necesidad de recibir el proceso y ser proactivos con él”.

El excomandante Peña Chepe considera que al igual que lo hicieron ellos, el proceso con las Farc debe concluir con la entrega de las armas: “Un proceso de paz incompleto no es un proceso de paz. Un proceso de paz donde no haya una dejación de armas, no es realmente confiable. Nosotros en este momento no estamos derrotados y entregamos las armas porque creímos en la buena voluntad del gobierno, y hoy en día podemos movernos libremente y llevamos el mensaje de paz a diferentes sitios del país”.

Pablo Tattay cataloga como exitosa y única la reinserción de los excombatientes en sus comunidades, y considera que tienen experiencias para compartir y aportarle al proceso de La Habana. “La idea es que haya un acompañamiento del gobierno para la reinserción de la gente, pero nuestra experiencia puede ayudar y hay que hacer el esfuerzo de que se reintegren a sus comunidades. Sin embargo hay temor y dudas en la gente: ¿saldrán a montar su proyecto bolivariano y causarán divisiones en las comunidades? Si alguien se integra a la comunidad, tiene que estar bajo las reglas de la comunidad. El Estado solo no puede resolver este tema: ¿A dónde los va a mandar? ¿Al Amazonas? El Estado tiene que contar con las comunidades de acogida”, precisa.

Pero no todas las lecciones son positivas. Henry Caballero considera como experiencia negativa que tras la desmovilización del Quintín Lame continúo la violencia contra las comunidades, sus territorios y su autonomía. El mismo año que dejaron las armas, 20 indígenas fueron masacrados en Caloto, cuando ocupaban la hacienda El Nilo, y en los primeros años del 2000 los paramilitares del Bloque Calima cometieron cinco más, sumadas a los asesinatos selectivos y afectaciones de todos los actores del conflicto armado.

“En la década de los 90 se desarrolló todo el paramilitarismo y se atacó fuertemente a las comunidades y el gobierno no actuó para acabar con esos fenómenos. Eso no le garantiza un espacio estable a la reinserción ni a la paz”, comenta Caballero, quien considera que el Estado debe “trabajar para acabar con los factores de violencia en las comunidades, sobre todo en un proceso de paz como el de las Farc en el que van a existir muchas prevenciones y en el que hay dinámicas muy fuertes que pueden incidir en la violencia, como la minería y los cultivo ilícitos”.

Por todo ello, Caballero propone la creación de organismos de veeduría desde lo social, lo popular y desde las instituciones del Estado para garantizar que la violencia realmente cese.

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Desmovilizados del Bloque Norte de las Auc, durante la entrega de armas en medio del proceso de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.

Tierralta, el municipio más extenso de Córdoba, donde hace más de un década el paramilitar Salvatore Mancuso mandaba a sus anchas, fue también el epicentro de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Allí entregaron las armas 925 personas del Bloque Córdoba el 21 de enero de 2005 y regresaronvarios desmovilizados que delinquieron en otros departamentos, sobretodo en Norte de Santander, a donde Mancuso los arrastró en 1999 para crear el Bloque Catatumbo.

Además, en el corregimiento de Santa Fe de Ralito se creó la Zona de Ubicación, territorio donde los jefes paramilitares negociaron su desmovilización con el gobierno nacional en julio de 2003. En una ceremonia celebrada en este lugar dejaron las armas 300 excombatientes de diferentes grupos paramilitares.

Con excepción de las principales ciudades del país, Tierralta fue el municipio que más exparamilitares acogió, aunque no hay claridad sobre el paradero de la totalidad de los desmovilizados. La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) habla de más  de 716 excombatientes, un 97% de las Auc, de los cuales 584 ingresaron a los programas que ofrece la institución, lo que significa que por lo menos un 20 por ciento no lo hizo.

A pesar de que fue allí, donde junto al entonces comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, se pensaron las primeras estrategias para la reintegración de los exparamilitares, hoy los desmovilizados se quejan de la falta de oportunidades laborales, la amenaza de nuevos grupos armados y de las promesas incumplidas del Estado.

La falta de articulación, y en algunos casos de compromiso de las autoridades locales y las organizaciones estatales encargadas del tema, se ha reflejado en pocas iniciativas de reconciliación y la escasez de programas pensados para esta población. A punta de ‘ensayo y error’, estas son las valiosas lecciones que deja la reintegración de los paramilitares de Tierralta.

Instituciones desarticuladas
“Cuando nos desmovilizamos estábamos perdidos, ni las mismas instituciones se ponían de acuerdo y no estaban preparadas para recibirnos”, contó un desmovilizado de Tierralta. Varios de los excombatientes consultados por VerdadAbierta.com coinciden en que durante los primeros años las mismas instituciones del Estado se contradecían con las autoridades locales y fue unos años más tarde cuando pudieron ingresar a los programas de reintegración.

El caso más representativo de Tierralta, y que aún tiene secuelas en la vida de los desmovilizados, fueron los llamados Proyectos Productivos para la Paz promovidos por el gobierno en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En 2005 Salvatore Mancuso se comprometió a entregar por los menos ocho de sus fincas en Tierralta y el gobierno a invertir más de mil millones de pesos para que por lo menos 300 reinsertados crearan proyectos productivos propios.

Por fallas en su funcionamiento, el gobierno ordenó suspender el apoyo a los Proyectos Productivos para la Paz a finales de 2007. Mancuso estregó esas fincas para reparar a las víctimas y los desmovilizados quedaron a la deriva (Ver: Los enredos de los bienes que entregó Mancuso. Las autoridades locales se han mantenido al margen del problema porque alegan que esos proyectos se consolidaron con instituciones del orden nacional.

A la par de la reinserción, las instituciones estatales también han ido cambiando. Inicialmente los desmovilizados participaban del Programa de Reinserción a la Vida Civil (PRC); luego les dijeron que el proceso y el lenguaje había cambiado, pasaron a ser llamados “reintegrados” y serían apoyados por la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración; y en 2011 se convirtió en la ACR, que hoy no tiene competencia jurídica para acompañar a los desmovilizados en su reclamo por las tierras.

Pero los errores de articulación no son cosa del pasado, a pesar de ser un municipio con el mayor número de desmovilizados por metro cuadrado, aún no hay programas de gobierno diseñados para este tipo de población. Expertos consultados por VerdadAbierta.com aseguran que esto ha ocurrido con la actual y con las anteriores alcaldías, en algunos casos por la falta de interés, en otros por la falta de visión y, en general, por desconocimiento del asunto.

La actual administración local ha empleado en sus oficinas a no más de una decena de desmovilizados y facilitado cupos para que desde 2013 algunos puedan acceder a créditos con el banco Agrario. Sin embargo, el propio alcalde de Tierralta, Carlos Arturo Cogollo, reconoce que no existen programas específicos creados por la Alcaldía.

Liliana Cogollo, coordinadora de la oficina de la ACR en Córdoba, aseguró que lograr esa sinergia con las instituciones locales ha sido una de las tareas más duras, pues se interponen interés particulares y desconocimiento en general sobre quién es la población reinsertada. “La ACR sola no puede hacer la reintegración, en Córdoba tenemos que trabajar para tener mayor incidencia política y lograr grandes proyectos no solo con los alcaldes de turno, sino que tengan una transcendencia real para el municipio”

Reclutamiento, asesinatos y amenazas     
La mayoría de los reinsertados viven en barrios de invasión de Tierralta. Foto: VerdadAbierta.com.

A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, sobre todo en las principales capitales, una vez dejaron las armas, la presencia de los desmovilizados no pasó desapercibida en el municipio. “Todos nos conocían de antes. Además, el mismo día cobrábamos el cheque en el banco y esa noche todos nos reuníamos en una misma esquina del parque a tomar”, dijo a VerdadAbierta.com un reinsertado que regresó a Tierralta después de desmovilizarse en otro departamento. Agrega que en esos primeros años para muchos era incluso un honor portar el carné de desmovilizados.

Esta visibilidad fue para muchos la razón para convertirse en carne de cañón para las nuevas bandas criminales que se comenzaron a gestar en 2006. Orquestadas por el exparamilitar y narcotraficante Daniel Rendón Herrera, conocido como ‘Don Mario’, quien huyó cuando el gobierno dio la orden de recluir a los jefes paramilitares en el centro de reclusión de La Ceja a mediados de 2007.

 “A uno lo llamaban, que venga que se están volviendo a organizar y están pagando buena plata. Mi familia me dio la fuerza para no volver, pero también existía el miedo de que nos mataran”, contó un reinsertado que ya terminó exitosamente su ruta de reintegración.  

De acuerdo con cifras de ACR, se conocen 238 casos de desmovilizados que fueron asesinados en Córdoba, de ellos, más de 60 vivían en Tierralta. La mayoría de estos homicidios ocurrieron en 2008.  Estas muertes obedecieron a “una especie de campaña adelantada por los nuevos grupos con el fin de reagrupar de manera voluntaria o bajo presión de amenazas o muertes a excompañeros con experiencias y conocimientos sobre el oficio, además de venganzas, peleas y resultado de actividades delictivas”, dice el investigador Víctor Negrete en su investigación titulada Los desmovilizados y la inseguridad en Montería.

Aunque el número de desmovilizado que entraron a formar parte de las nuevas bandas criminales es bajo,  los cargos de comandancia fueron ocupados por antiguos mandos medios de los paramilitares, unos desmovilizados y otros no, según el informe Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia: panorama posacuerdos con Auc, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 

A pesar de que la mayoría de los desmovilizados resistieron las presiones, Córdoba es el tercer departamento (después de Bogotá y Antioquia) con el mayor número de condenas contra excombatientes por delitos que cometieron después de la dejación de armas. En total, 340 personas volvieron a delinquir y en Tierralta fueron expulsadas 87 del proceso de reintegración por estos hechos.

Sin trabajo no hay reinserción
Los desmovilizados están obligados a prestar un servicio social. Un grupo de ellos pinto las paredes del colegio en el pueblo. Foto: VerdadAbierta.com.

Los reinsertados consultados con VerdadAbierta coinciden que una de las principales fortalezas de los programas de ACR es la atención sicosocial y el acceso a educación básica y técnica, “el que no ha estudiado o sigue siendo analfabeta es porque quiere, las posibilidades existen”, dijo un desmovilizado.

Pero la preparación académica y técnica se contrarresta con la falta de oportunidades laborales. En Tierralta el sector privado productivo es muy débil, son pocas las empresas y predominan las grandes extensiones de tierra de las familias más adineradas de la región. La mayor fuente de empleo es la Alcaldía.

Para las pocas vacantes que hay, son menores las posibilidades de acceder a un trabajo. “Ya tienen la formación necesaria para encontrar un trabajo, pero el problema es la estigmatización que persiste en las empresas”, dijo la coordinadora de la ACR en Córdoba.

Eso le sucedió a Clemente, un reinsertado que aplicó para el cargo de conductor con una reconocida empresa de región. Cumplía todos los requisitos y fue seleccionado, pero desistieron de su oferta cuando supieron de su pasado. “Nosotros sabemos que no podemos depender de las empresas, por eso tener algo propio es la repuesta”, aseguró Clemente.

La ACR entendió que en Tierralta, como en el resto del departamento, la empleabilidad no es una alternativa viable para la mayoría. Por eso han trabajado con mayor empeño en hacer seguimiento a las unidades de negocio que son apoyadas por un capital semilla.  Incluso, han aprendido que los proyectos asociativos no son tampoco solución para este tipo de población, como lo demostró el fracaso del Proyecto Productivo para la Paz.

Esa iniciativa aglutinó a más de 300 desmovilizados y aunque no fue su culpa, los desmovilizados por ley no tienen derecho nuevamente a un incentivo para crear su propio proyecto. Por eso se aferran a las tierras que hoy están destinadas para reparar a las víctimas.

“Un gran error fue que a nosotros nunca nos preguntaron cuál era nuestro proyecto de vida, simplemente nos dejaron trabajar en esas tierras que hoy nos están quitando”, dijo Manuel Caballero, uno de los líderes de los reinsertados de Tierralta.

Luis Enrique Sampedro fue uno de los pocos desmovilizados que, a pesar de haber perdido su capital en el fallido proyecto, logró sacar adelante una empresa de bloques que hoy emplea a doce personas. Lo hizo a través de un crédito con el Banco Agrario gestionado en 2013 a través de la Alcaldía. Para Sampedro fue fundamental tener claro su proyecto, un plan de pagos y el acompañamiento de profesionales que los acompañán durante todo el proceso.  

¿Quién debe hablar de reconciliación?
Debido al débil sector empresarial y la estigmatización, la mayoría de los desmovilizados no tienen un empleo formal. Foto: VerdadAbierta.com.

El actual alcalde de Tierralta, Carlos Arturo Cogollo, asegura que es tal la cantidad de desmovilizados en el municipio que es difícil que los tierraltenses no conozcan algún amigo, familiar o vecino que haya hecho parte de las filas de las Auc. “Eso ha ayudado a que sean más fácilmente aceptados en sus comunidades”, aseguró el mandatario.

Aun así, los desmovilizados aseguran que no fue así desde el comienzo, que poco a poco ellos se han tenido que ganar nuevamente la confianza de la gente. “Creo que eso resulta siendo un trabajo de cada uno de los desmovilizados, de agachar la cabeza, reconocer los errores y mostrarle a la comunidad que ahora uno está trabajando”, contó Mario Ramos, quien ya terminó su ruta de reintegración y ahora trabaja como promotor con la ACR.

Ramos recordó que los primeros años no fueron fáciles. Sus amigos se alejaron, sobre todo por el problema de seguridad que atravesaban los desmovilizados, y en las primeras clases que tomó para validar la educación básica sus compañeros de clase preferían no compartir espacios con él ni con otros reinsertados.

“Aunque hay unos que sí han cambiado su actitud con nosotros, acá persiste ese dicho de que ‘el que es no deja de ser’. Nosotros seguimos trabajando para que nos den una segunda oportunidad”, dijo un desmovilizado que pidió la reserva de su nombre.

Según expertos consultados por VerdadAbierta.com son pocos los esfuerzos realizados por el gobierno para trabajar conjuntamente con los desmovilizados y la comunidad. El mayor efecto de esto es el desconocimiento de los habitantes sobre los programas de reinserción, que, en muchas oportunidades, perciben al desmovilizado como alguien que recibe mayores beneficios del Estado.

Desde 2011, con la entrada en vigencia de la Ley 1424, que regula el tema de la reinserción, se pidió un servicio social obligatorio de 80 horas a los desmovilizados. Según cuentan profesionales que trabajaron con los excombatientes, no fue fácil convencerlos de salir a limpiar parques o pintar escuelas. Sin embargo, según dicen los mismos reinsertados, han sido los espacios para que la comunidad los vea con otros ojos.

El servicio social es un primero paso, pero en la ACR son conscientes de que no es suficiente para propiciar escenarios de reconciliación, “Aprendimos que para hablar de construcción de paz y estrategias para el posconflicto necesitamos trabajar todos juntos desde el comienzo, no cada uno por su lado, las instituciones que trabajan por las víctimas, los líderes, mandatarios locales, los que estamos con los reintegrados, pero que ellos participen activamente y no sean sujetos pasivos”, aseguró Liliana Cogollo.

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Jorge Ballen, presidente de Panaca, durante la ceremonia de grado en la que estaban también la OIM, la ACR, la gobernadora de Quindío y el alcalde de Quimbaya. Foto: VerdadAbierta.com.

Los empresarios son pieza clave del engranaje del proceso de paz. Así lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en diversos escenarios para lograr su compromiso y participación. Y de eso es consciente Jorge Ballen, presidente corporativo de Panaca, el parque temático agropecuario del Eje Cafetero.

En noviembre de 2013 este empresario se reunió con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), dependencia estatal encargada atender a los desmovilizados de grupos armados ilegales, y les propuso un modelo en el que los empresarios se involucraran directamente con los excombatientes para educarlos y, además, acortar el proceso de reincorporación a la sociedad.

“Estábamos en Presidencia con Alejandro Eder (entonces director de la ACR), el presidente Santos y 40 cacaos de la industria nacional. Todos decíamos ‘qué bueno que se desmovilicen’, pero, ¿cuál de nosotros se moviliza?”, recuerda que se preguntó Ballén en aquella ocasión.

Y fue él, justamente, después de la reunión, quien le propuso al gobierno nacional adelantar una prueba piloto con diez desmovilizados en el que Panaca les daba conocimientos técnicos sobre el campo durante tres meses y los preparaba para la vida laboral en actividades agrícolas.

En el actual modelo del programa de reintegración de la ACR todos los desmovilizados necesitan ser bachilleres antes de cursar cualquier técnica o tecnología en el SENA, por lo que deben terminar sus estudios y luego pasar cerca de un año en formación laboral.

Con la propuesta del presidente de Panaca, de ofrecer 90 días de formación para el trabajo sin necesidad de ser un bachiller, se acortaría el tiempo del proceso de reintegración de seis años, como es el actual, a cuatro años.

La iniciativa de Ballen con diez desmovilizados fue aceptada y al final los resultados alcanzaron una efectividad del 90%: uno no llegó nunca a los cursos y los otros 9 se graduaron. De ellos, Duverney Montilla se quedó trabajando en Panaca y los demás pasaron a una bolsa de empleo.

El modelo le gustó a la comunidad internacional y las agencias Usaid y OIM decidieron financiar una nueva fase de la propuesta, esta vez con 39 personas que llevaran poco tiempo fuera de los grupos armados ilegales. De ese nuevo grupo se graduaron 35 el pasado 5 de marzo.

¿Cómo los educan?
Ceremonia de grado de los 35 desmovilizados que estudiaron en Panaca. Foto: VerdadAbierta.com.

Uno de los desmovilizados explicó que la ACR los escogió de los Hogares de Paz, el primer lugar al que llega cualquier persona que quiera reintegrarse. Los criterios fueron llevar menos de un año desmovilizado y ser los “más serios”. Los seleccionaron de varios departamentos del país donde antes militaron en la guerrilla, especialmente de Cauca, Caquetá y Antioquia.

De los 39 que llegaron a vivir en el parque Panaca en noviembre de 2014, cuatro fueron retirados del programa. Ballen reconoció que tuvieron “problemas de acondicionamiento psicológico y comportamental”, y que incluso uno de ellos no podía dormir por miedo. Además, dos de ellos fueron retirados del programa porque los grupos armados ilegales los lograron contactar y los estaba presionando para que convencieran a los demás de regresar.

El proceso continuó con el grupo de 35 personas, entre los que estaban siete mujeres, once indígenas y cuatro afrodescendientes. Nueve eran desmovilizados de la guerrilla del Eln (incluyendo un menor de edad) y 26 de lasFarc (de los cuales tres tienen menos de 18 años).

Los primeros 45 días estuvieron dedicados a una formación general y a los trabajos iniciales con dos psicólogos de la ACR que vivían con ellos.

Cada semana cambiaron de enfoque y todo pasaron por las cinco unidades temáticas que les ofreció Panaca: porcicultura, ganadería, equinos, especies menores y agronomía. En la segunda mitad del programa, escogieron su preferido para dedicarse de lleno y abrirse campo en el mundo laboral.

Durante tres meses, los desmovilizados de las Farc y el Eln vivieron en la misma casa. Uno de ellos afirma que no hubo enfrentamientos, pues “la violencia la tiramos al río para que se la llevara”.

El proceso por cada estudiante tuvo un costo de 120 mil pesos diarios y la mayor parte fue financiada por OIM y Usaid. “Panaca recibió 96 mil pesos diarios por cada desmovilizado y eso incluía el alojamiento, la educación y la ropa”, precisó Ballen.

Empresarios: el as bajo la mangaBallen está con Duverney Montilla, el desmovilizado que contrató después del primer piloto de educación para desmovilizados. Foto: VerdadAbierta.com.

El proceso ofrecido por Panaca tiene un único objetivo: que los desmovilizados comiencen a trabajar rápidamente. Cinco días ante del grado, Hans-Peter Knudsen, quien fue presidente de la multinacional alemana Beiersdorf y de la Asociación Colombiana de Universidades, y Ballen llamaron a por lo menos 60 empresarios para contarles lo que estaban haciendo en el parque temático agropecuario.

William Vélez Sierra, uno de los mayores contratistas del Estado, quien ha sido señalado por paramilitares de tener vínculos con ellos y de hacer supuestas alianzas para obtener contratos del negocio de las basuras en el Caribe; Gabriel Harry Hinestrosa, actual presidente de la Cámara de Comercio de Medellín; Darío Hincapié, quien dirigió Corbanacol; Camilo Uribe, hermano medio del senador Álvaro Uribe, y otros más decidieron viajaron a Panaca y hablar con los desmovilizados. Luego de las conversaciones, 27 de los 35 concretaron trabajos con los empresarios. Incluso, Camilo Uribe contrató a uno de ellos para una finca ganadera.

En otras ocasiones, los empresarios han apoyado a los desmovilizados, pero esta es la primera vez que se forman dentro de las mismas empresas. (lea cómo desmovilizados se volvieron soldadores en Santander). “No despilfarren la oportunidad que se les está dando. Está en juego el nombre de ustedes y de nosotros”, les dijo a los desmovilizados Joshua Mitrotti, director de la ACR.

Para Ballen la clave está en la confianza: “Los empresarios los contratan porque confían en mí y yo confío en estos muchachos. Ahora lo que sigue es que más sectores, no sólo el agrícola, crean en esto. Si quieren replicar el modelo, les damos capacitación”.

Una vez finalizó la graduación de los 35 exguerrilleros, comenzó un nuevo proceso de selección, que en esta tercera fase involucrará a 80 desmovilizados para comenzar en abril un nuevo proceso de formación en el parque temático agropecuario Panaca, al que seguirán vinculados la ACR, OIM y Usaid. La idea es que cada vez más empresarios de diversos sectores productivos estén comprometidos con esta estrategia de reintegración social y económica de hombres y mujeres que dejaron las armas para buscar un futuro mejor.

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Los indígenas del norte del Cauca crearon una ruta para reintegrar a sus territorios a los comuneros que se fueron a la guerra. Desde 2003, de los más de 50 mil desmovilizados que la ACR atiende, alrededor de 850 son indígenas. Foto: archivo Semana.

El pueblo Nasa vive en medio de una paradoja. A pesar de que su naturaleza consiste en defender la vida y proteger sus territorios ancestrales de manera pacífica, está afectado por una guerra que consideran ajena, pero en ella participan miembros de su comunidad, quienes, ante la falta de oportunidades, empuñaron las armas o fueron reclutados forzadamente por grupos armados ilegales.

Esa situación se refleja en el juicio que los indígenas de Toribío le hicieron en noviembre del año pasado a siete guerrilleros de las Farc que asesinaron a dos guardias indígenas: todos eran Nasa, dos eran menores de edad y otros tenían la mayoría de edad recién cumplida. (Ver: Crónica de un juicio en las entrañas del Cauca)

Frente al drama que genera la confrontación armada en sus niños y jóvenes, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) creó el programa Regreso a Casa, para atender a los menores de edad que la Guardia Indígena y sus autoridades tradicionales les arrebatan a los grupos armados ilegales, en mayor número a las Farc. Esa estrategia se desarrolla bajo sus costumbres y es opuesto al procedimiento que aplica la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), entidad estatal encarga de guiar a los combatientes desmovilizados a la civilidad y legalidad.

“Nosotros le llamamos rearmonizar el pensamiento, recuperar el pensamiento Nasa en cada uno de ellos. Desde el espacio externo se llamaría resocialización, pero nuestro enfoque propio es rearmonización”, precisa Germán Valencia, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Acin y quien está a cargo de ese programa.

Desde hace dos años, la estrategia Regreso a Casa atiende a 58 menores de edad, quienes, inicialmente, se deben comprometer a terminar sus estudios y a cumplir las directrices trazadas por sus autoridades. Cuando cumplen la mayoría de edad, se vinculan a talleres de formación, a proyectos productivos, a la Guardia Indígena o a los procesos de la organización.

Los Nasa también atienden a adultos que decidieron dejar la guerra, pero condicionados a que lleguen por voluntad propia. “Tenemos un plan de atención que inicia por generar compromisos. Primero, tienen que acatar los mandatos comunitarios: el respeto a la tierra, a la organización, a las autoridades y al ejercicio colectivo. Segundo, hacer la parte de ritualidad, porque cuando cualquier persona llega del conflicto armado, llega desarmonizada y desequilibrada, lo que hacemos es armonizarla para que el corazón y el pensamiento se abran. Y por último, cumplir con el plan de formación para un proyecto de vida”, resume Valencia.

Para esta comunidad, el componente de la ritualidad es el más importante porque les permite recuperar el pensamiento colectivo y el sentido de pertenencia al territorio, y es realizado por sus médicos tradicionales. “Para los rituales de armonización se va a un lugar sagrado: río, laguna, bosque o páramo, eso lo determinan los médicos tradicionales. Ellos tienen el don de comunicarse con la vida espiritual y orientan qué hacer y qué plantas darles (a los excombatientes) para que vayan arreglando el corazón, recuperen la memoria. Se hace una limpieza del cuerpo, se les sacan las malas energías y se les da remedio para que curen la enfermedad con la que llegan”, explica el coordinador del Tejido de Defensa de la Vida, quien señala que en el pasado tuvieron diferencias con funcionarios de la ACR porque les dijeron que esos procedimientos “no eran tangibles”.

Diferencias con proceso estatal
La Guardia Indígena y las autoridades tradicionales se encargan de defender los territorios ancestrales. Esta imagen es del juicio que el 9 de noviembre de 2014 le hicieron a los guerrilleros de las Farc que asesinaron a dos guardias. Foto: VerdadAbierta.com

Los indígenas del norte del Cauca no avalan el mecanismo oficial de reinserción de excombatientes porque no tienen en cuenta su estilo de vida y sus necesidades. Según Valencia, la ACR busca formar a los desmovilizados “para ser empleados y mandarlos a trabajar a las empresas con las que tiene convenidos, pero no queremos que nuestros indios sean empleados, sino que queremos formarlos y capacitarlos para que ellos mismos, desde su iniciativa, construyan sus proyectos de vida”.

Valencia cuenta que por esas diferencias no recibieron recursos para un proyecto que desarrollaron con adultos entre 2007 y 2010, que debieron cerrar cuando se acabaron los recursos de cooperación internacional. “Fue difícil la interlocución con la ACR porque ellos no entienden nuestras dinámicas sino que quieren encuadrarnos en su lógica institucional”, reitera el líder indígena.

Al respecto, Yaneth Rivera, coordinadora de la ACR en Cauca, indica que ese incidente ocurrió en 2008 cuando no se había emitido la Resolución 0754 de 2013, el instrumento normativo que le permite a la agencia estatal iniciar acercamientos con las comunidades indígenas de todo el país para concertar un enfoque diferencial de reintegración.

Ernesto Moreno, funcionario de la ACR quien integra el grupo que busca aplicar una política de atención diferencial, asegura que uno de los retos de esa entidad es entender que hay una población étnica afectada por el conflicto armado y que es necesario construir unos elementos diferenciales para su atención. Agrega que la ACR tiene en cuenta los procesos de reinserción que han emprendido algunas comunidades de Cauca, Putumayo, Nariño, la Sierra Nevada y el Urabá antioqueño, y que ha dialogado con ellas para buscar un mecanismo idóneo.

El funcionario reconoce que habrá que rediseñar elementos normativos, entre otras razones, porque “la ley no considera el derecho propio o la autoridad tradicional como parte de la toma de decisiones en un proceso de reintegración y eso hay que tenerlo encuentra en una futura norma”. Valencia coincide en ese punto, pero cuestiona que el gobierno no tenga en cuenta a los gobernadores o autoridades indígenas para emitir certificados de desmovilización o de pertenencia al territorio de los desmovilizados, y los ponga a hacer trámites engorrosos ante el Ministerio de Defensa en Bogotá.

Moreno señala que otra diferencia con los indígenas es que éstos tienen el concepto “reintegrar o rearmonizar a las personas colectivamente en el territorio” y que el proceso de la ACR es individual, aspecto que no comparten los Nasa. La noción de lo colectivo es tan importante para ellos que cuando algunos de sus miembros dejan las armas tienen que pedirle perdón a la comunidad y una oportunidad para resarcir su error. “Cuando hay esos pasos, la comunidad los acoge y los protege, y dado el caso, también los sanciona si llega a trasgredir los compromisos que adquiere”, explica Valencia, y agrega que en este proceso se comprometen cuatro espacios vitales para hacerle acompañamiento a los desmovilizados: la familia, la autoridad tradicional, la comunidad y el territorio.

Por último, el funcionario de la ACR reconoce que las diferencias no son críticas y que evidencian otras formas de entender el problema y sus soluciones: “El compromiso de la ACR es acompañar en este momento los procesos de las comunidades y al final tener una ruta o un escenario de trabajo que ayude a entender el regreso a la civilidad de todos estos muchachos y niños que fueron llevados a la guerra y adelante van a querer estar en sus comunidades”.

El reto del posconflicto
Desde hace más de dos años el gobierno Santos y las Farc negocian el fin del conflicto armado. Sobre el tema de desmovilización y comunidades étnicas no se conocen acuerdos. Foto: archivo Semana.

Los diálogos de paz que el gobierno nacional adelanta con la guerrilla de las Farc en Cuba han generado mucha expectativa en las zonas que están afectadas por el conflicto armado, pero el hermetismo con el que se desarrollan también ha generado dudas e incertidumbres entre los Nasa. Una de las mayores preocupaciones es saber qué pasará con los guerrilleros si se concreta un acuerdo de paz y entregan las armas.

Valencia considera que no se está pensando en el posconflicto. “Creo que los negociadores de las Farc están pensando más en cómo participar políticamente, pero no están pensando en la gente que va a quedar en los territorios; tampoco se está pensando en la población civil que tendrá que convivir con ellos”, afirma. Y cree que ninguno de los actores de la Mesa de Diálogos está contemplando procesos alternativos de reintegración como el que desarrolla la Acin.

El líder indígena expresa que la comunidad del norte del Cauca está dispuesta a darles una oportunidad a los desmovilizados para que convivían en sus territorios, siempre y cuando respeten su autonomía y sus territorios. Y recuerda que tras el ataque de las Farc a Toribío con una chiva-bomba del 20 de julio de 2011, la junta directiva del Cric emitió una resolución en la que les dejaba las puertas abiertas si querían volver a la vida civil y vivir en paz, pero también les advertía que si querían vivir haciendo la guerra se fueran de la región y la hicieran en otro lado.

Por su parte, Ernesto Moreno, quien también es el coordinador de la ACR en Putumayo, departamento en el que se estima que más de la mitad de los guerrilleros son indígenas, considera que a la paz y al posconflicto hay que hacerles mucha pedagogía. “La paz –según este funcionario- no va a ser un papel firmado en La Habana, tiene que ser un compromiso construido desde los territorios. Se dice que el posconflicto va a ser urbano y la reintegración rural: tenemos que prepararnos para que las personas que estuvieron vinculadas al conflicto tengan una opción de vida en sus comunidades. Si no nos preparamos, firmar 10 mil papeles no bastará”.

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Tres hombres exintegrantes de las Auc y que participan del proceso de reintegración constituyeron en julio de 2014 una empresa que ofrece servicios de soldadura especializada. Contaron con el apoyo de empresarios del sector metalmecánico. Foto: suministrada por Comunicaciones de la ACR de Santander.

Ramiro Quintero* habla con timidez y dice que él ni sus compañeros todavía se atreven a pedir trabajo reconociendo que son desmovilizados. “Alguna vez una persona supo y me preguntó que si yo no sentía ganas de matar. Le expliqué que eso no era así, que nosotros habíamos estudiado y recibido ayuda sicológica y que queríamos salir adelante”, explica este hombre de 36 años, quien se desmovilizó en 2006 como integrante del Frente Resistencia Motilona, una facción del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que comandó Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, y que tuvo presencia en el departamento del Cesar.

Quintero acepta, sin justificarse, que entró al grupo armado ilegal por falta de oportunidades de trabajo. Para entonces tenía un hijo pequeño y se dejó tentar por la oferta de ganar dinero en la ilegalidad. “Cuando me arrepentí ya era muy tarde”, señala. Por eso, cuando decidió entregar las armas, se propuso no volver a la guerra, así le prometieran de nuevo el cielo y la tierra. “Después de la desmovilización me buscaron, que me pagaban bien, que hiciera parte de un nuevo grupo. Yo no les decía ni sí ni no por miedo; luego que estaba en otra ciudad. No quise”, cuenta.

En busca de encontrar el primer empleo toco varias puertas, pero fue rechazado, nadie la daba una oportunidad laboral porque no había terminado la primaria. Ante eso, en 2007 tomó cuaderno y lápiz hasta lograr el título de bachiller en un colegio de Bucaramanga. Siguió con ganas de estudiar y se inscribió en el curso Formación para el trabajo, del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y en 2012 comenzó un programa técnico para aprender el oficio de soldador. Otros 16 excombatientes como él hicieron lo mismo.  

Ronald García, coordinador de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en Santander, recuerda que un año antes la Fundación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó el interés de apoyar un proyecto con reintegrados. En la región, los empresarios del sector metalmecánico advertían que carecerían de personas especializadas en soldadura para atender la creciente demanda de la construcción y el desarrollo de obras de infraestructura vial.

Juan Diego Méndez, director de la Andi en Santander, cuenta que así fue como la Fundación decidió apoyar la formación de antiguos desmovilizados en proceso de reintegración a la sociedad civil. “Logramos que el programa del Sena, que estaba proyectado para tres meses teóricos y tres prácticos, se extendiera a un año. La idea fue apoyarlos con una formación técnica y tecnológica para que luego crearan empresa”, dice.

Méndez reconoce que presentarles esta idea a los empresarios no fue fácil. “Hubo muchas inquietudes y dudas. Pero con el tiempo entendieron la importancia de la reinserción. Los empresarios tienen presente que para garantizar el crecimiento de sus empresas tienen que apostarle a la sostenibilidad de la nación y eso se logra reduciendo la inequidad”, señala.

De la clase a la realidad
Ramiro Quintero* cuenta que una vez se desmovilizó no sabía dónde pedir empleo. Quiso ser conductor de retroexcavadora pero le negaron la posibilidad por no acreditar título de bachiller. Dice que eso lo motivó a estudiar y ahora a crear su propia empresa. Foto: suministrada por Comunicaciones de la ACR de Santander.

Ramiro Quintero cuenta que la propuesta de crear empresa llegó al salón de soldadura. Diecisiete desmovilizados escucharon la propuesta, pero sólo a tres de ellos les terminó calando la idea. La Andi contrató una consultoría en 2012 para saber cuál era la ruta a seguir y la conclusión fue que después del programa de formación los estudiantes debían certificarse e impulsar su propio proyecto.

Una vez terminada la teoría en las aulas de clase, el grupo empresarial 10M, que reúne a empresas del sector metalmecánico en Santander, les ofreció el espacio para realizar las prácticas y los estudiantes se certificaron. En diciembre de 2013, la Fundación Andi y la ACR presentaron el proyecto Al Fondo de Innovaciones para la Paz, una iniciativa apoyada por la Fundación Social, la Embajada de Suecia, la agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y la Fundación Konrad Adenauer que apoya ideas que permitan superar las causas y los efectos del conflicto armado.

El proyecto, que comenzó llamándose Soldadores de Paz, fue seleccionado entre 87 propuestas de todo el país y recibió recursos para que pudieran constituirse como empresa. Comenzaron primero por contratar a César Nocua, un tecnólogo electrónico con veinte años de experiencia en el sector metalmecánico para que los apoyara en la constitución y gestión de los primeros trabajos. “Estamos dando los primeros pasos y no esperamos de entrada lograr un gran contrato, pero sí que nos den la oportunidad de mostrar la calidad del trabajo de los muchachos”, dice.

El 13 de julio de 2014 se registraron como empresa en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, lograron que un empresario les arrendara parte de una bodega para realizar sus trabajos y comenzaron a presentar las primeras propuestas de licitación. “Por ahora funcionamos con el apoyo de la cooperación internacional y del grupo 10M, pero nuestra meta es ser sostenibles”, indica Nocua.

La empresa de los soldadores aplica un modelo negocio inclusivo en el que ellos mismos son los socios. De momento son solo tres, pero según los cálculos de la ACR la meta es llegar por ahora a diez, mientras logran los primeros contratos. “Este es un proyecto que busca reducir el estigma. Los muchachos reintegrados tienen la voluntad, han pasado por un proceso de formación y están proponiendo generar empleo en la región”, indica García.

El Gerente de la Andi en Santander cree que en los últimos años los empresarios han ido enfrentando sus miedos para apoyar iniciativas relacionadas con excombatientes. “Hay que hacerle entender a la gente que ellos merecen una oportunidad, pues quizá es la única que hayan tenido en su vida. Muchos entraron a la guerra por falta de opciones y sin medir las consecuencias. Este no es un camino fácil pero creo que ha valido la pena”, reitera Juan Diego Méndez.

En Santander hay 2.254 exintegrantes de grupos armados ilegales, de los cuales 2.120 decidieron participar del proceso de reintegración que ofrece la ACR. La mayoría hicieron parte de frentes y bloques de grupos guerrilleros y paramilitares como ‘patrulleros’, con un bajo índice de escolaridad y algunos reclutados siendo menores (Lea: Los líos de la reintegración en Santander). En la región, los primeros gestos de aceptación de excombatientes en comunidades y empresas están en Barrancabermeja (Lea: Tabla Roja, una vereda donde viven víctimas y exguerrilleros) y en la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Lea: Reintegrados, barriendo los miedos en Bucaramanga).

Aunque es la primera y por ahora única empresa creada en el departamento por reintegrados, a Ramiro Quintero se le escucha optimista. Dice que ahora quiere continuar con sus estudios de soldadura, esta vez, en una especialidad para tuberías. La razón es que en la ciudad hay pocos expertos en el área y en la práctica empresarial el jefe reconoció la pulcritud de sus trabajos. “Mi sueño es sacar adelante la empresa y que crezca”, dice.

Las dificultades y aciertos en el proceso de reintegración tras la desmovilización colectiva de paramilitares y de forma individual de guerrilleros, pone a pensar cómo será el regreso a la vida civil de más de 7 mil integrantes de las Farc si llega a haber un acuerdo en La Habana, Cuba. Por eso empresarios y excombatientes coinciden en que iniciativas como ésta son una pieza para ir soldando la paz en las regiones.

* Nombre cambiado a petición de la fuente.

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Diversos testimonios de excombatientes advierten de los abusos que enfrentan las mujeres que integran grupos armados ilegales. Foto: Semana

“A las niñas más bonitas, las que van teniendo senos, les ponen una tarea de inteligencia: coquetearle a los militares para sacarles información”, cuenta Amparo*, una mujer que padeció la guerra en carne propia desde los 12 años, cuando las Farc la reclutaron. Atrás quedó una vida de infancia y frente a ella tenía la guerra.

A esta mujer, la mayor de siete hijos, se la llevaron al monte a mediadosde 1999, cuando daba sus primeros pasos el proceso de paz entre esa guerrilla y el gobierno de Andrés Pastrana. Ella hizo parte de un contigente de cientos de menores de edad reclutados por este grupo subversivo durante los diálogos y que llevaron a crecer su fuerza por aquellos años a por lo menos 20 mil combatientes.

En aquella época, los subversivos visitaron las veredas donde ejercían un claro dominio armado y a las familias les exigieron dinero, comida o una persona, especialmente entre los 12 y los 15 años, para contribuir a la “lucha por los campesinos”. Amparo fue la cuota de su casa. Seis guerrilleros fueron a buscarla, le quitaron un libro de dibujo y las muñecas de tusa de mazorca con las que jugaba. Ese día en la vereda Remolino Alto Orteguaza y en otras del corregimiento El Danubio, en Florencia, Caquetá, reclutaron a 43 niños y niñas.

Ya en plena selva le enseñaron que eran iguales a los adultos para combatir y cargar 30 kilos en sus morrales durante las marchas. Ella aprendió que no eran los mismos en trabajos de inteligencia, enfermería, la vida sexual y en los rangos dentro de la guerrilla. Mucho menos si eran mujeres jóvenes.

Durante seis meses, a todos les dieron el mismo entrenamiento físico, sicológico e ideológico. De 8 de la mañana a 12 del día les aseguraban que Dios no existía, recordándoles las crueldades que cada uno había vivido en sus hogares; les daban “sopa y seco” de Marx, Nietzsche y el ‘Che’ Guevara; les hablaban de las teorías del mimetismo y del escape; luego una lección de qué hacer en caso de que los torturaran. Cerraban la mañana con los estatutos de las Farc, la guía interna de qué se puede hacer y qué no en sus filas.

De 12 del día a 5 de la tarde recibían instrucción militar: aprendían a disparar, a armar y desarmar el fusil con los ojos vendados en un límite de tiempo, a sembrar minas antipersonales y toda clase de entrenamientos para vivir y matar en un combate. “En la parte física, nos entrenaron unas viejas muy fuertes. Normalmente las que llegaban a ser comandantes eran más luchadoras que los hombres porque para llegar hasta allá había que guerriársela mucho más”, recuerda Amparo.

Todos en la cama, ellas en el suelo

La primera relación afectiva de Amparo fue a sus 14 años. Ella la calificar de ‘seria’ para referirse a noviazgo porque la parte sexual la conoció a los 4 años, cuando su padrastro la violó por primera vez. Por eso, cuando la reclutaron, no sabía si la guerrilla era la salida esperada o la bienvenida al infierno.

Dentro de las filas, conoció a un hombre siete años mayor que ella. “En la guerra, la pareja lo es todo. Si no es un comandante, es el único a quien le puedes mostrar que estás triste porque de, lo contrario, dicen que tienes baja moral y para no desmoralizar a los demás te hacen un consejo de guerra, es decir, te matan”, explica Amparo.

Las mujeres pueden tener novios guerrilleros, pero la pareja no puede estar en el mismo grupo, con lo que buscan evitar que escapen. Sólo les permiten estar juntos unas cuantas semanas cada tres meses. Así sostuvo su relación ‘seria’ hasta que a él lo mataron. Antes, durante y después de eso, la obligaron a acostarse con un sinnúmero de ‘compañeros’.

Las Farc se estructuran en comandos, escuadras, guerrillas, compañías, frentes y bloques; cada unidad cuenta con su propio comandante. Si a esto se le suma que ningún guerrillero se queda en un grupo por muchos meses, el resultado arroja decenas de comandantes, de los cuales muchos obligan a las mujeres y a las niñas a acostarse con ellos.

“En las Farc conocí el abuso sexual de todas las formas. Además de los comandantes, los guerrilleros pueden pedir la noche con quien quieran”, dice Amparo.

Afuera de los campamentos, los guerrilleros también pueden tener relaciones sin ser reprendidos por sus superiores. De hecho, es una de las tácticas de reclutamiento. En cambio, si una subversiva lo hace, al final del año le cuentan el número de hombres con los que se acostó y dependiendo de la cantidad le pueden hacer consejo de guerra.

Lo único que les interesa a los mandos superiores es que no haya embarazos. El método: obligarlas a planificar y proporcionarles la inyección. El inconveniente es que no siempre se la aplican por estar en medio de un combate en el día indicado, por temerle al chuzón o por creer que con un niño salen de la guerra.

Si la gestiòn es ocultada, en vez del boleto de salida obtienen fuertes castigos que empeoran si el asunto es recurrente. Por el primer embarazo, las obligan en los campamentos a hacer 500 viajes de agua. Por el segundo, una trinchera de 1.000 metros de largo por 30 centímetros de ancho y un metro de profundidad utilizando como única herramienta una cuchara. Otro castigo es traer la leña, palo por palo, que está a kilómetros de distancia. Después del tercer embarazo, hay consejo de guerra.

“Otra de las cosas más duras de ser mujer en las Farc es trabajar en enfermería porque uno sufre con lo que le toca a la otra. Yo tuve que dejar morir a compañeras que, por esconder el embarazo durante los nueves meses, los dejaban desangrar por el ombligo a ella y al bebé”, afirma la exguerrillera.

Los bebés no sólo motivan los peores castigos para las mujeres dentro de la guerra sino que se convierten en el principal motivo de deserción. Alicia*, una desmovilizada de las Farc, que prefiere no revelar su verdadero nombre por cuestiones de seguridad, explica que en Casanare, en el frente donde ella estaba, a las subversivas que declaraban el embazaron y tenían bebé  las enviaban tres meses con su familia y luego tenían que volver. La mayoría no soportaban ser separadas de sus recién nacidos y se escapaban.

Desde el año 2000 Naciones Unidas ha llamado la atención sobre los procesos de desmovilización de grupos armados y la atención diferenciada que deben recibir las mujeres. Foto: Semana

Fuera de la guerra
Myriam Criado, quien se desmovilizó con una facción de la guerrilla del Epl a comienzos de la década del 90 y es una de las fundadoras del Colectivo Mujeres Excombatientes, explica que la desmovilización tampoco es muy fácil para la mujer porque sobre sus hombros recae una mayor carga cultural.

Su argumento es que la sociedad las rechaza mucho más a ellas que a los subversivos porque abandona el papel de mamá que le asignaron para irse a una guerrilla a ejercer un rol político. “Mientras que los hombres insurgentes son casi héroes”, indica.

Para sustentar su punto de vista, Criado se vale de varios estudios que muestran que cerca del 25% de los guerrilleros de los años 90 eran mujeres; entre el 10% y 18 % de los paramilitares son de sexo femenino; mientras que en Farc y Eln la cifra va entre 25 y 40 %. Por otra parte, la Agencia Colombiana para la Reintegración (Acr) detalla que el 12 % de los casi 50.000 desmovilizados son mujeres, según cifras a septiembre de 2014.

“Las disyuntivas familiares las tienen las mujeres porque según las experiencias que hemos analizado, los hombres cambian de pareja y se olvidan de sus hijos mientras que ellas responden”, aclara Criado.

A pesar de que desde 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió que en la planificación de cualquier desarme se tengan en cuenta las necesidades de los familiares a cargo de los desmovilizados y una perspectiva de género (Ver Resolución 1325), esto no se cumple del todo en Colombia.

En el programa de reintegración que ofrece la Agencia Colombianapara la Reintegración (ACR), los desmovilizados tienen una atención psicosocial personalizada y cursos de primaria, bachillerato y formación laboral. Por asistir a las consultas y por estudiar, les dan 320 mil pesos mensuales, según cuenta una de las desmovilizadas que después de seis años superó todas las fases del programa y que ahora trabaja en la institución como promotora. Este dinero no aumenta si la desmovilizada tiene hijos.

Tras 8 años de ser creada la institución y luego de mas de una década de la recomendación de Naciones Unidas, la ACR comenzó a darle charlas a su personal sobre el enfoque de género y sólo en 2013 inició el proceso de inclusión en esta perspectiva, como lo señala en su informe sobre el tema.

En la ciudad
En la primera oportunidad real que tuvo para escaparse, Amparo salió corriendo junto a una compañera también reclutada. No pararon ni un solo minuto durante tres días y dos noches. Terminaron en Florencia, frente a las casas donde vivían los militares. Sólo hasta ese momento se dieron cuenta que no sabían utilizar un teléfono público para llamar a algún familiar y que no tenían plata para irse lejos de la guerrilla pues los últimos tres años habían estado en el monte.

Un soldado reconoció su situación al verles la cara de angustia, las botas empantanadas y el camuflado deshecho. Les dio 20 mil pesos, las montó a un taxi y le pidió al conductor que las llevara fuera de Florencia. La amiga de Amparo terminó en Neiva y ella en un parque de Armenia, donde padecería la agresividad policial. Tres patrulleros la atacaron, la arrojaron al suelo y tras la golpiza sufrió una hemorragia. Dos superiores detuvieron el ataque y la llevaron a un hospital, donde se diagnosticó la pérdida del bebé. Ella huyó de la guerrilla embarazada.

Durante los cinco años que estuvo en Armenia, conoció por otros los efectos de la coca que ella raspaba; entendió que dos mujeres se podían besar; vio el primer televisor a color; aprendió a maquillarse; adquirió experiencia en tareas citadinas como coger un bus; pasó por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; empezó a estudiar; y tuvo un bebé.

En ese mismo lustro, nueve meses después de escaparse, la guerrilla la encontró y la obligó a cobrar extorsiones. Si no cumplía, mataban a la mamá, que mantenían en cautiverio, y seguían con las torturas, homicidios y desplazamientos de más familiares, como ya lo habían hecho con otros seis parientes suyos. Por segunda vez, fue guerrillera obligada.

En 2006, cuando su hija tenía 2 años, la Sijin capturó a Amparo y la envió a Bogotá. Allí le hablaron de la reintegración, como se la explican a todos los hombres, y la condujeron a una granja donde había desmovilizados de las guerrillas de las Farc y el Eln, también exparamilitares, donde la convivencia no fue tampoco fácil.

Si bien cree que la ACR ha superado algunos de los errores del pasado en la atención de los desmovilizados, esta mujer sostiene que hay personas que pasaron por la guerra que deben ser tratadas de manera diferente, entre ellas las mujeres violadas, pues son muy vulnerables.

“Al salir de allí, seis meses después, me dieron un millón de pesos, pero igual yo no sabía andar en Bogotá. Con mi hija en la casa, empecé a trabajar. Primero puerta a puerta y luego de mesera. Así conocí la vida de noche”, recuerda. Hoy, cuando todo ese infierno ha quedado atrás, asegura que en sus tres años de guerrillera, cinco de miliciana y ocho de desmovilizada, aprendió que la mujer no es igual al hombre ni en la guerra ni en la ciudad, una vez ha dejado las armas.

(*) Los nombres fueron modificados por razones de seguridad

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