Describiendo escenas desoladoras de bosques destruidos y ríos de un azul incandescente propio de la contaminación con mercurio, Talando la selva y contaminando las aguas: conflictos socioambientales en el Bajo Atrato chocoano, un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), prende las alarmas sobre la situación crítica de la región.

En un recorrido por los municipios de Unguía, Carmen del Darién y Riosucio, con sus diferentes consejos comunitarios, esta publicación visibiliza las afectaciones al ecosistema con la tala desmedida de bosques y la contaminación de los ríos en la subregión conocida como Bajo Atrato y Darién en limitaciones con Panamá.

La deforestación masiva, minería legal e ilegal, monocultivos industriales y cría masiva de animales se cruzan con el conflicto armado y el abandono estatal. Estos conflictos socioambientales obligan a las comunidades a cambiar su forma de relacionarse con el territorio, dicen las autoras de los textos, Sonia Cristina Vargas y Laura Catalina Tovar.

Un ejemplo es la serie de animales y árboles “que ya casi no se ven –o directamente han desaparecido” en esta zona caracterizada por la espesa selva y atravesada por el majestuoso río Atrato que nace allí, en el Cerro El Plateado. Ciertas plantas que servían para curar enfermedades y algunos animales para el alimento ya no es posible conseguirlos. Los ríos que eran las vías de conexión entre comunidades han perdido su cauce o están siendo contaminados.

El Cinep indica que todo esto sucede por las disputas entre personas naturales, organizaciones, empresas privadas y el Estado que afectan a los derechos humanos por el acceso y uso de recursos naturales y los impactos de las actividades económicas.

En el Bajo Atrato chocoano, esas disputas principalmente derivan del uso y acceso a la tierra, reflejados en el histórico despojo de amplias tierras productivas, “con el beneplácito u omisión de la institucionalidad”, violando los derechos colectivos de las comunidades negras e indígenas que las habitan.

Un gran aporte de este trabajo son los datos recolectados para cuantificar las afectaciones, ya que no existen estadísticas oficiales.  Entre ellos que 65.000  hectáreas de bosque fueron deforestadas dentro de los 19 consejos comunitarios y 20 resguardos indígenas entre 2002 y 2022. Hay 108 títulos mineros y 140 puntos de afectación a fuentes hídricas.  

Los mapas detallados incluidos en el informe, realizados por Silvia Trujillo, ilustran las disputas socioambientales y señalan las zonas afectadas en los tres municipios y sus territorios étnicos. Riosucio es el municipio que tiene más zonas críticas de deforestación con 25.700 hectáreas, le sigue Unguía con 21.108 hectáreas y después el Carmen del Darién con 18.358 hectáreas.

Aunque los conflictos son similares en los tres municipios de esta subregión, cada uno tiene sus particularidades. El municipio Carmen de Darién es el primero en ser analizado, al ser el primero que recibe el río Atrato y los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, donde dice el informe, tiene 49 títulos mineros vigentes y 15 en etapa de exploración en las 319.700 hectáreas que lo componen. Allí, se explota el oro, cobre y molibdeno, un mineral que se usa para endurecer el acero.

La ganadería y el monocultivo de palma de aceite son responsables, en gran parte, de la deforestación. El otro gran monocultivo es la coca, que para el 2020 tenía 192,67 hectáreas sembradas, siendo el mayor cultivo de la subregión.

“La contaminación de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó con mercurio, fungicidas y otras sustancias químicas representa un grave peligro para la vida de los pobladores quienes dependen de estos ríos”, se relata sobre este municipio que tiene nueve consejos comunitarios y cuatro resguardos indígenas.

Además, se cita al Ministerio de Salud, quien en un informe de 2018 dijo que “los niveles de mercurio total en sangre, orina y cabello de los habitantes del Carmen del Darién superan los límites ambientales permisibles”.

Luego, sigue el municipio de Riosucio que tiene una extensión de 597.300 hectáreas y lo componen ocho resguardos indígenas y nueve consejos comunitarios. La gran problemática allí es que su zona rural está en manos de terceros que tienen el control sobre el uso del suelo, quienes tienen también poder económico, social, político y militar con intereses de expandir la frontera agrícola con fines agroindustriales. Gran parte de la población salió desplazada por despojo de tierras a finales de los noventa por lo que los empresarios se apoderaron de esas tierras.

Entre 2002 y 2022, Riosucio perdió 15.200 hectáreas de bosque primario húmedo y 57.300 hectáreas de cobertura arbórea. Identificaron 86 puntos críticos con algún tipo de afectación a fuentes hídricas, provocadas por la creación de canales, desviación en el cauce de ríos o la ganadería bovina y bufalina. Allí también el monocultivo de arroz y plátano afectan a los ríos por los desechos de agroquímicos.

Una de las denuncias que hace esta publicación es sobre el botadero municipal de Riosucio que fue instalado de manera irregular en la comunidad Caracolí, afectando al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatu) con la contaminación ambiental y afectaciones a la salud de los habitantes cercanos a este. (Leer más en: Relleno sanitario en Riosucio, Chocó, afecta a consejo comunitario.)

Finalmente, está el municipio de Unguía, con 119.000 hectáreas de extensión; se encuentra en la desembocadura del río Atrato hacia el mar Caribe. El municipio contiene cuatro resguardos indígenas y un consejo comunitario, donde se focalizan 26 puntos críticos de algún tipo de contaminación de fuentes hídricas afectando la vida de estas comunidades que dependen en su totalidad de los ríos, tanto para el alimento, el transporte y la recreación.

Con todas estas afectaciones, las comunidades denuncian enfermedades como infecciones, paludismo, dermatitis, envenenamiento, dengue, daños estomacales, alergias, y gripas.

Estos tres municipios son atravesados por el río Atrato que fue declarado como sujeto de derechos en 2016, por lo que a sus aguas no debería llegar ningún tipo de contaminación. Pero allí la ley no es aplicada. “Esto significa que la contaminación causada por las actividades expuestas en esta zona del Chocó, provoca la llegada de sustancias como mercurio, agroquímicos, aguas residuales, plásticos y fungicidas a uno de los principales mares del país”, dice en el informe.

Dada la condición de los territorios, el trabajo, realizado a partir de cartografías sociales y entrevistas en los tres municipios, plantea el interrogante de qué tierra se le puede devolver a las comunidades de los consejos comunitarios y resguardos indígenas en los procesos de restitución de tierras que está en curso. 

El Cinep recomienda activar mecanismos de vigilancia, control, investigación y sanción a los responsables, en los casos que sea necesario. “La promulgación de la Ley de Delitos Ambientales emerge como una vía prometedora y, al priorizar esta subregión por parte de los cuerpos de investigación judicial y órganos de control, podría convertirse en un escenario de reparación”, dice. 

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En 1999 el conflicto armado desplazó a 8 mil 059 habitantes del municipio de Pivijay, en el Magdalena, según el Registro Único de Víctimas. Foto: archivo Semana.La decisión de los tres magistrados del Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia le da “alas” al pueblo de Salaminita, que espera, como el ave Fénix, resurgir entre las cenizas. Su trágica historia se remonta al 7 de junio de 1999, cuando paramilitares del Frente Pivijay del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Tomás Gregorio Freyle, alias ‘Esteban’, asesinaron a tres de sus pobladores, desplazaron a todos los campesinos y luego borraron el pueblo del mapa con un buldócer.

El pasado 16 de diciembre, el Tribunal falló a favor de 38 familias reclamantes de 37 predios en el sector del centro poblado, es decir, la zona urbana del corregimiento. La Comisión Colombiana de Juristas acompañó a las víctimas, documentando los efectos causados por el conflicto armado y la desarticulación del tejido comunitario tras 20 años de destierro. (Descargue la sentencia aquí)

En su decisión, el Tribunal declaró imprósperas las exepciones y oposiciones presentadas por Adolfo Díaz Quintero, Vicente Rueda Acevedo y María Teresa Rueda de Acevedo, quienes se opusieron al proceso de restitución de los campesinos alegando que a varios les compraron los predios de buena fe, tiempo después de la violencia paramilitar y con asesoría de un abogado que les indicó que sobre las tierras no había títulos y podía entonces concretrarse contratos de compraventa.

Según documenta la sentencia, los opositores explotaron los antiguos predios de Salaminita con ganado, ampliando la extensión de sus fincas Montevideo y Los Naranjos, situadas en los costados sur y norte del corregimiento, respectivamente. Pero los magistrados concluyeron que los ganaderos no actuaron de “buena fe exenta de culpa”, esto último significa que no hicieron las verificaciones necesarias para conocer el pasado de las tierras, recordando que en la región persistía el conflicto tras el desplazamiento ocurrido a finales de la década del noventa.

En ese sentido, los magistrados ordenaron que se le restituyan los predios a los campesinos y que diversas instituciones del Estado garanticen no sólo su permanencia sino oportunidades de progreso. El Departamento para la Prosperidad Social, por ejemplo, tiene la tarea de brindarles proyectos productivos; la Unidad de Restitución deberá participar en los planes de retorno y postularlos a los programas de vivienda nueva ante el Banco Agrario; el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), está obligado a ofrecerles capacitación; y la Policía y el Ejército condiciones de seguridad.

Por su parte, la Autoridad Nacional Minera deberá garantizar la sostenibilidad de la restitución, el Ministerio del Interior tendrá que construir un centro de encuentro que impulse la reconstrucción del tejido social, y la Unidad Nacional de Víctimas implementar un esquema de acompañamiento para las familias. A la Procuraduría Agraria le asignaron la misión de informar al Tribunal de forma periódica el cumplimiento de estas órdenes.

“Estamos felices con la sentencia. Las familias queremos retornar y reconstruir Salaminita, un pueblo que fue desplazado y cuyos lazos de amistad fueron fracturados por años”, dice Lesa Daza, una de las líderes de la región.

Tres décadas de violencia

Los campesinos desplazados del centro poblado del corregimiento de Salaminita quieren reconstruir su pueblo. Para ello será necesario que diversas instituciones del Estado los apoyen conviviendas, servicios públicos, educativos y proyectos productivos. Foto: archivo Semana.Justo cuando comenzaban las novenas decembrinas, Lesa recibió la noticia de la sentencia. Ella fue desplazada cuando tenía 12 años y para entonces, su familia no sólo fue desterrada sino desintegrada: para sobrevivir, sus once hermanos tuvieron que buscar apoyo en distintos municipios de la Costa Caribe. Su padre, quien en la actualidad tiene 84 años, no cupo de la felicidad cuando supo el Tribunal de Restitución les dio la razón. “Esto rompe con tantos años de silencio, porque cuando nos desplazaron fue como cuando le quitan un botón a una camisa, como si no hubiera pasado nada”, recuerda Lesa.

La Comisión Colombiana de Juristas documentó que la historia de violencia de Salaminita se remonta a los años setenta. El corregimiento está integrado por las veredas La Suiza y El Jardín, y un centro poblado, este último, el que acaba de ser restituido. En 1977, Laurenano Peláez contrató a 23 campesinos para que se instalaran en los predios de La Suiza, de propiedad de Aura de Polo y María Teresa de Polo, para hacerles creer que los campesinos querían invadirles las tierras y que lo  mejor era que le vendieran el predio a él.

Peláez intentó expulsar a los campesinos, pero estos solicitaron el apoyo del Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) así como al antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). En 1980, el Instituto decidió adjudicarles 10 hectáreas a cada uno de los 23 campesinos, regresó 165 hectáreas a Aura de Polo y María Teresa de Polo, y le entregó 220 hectáreas a Peláez.

Para esa década también comenzaron los inconvenientes en la vereda El Jardín, donde vivían 21 parceleros. En 1984, Julán Escalante llegó con un grupo de hombres armados para expulsar a los campesinos, alegando que esas tierras le pertenecían. Lo mismo hizo Germán Llanos cuatro años después, cuando arribó a la zona con 150 uniformados del Ejército y 40 personas vestidas de civil que insistían endesterrar a los parceleros.

La violencia en Salaminita no cesó. Entre los años ochenta y noventa hizo presencia el Frente 19 de las Farc, así como el Frente Domingo Barrios del Eln. Finalizando el siglo XX los paramilitares arremetieron contra el centro poblado, asesinando el 7 de junio de 1999 a Óscar Barrios, Carlos Cantillo y María del Rosario Hernández, quien entonces era la inspectora de policía. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía documentó que los paramilitares asesinaron a Hernández porque en varias oportunidades había denunciado las atrocidades del grupo armado ilegal, como dejar abandonados los cuerpos de las víctimas en la carretera.

Salaminita, un pueblo que desapareció en Magdalena

Durante la etapa de versiones libres, Daniel Velásquez Madera, alias ‘José Cabezón’, confesó ante la Fiscalía los crímenes cometidos ese 7 de junio de 1999, cuando los paramilitares encerraron a los niños en la casa de María Palmera y en la sede de Telecom, y obligaron a todo el pueblo a reunirse en la tienda de Belisario Bocanegra para presenciar los asesinatos. “El que derrame una lágrima corre la misma suerte”, les advirtieron.

Tras los asesinatos, les robaron los objetos de valor a los campesinos, la infraestructura que sostenía la red eléctrica, el techo del colegio, los muebles del puesto de salud, los productos que se comercializaban en las tiendas y hasta una imagen de la Virgen María. Por si fuera poco, Tomás Gregorio Freyle, alias ‘Esteban’, ordenó a alias ‘Gitano’ destruir con un buldócer todas las casas, construcciones y estructuras del corregimiento para “evitar que la guerrilla se resguardara allí”.

Alias ‘José Cabezón’ le aseguró a la Fiscalía que Adolfo Díaz, Vicente Rueda y Gustavo Pabón hicieron parte de los ganaderos que a finales de los noventa financiaron al grupo paramilitar que dio origen al Frente Pivijay de las Auc, participando de una reunión en La Zulia, días antes de los crímenes de junio. Sin embargo, durante el juicio los ganaderos insistieron en que compraron las tierras de buena fe años después de haber cesado el conflicto.

Pero como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia continuó y Salaminita fue un pueblo arrasado; los paramilitares desplazaron a sus habitantes, acabaron con la infraestructura y aniquilaron, además, todo el entorno simbólico de las víctimas. El 23 de agosto de 2000, por ejemplo, asesinaron a Antonio Araque y María Eloísa Gutiérrez, una pareja de la tercera edad que se había resistido al desplazamiento, pues no tenían a dónde huir.

Hace dieciseis años los hijos de las familias desplazadas comenzaron a averiguar cómo reclamar sus predios. Daza explica que con ayuda de la Comisión Colombiana de Juristas, la Unidad de Restitución y la cooperación internacional, logaron que su caso llegara a los tribunales de justicia transicional; ahora, con la sentencia en la mano, esperan una reivindicación de la Unidad Nacional de Víctimas en su diligencia y atención a la población.

José Encarnación, también líder de Salaminita, dice que están a la expectativa: “Esperamos que todas las instituciones cumplan con las órdenes y los tiempos que estipularon los magistrados… han sido años en que comunidad hemos venido luchando por retomar las costumbres y el arraigo hacia nuestro pueblo”.

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En el año 2000 inició la disputa entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá. Foto: Juan Diego Restrepo E.El 11 de febrero de 2016 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) publicó un informe técnico en el que determinó que los corregimientos Belén de Bajirá (Mutatá) Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente (Turbo) pertenecen a territorio chocoano, lo que daría por concluida la disputa territorial entre Antioquia y Chocó por esta zona. Sin embargo, el pasado 14 de diciembre, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República decidió no acoger ese concepto, lo que implica entonces que estos cuatro corregimientos siguen perteneciendo al Urabá antioqueño.

“Antioquia tiene que estar feliz porque hemos logrado conservar la integridad del territorio y tenemos que seguir ayudando a las regiones más lejanas, hacer más inversiones e imponer soberanía; desde hace 100 años estos territorios son antioqueños, hoy hemos tenido otro triunfo diplomático y triunfo del territorio”, comentó Luis Pérez Gutiérrez, Gobernador de Antioquia, una vez conocida la decisión del Congreso.

Por su parte, las autoridades civiles en Chocó se han mostrado inconformes con la sola idea de debatir acerca de la autoridad administrativa en este corregimiento. “Esta cuestión retrata la trágica historia de la Colombia feudal, zonas del país donde por la misma situación de abandono del Estado y el imperio de los grupos ilegales, se aplica la ley del más fuerte”, expuso de forma determinante Fredy Lloreda Palacios, Alto Consejero para la Gobernabilidad y el Desarrollo Territorial de Chocó.

La disputa entre Antioquia y Chocó por estos corregimientos, especialmente por Belén de Bajirá, empezó en el 2000 cuando la Asamblea de Chocó emitió la Ordenanza 011 a través de la cual separó a Belén de Bajirá de Riosucio y lo creó como municipio, con más de 8 mil 600 habitantes estimados por el DANE. Antioquia reaccionó y demandó esa decisión y como consecuencia fue anulada por el Consejo de Estado en 2007 en fallo impulsado por el magistrado antioqueño Marco Velilla. Para ese año, Belén de Bajirá ya había tenido tres alcaldes locales.

“Belén de Bajirá hoy debería tener un desarrollo enorme y a raíz de las triquiñuelas y corrupción del Estado nos tumbaron, mal tumbado el municipio”, opina Henry Chaverra, líder del Comité Prodefensa de Belén de Bajirá, creado en 2000 y que desde entonces sistematiza y analiza todos los documentos y actos administrativos relacionados con esta diferencia limítrofe.

Uno de los puntos de mayor controversia para definirla línea divisoria es el del cauce del río Tumaradó: Antioquia argumenta que ha desaparecido por causas antrópicas, haciendo difusos los límites, mientras que Chocó asegura que si bien desapareció, conserva su curso y los límites siguen intactos de acuerdo a la Ley 13 de 1947 que crea el departamento del Chocó y en la que Belén de Bajirá aparece como parte de su territorio.

La tierra en Belén de Bajirá

Campesinos desplazados piden restitución de tierras en la Hacienda Monte Verde.Henry Chaverra nació en Vigía del Fuerte y desde que llegó a Belén de Bajirá hace 14 años conoció de cerca la disputa entre Antioquia y el vecino departamento de Chocó por la autoridad administrativa de este corregimiento. Para él nunca debió existir el diferendo territorial ya que Antioquia fue “creado sin describir sus límites; a diferencia de Chocó, que tenía sus límites definidos desde que era una intendencia”, advierte Chaverra.

Este corregimiento, de más de 2 mil kilómetros cuadrados y 16 mil habitantes. ha sido reconocido ampliamente gracias a este diferendo territorial. Sin embargo, el esfuerzo de cada departamento por demostrar acciones de inversión social y autoridad administrativa, no ha alcanzado para mejorar las condiciones de la población, que actualmente vive en situación de pobreza generalizada, alcanzando un porcentaje de 83% de necesidades básicas insatisfechas, según el DANE.

Actualmente cuenta con dos colegios, dos centros de salud y dos inspecciones de policía, uno de cada departamento. Sin embargo, el exalcalde de Belén de Bajirá, Amaury Arteaga, considera que sus pobladores no son los más interesados en esta disputa; a su juicio, prima la atracción por la posible explotación de yacimientos de oro, cobre, níquel y petróleo, así como por el cultivo palma de aceite, además del potencial agropecuario y ganadero que posee la zona.

Para el Comité Prodefensa de Belén de Bajirá, el corregimiento pertenece a Chocó en la medida en que lo cobija dos territorios colectivos pertenecientes a los consejos comunitarios: La Larga-Tumaradó, con más de 107 mil hectáreas, y Pedeguita-Mancilla, con 48 mil hectáreas, ambos adjudicados en el año 2000 por el Incoder.

A finales de la década del noventa este corregimiento vivió el auge del cultivo de palma. Al respecto, el exalcalde Arteaga asegura que esa actividad estuvo acompañada de mucha violencia, despojo y desplazamientos.

“En Belén de Bajirá quedaron aproximadamente 500 personas, todo el mundo se fue, acá nos quedamos los valientes y los que sabíamos que no teníamos nada que temer”, recuerda Arteaga, mientras otros líderes de la zona, cuya identidad prefieren reservar, aseguran que los empresarios debían tener vínculos con las autodefensas porque “el aparato paramilitar iba desplazando y asesinando a la gente y los empresarios venían atrás comprando las tierras”.

La palma y los paramilitares en Chocó

En cuanto a la ganadería extensiva, varios pobladores aseguran que algunos empresarios antioqueños poseen grandes extensiones de tierra destinadas a esta actividad productiva en la región disputada. Tal es el caso de Fabio Moreno Ruíz, propietario de la Hacienda Monte Verde donde, según la corporación Forjando Futuros, 28 familias reclaman tierras despojadas por presión paramilitar durante la violencia entre 1996 y 1998, y donde, además, cuatro familias obtuvieron un fallo favorable en relación a la reclamación de 270 hectáreas el pasado 22 de julio de 2015, por el Tribunal Superior de Antioquia.

De campesinos despojados a legítimos dueños

Otro propietario antioqueño que cuenta con tierras destinadas a la ganadería en la región de Belén de Bajirá es el exsenador Humberto Builes, condenado por ‘parapolítica’ en 2010. (Ver: Corte Suprema condena a Humberto Builes por ‘parapolítica’)

Disputa legal e ilegal

Uno de los dos centros de salud que atiende a más de ocho mil habitantes de Belén de Bajirá. Foto: Juan Diego Restrepo E.Ambos departamentos alegan dignidad e integralidad territorial como los principales objetivos para defender este corregimiento como propio. “Los habitantes de la región se sienten habitantes de Antioquia, tradicionalmente han acudido a todas las instancias del Departamento, no sólo en el tema de gobierno, de autoridades locales, de educación, de salud. El reconocimiento a un ejercicio catastral que se ha venido desarrollando en la región desde tiempos inveterados en los cuales todos los predios están adscritos al círculo catastral o al círculo notarial del departamento de Antioquia”, explica Carlos Mario Montoya, Director de Planeación de Antioquia.

Sin embargo, para el Alto Consejero para la Gobernabilidad y el Desarrollo Territorial de Chocó, los argumentos de inversión social y catastral no deben tener el mismo peso que los informes técnicos ofrecidos por el IGAC o aquellos que corresponden expresamente a los límites geográficos.

“Antioquia no tiene norma ni ley que fije sus límites (…) alegaba en el año 2001 que cuando solicitó el deslinde los ríos [Tumaradocito y Tumaradó] habían cambiado su curso y que los límites descritos en la Ley 1347 ya no correspondían a la realidad geográfica para esa fecha. Entonces se hizo necesario que el IGAC, a través de toda su tecnología, hiciera un análisis multitemporal de la dinámica fluvial del sector de Belén de Bajirá desde el 1947 hasta 2005 y verificó que toda la red de drenaje, llámese, ríos, caños y quebradas, permanecía intacta y que no se habían generado alteraciones que pudieran cambiar el curso de los ríos. Ese fue el informe del 10 de junio de 2005”, recuerda el funcionario chocoano.
 
Asimismo, plantea que “Antioquia ha sido por tradición, un departamento expansionista, que no solamente tiene intención de quedarse con territorio de Chocó sino con territorio de Córdoba. Es un departamento enérgico y ya en el siglo pasado Antioquia logró quitarle al departamento de Chocó la bandaoriental del río Atrato, más de 13.500 kilómetros cuadrados y en esta oportunidad acaricia el sueño de quitarle a Chocó todo el Darién”.  

Mientras tanto, para el Director de Planeación de Antioquia existen algunos intereses ocultos de carácter ilegal en medio de esta diferencia: “la explotación de recursos naturales se hace de una manera ilegal y por ilegales que tienen una capacidad de pagar ciudadanos para que vayan y armen arengas, y hagan cierto tipo de manifestaciones en favor de hacer parte del Chocó porque finalmente saben que el Chocó tendrá menos capacidad de hacer presencia institucional y de controlar precisamente esa ilegalidad”.   

Pero Belén de Bajirá no sólo ha sido disputado por departamentos y autoridades oficiales; también concurren allí grupos armados ilegales como parte de su estrategia de controlar el Atrato y las cuencas aledañas. Para Lloreda, “esta zona fue una zona muy golpeada por la violencia desde mucho antes de la Operación Génesis, pero en esta se intensificó la situación de violencia y el enfrentamiento entre grupos ilegales; en 1997 la Fuerza Pública generó el desplazamiento más grande que habido en Colombia, proporcionalmente hablando”, comenta.

La Operación Génesis mencionada por el funcionario chocoano ha sido uno de los episodios más cruentos de la historia del Bajo Atrato, como consta en la Resolución 025 de octubre de 2002, de la Defensoría del Pueblo: “En febrero de 1997, la Fuerza Aérea Colombiana junto con tropas de la Decimoséptima Brigada del Ejército dio inicio a la ‘Operación Génesis’, con el fin de atacar al Frente 57 de las FARC que hacía presencia en la zona. Según testimonios de los pobladores de la región, en este operativo fueron bombardeadas las comunidades de Caño Seco, Tamboral y Arenales, en la cuenca del río Salaquí, lo que causó el desplazamiento de aproximadamente quince mil campesinos de las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curbaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí, entre otros, hacia el corregimiento de Pavarandó en el municipio de Mutatá, departamento de Antioquia, y hacia las cabeceras municipales de Riosucio y Turbo. Algunas familias incluso llegaron hasta Cartagena”.

Estado no protegió a comunidades durante Operación Génesis

Sin embargo, ya desde diciembre de 1996 tanto la comunidad de Belén de Bajirá como las demás que hacen parte del Bajo Atrato, especialmente en el municipio de Ríosucio, sufrieron un ataque de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), que en ese momento pretendía tomar el control territorial y acusaba a las comunidades de ser colaboradoras de la guerrilla de las Farc.

La Policía Nacional llegó al corregimiento en 2003 y después de consolidar su presencia, empezaron a configurar una institucionalidad en medio del inestable orden público que imperaba en aquellos años por cuenta de la disputa territorial de grupos armados ilegales. 

Las amenazas

Personas que lideran el proceso de asignación a Chocó han sido perseguidas de manera anónima. Foto: Juan Diego Restrepo E.Antes de que llegara el destacamento de la Policía Nacional, los paramilitares “eran los dueños del mundo y la autoridad aquí”, según pobladores del corregimiento, quienes, en aquel entonces, tuvieron que padecer el señalamiento de ser auxiliadores de la guerrilla y moverse permanentemente entre dos fuegos.

En la tarde del viernes 11 de mayo de 2001, recuerda claramente un poblador, el carro en el que viajaba Alberto Palacio de Mutatá a Belén de Bajirá fue detenido en la carretera por reconocidos paramilitares; cinco días más tarde, su cadáver fue encontrado en un caño cercano a un punto conocido como Bejuquillo. Palacio, en ese entonces secretario de despacho de la Alcaldía de Mutatá, defendía la idea de que el corregimiento pertenecía a Ríosucio y la manifestaba abiertamente. “Se sabe que fueron las autodefensas porque era el único grupo que operaba en la zona en aquel entonces”, comentan algunos pobladores.

Líderes defensores de Belén de Bajirá como territorio chocoano y otros que lo defendieron como territorio antioqueño se unieron en 2014 en una mesa de trabajo para exigirles a los dirigentes de ambos departamentos que resolvieran pronto el diferendo territorial.

Al mismo tiempo que lograron la visita de ambos gobernadores y el IGAC reanudó sus visitas técnicas, atrajeron más amenazas y el temor de encontrar la muerte como Alberto Palacio era latente: “Primero nos dijeron que dejemos esto quieto porque es de Antioquia y que si por culpa de nosotros esto quedaba en Chocó nos teníamos que desterrar”, aseguran.

“Nunca hubo responsabilidad penal por la muerte de Alberto y en su momento no se podía hacer bulla porque ellos eran los reyes del mundo e incluso patrullaban uniformados por el pueblo”, comentan.

La última amenaza recibida fue en febrero de 2015, a través de un panfleto anónimo, en el que les “advierte que dejen ese proceso quiero porque esto es de Antioquia y si por culpa de ustedes bajira [sic] queda en el choco [sic] se tendrán que desterrar de aquí con toda y familia, por Antioquia matamos y nos hacemos matar, y si somos capaces tenemos aliados muy poderosos. Quedan advertidos”.

Es así como detrás de una disputa, argumentada en dignidad territorial e integridad, están vinculados intereses en las tierras, cuya propiedad por parte de grandes empresarios todavía es dudosa y en la posible explotación de sus recursos. Además, pese a que las autoridades de los dos departamentos buscan hacer presencia institucional, quienes realmente ejercen poder son los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona.

(*) Este artículo hace parte del proyecto Open Society con VerdadAbierta.com

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El desplazamiento ha afectado el vestuario tradicional de los Sikuani, que incorporaba cinturones tejidos con base en la fibra del árbol de Matapalo. Ahora “vestimos igual a cualquier persona de la cultura occidental”. Foto: archivo Semana.“Llevamos 23 años sin que el Estado resuelva nuestra solicitud”, dice con tono pausado un líder indígena del Resguardo de Domo Planas, en el municipio de Puerto Gaitán, refiriéndose a la ampliación de su territorio colectivo. El pasado 6 de octubre el Juzgado Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierrasordenó una medida de protección que frenó una orden de desalojo impartida por el Inspector de Policía de Puerto Gaitán en contra de los indígenas que viven en un predio cercano al resguardo.

La comunidad indígena explica que la tensión comenzó hace cuatro años cuando, ante la falta de tierra productiva, decidieron ingresar a un predio contiguo “que pertenecía a un narcotraficante y que debía estar en proceso de extinción de dominio”. En su decisión, el Juez además exige atención del caso por parte de la Procuradora Judicial Delegada para la Restitución de Tierras, la Alcaldía Municipal, la nueva Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación del Meta, las Fuerzas Militares, la Unidad de Restitución  y la Fiscalía General. El Juez le solicita además a la Oficina de Instrumentos de Puerto López informar sobre la situación jurídica del predio.

La solicitud de protección fue realizada por la Defensoría Regional del Meta, que de manera minuciosa documentó el caso de esta comunidad étnica, que a su vez es una de las 65 que ha solicitado la restitución a través de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. También integra uno de los seis casos activos en restitución de los Sikuani, un pueblo fragmentada por los procesos de colonización y el conflicto armado, y que sobrevive en ‘islas’ en Meta y Vichada.

Un pasado gris

La historia de este resguardo refleja la realidad de los Sikuani, expertos cazadores con flecha y arco, nómadas y astrónomos, que cultivan las chagras (huertas) y tienen como precepto de vida no acumular nada material. Lo único que han acumulado por generaciones es conocimiento. Cuando la tierra en la que viven ya ha cumplido su ciclo de productividad, se trasladan a una cercana para que el suelo y el ecosistema se recuperen. Domo Planas está integrado por 2 mil 500 habitantes, agrupadas en 550 familias, en un territorio colectivo de 37 mil 925 hectáreas en Puerto Gaitán.

Aunque son los habitantes ancestrales de la Altillanura su territorio fue reducido a puchos en los municipios de Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño, en Vichada, y en Mapiripán y Puerto Gaitán, en Meta, sin contar que también tienen asiento en Guainía, Arauca, Casanare y Guaviare, según el censo de 2005 del Departamento Nacional de Estadística (Dane). En Domo Plato los indígenas lograron que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) les entregara un título colectivo por esas 37 mil hectáreas el 28 de enero de 1991.

Sin embargo, desde ese mismo momento el resguardo advirtió que era necesaria una ampliación a unas 30 mil hectáreas adicionales teniendo en cuenta la baja productividad de los suelos en la Altillanura y la cantidad de integrantes de la comunidad. Es tal acidez de esta tierra que en 1996, mediante la Resolución 041, el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) determinó que la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en Puerto Gaitán debía oscilar entre las 1.360 y 1.840 hectáreas.

La UAF es el máximo de tierra baldía que el Estado puede titularle a una familia o una comunidad carente de ella (lea Resolución aquí). Y en la Altillanura esta Unidad es de las más altas en el país, pues una sola familia requiere de una extensión considerable para sobrevivir. Desde hace varios años la agroindustria decidió adecuar las tierras aplicándoles cal para reducir suacidez y hacerlas productivas.

“Estamos en una situación urgida. Esta es una tierra predominantemente árida, que requiere ser mecanizada. Decidimos ingresar a un predio colindante, de un narcotraficante que está preso en Estados Unidos, donde tenemos cultivos de yuca, plátano y alimentos para el consumo, donde hemos estado para realizar pesca y recolectar frutas, para el sustento”, comenta el líder del resguardo. En el predio viven 200 personas de las comunidades La Reforma, Mata Negra, Malavare y Villanueva.

El predio al que se refiere la comunidad se llama el predio El Socorro pero los indígenas lo llaman Ibitsulibo-matatú, utilizado principalmente para actividades de caza, pesca, agricultura y supervivencia de la comunidad, pero considerado además un sitio sagrado pues dentro está el cementerio donde está enterrado el indígena Kekerre así como un árbol de yopo, usado por los chamanes para sus ceremonias espirituales.

La historia del predio El Socorro data de 1968 cuando el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) constitutó la Reserva Indígena de San Rafael de Planas, que incorpora el Ibitsulibo-matatú en su parte oriental. Sin embargo, el mismo Incora 23 años después tituló una porción de la reserva a Pascual Pérez Pérez, quien la ‘bautizó’ como El Socorro. En teoría, la institucionalidad agraria no debió entregar títulos sobre un terreno que ya había sido constituido como reserva indígena. (Ver documento)

Y los traslapes de territorios continuaron. Según varios documentos oficiales, en 1991 cuando el Incora aceptó el título colectivo de Domo Planas incluyó los predios de la ya constituida reserva indígena y otros nuevos predios. Sin embargo, según consta en los folios de matrícula del predio, en 1997 Campo Aníbal Camacho Mora le compró El Socorro a Pascual Pérez. Tres años después Campo Aníbal le transifirió el predio a Salomón Camacho, quien en el registro aparece como el último titular del terreno antes de que pasara en “dación de pago” a nombre de la Fiscalía General de la Nación. (Ver documento)

Según información de varias autoridades, El Socorro pasó de ser un predio sagrado indígena a ser un ‘laboratorio’ para el procesamiento de cocaína y un escondite de los paramilitares. La comunidad de Domo Planas es sobreviviente del conflicto perpetrado por diversos actores armados ilegales, primero por Frente 39 de las Farc y desde finales de los 90 hasta el 2006por las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada conocidas como “Carranceros” durante su proceso de desmovilización. Desde entonces en el territorio la violencia siguió siendo perpetrada por las bandas criminales, primero bajo el nombre de ‘los Cuchillos’ y de forma más reciente por el Clan Úsuga o del Golfo, como lo llama el gobierno.

La preocupación de los indígenas de Domo Planas yace en que en 2001 Salomón Camacho, quien aparecía como último titular del predio El Socorro, fue capturado en Venezuela acusado por delitos de narcotráfico, y en enero de 2016 fue condenado por el gobierno estadounidense a once años de prisión (Lea: Condenan en EU a narcotraficante colombiano detenido por Venezuela). Por tratarse de un bien relacionado con la producción de drogas ilícitas, el predio pasó a la Fiscalía para su proceso de extinción de dominio sin que la comunidad sepa hasta el momento cuál es la situación jurídica del predio, si este pasará pronto al Fondo Nacional de Tierras para que sea devuelto al resguardo. Por eso en la medida cautelar el juez especializado en restitución ordenó un informe a la Superintendencia de Notariado y Registro.

El Socorro se convirtió en un ‘centro de combate’ que los indígenas han intentado recuperar por la vía pacífica, exigiendo respeto. La comunidad recuerda que en 2003 allí se desató un combate entre paramilitares y Ejército, en el que murieron cinco integrantes de las Auc, entre ellos alias ‘Acero’. Por si fuera poco en 2009 el Ejército instaló una base muy cerca del predio que aunque ahuyentó a los actores armados ilegales prohibió a los indígenas su práctica ancestral de cazar con arco y flecha.

En 2013, en medio de una tensa calma, la comunidad de Domo Planas decidió recuperar la vocación agrícola del predio, sembrando alimentos. Pero al poco tiempo recibieron la primera notificación de que había en curso un lanzamiento policivo y que serían expulsados de sus viviendas. La historia se repitió el pasado 26 de septiembre de 2016 hasta que el Juez Especializado de Restitución frenó el desalojo.

Para los indígenas es contradictorio que el Incora no haya sido diligente con la ampliación del resguardo, pues justo cuando hicieron tal solicitud en 1997, el predio era transferido de Pascual Pérez a Campo Aníbal Camacho. En Domo Planas creen que si el instituto agrario hubiera actuado con celeridad su territorio estaría protegido y no a la espera de un proceso de extinción de dominio.

¿Cuáles son los intereses?

El Plan de Salvaguarda Sikuani explica que son artesanos, tejiendo con agilidad fibras de moriche, cumare y juajua, moldeando barro y tallando madera. Foto: archivo Semana.La ampliación de sus resguardos es una solicitud de dos décadas reiterada en el Jiwi Sikuanitsi WajaNakua LiwaisiNamuto, el Plan de Salvaguarda que formularon cinco sabios del pueblo Sikuani en 2011 junto a autoridades, docentes, chamanes, mayores y mujeres de Arauca, Guainía, Meta y Vichada (lea el Plan aquí). El documento, que constituye su camino de “pervivencia y supervivencia”, recuerda que su peligro de desaparición física y cultural no solo obedece al desplazamiento originado por el conflicto armado reciente, sino también a diversas modalidades de expulsión perpetradas históricamente.

Con esto hacen alusión al despojo durante la Conquista y la Colonia, y las ‘guajibadas’ y ‘jaramilladas’, ocurridas entre los años 50 y 70, de forma respectiva, en la que varios integrantes del Ejército y colonos fueron cómplices y responsables de la cacería de indígenas, para entonces considerados animales.

Del periodo paramilitar, el resguardo de Domo Planas recuerda el reclutamiento de menores y la estigmatización. “No es un secreto que muchosjóvenes terminaron yéndose por el tema de las armas… los grupos usaron nuestro territorio como refugio, y terminábamos señalados de auxiliadores”, comenta el líder, explicando que esperan que una pronta sentencia de restitución étnica permita la reparación integral de la comunidad.

Según el Plan de Salvaguarda, aunque el censo de 2005 del Dane indica que la población de Puerto Gaitán es 35 por ciento indígena; la comunidad corrige que esta puede superar el 43 por ciento, enumerando las comunidades que suman unos 11 mil 205 habitantes entre los resguardos de Wacoyo, Awalibá, Vencedor Piriri, Domo Planas, Iwiwi; Walianae, Únuma, El Tigre y Sisiapatu. Para la comunidad indígena, el pueblo no ha sido respetado pese que sus derechos fueron reconocidos en la Constitución de 1991 y respaldados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que incorpora el derecho a la consulta previa. Además desde 2009 la Corte Constitución con el Auto 004 reitera la urgencia de proteger los derechos de los pueblos indígenas frente al riesgo de su desaparición.

Aunque de momento las medidas cautelares proferidas por el Juzgado 2 son temporales, pues solo frenan el acto de desalojo policivo, la comunidad indígena cree que la única forma de blindarse es que la justicia transicional los respalde. Es decir, que un juez especializado en restitución de tierras ordene varias medidas que incluyan la ampliación del título y que garanticen su permanencia en el territorio. Sin embargo, como lo ha documentado VerdadAbierta.com, los procesos étnicos se han enfrentado a varios obstáculos y las comunidades siguen a la espera de una decisión judicial. (Lea: ¿Para dónde va la restitución de tierras a indígenas y afros?; Sikuanis, acorralados a punta de ‘bala’ y ‘resoluciones’ y El ‘reversazo’ del Gobierno con los afros e indígenas)

Estos obstáculos están relacionados con la implementación de figuras económicas que van en contravía de lo que el Plan Salvaguarda llama “el enfoque diferencial”, la forma como el pueblo indígena concibe su forma de vivir. Estas zonas las Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (Zidres), que a su vez están contenidas en los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines). Estos son territorios definidos por el gobierno para que empresarios promotores de la agroindustria se asocien con campesinos en territorios baldíos y de propiedad privada para desarrollar proyectos extensivos. Las Zidres están demandas por inconstitucionales, cuestionadas de violar la consulta previa y legalizar la acumulación y el despojo de tierras. (Lea: Nuevo reto para la Corte Constitucional en el tema agrario)

La comunidad de Domo Planas no está exenta de ellas, según las proyecciones oficiales. La Superintendencia de Notariado y Registro señaló en un informe de octubre de 2015 que el Gobierno planea desarrollar estas figuras sobre 2 millones 975 mil hectáreas en la Altillanura, incluyendo a Puerto Gaitán. Adicionalmente, tienen dibujadas seis grandes Pines que se traslapan con los resguardos señalados en el Plan de Salvaguarda Sikuani: Vencedor Piriri, Awalibá y Walianae, El Tigre y Planas, además de Caño Ovejas, La Fuga, Caño Negro y Cachivera de Nare y Nukak-Maku.

Antes de que las Zidres fueran Ley la Procuraduría Delegada Agraria advirtió la necesidad de aplicar la consulta previa y de desarrollar una política pública que respetara los derechos humanos, recordando el Auto de la Corte sobre que los pueblos indígenas de Colombia, entre los del Meta y Vichada, “están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario…” (Lea el concepto de la Procuraduría aquí).

“Lo que queremos es que el Estado entienda que no somos invasores; que reclamamos legítimamente derechos pues hay una deuda histórica con el reconocimiento de nuestro territorio”, comenta un líder de la comunidad.  Ha sido tal el exterminio contra los Sikuani  que ya no realizan el Itomo, como lo explica el Plan de Salvaguarda. Este consistía en una ceremonia la que la comunidad exhumaba los huesos de los muertos, bailaban y hacían que cada generación bebiera las cenizas para su curación.

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Diecisiete campesinos reclaman la restitución de 1.100 hectáreas de tierras en el municipio de Agustín Codazzi, en el Cesar, que tuvieron que abandonar por el conflicto armado. Estas tierras son explotadas por la multinacional Drummond, que desarrolla allí una explotación de carbón en la mina El Descanso. Foto: archivo Semana.De ahora en adelante la Unidad de Restitución de Tierras no tendrá ‘trabas’ para formular y presentar demandas que involucren a grandes empresas mineras. La Corte Constitucional profirió una sentencia el 8 de febrero de 2016 que declaró como inconstitucionales varios artículos del actual Plan Nacional de Desarrollo, entre ellos, el 50, que indicaba que si un predio en restitución se superponía sobre un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (Pine), como por ejemplo una explotación minera, la tierra no podía devolvérsele materialmente a la víctima. (Lea la sentencia aquí)

El artículo 50 era enfático en señalar que para estos casos no aplicaba la expropiación sino la compensación. Es decir, si bien a la víctima no se le iba a restituir el predio original que tuvo que abandonar o que le fue despojado durante el conflicto armado, a cambio, le entregarían un predio en otro lugar, de similares características al que tenía y equivalente en valor comercial.

Para la Corte, que es el máximo tribunal que vela por el cumplimiento de la Constitución Política, esa ‘fórmula’ de la compensación en casos Pines “vulnera el derecho fundamental a la reparación de las víctimas y restringe de manera desproporcionada el derecho a la restitución”. Esto si se tiene en cuenta que la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se basa en los Principios Pinheiro y Deng, que son los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas, y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de forma respectiva, que fueron formulados por Naciones Unidas.

Aunque en teoría la Unidad de Restitución tiene autonomía para documentar las solicitudes de los reclamantes y formular las demandas, una vez tiene vía libre de que existen condiciones de seguridad para hacerlo, desde que el Tribunal de Tierras de Antioquia profirió la primera demanda que ordenó la suspensión de títulos mineros sobre el territorio indígena del Alto Andágueda, los textos de demanda comenzaron a ser sometidos a una especie de ‘filtro’.

Las contradicciones de Santos con la restitución

En agosto de 2015, VerdadAbierta documentó que la Unidad de Restitución creó un equipo llamado Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos e Infraestructura (Amei), constituido por un grupo de expertos enestos temas, para ponerle ‘lupa’ a todos los textos de demanda antes de ser radicados en los juzgados. Esto, en el fondo, para evitar que las demandas fueran en contravía de la ‘locomota minera y agroindustrial’ del Gobierno y la aplicación de figuras como las Áreas Estratégicas Mineras (AEM), las Pines y las recién aprobadas Zonas de Desarrollo de Interés Económico y Social (Zidres).

El caso Drummond, la ‘papa caliente’

Los juicios que decidan qué sucederá con las tierras que reclaman los campesinos y que explota Drummond, serán clave en la jurisprudencia para otros casos que involucran a empresas mineras y agroindustriales. Foto: archivo Semana.Aunque Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución, reiteró que el equipo Amei sólo emite conceptos técnicos, observaciones y recomendaciones en función de cumplir las Leyes ambientales, minero-energéticas y de infraestructura existentes; una circular emitida en mayo de 2015 pone en evidencia que este equipo actúa presuntamente como un ‘filtro’.

En el documento la Subdirección ordena que el Amei debe dar el visto bueno a los “informes de caracterización de afectaciones” antes de ser socializados con las comunidades reclamantes. Estos informes, por ejemplo, son la base de los contextos para formular las demandas de restitución y contienen elementos históricos clave para que los jueces tomen decisiones. (Vea la circular)

De entrada pareciera que el presunto ‘filtro’ fuera solo aplicado a las demandas étnicas, es decir, a las de comunidades indígenas y afrodescendientes que reclaman extensos territorios sobre los que se superponen títulos mineros otorgados por la Agencia Nacional de Minería a empresas nacionales y extranjeras. Pero para el caso campesino esa ‘lupa’ también estaría aplicando.

El ejemplo más contundente y que se mantiene en sigilo porque está en etapa de juicio es la reclamación de 17 familias campesinas de la parcelación El Platanal, en el municipio de Agustín Codazzi, en el Cesar, a la que se opone Drummond, la multinacional de carbón. En la actualidad cursan dos demandas de restitución en el Juzgado Segundo Civil Especializado en Tierras de Valledupar: una que incluye a 16 familias que reclaman 715 hectáreas y otra, la de una familia que reclama 400 hectáreas.

En resumen las 17 familias alegan “despojo” pues argumentan que vendieron sus parcelas a bajos precios en medio del conflicto armado desatado entre guerrillas y paramilitares. Las primeras por ejemplo vendieron en su mayoría en 2001 tras  los asesinatos y desplazamientos provocados por el Frente Juan Andrés Álvarez de las Auc, y la segunda, en 1996 por las constantes extorsiones, robos y hostigamientos del Frente José Manuel Quiroz, del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

En ambos casos las tierras fueron transferidas, tuvieron varios dueños y entre 2008 y 2009 compradas por la multinacional Drummond que aunque tenía el título minero desde 1998 comenzó a desarrollar allí una explotación de carbón a cielo abierto, en la mina que bautizó como El Descanso. Eso significa que allí ya no existen parcelas; lo que hay es un gran cráter desde donde la empresa extrae el mineral.

Mientras los campesinos le piden al Juez que se les reconozca que fueron despojados a causa del conflicto armado; la empresa alega que actuó “de buena fe exenta de culpa”. Pablo Urrutia, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Drummond, le dijo a VerdadAbierta que la empresa hizo el respectivo estudio de títulos para realizar las compras, cumpliendo con todos los requisitos de Ley. Además, “nuestras políticas son claras en la defensa de los derechos humanos. Hicimos parte del grupo de trabajo que formuló el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa”.

Los magistrados de la Corte Constitucional durante una de sus sesiones. Foto: archivo Semana.Quién tiene o no la razón es algo que tendrá que decidir el juez. Pero con la decisión de la Corte Constitucional, la Unidad de Restitución puede ahora elaborar demandas más contundentes. Ricardo Sabogal, director de la Unidad, le reiteró a Verdad Abierta que los textos de demanda que redactan siempre se ajustan a la Ley, representan a las víctimas y solicitan la restitución; en lo que no quiso profundizar fue en los alcances de las pretensiones que venían formulando. Las pretensiones son incorporadas al final de los textos de las demandas. Y estas son una especie de sugerencias, basadas en hechos documentados y pruebas recopiladas, que son puestas a consideración del juez para su decisión de fallo.

En el caso de El Platanal hay dos demandas y las pretensiones formuladas son distintas. La Unidad de Restitución es la que las elabora y radica ante los jueces. Para agilizar estos procesos, la Unidad puede celebrar convenios con organizaciones de derechos humanos expertas en el tema, para que éstas representen a las víctimas en la fase judicial. Eso explica por qué la demanda de los 16 parceleros es presentada por la Unidad de Restitución; y la del caso individual por la Comisión Colombiana de Juristas.

Como fueron redactadas antes de la sentencia de la Corte, ambas demandas sugirieron “la compensación” teniendo en cuenta que la explotación de la mina El Descanso es un proyecto de interés nacional. Esa fue la categoría que le asignó la Agencia Nacional de Minería el 19 de junio de 2013. Un mes después, la Unidad de Tierras “microfocalizó” la vereda El Platanal, es decir, aceptó estudiar las solicitudes de restitución porque ya contaba con el aval de seguridad, y en diciembre de ese mismo año el Gobierno aprobó el Conpes 3762, que fijó los lineamientos de política para el desarrollo de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines).

La diferencia de fondo en las “pretensiones” es que la demanda de la Unidad se limita a sugerir la “compensación” y a solicitar el apoyo de las distintas instituciones del Estado en relación con la atención y las garantías de las víctimas. La de la Comisión Colombiana de Juristas va más allá, pues incluso -sin que para entonces se hubiera pronunciado la Corte- consideraba que el artículo 50 del Plan de Desarrollo era inconstitucional. Y en ese sentido, cuestionó por qué debía dársele prioridad al proyecto minero y no a las víctimas reclamantes.

La Comisión por eso le pide al juez que valore el contexto y las pruebas aportadas, evaluando si la empresa actuó o no de “buena fe exenta de culpa”. Esto porque Drummond ha sido cuestionada e investigada por sus presuntos nexos con el paramilitarismo, después de varias confesiones de ex paramilitares en el proceso de Justicia y Paz. (Lea: Los dos asesinatos por los que investigan a exdirectivo de Drummond, La versión de ‘Samario’ sobre la Drummond y los ‘paras’ y Juez pide investigar a funcionarios de Drummond por caso de sindicalistas)

La Comisión además solicitó además a las autoridades ambientales y a los Ministerios encargados del tema Ambiental y Minero que implemente protocolos y cumpla las normas internacionales para compañías mineras a la hora de trabajar en zonas de riesgo o conflicto armado. Lo anterior teniendo en cuenta que los reclamantes no solo fueron afectadas por la guerra sino por el desarrollo de la explotación minera en sus territorios de origen.

Una vara más alta

Ricardo Sabogal asegura que las demandas que la Unidad de Restitución formula no han estado sujetas a “filtros” sino a conceptos de expertos en los temas ambientales, minero-energéticos y de infraestructura. Foto: archivo Semana.Como estaba la situación antes de la sentencia de la Corte, en casos como el de Drummond, la Unidad se limitaba a sugerir la “compensación’, indicando que si la empresa no lograba probar la “buena fe exenta de culpa”, las tierras pasarían al Fondo de la Unidad con las implicaciones que eso tiene para el proyecto minero. Además la empresa tendría que asumir el costo de la compensación, es decir, el dinero necesario para comprar los nuevos predios que se le deberían entregar a las víctimas.

En caso contrario, si la empresa acreditaba “la buena fe exenta de culpa” conservaría la titularidad de las tierras, no estaría obligada a pagar la “compensación” porque la compañía sería ‘autocompensada’ con esos predios, y sería el Fondo de la Unidad el responsable de aportar los recursos para comprarles nuevas tierras a las víctimas.

Con la reciente decisión de la Corte, el panorama cambia. Las demandas ya fueron admitidas por el Juzgado Segundo de Valledupar y es ahora el Juez quien tiene un reto por delante. En casos Pine, podía ordenar la “compensación”, cual fuera la actuación de la empresa, pero esto ya fue declarado inconstitucional.

Verdad Abierta le preguntó a Ricardo Sabogal sobre que cómo actuará la Unidad frente a la sentencia de la Corte en relación con la formulación de las demandas, y fue enfático en asegurar que seguirá “aplicando la Ley 1448. En caso de imposibilidad de restituir materialmente los predios, aplicaremos los artículos correspondientes”, dijo. Independiente de si están o no en una Pine, el artículo 97 en su último numeral indica que se aplicará la compensación en especie o reubicación cuando el “predio haya sido destruido parcial o totalmente y sea imposible su reconstrucción en condiciones similares a las que tenía antes del despojo”.

Sabogal aseguró que de tener indicios que los “opositores” actuaron de mala fe, sugerirán en las demandas que se ordene la compulsa de copias. “En los procesos hemos logrado 100 compulsas contra funcionarios o personas que se probó que actuaron de forma indebida provocando el despojo de una persona o familia”. Sobre si el grupo Amei seguirá funcionando o no, el Director de la Unidad insistió que existe un “estigma equivocado”, sosteniendo que este grupo de profesionales “capacita a los funcionarios en temas ambientales, minero-energéticos y de infraestructura para que no se cometan errores. Qué la demanda no sea peor que el problema”, afirmó.

Para organizaciones de derechos humanos con trayectoria en el acompañamiento jurídico a comunidades reclamantes de tierras, como la Corporación Yira Castro, el artículo 50 del Plan de Desarrollo era una “desnaturalización a la Ley de Restitución y más en el marco de la justicia transicional en la que deben prevalecer los derechos de las víctimas”. La decisión de la Corte, indican, es un llamado de atención a esas “directrices” que ponían dificultades a la restitución.  

A criterio de la ong, compensar predios a víctimas es sumamente complejo, sobre todo “cuando el gobierno no tiene tierras para ofrecer, varias serán comprometidas en las Zidres” y está el interrogante de si hay dinero para adquirir predios con un alto avalúo comercial, como ocurre con las tierras donde de desarrollan proyectos mineros.

Verdad Abierta le preguntó a Drummond cual sería su postura bajo los dos escenarios hipotéticos que se puedan derivar del fallo de restitución del juez, pero Pablo Urrutia, vocero de comunicaciones de la compañía, reiteró que difícilmente la empresa puede pronunciarse pues desconoce el contenido completo de la sentencia. “Hasta ahora lo que se ha publicado en medios se basa en un comunicado de la Corte”, indicó.

Las sentencias de restitución étnica del Alto Andágueda, en Bagadó, Chocó que favorecieron a los indígenas Emberá-Katíos, y la que le dio la razón al Consejo Comunitario Renacer Negro, en Timbiquí, Cauca, levantaron ‘ampollas’ en la Agencia de Minería y empresas nacionales y extranjeras. Los jueces ordenaron suspender los títulos de concesión minera en estas zonas. Foto: archivo Semana.Este medio de comunicación quiso conocer la opinión de la Agencia Nacional de Minería pero Silvana Habib, presidenta de esta institución, informó por medio de la Oficina de Prensa que sobre el tema Pines no podían dar declaraciones, pues el autorizado era Presidencia. En varias ocasiones, este medio intentó comunicarse entonces con la ministra María Lorena Gutiérrez, pero no obtuvo respuesta.

Otra oenegé, también con experiencia en la asesoría jurídica a comunidades reclamantes, analiza la decisión de la Corte no sólo en relación con los efectos que tiene en restitución sino también en cumplimiento del derecho constitucional de la salud. Para la Corporación Tierra Digna, la institucionalidad carece de respuestas claras, porejemplo, sobre la necesidad e importancia de sanear los predios reclamados y explotados por la minería.

Para la oenegé, el Estado debe hacer un esfuerzo por analizar los efectos de la minería de una forma más completa. Con la decisión de la Corte, el Gobierno y los jueces están obligados a ponerle los “ojos”a los predios reclamados en restitución versus minería legal; pero no a los efectos sobre otros territorios y comunidades donde estas empresas también tienen actuación.

Tierra Digna advierte que Drummond explota desde hace más de 20 años la mina La Loma, en predios de los municipios de Becerril y la Jagua de Ibirico, vecinos a Agustín Codazzi, generando un impacto ambiental. Los campesinos originarios de las poblaciones Boquerón, Plan Bonito y Atillo han denunciado que por razones del impacto ambiental del proyecto han tenido que desplazarse hacia otras zonas. La multinacional cuenta con el título minero aprobado desde 1988 hasta el año 2019 y ya solicitó al Consejo de Estado su visto bueno para ampliar la vigencia.

El Consejo de Estado dio vía libre pero Drummond necesitará de una licencia ambiental que es aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). A la compañía le exigen presentar en audiencia pública los impactos que tendrá esa prórroga. En diciembre de 2015 fue la reunión preparatoria de la audiencia; en enero pasado, la audiencia formal y la Anla está próxima a pronunciarse.

Sobre cómo y bajo qué condiciones se realizaron tanto la reunión preparatoria como la audiencia pública ambiental, hay versiones encontradas. Tierra Digna sostiene que el procedimiento ambiental mediante el cual Drummond planea seguir explotando el carbón del Cesar es irregular. Esto, porque según la oenegé, la empresa no presentó un informe sobre el impacto “acumulado” que generará el proyecto minero si su actual licencia es prorrogada, pues desde hace 20 años allí hay explotación.

Según Tierra Digna, el mismo estudio presentado por la empresa se construyó sobre la aplicación de unos estándares de contaminación declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional en 2013 y que el Gobierno debía modificar desde entonces. Para la oenegé, el lenguaje con que se informó fue “técnico” y solo sujeto a la perspectiva de la empresa, sin generar mecanismos comunicativos adecuados hacia la población rural a la cual iba dirigida; además de que el tiempo otorgado a la comunidad y ciudadanía durante la audiencia pública fueron insuficientes dificultando análisis equilibrados.

“Anla ha emprendido el análisis de esta solicitud de la empresa aun ante el hecho de que el proyecto que quiere ampliar Drummond es uno de los responsables del “reasentamiento involuntario” de tres poblaciones en el centro del departamento por razones de contaminación, lo cual complejiza la dinámica de expulsión y de desplazamiento de personas de sus territorios”, agrega Tierra Digna.

Otra es la versión de la compañía. Pablo Urrutia, de la Drummond, asegura que cumplieron con todos los trámites y que de la reunión informativa de diciembre “90 por ciento de las personas dijeron estar satisfechas con lo que explicó la compañía”.

A criterio de las oenegés, la situación de Drummond en el departamento de Cesar es una oportunidad para que las autoridades adopten medidas de fondo sobre la dinámica del conflicto armado, sus beneficiarios, los riesgos de consolidación del despojo en el país y frente a formas más invisibles, pero igual de lesivas, de desplazamiento forzado.

La sentencia la Corte le pone una ‘vara’ más alta a la Unidad de Tierras en la formulación de las demandas de restitución, pero sobre todo a los jueces que, excepto sobre los casos del Andágueda y Timbiquí, no se han pronunciado sobre casos que involucren a grandes empresas del sector de infraestructura o minero-energético. No es un secreto, como ya lo ha documentado Verdad Abierta, que estos funcionarios trabajan bajo alta presión, algunos temerosos sobre lo que ordenen. Cualquier fallo próximo, marcará sin duda una nueva jurisprudencia en casos tan complejos como el de Drummond.

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Foto: Astracatol.A finales de 2014 más de 100 campesinos de  los municipios de Planadas, Rio Blanco, Ataco, San Antonio y Chaparral se reunieron en la plaza Manuel Murillo Toro de Ibagué para  realizar la asamblea de impulso de la Zona de Reserva Campesina del sur del Tolima. Allí, junto con el senador Iván Cepeda, manifestaron la necesidad de fomentar el desarrollo  y la estabilización de la economía campesina en esta región,  una de las más estigmatizadas por el conflicto armado.

La propuesta inicial por parte de los labriegos era que existiera un solo territorio que conectara a estos cinco municipios del sur del departamento, la mayoría de ellos productores de café, yuca y  papa. Sin embargo, estas zonas están atravesadas, en algunos puntos,  por  terrenos de parques naturales nacionales  como el del Nevado del Huila  y  Las Hermosas,   donde quedan ubicados los resguardos indígenas Las Mercedes  y Nasa Wes’ X,  hecho por el cual es ilegal la construcción sobre dichos asentamientos.

De esta manera quedaron delimitadas tres zonas, la primera en Planadas, otra entre Ataco y Rio Blanco y una última entre Chaparral y San Antonio. Territorios sobre  los cuales los campesinos piden que se  implemente un mercado común, se creen planes para solucionar los problemas respecto a la tenencia de la tierra y se fomente un espacio de trabajo conjunto entre las entidades gubernamentales y las comunidades campesinas.

Hay que recordar que la Ley 160 de 1994, o Ley de Desarrollo Rural, contempla la creación de estas zonas  para  superar las causas de los conflictos sociales y crear condiciones para lograr la paz, no obstante, el Incoder, que se encuentra en liquidación, en más de 20 años solo aprobó la constitución de seis  y dejó en trámite  alrededor de 10.

Situación que, a juicio de las organizaciones campesinas, se debe al desconocimiento que hay sobre el alcance del desarrollo económico que puedan generar y el  estigma que se ha creado alrededor de esta figura, ya que desde sectores políticos se ha señalado a estas zonas como focos del poder de la guerrilla.

Vea el mapa de las ZRC ya constituidas

Según voceros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (Atracatol), una de las organizaciones que impulsa la constitución de la figura,  la importancia recae en la necesidad de formalizar los mercados campesinos existentes en las veredas de algunos de  los municipios. “Si nosotros producimos varios productos como  el queso, la yuca y el café, que son vendidos a un costo mayor en las cabeceras municipales, podemos asociarnos y formar una comunidad productora y consumidora”, aseguró Ernesto Soto, vocero de la organización.

La implementación de esta “economía solidaria”, como la denominan, se ha realizado en veredas del municipio de Planadas,  donde  han logrado que a partir de pequeños mercados informales de campesinos se intercambien alimentos con otras veredas o se vendan a un menor precio. Esta forma de organización ha sido implementada a partir de los ejemplos de algunas Zonas de Reserva Campesinas ya constituidas, como es el caso de la del Valle del Rio Cimitarra.

Allí, cerca de 25 mil familias de los municipios de Yondó y Remedios, en Antioquia, y de Cantagallo y San Pablo, Bolívar, habitan en 184.000 hectáreas donde desarrollan  proyectos productivos de panela, ganado, arroz y búfalos. Desde 1996 y durante los años más duros de la guerra tanto ‘paras’ como guerrillas permitieron que el territorio fuera manejado por las comunidades campesinas, siendo una muestra de cómo este tipo de proeycto sí genera desarrollo económico y social.

Puerto Matilde: la vida en una zona de reserva campesina

Sin embargo, el conflicto armado en Tolima dejó huellas que hoy en día, pasadas cuatro décadas, aún no se han podido superar. Según la Unidad de Víctimas la disputa entre los actores armados por el control del territorio dejó a  más de 181.000 personas afectadas, de las cuales solo  1.135 de ellas han recibido reparación por sentencias y, a pesar de ser el segundo departamento con más fallos en restitución de tierras proferidos en el país, falta el 63% del departamento por intervenir, como dejó conocer la Unidad de Tierras en el boletín del octubre del año pasado.

¿Tierra a nombre de quién?

Foto: archivo Semana.“No se puede decir que en el departamento todos viven en la tierra que nacieron. Acá en varios años hubo desplazamientos internos del norte hacia el sur y del sur al norte. Unos corrieron desplazados por los paramilitares otros por la guerrilla de las Farc, llegamos a nuevas tierras donde hicimos nueva vida. Como yo, que sin ser de Rio Blanco vine a dar acá porque las Auc sacaron a mi familia del Líbano”, comentó María Cano, una campesina de 75 años de edad que asegura vivir en una propiedad sin títulos de adjudicación y que se encuentra dentro de los límites de lo que los campesinos han propuesto como Zona de Reserva Campesina.

Como esta, son varias las historias que se escuchan en el sur del departamento, la mayoría campesinos no tienen documentos de propiedad. Problema que tuvo origen en el desarrollo del conflicto, que desde 1985 generó el desplazamiento forzado de 177.000 personas  de acuerdo con las cifras de la Unidad de Victimas.  Muchos de ellos se desplazaron al interior del departamento, ocupando nuevas zonas baldías o que pertenecían a antiguos propietarios que también tuvieron que salir  de la tierra.

Maribel Oviedo, representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) del departamento del Tolima, asegura  que la formalización de la tierra en la región se ha convertido en uno de los mayores problemas para continuar con la adjudicación. “Han pasado varias Gobernaciones y Alcaldías sin que se resuelva lo de la titulación, el problema recae en la tenencia histórica de la tierra, ¿cómo aseguran que no es de uno?, incluso hay territorios en los que el Estado no ha alcanzado a llegar o lo hizo hasta hace muy poco, entonces ¿cómo se formalizan los predios?”, dijo Oviedo.

La situación es tal que, según datos de la organización, alrededor del 80% de los predios que pretenden trasformar en Zona de Reserva no tienen títulos de propiedad, lo cual a la hora de iniciar el proceso de legalización se exige su formalización. Situación que se repite en otras zonas del país donde se ha pretendido instaurar esta figura y se ha tenido inconvenientes dentro de su constitución por el  uso y la tenencia de la tierra.

¿Habrá Zonas de Reserva Campesina en Valle y Cauca?

A ello se suma que desde el inicio del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”,  la política minero energética se priorizó en el departamento, es decir se ampliaron las zonas a intervenir y los proyectos a desarrollar, entre ellos y uno de los más ambiciosos, el de La Colosa.

El representante a la Cámara Ángel María Gaitán ha denunciado que la compra de hectáreas  por parte de Anglogold  Ashanti sigue afectando a los campesinos. “Se han entregado títulos que corresponden a zonas de reserva forestal, lo cual es un daño al medio ambiente”, explicó Gaitán.

A la fecha, laAlcaldía de Ibagué asegura que existen 98 títulos para exploración y explotación minera, 67 de ellos pertenecientes al municipio y cerca del 30% concesionado a multinacionales.

Señalan los campesinos que otro de los problemas se ha generado por el continuo acceso de las hidroeléctricas al territorio, que no solo han afectado a la naturaleza sino también al desarrollo de las comunidades. “Para nosotros no es posible que siendo esta una región agrícola la vayan a convertirla en una zona productora de energía. No les bastó con el ejemplo del 2014 cuando parte del rio del Cañón de las Hermosas se secó por la instalación de una represa para ahora venir a plantear más de estos proyectos en Planadas y Rio Blanco”, aseveró Ernesto Soto.

Como lo deja ver el mapa, las tres Zonas de Reserva que piden los campesinos tienen cruces tanto con proyectos minero energéticos, resguardos indígenas y zonas de Parques Naturales. De igual manera con el proceso que adelanta la Unidad de Tierras en el departamento ha sido priorizado y se han regresado 3.500 hectáreas, en 206 sentencias,  las cuales han beneficiados a más de 600 personas, sobre las cuales también se presentan curces con las zonas propuestas.

Lo cierto es que la  situación de la posesión de la tierra ha generado un nuevo conflicto de intereses que ha ido en aumento, y que tras el inicio de la liquidación del Incoder, va a quedar en manos de la recién creada de la Autoridad Nacional de Tierras (ANT), la cual deberá suplir los vacíos que dejó la anterior institución y responder, en la medida que respecte,  a lo acordado en La Habana. Por ahora, en el Tolima varias comunidades han construido redes de economía campesina.

Un punto geográfico para el  posconflicto

Foto: VerdadAbierta.com.Hablar de los orígenes de la violencia en el sur del Tolima no es tema del pasado, son varios los municipios en los que  los campesinos siguen preguntando por carreteras, salud, educación y vivienda, las mismas necesidades que hace 50 años hicieron detonar la guerra. El corregimiento de Gaintania, en Planadas, que limita con el Huila y Cauca,  es ejemplo de ello. Solo hasta el año pasado una comisión del gobierno entró por primera vez en el territorio para hablar con los campesinos y conocer las repercusiones del abandono estatal.

“Durante tantos años no nos ha servido de mucho ser productores de café, tener buena tierra para cultivar porque no tenemos los recursos para sacarlos, es decir no tenemos un buen flujo económico, lo cual genera el atraso de ciertos corregimientos”, aseguró Duvier Buitrago un campesino del municipio de Rio Blanco.

Las cifras respaldan la preocupación, a diciembre de 2015 solo se habían construido 83 kilómetros de carretera, y las vías secundarias y terciarias, a cargo de la administración local, no estaban en buen estado. “Hay  trayectos en los que nos gastamos más de 4 horas en mula para llegar a nuestras fincas, como pasa en algunas veredas de Gaitania, el acceso es tan complicado que a vecestoca irse a pie”, comentó un campesino de la región.

Las Farc y el gobierno acordaron dentro del primer punto de los diálogos de paz, “Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”,  que ahora es el Estado el que debe promover el acceso a la tierra y la planificación de su uso en las Zonas de Reserva Campesina. Es decir que  casos como  el del sur del Tolima, el Valle, Cauca, Meta y Montes de María, deben  ser promovidos por la recién creada, Autoridad Nacional de Tierras (ANT), la cual será la encargada de delimitar las zonas y formalizar el proceso de adjudicación.

César Jerez, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, explicó que “estos espacios de construcción de paz son el escenario adecuado para que en todo el territorio nacional  logre la sustitución de los ingresos  provenientes de los cultivos de uso ilícito, lo cual generaría un control de las áreas protegidas y detendría la expansión de la frontera agrícola”. El jefe de la organización agregó que si el gobierno hubiese cumplido la Ley 160 serían muchas zonas de país en las cuales un nuevo sustento económico alternativo estaría generando desarrollo para la nación.

La ANT deberá estudiar más de 10 solicitudes en proceso de formalización y otras cinco, que están en la fase  inicial de audiencia pública. Por ahora, mientras se pone el vigencia lo acordado en La Habana, los campesinos seguirán trabajando en estas zonas bajo la informalidad pero con la necesidad de que el gobierno las apruebe para formalizar el desarrollo económico como en el caso de la Zona de Reserva Campesina en Puerto Matilde.

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El Caso de la hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar, es un proceso agrario que pone en evidencia las dificultades sobre el aterrizaje de la llamada paz territorial. Foto archivo Semana.

La historia de la antigua hacienda Las Pavas parece una de nunca acabar.  Pese a que desde hace 10 años la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) le ha entregado pruebas al Estado de que la tierra que han trabajado por años y que ahora reclaman, son terrenos de la Nación, el gobierno no ha recuperado legalmente los predios, que también son reclamados por una empresa palmífera.

El caso de esta hacienda muestra los complejos procesos a los que se ven enfrentados los campesinos que reclaman tierras baldías, como se les llama a los predios que pertenecen al Estado.  Estos terrenos son un elemento clave en el acuerdo al que llegaron el gobierno y las Farc, ya que representan el principal aporte de la Nación para constituir un banco de tierras al que puedan acceder los labriegos más pobres del país.

Pero la historia de Las Pavas muestra lo difícil que ha sido para el Estado determinar si un predio le pertenece. Para entender el galimatías judicial de esta hacienda hay que comenzar explicando que existen dos procesos, con los que por razones diferentes, el gobierno ha intentado recuperar las 3 mil hectáreas del predio:  1.300 de ellas por la no explotación económica de su antiguo dueño, pues abandonó las tierras en los años 90; y otras 1.700 hectáreas porque ese mismo dueño no pudo acreditar títulos de propiedad, lo que significa entonces que son presuntos baldíos, tierras de la Nación que deben volver al patrimonio nacional.

Desde el año 2006los campesinos solicitaron la extinción de dominio ante el Incoder de las 1.300 hectáreas pero este aún sigue suspendido, pues quien tiene la última palabra es el Consejo de Estado, el máximo tribunal que resuelve los pleitos entre particulares y el Estado. En abril de 2015 fue celebrada la primera audiencia, pero fue aplazada para el 10 de febrero de 2016, fecha que acaba de ser recientemente suspendida.

En 2010 los campesinos de Asocab solicitaron un segundo proceso al Incoder, el de clarificación de baldíos sobre las otras 1.700 hectáreas. El Instituto encontró que los terrenos efectivamente eran de la Nación, pero como la empresa que alega propiedad sobre esta hacienda solicitó una revisión de dicha decisión ante el Consejo de Estado, el proceso quedó en veremos al igual que el registro de los predios como baldíos.

El caso de Las Pavas en conclusión es un proceso agrario en el que intervienen tres actores. De un lado el Estado, que tiene la obligación de recuperar su patrimonio; y del otro, Aportes San Isidro S.A., una empresa de palma de aceite que alega ser la propietaria de las 3 mil hectáreas. En medio están los campesinos, que tratan de cultivar en los predios de la antigua hacienda que fue abandonada en los años 90, de la que fueron desplazados en el año 2003 por paramilitares y que desde su retorno en 2006 han tenido que soportar desalojos policivos, quema de sus cultivos y ranchos, amenazas, señalamientos y una larga espera en los trámites oficiales.

La complejidad de esta historia no sólo radica en los múltiples términos agrarios y jurídicos, sino en las decisiones contradictorias del Incoder y de la demora en los estrados judiciales. Es un caso, que pese a que hace seis años fue seleccionado como “piloto” de recuperación de baldíos en el país, deja abiertos tres grandes interrogantes a la luz de las expectativas generadas por los acuerdos de La Habana.

“Confiamos en que la Ley opere en justicia”, dice animado Misael Payares, un líder de Las Pavas, que aunque a sus 68 años vive con un esquema de seguridad y ha sobrevivido –al igual que su comunidad- a diversos atropellos, confía en que un día muy cercano los campesinos puedan trabajar las tierras en paz. “El Estado tiene un compromiso con el pueblo campesino, que es el que produce y ha producido los alimentos del país. La justicia no tiene grietas; las grietas están en el ser humano que la administra. Confiamos en los funcionarios que estudian nuestro caso y que este país cambie para el bien de nuestros hijos y nietos”, dice Payares.

La antigua Hacienda Las Pavas tiene 3 mil hectáreas y sobre ellas hay dos procesos agrarios. Uno de extinción de dominio sobre 1.300 hectáreas y otro de recuperación de baldíos de 1.700 hectáreas. Foto archivo Semana.

¿Qué pasó y qué sigue sucediendo en Las Pavas?

Las Pavas es una antigua hacienda ubicada en el municipio de El Peñón, en el sur de Bolívar, cuyo ‘dueño’ original fue Jesús Emilio Escobar. ‘Dueño’, porque su propiedad sobre las 3 mil hectáreas es lo que está puesto en duday es revisado por el Consejo de Estado. En 1997 Escobar abandonó la hacienda ganadera y un grupo de 123 familias campesinas llegó a cultivar las tierras con alimentos de consumo básico familiar, conocidos como pancoger.

En 2003 las familias fueron desplazadas por paramilitares del Bloque Central Bolívar,que tenían una base en el corregimiento de Papayal, aledaño a las tierras. Los campesinos salieron expulsados y sólo pudieron retornar en 2006, una vez las Auc se desmovilizaron en esta región ese año. A su regreso, las familias organizadas en Asocab le solicitaron al Incoder comenzar un proceso de extinción de dominio, pues Escobar había abandonado las tierras, ellos eran los que las estaban explotando económicamente desde hacía varios años y buscaban que les fueran adjudicadas.

La Ley Agraria indica que “la extinción de dominio por inexplotación económica” aplica desde el momento en que una familia o comunidad prueba que el terreno no fue explotado por lo menos tres años antes de que ellos llegaran allí a cultivar. Y los campesinos tenían pruebas que lo habían trabajado entre 1997 y 2003. El Incoder aceptó comenzar el proceso de extinción y, según las denuncias presentadas por Asocab a las autoridades, apareció Escobar con un grupo armado que los desplazó por segunda vez de las tierras.

Mientras las familias se resistían a abandonar del todo el trabajo de tantos años, Escobar negociaba las tierras. En marzo de 2007 fue hasta la Notaría 9 de Barranquilla y allí transfirió los predios de la antigua hacienda a dos empresas: C.I. Tequendama S.A., filial del grupo Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano, con el 50 por ciento; y Aportes San Isidro S.A., de propiedad de José Ernesto Macías, con el otro 50 por ciento.

Los años que vinieron fueron de mucha tensión. Los campesinos fueron desalojados en el 2009 con un desalojo policivo; en 2010 el Incoder y el Ministerio de Ambiente advirtieron sobre los impactos que estaba generando los cultivos de palma sembrados por las empresas desde 2007, y Asocab solicitó ese mismo año al Incoder que comenzara un proceso de clarificación de baldíos. En 2011 una fiscal de Cartagena negó la condición de desplazamiento de los campesinos, avalando un testimonio que los tiltaba de “guerrilleros”; la Corte Constitucional ordenó la reapertura del  proceso de extinción y en medio del escándalo, la familia Dávila Abondano le vendió su 50 por ciento de las tierras a San Isidro. Esto porque en Europa les cerraron las puertas a la exportación de aceite que usaban la elaboración de cosméticos.

En Las Pavas sí hay víctimas 

La Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, que asesora jurídicamente a la comunidad campesina, documentó que Jesús Emilio Escobar englobó a principios de los años ochenta 3 mil hectáreas, de las cuales sólo 1.300 habían salido del patrimonio del estado mediante adjudicación a parceleros en los años 70. Por eso de fondo, existen dos procesos agrarios: el de extinción de dominio, que comenzó en 2006, y aplica sobre los predios Las Pavas, Peñalosa y Si Dios quiere (estas 1.300 hectáreas).. Y el otro proceso, el de clarificación de propiedad que comenzó en 2010, y que aplica sobre el resto de las tierras que fueron registradas con falsa tradición pues no hay ningún título que soporte que estos predios han salido del patrimonio del Estado, y en ese sentido son considerados como baldíos de la Nación.

Los dos procesos están en el Consejo de Estado porque el opositor, en este caso la empresa San Isidro, tiene derecho a que las decisiones del Incoder sean revisadas por un máximo tribunal. Durante los últimos años en términos de seguridad la situación no ha mejorado para los campesinos de Asocab, que han denunciado que el personal de “seguridad” contratado por la empresa los ha intimidado y les restringe el paso por las tierras. En diciembre pasado, por ejemplo, les bloquearon el camino para cavar un pozo para garantizar el suministro de agua, necesario para el sostenimiento de sus sembradíos.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación) tiene la responsabilidad de recuperar los baldíos, que hacen parte del patrimonio de la Nación. Esta institución, como lo determinó el mismo Gobierno, no ha sido eficaz en esta tarea. Foto archivo Semana.

¿Es viable el punto agrario de La Habana?

El agrario fue el primero de los seis puntos de la mesa de negociaciones que fue acordado. En mayo de 2013, las partes coincidieron en la necesidad de implementar una política de desarrollo agrario integral, que entre muchas cosas reconoce la necesidad de formalizar la propiedad rural y dotar de tierras a comunidades que carecen de ellas, como el campesinado. El Gobierno y las Farc aceptaron que la falta de acceso a la tierra hace parte de la médula del conflicto armado colombiano, como lo documentaron varios de los académicos que integraron la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

En el punto agrario se acordó la importancia de que la institucionalidad rural promueva en el campo el desarrollo social, el estímulo a la producción agropecuaria, la formalización laboral y se realice el catrastro rural. Quienes pueden poner en marcha esas promesas son las instituciones de lo rural, pero a juicio del abogado Juan Felipe García, de la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Javeriana, “pareciera que Incoder no quisiera hacer una defensa técnica del Estado, garantizándole recuperar ese patrimonio que son los predios baldíos”. Por el contrario, explica García, el Subgerente de Tierras del Incoder ha dado declaraciones a los medios de que emitirá resoluciones para dejar sin piso jurídico varias decisiones previas que tomó el Instituto en relación con esa recuperación de baldíos.

VerdadAbierta.com documentó que esto mismo sucede con la Bellacruz hoy Hacienda La Gloria, en el sur del Cesar, una antigua propiedad de 5 mil 500 hectáreas en la que el Incoder encontró también predios de origen baldío y cuyo caso es estudiado ahora por la Corte Constitucional, tras una tutela presentada por los campesinos organizados en Asocol. En febrero de 2015 el Subgerente de Tierras [Carlos Ignacio Carmona] firmó una resolución con la que eliminó la vigencia de otras dos resoluciones de 1990 y 1994 del Incora, con las que comenzó el proceso de clarificación e identificación de baldíos. Terminó de echar para atrás el proceso agrario con otra resolución de noviembre, anulando otras resoluciones de 2011 y 2013.

Los puntos suspensivos del caso Bellacruz

El Gobierno de Juan Manuel Santos aceptó públicamente que el Incoder es ineficaz. El 7 de diciembre ordenó su liquidación -que será hasta diciembrepróximo-, creando en su reemplazo cuatro nuevas instituciones: la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Renovación de Territorio (ART), el Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural y el Consejo Superior de la Administración para la Restitución de Tierras.

Pero lo que le preocupa a varias organizaciones sociales y académicos, es la incertitumbre de si estas instituciones en realidad resolverán el problema histórico agrario del país o por el contrario, favorecerán “la legalización de la acumulación de predios baldíos” y la minería legal a gran escala. El sigilo con el que el Ministerio de Agricultura formuló los decretos de estas nuevas instituciones fue interpretado como que éstas están pensadas para aplicar varios instrumentos que el gobierno aprobó como las Zonas de Interés de Desarrollo Rural (Zidres), los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) y las Áreas Estratégicas Mineras (AEM).

Las sentencias de restitución por procesos de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se han concentrado en la formalización de tierras, en caso de abandono, o en despojo cuando los victimarios son claramente reconocidos, están extraditados, son narcotraficantes o ya están muertos. Estas decisiones no han ahondado en casos que relacionen empresas. Foto archivo Semana.

¿Es fácil recuperar baldíos? ¿Y para quién?

El caso de Las Pavas, seleccionado por el mismo gobierno como “emblemático”, demuestra que recuperar baldíos no es una tarea fácil. También las decenas de casos en otras regiones del país. Desde el 2012 la Contraloría Agraria advirtió en un informe que sólo en Meta, Casanare y Vichada hay 215 mil hectáreas de predios de origen baldío acumulados de forma irregular por agroindustrias. Sin embargo, durante los siguientes años no fue evidente una gestión expedita de parte del Incoder por recuperarlos

El pronunciamiento que acaba de hacer el Consejo de Estado frente al tema de baldíos de Las Pavas pone en aprietos al Incoder. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo recordó que la sentencia C-623 de 2015 de la Corte Constitucional está vigente. Esta sentencia ordena que una vez el Incoder tome decisiones relacionadas con predios baldíos y extinciones de dominio, de inmediato solicite su registro en folios de matrícula inmobiliaria sin que tenga que esperar que éstas pasen por el Consejo de Estado.

Con esta sentencia, el Incoder tiene la obligación de solicitar la inscripción de baldíos en el registro y el opositor, en este caso San Isidro, tiene 15 días hábiles para solicitar una medida cautelar que suspenda ese trámite. Pero el Incoder venía desconociendo la orden de la Corte. El 30 de diciembre de 2015, por ejemplo, le contestó a la Clínica Jurídica que no podía inscribir los baldíos de Las Pavas porque como instituto estaban en proceso de liquidación.

Otra pregunta abierta es ¿para quién recuperar los baldíos? Hasta antes del 17 de diciembre, la Ley 160 de 1994 garantizaba que los predios de origen baldío debían ser titulados a comunidades sin tierrra, como campesinos o comunidades étnicas. Pero en la madrugada de ese día el Senado aprobó en plenaria el cuestionado Proyecto de Ley 223, con las que fueron creadas las Zonas de Interés de Desarrollo Rural (Zidres) y que ya fueron sancionadas por el Presidente hace menos de diez días.

Las Zidres acaban con la figura de Unidad Agrícola Familiar (UAF), que era la porción de tierra de origen baldío que el Estado determinaba –según la productividad de cada región- quepodía ser titular a una familia campesina sin tierra. La Ley 160 prohibía acumular UAF; las Zidres sí lo permite. Al momento en que el Gobierno seleccione una región como Zidre, allí los empresarios deberán establecer alianzas con campesinos para desarrollar proyectos agroindustriales. Para las comunidades, esto no es otra cosa que la legalización de la acumulación de baldíos y del despojo.

Las contradicciones del Estado sobre el tema de baldíos, y El revés del Ministerio del Interior y las Zidres

¿Por qué Las Pavas no está en restitución?

Aunque el caso de Las Pavas no está solicitado en restitución por la Ley 1448 o de Víctimas y Restitución de Tierras, las razones de por qué no se tramita por esta vía deja pensando más retos para la implementación de los Acuerdos de Paz. Si Las Pavas estuviera en restitución, por ejemplo, estaría blindado de alguna forma porque la Ley Zidres promete que estas Zonas no se desarrollarán en tierras reclamadas por Ley 1448.

Pero la Clínica Jurídica ha argumentado que mientras no exista microfocalización por parte de la Unidad de Restitución de esta zona es necesario continuar con el proceso agrario por la vía ordinaria. La micro y la macrofocalización son un requisito en los procesos de restitución y estos dependen de que exista un aval “de condiciones de seguridad” por parte de los Ministerio del Interior y de Justicia. En Casanare, por ejemplo, pululan los casos de despojo pero los municipios de este departamento no tienen aún dicho requisito.

Otra razón de peso es que la Clínica Jurídica demandó la constitucionalidad del artículo 99 de la Ley de Víctimas. Este indica que si un predio está solicitado en restitución, allí hay un cultivo agroindustrial y quien lo explota prueba “la buena fe exenta de culpa”, el juez podrá ordenar que el empresario celebre contratos de arrendamiento de la tierra con los campesinos. Para los abogados, el artículo viola la Constitución porque los contratos deben ser de carácter voluntario, además de que la orden limita el uso del suelo.

A pesar de que la Corte determinó en la sentencia C-820 de 2012 que el artículo es constitucional, argumentando que la entrega del proyecto productivo y su explotación se realizarán con el consentimiento de la víctima restituida; el fallo no es claro en qué sucede si la víctima se niega a continuar con el proyecto agroindustrial.

Desde que comenzó la implementación de la Ley de Víctimas en 2012, VerdadAbierta no ha encontrado que los jueces de restitución hayan emitido sentencias en las que los opositores sean agroindustrias. Como lo han venido señalando diversos informes y estudios de oenegés y académicos, como Amnistía Internacional y el Observatorio de Restitución y Regulación en Derechos de Propiedad Agraria, gran parte de los casos presentados por la Unidad corresponden a formalización de predios, pues las historias de origen son de abandono, y cuando han sido de despojo es porque estos se concentran en historias en las que los propietarios son los mismos victimarios, que casi siempre están muertos, extraditados o son reconocidos claramente como actores armados ilegales. Estoúltimo, como por ejemplo el caso de Santa Paula, en Córdoba.

VerdadAbierta llamó al Incoder para solicitar su versión frente a las actuaciones en el caso de Las Pavas, pero la Oficina de Prensa informó que el Subgerente de Tierras, Carlos Ignacio Carmona, debía enterarse de lo sucedido en la audiencia ante el Consejo de Estado pues él no estuvo en la diligencia. El Incoder aseguró que se pronunciará esta semana al respecto. Este medio también se contactó con la empresa Aportes San Isidro S.A., que tiene su sede principal en Barranquilla y la secretaria que atendió la llamada quedó de confirmar si José Ernesto Macías daría declaraciones sobre el caso.

Aunque Misael Payares y las familias de Asocab guardan la esperanza, su periplo es como el ‘termómetro’ que mide la temperatura en un país enfermo que no se quiere dejar morir.

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El Ejército de Liberación Nacional (Eln) delinquió en Rionegro con el Frente Claudia Isabel Escobar Jérez. Fueron responsables de que muchas familias abandonaran sus fincas en los años 80 y 90 por las recurrentes extorsiones, amenazas y asesinatos. Foto: archivo Semana.Hasta hace menos de un año la información que existía sobre la historia del conflicto armado en este municipio, que está en el norte del departamento de Santander y es punto de partida en la vía que conduce hacia el mar Caribe, se concentraba en la violencia perpetrada por los paramilitares del Bloque Central Bolívar, Bcb, con su frente Sur Bolívar.

Entre 1999 y 2006 el municipio era ‘tildado’ de ser un centro de operaciones de las autodefensas, pero no era el único actor armado que había delinquido en la zona. Cuatro sentencias de restitución proferidas durante 2015 por el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga y el Tribunal de Tierras de Cúcuta, documentan en minucia los crímenes y la historia de otro protagonista del conflicto en la región, del que poco se ha escrito: las guerrillas.

En los fallos, soportados en documentos y testimonios de víctimas de la zona, queda en evidencia la barbarie con la que actuaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Popular (Epl) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la segunda guerrilla activa del país y que según los anuncios del Gobierno Nacional, está próxima a sentarse en una mesa de negociación de paz.

En todas las decisiones, jueces y magistrados ordenaron la restitución de las fincas a las familias que fueron desplazadas, pero éstas pidieron que se les compensara con un predio de similares condiciones en otra región, argumentando que la tierra original les recuerda la tragedia o que el miedo persiste pese a que el conflicto mermó. Durante el desplazamiento y en medio de la necesidad, agravada en algunos casos por las deudas adquiridas con bancos, algunas familias decidieron vender sus parcelas y otras aseguran que fueron obligadas a ponerlas en venta. Como los predios fueron comercializados con el paso de los años, en gran parte de los casos, los jueces decidieron aceptar la “buena fe excepta de culpa” de los actuales propietarios de las fincas abandonadas.

VerdadAbierta.com reconstruye algunas de las historias de abandono provocadas por el Eln, una guerrilla que tuvo sus orígenes en el municipio de San Vicente de Chucurí, en Santander, y que sigue teniendo una presencia en varios pueblos del Magdalena Medio. En las historias se omiten los nombres reales de las víctimas como una forma de garantizar su seguridad.

El conflicto y el abandono del sur de Bolívar

“Le hicieron ‘consejo de guerra’ a mi mamá”

A la familia Mantilla* las guerrillas la hostigaron durante una década. El padre había comprado a principios de los años 80 una finca para cultivar alimentos y pasar los fines de semana junto a sus hijos. Las posibilidades de vivir y visitar su propia tierra se comenzaron a poner difíciles en 1985 cuando por la vereda Cuesta Rica comenzaron a rondar guerrilleros con diferentes brazaletes: Eln, Epl y las Farc.
Según lo documentaron investigadores de la Unidad de Restitución que acopiaron pruebas para presentar el caso ante el juez, en ese mismo orden fue que llegaron estas guerrillas a Rionegro. En los años 60, lo hizo primero el Eln con el Frente Claudia Isabel Escobar Jerez que delinquió en los municipios del nororiente del departamento, además de Rionegro, en El Playón, Suratá, California, Matanza, Vetas y Tona, en la provincia de Soto. Luego lo hizo el Epl con el Frente Ramón Gilberto Barbosa, y una década más tarde, las Farc, con el Frente 20 que además hizo presencia en Suratá, Lebrija, El Playón, Sabana de Torres y Puerto Wilches.

El 22 de septiembre de 1987 Pedro Mantilla* le pidió a su hijo que fuera a la finca a apoyarlo en las labores del campo. Ese fue el último día que Andrés* vio a su padre vivo pues en la madrugada siguiente un grupo de guerrilleros llegó a matarlo a la vivienda. “… me despertó un tiro en la pared y me cayeron esquirlas de cemento en el cuerpo, me levanté asustado por el impacto y sonaban muchos tiros, ya cuando reaccioné… vi tirado a mi papá en el piso dentro de la habitación”, relató Andrés, quien supo más tarde por sus vecinos que cerca del cuerpo, el Frente 20 de las Farc arrojó un panfleto atribuyéndose el crimen.  

La familia no entendía el porqué del asesinato. Más tarde ataron cabos y un vecino recordó que, bajo presión, Pedro transportó en su jeep a un grupo de soldados que pidieron ayuda para salir a la carretera. Pedro le había confesado a su vecino que sentía miedo, pues si la guerrilla se enteraba de lo ocurrido era seguro que buscaban para matarlo. Tres meses después lo asesinaron.

Con una tierra pendiente por cultivar y ganado para el engorde, la familia decidió contratar a un administrador al que conocían como ‘Pipas’ para los trabajos de la finca. En los testimonios consignados en la sentencia, la familia aseguró que el trabajador incumplió con las tareas asignadas por lo que decidieron despedirlo. Pero el administrador se quejó de la decisión con el comandante ‘Alejandro’ del Eln, quien citó a la viuda de Mantilla a un ‘consejo de guerra’. Concluyeron que ella “tenía la razón”, pero más tarde el Frente 20 les dio el ultimátum.

“Una guerrillera llamada Marta llegó y me dijo, mire, compañera, venda esa mierda y váyase si no quiere que le pase lo de su marido”, recordó la viuda. Preocupados por esta amenaza y por los constantes merodeos del Eln, pues las guerrillas pululaban en la zona, la familia decidió venderle al primero que accedió a comprarla en 1993. Salieron desplazados al igual que otras 200 familias ese año por el conflicto armado, según datos del Registro Único de Víctimas de la Unidad Nacional de Víctimas.

“Nos fuimos por tantas amenazas”

Las guerrillas del Eln, Epl y las Farc se asentaron durante más de una década en el municipio de Rionegro, estratégico por su colindancia con Norte de Santander y sur del Cesar, con caminos con salida a Venezuela y la Costa Caribe. Foto: archivo Semana.La historia de los Peralta* fue similar a la de los Mantilla. Ellos, que cultivaban con esfuerzo café, plátano y cacao en una finca de 3 hectáreas en la vereda con préstamos de un banco, salieron desplazados por las constantes extorsiones de la guerrilla. Quedaron prácticamente desfinanciados con tanto dinero y animales que les pedía uno y otro grupo cada vez que pasaban por la vereda El Aburrido.

Ramiro Peralta* explicó que la situación se complicó en 1993 cuando recibió una visita de alias ‘Uriel’ y ‘Juancho’, del Eln, quienes le “exigieron una colaboración de mercados animales y comida”. La familia se resistió a suministrarles lo exigido, de manera que el grupo guerrillero lanzó un artefacto explosivo al interior de la vivienda que alcanzaron a sacar antes de la detonación. ‘Juancho’ les ordenó abandonar la finca en un plazo máximo de 48 horas.
 
Los Peralta siguieron resistiendo pero luego fue el Epl, que en cabeza de alias ‘Mecha Fina’ les ordenó prestar la finca para reuniones del grupo ilegal y hacer propaganda. Como también se negaron, esta guerrilla también los amenazó con que tenían que abandonar la tierra. Después de varias amenazas, la familia no aguantó más y en abril de 1994 salieron desplazados hacia otro municipio de Santander, al igual que otras 157 familias de la región.

Con la esperanza de no perder del todo los cultivos, dejaron encargado a un señor de la finca que también fue amenazado y la tierra quedó totalmente abandonada. Las cuentas de los créditos no les dieron espera y por eso, le explicaron al juez que terminaron vendiéndola un año después. “… Cada vez que les antojaba venían y se llevaban un pollo… en dos ocasiones casi me matan en la casa. Yo les decía que por qué nos decían sapos y era en realidad porque no les prestábamos el televisor o la grabadora… luego circuló una lista con nombres de personas y la gente se comenzó a ir”, aseguró uno de los habitantes de la vereda.

Los asesinatos, el detonante

Otras dos familias, los Pérez* y Los Peña* abandonaron sus fincas después del asesinato de familiares o amigos. Los primeros cultivaban desde mediados de los años 80 dos fincas que sumaban siete hectáreas en la vereda La Cristalina donde trataban de sobrevivir en medio de la zozobra generada por las guerrillas. Pero la vida les cambió el 19 de febrero de 1998 cuando 15 guerrilleros del Epl, bajo las órdenes de alias ‘Viejo Julio’, asesinaron a Manuel Pérez*, el menor de los hijos.

Manuel había ingresado al Ejército a prestar su servicio militar para solucionar el tema de la libreta militar, que el Gobierno les exige a los hombres una vez terminen sus estudios de bachillerato. La familia concluyó que su hijo terminó siendo un ‘objetivo militar’ de la guerrilla, una situación que a su juicio es incomprensible cuando personas como ellos no tenían otra opción diferente a enviar a su hijo a las filas de la fuerza pública.

Los Pérez se desplazaron de forma temporal y retornaron con la esperanza de poder sobrevivir en sus tierras, que eran su único sustento. Sin embargo, ocho meses después, en 1999, de nuevo fueron expulsados por el constante asedio de la guerrilla. Según le relataron al juez, la amenaza fue de muerte para todos los integrantes de la familia. Desesperados, pusieron en venta las fincas para con este dinero tratar de sobrevivir en alguna ciudad. “Esa fue una época terrible. Hubo muchos muertos. Allá estaban las Farc, el Eln y el Epl pero uno no los distinguía porque los uniformes eran iguales”, dijo uno de los reclamantes de tierras.

La otra familia, los Peña, fueron extorsionados por años y se desplazaron de la vereda La Misiguay en 1999 tras el asesinato de un amigo. Según relataron ante el juzgado,  en 1998 el Eln comenzó a frecuentar su finca de 21 hectáreas obligándolos a pagar la ‘vacuna’. Durante dos años, fueron forzados a pagar cada mes entre 150 mil y 350 mil pesos de la época a cambio de poder permanecer en la tierra y sostener los cultivos de café.

Con el tiempo, las extorsiones aumentaron de monto y cuando la familia no pudo recaudar el dinero le robaron la cosecha. En 1999 dos integrantes del Eln llegaron a la finca a exigirles más dinero, una ‘cuota’ de millón y medio, luego otra de cinco millones. Como la familia ya estaba prácticamente ilíquida, les robaron el ganado. Desesperados, los Peña abandonaron la finca y se desplazaron a la ciudad tratando de sobrevivir con un pequeño negocio de comida que tenían como negocio.

En el año 2000, un guerrillero llegó al local comercial y los amenazó porque habían evadido sus ‘obligaciones’ con el grupo. Para evitar un secuestro, los Peña les dijeron que vendían el negocio para pagarles la extorsión de los 5 millones de pesos. Cansado del miedo, un amigo y socio de la familia decidió denunciar lo sucedido ante el Ejército, pero al poco tiempo fue asesinado por la guerrilla. Durante cuatro años más continuaron las intimidaciones, al punto que en 2004 les ordenaron vender la finca a cambio de que no le incendiaran la casa o detonaran una bomba en la finca.

Estas cuatro historias ponen en evidencia el drama de otras familias de La Cristalina, El Aburrido, Cuesta Rica y El Misiguay y del resto de veredas de Rionegro, de donde salieron desplazadas por lo menos 2 mil 642 personas entre 1985 y 1999, período de mayor presencia de las guerrillas, antes del ingreso de los paramilitares del Bloque Central Bolívar.

Aunque no hay una dimensión del abandono de tierras provocado por las Farc, el Eln y el Epl en la región, estas primeras sentencias dan luces para comprender los antecedentes de un conflicto armado que se agudizó con el paramilitarismo y perduró hasta 2006 cuando el Bcb se desmovilizó.

*Nombres cambiados para proteger a las víctimas.

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Para los indígenas Jiw el territorio no es una porción de tierra sino la esencia de su existencia y cultura. Foto: suministrada por Rafael Antonio Pacheco, Unidad de Restitución Meta.Si alguien conociera en detalle la historia de los indígenas Jiw se preguntaría cómo han hecho para sobrevivir. Según el censo realizado por la misma comunidad, en la actualidad se componen de 19 familias Jiw y 42 familias de los diez pueblos Tukano Oriental (Tukano, Desano, Barasano, Cubeo, Karpana, Piratapuyo, Guanano, Bará, Tariano y Tatuyo), que no suman más de 328 personas. En el año 2012 la Corte Constitucional declaró que estaban en riesgo de exterminio, pero pese a que ordenó al Gobierno desarrollar un Plan de Salvaguarda han sido casi nulos los esfuerzos por evitar su desaparición.

Es por eso que los Jiw confían en que una sentencia de restitución resuelva de raíz su situación. Durante meses trabajaron en conjunto con la Unidad de Restitución de Tierras de la Territorial Meta para elaborar una demanda de restitución, que radicaron al finalizar noviembre ante el Juzgado Promiscuo de San José del Guaviare.

Los Jiw reclaman que el Estado les reconozca 4 mil 680 hectáreas que siguen por fuera de los títulos de su resguardo; que se respete la autonomía sobre su territorio de 8 mil 360 hectáreas, pues continúan las tensiones con varios de los colonos que desarrollan ganadería y pesca indiscriminada, además de que persiste la presencia de actores armados. Que se les consulte de forma previa cuando los gobiernos locales quieran desarrollar un proyecto de infraestructura y que se pare de lleno la deforestación y la contaminación de ríos, lagunas y caños, que tienen diezmados sus sitios sagrados y prácticas culturales.

Por cuenta de decisiones que tomó el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), y el conflicto armado perpetrado por las Farc, paramilitares y bandas criminales, los Jiw están confinados y cada vez pueden elaborar menos la fariña, torta de casabe y chicha (todos a partir de la yuca), así como los caldos de pescado, de tereca (tortuga pequeña) o de Pusuy (semilla de palma) y la colada de plátano maduro. Menos realizar sus ceremonias de Dabukury y Yuruparí, y que se respete el mantenimiento del ciclo de vida asociado a su mito de origen, el de la Anaconda. Esto último porque el Caño la Fuga ha sido contaminado y con ello, han afectado las “casas de los animales” y el “alma de los ancestros” que viven allí.

El confinamiento, además, ha reducido las funciones del payé, una figura muy importante para el pueblo Jiw porque corresponde al guardián de las tradiciones y protege a la comunidad de cualquier enfermedad y maleficio. El pinjué, como le dicen los Jiw en su lengua, tiene cada vez menos acceso a plantas para curar y prevenir las enfermedades, y para realizar las invocaciones y rezos que le permiten comunicarse con los espíritus.

La comunidad está además afectada por el miedo. Los actores armados ilegales les impusieron límites a la movilidadad, se tomaron parte de su territorio para cultivar coca, y producir y comercializar cocaína; acamparon en el molino de caña y obligaron a la población a cocinarles o lavarles la ropa. Esto hizo que rápidamente fueran estigmatizados, señalados de pertenecer a uno u otro bando, y quedaran en el medio del ‘sánduche’ del conflicto.

La tensión contra colonos también ha debilitado a la comunidad. El hecho más reciente fue el asesinato de Alonso González, ocurrido el 25 de abril de 2013. González había sido elegido durante cinco años como Consejo Mayor del Resguardo La Fuga y era el representante de su comunidad en la Mesa de Concertación, Diálogo y Seguimiento al Auto 173 de 2012 de la Corte Constitucional, que ordenó el Plan de Salvaguarda.

Según fue documentado por la Fiscalía 36 Seccional del Guaviare, González fue asesinado en un terreno del resguardo, pero ocupado por colonos, donde se disponía sembrar yuca como una forma de garantizar el sustento de la comunidad pero también para hacerle frente a la coca que los colonos venían sembrando. El Consejo Mayor recibió un disparo de escopeta. Por este crimen, su agresor fue juzgado y condenado a 18 años y 4 meses de prisión.

La reserva y el resguardo

Las mujeres Jiw son quienes conservan las recetas autóctonas de la comunidad, usando la yuca brava y dulce como base de su dieta alimentación con la elaboración de fariña y casabe. Foto: suministrada por Rafael Antonio Pacheco, Unidad de Restitución Meta.Los pueblos Tukano, Desano, Barasano, Cubeo, Karapana, Piratapuyo, Guanano, Bará, Tariano y Tatuyo, que se sumaron al pueblo Jiw, son originarios del Vaupés, y llegaron a San José del Guaviare en 1950 con la ‘colonización’ arrasadora de la industria del caucho en ese departamento. Continuando con el modelo de esclavitud impuesto por los españoles y atendiendo la demanda de caucho de Europa, los colonos de esta región esclavizaron a los indígenas para rayar los árboles y extraer el látex con que se fabrican llantas.

Desplazados por la industria cauchera, los pueblos Tukano Oriental encontraron asiento en el pueblo Jiw, conocidos antes Guayaberos, en el Guaviare. En 1959, el Gobierno aprobó la Ley 2 que declaró varias regiones del país como Zonas de Reserva Forestal para proteger los bosques y garantizar la biodiversidad de fauna y flora del país. La Amazonía hace parte de esos territorios. Reconociendo que los indígenas carecían de territorio y que son estas comunidades las que en realidad están en sintonía con la naturaleza, el entonces Instituto Nacional de los Recuersos Naturales Renovables y del Medio Ambiente (Inderena) sustrajo 13 mil 250 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía para constituir la Reserva Indígena de la Fuga, el territorio colectivo de los Jiw.

Aunque el Inderena fue explícito en advertir que las 13 mil hectáreas debían ser adjudicadas exclusivamente a los indígenas Guayaberos, el Incora tardó ocho años en tomar una decisión, que además fue a medias. Sólo hasta 1979 decidió que 8 mil 360 hectáreas constituirán la Reserva Indígena de La Fuga, del pueblo Jiw. Lo que la comunidad étnica advierte en su demanda de restitución es que esa demora de casi una década ha favorecido la entrada de colonos, de actores armados y de los cultivos ilícitos de marihuana y cocaína.

Pese a que existía la figura de Reserva Indígena, las autoridades locales y nacionales no hicieron nada por impedir que el territorio terminara en manos de foráneos. La Constitución Política de 1991 reconoció los derechos territoriales de los indígenas, entre ellos, la constitución de resguardos como territorios colectivos en los que impera la autonomía de la comunidad. Pensando en obtener este reconocimiento, los Jiw solicitaron al Incora el título como resguardo. Sin embargo, el Instituto tardó esta vez otro seis años para tomar la decisión y en lugar de titulares las 8 mil 360 hectáreas que componen la Reserva Indígena, decidió sólo otorgarles 3 mil 680 hectáreas como área colectiva.

Cuando los Jiw fueron a preguntar el porqué de la decisión, el argumento del Incora fue que en el territorio existían colonos, desconociendo la figura de la Reserva y aún más, la advertencia que había hecho el Inderena en los años 70. En 2003 el Incora fue liquidado y reemplazado por el Incoder, cuyas decisiones no fueron distintas a las de su antecesor: demoradas y equivocadas frente a la realidad de lo que sucedía en los territorios.

En 2009, por ejemplo, desconociendo el territorio de los Jiw, el Incoder creó la parcelación Santa Lucía dentro de la Reserva Indígena, adjudicando tierras a 62 familias desplazadas por el conflicto armado. En 2012, el Instituto reconoció el error y les revocó los títulos, generando una incertidumbre para estos campesinos, también víctimas de la violencia, de las cuales 20 todavía están el territorio a falta de otro lugar para vivir.

Todos los actores juntos

Los Jiw siguen una cultura ecológica que respeta el ciclo vital de la naturaleza. Saben administrar los recursos para la agricultura, pesca, recolección de frutos y medicina tradicional. Foto: suministrada por Rafael Antonio Pacheco, Unidad de Restitución Meta.Mientras el Incora y el Incoder tardaban en reaccionar, el territorio de los Jiw era disputado por distintos actores armados e intereses. En los años 70, la marihuana llegó a San José del Guaviare, cuando los comerciantes que impulsaron la bonanza marimbera en la Sierra Nevada de Santa Marta llevaron semillas a la Serranía de La Macarena y los ríos Guayabero y Guaviare. La bonanza tardó poco y rápido fue reemplazada por la producción de cocaína. La espesa selva del Guaviare fue aprovechada rápidamente por narcotraficantes para desarrollar ‘laboratorios’ y trazar rutas de tráfico por ríos y caños para comercializarla.

Las Farc fueron los primeros ‘escoltas’ de esos laboratorios. En 1991, justo cuando los Jiw solicitaban el reconocimiento del resguardo, el Ejército llegó a su territorio y les impuso el famoso ‘toque de queda’ que fue propio de pueblos y ciudades en los años más duros del conflicto. Para los indígenas era impensable que les prohibieran transitar, más si son nómadas, moviéndose de un lado a otro de su territorio para cazar, pescar y cultivar en las chagras, una especie de huertas comunitarias muy cerca de sus viviendas.

Los paramilitares entrenados en la región del Urabá en cabeza de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quisieron arrebatarles el ‘negocio’ a las Farc. Su llegada al sur del Meta fue el 15 de julio de 1997, cometiendo una masacre en el municipio de Mapiripán que se prolongó durante seis días, provocando desplazamientos y varios desaparecidos. El Bloque Centauros de las Auc cambió de ‘dueño’ en 2002 cuando Vicente Castaño le vendió la ‘franquicia’ de este grupo paramilitar al narcotraficante Miguel Arroye alias ‘El Arcángel’ o ‘El Señor de las Aguas’ (en alusión a los químicos empleados para el procesamiento de cocaína).

En Justicia y Paz, Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’ le confesó a la Fiscalía que Vicente Castaño lo llamó para que fuera el segundo de ‘El Arcángel’ en el Bloque Centauros. Para esa época Rendón le cuidaba las ‘cocinas’ de cocanía a los Castaño en el Guaviare. La guerra desatada entre 2002 y 2004 fue brutal, pues estos narcotraficantes -con el rótulo de las Auc- buscaron quedarse con toda la estructura y rentas de la cocaína, que había prosperado hacía dos décadas en la región. Las Farc y las Auc se paseban a sus anchas por el territorio Jiw, exigiéndoles ‘colaboraciones’ a los indígenas e intentando reclutar a sus niños para la guerra.

Según lo documentó la comunidad Jiw en la demanda de restitución, esta fue una época de constantes combates entre ambos bandos, en los que los obligaron a construir un puente que servía de movilidad a los grupos armados, a lavarles ropa e incluso a transportarles sus muertos. Pese a que fueron forzados, paramilitares y guerrilleros los tildaron de ‘colaborar’ con uno y otro, asesinando y desapareciendo a varios Jiw y Tukano Oriental.

En septiembre de 2004, ‘El Arcángel’ fue asesinado por sus propios subalternos y lejos de que en el territorio hubiera algo de calma después de la desmovilización en 2006, los ex paramilitares del Bloque Centauros se rearmaron bajo las órdenes de Pedro Oliveiro Guerrero alias ‘Cuchillo’. Su grupo, inicialmente llamado ‘los Cuchillos’, se transformó en el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), heredando esa guerra del narcotráfico que confinó al pueblo Jiw. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, 85 por ciento de la comunidad étnica fue expulsada en 2008 de su territorio.

En diciembre de 2010 alias ‘Cuchillo’ fue muerto en un operativo militar y gran parte de su grupo terminó entregándose a las autoridades en 2011. Pero eso tampoco mermó el conflicto. Un informe de la Defensoría del Pueblo advirtió que San José estaba entre los diez municipios del país con mayor cantidad de coca sembrada, que para ese año sumaba 1.622 hectáreas. El organismo del Ministerio Público advirtió que el conflicto recrudecía con los Frentes 7, 39, 44 y 56 de las Farc y grupos pos-desmovilización llamados Los Pijas, Autodefensas Campesinas del Oriente y Los Rudos, que sometían a las comunidades y restringían su libre tránsito.

Además de la presencia de estos diversos grupos armados, para los Jiw fue una pesadilla las aspersiones con glifosato, que fueron constantes entre 2004 y 2013. Las fumigaciones contaminaron el caño La Fuga y las tierras, impidiendo la caza, la pesca y la agricultura. Al problema ambiental se le sumó otro: la pesca indiscriminada en las Lagunas Cámbulos y El Limón y la deforestación masiva de bosques para ampliar la ganadería, por parte de colonos. Como si fuera poco, tampoco les consultaron para que dentro de su territorio construyeran una “gravillera” (para la extracción de minerales), adelantaran obras de interconexión eléctrica y se promoviera un proyecto de caucho.

En el acto público en que la Unidad de Tierras del Meta presentó la demanda ante el Juez Especializado en Restitución, los payés Jiw realizaron el Ebijui. Con este ritual espiritual, basado en la sabiduría y la limpieza, los indígenas esperan que su demanda prospere y que por fin puedan disfrutar del territorio en el que han tratado de resistir por años.

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