El centro de Medellín se ha convertido en lugar de disputa entre diversas facciones de grupos delincuenciales para controlar las organizaciones ilegales de seguridad privada conocidas como “convivires”. Estructuras armadas al mando de Diego Rendón Herrera, ‘Don Mario’, están aprovechando este conflicto para fortalecer su presencia en la ciudad. Por Agencia de Prensa Ipc.
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| La disputa entre grupos delicuenciales de Medellín, para controlar a las “Convivir”, está ayudando a que ‘Don Mario’ fortalezca su presencia en esta ciudad. Foto: Archivo Semana |
Así lo ha podido determinar la Agencia de Prensa Ipc al conocer documentos elaborados por organismos de inteligencia policial que analizan la situación, a la que califican de muy grave, pues estiman que la confrontación se ha recrudecido y ya ha dejado por lo menos 12 muertos.
La disputa se centra en alcanzar el monopolio de las llamadas Convivir y sus millonarias rentas, que provienen del cobro de servicios de seguridad privada a todo aquel que posea un negocio en el centro de la ciudad. Estos grupos son organizaciones ilegales conformadas por civiles, muchos de ellos desmovilizados de las Auc y ex policías que aportan conocimiento en seguridad y contactos con organismos de seguridad del Estado que le facilita su operación.
Los informes policiales han venido reconstruyendo la manera como operan estos grupos, identificados por comerciantes, vendedores ambulantes y habitantes como “las convivires”, imaginario que quedó de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por el Gobierno nacional y conocidas con ese nombre desde 1995, que tuvieron en Antioquia y Medellín sus mayores desarrollos, hasta cuando fueron desactivadas en julio de 1998.
Estas estructuras le cobran servicios de seguridad y vigilancia a todo tipo de negocios legalmente establecidos, ventas ambulantes y sitios clandestinos de venta de alucinógenos. Los montos van desde 100 mil pesos hasta 2 millones de pesos semanales, según el establecimiento y el tipo de actividad comercial. Los casinos serían los que mayores cuotas estarían cancelando. Quienes se resisten a cancelar las cuotas exigidas son presionados de diversas maneras, entre las que se destacan los daños a la propiedad y los asaltos.
Del cobro no se libran ni aquellos ladrones de almacenes llamados “escaperos”, quienes deben pagar entre 30 mil y 40 mil pesos semanales para que los dejen “trabajar”.
Quien domine el centro de la ciudad no sólo se agencia millones de pesos producto de los cobros; además, regula actividades asociadas al narcotráfico. Una de ellas es la autorización de la apertura de nuevas plazas de vicio, por las cuales el interesado, una vez aprobada su solicitud, debe cancelar un “impuesto” de 8 millones de pesos.
Lo que se observa en el centro de la ciudad es una organización jerarquizada a partir de un coordinador general, que le responde a un superior y que tiene bajo su control a por lo menos 120 hombres, distribuidos en 23 sectores.
En cada sector opera un grupo de por lo menos 6 hombres, quienes portan armas de corto alcance con salvoconducto expedidos por la IV Brigada y vigilan desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Además, manejan pequeñas oficinas de “cobros”, desde donde se patrocinan actividades sicariales, a través del préstamo de armas o de facilitar los homicidios, creando las condiciones para la huida de los asesinos.
Dos aspectos llaman la atención de los investigadores: el primero es que el cobro de las cuotas se ha refinado de tal manera que los recibos ya incluyen números de cuentas bancarias en las cuales se debe depositar el dinero; y el segundo es la utilización de radios de comunicación suministrados a las redes de apoyo por parte de la Policía Nacional.
Los informes policiales detallan que los sectores bajo vigilancia de estos grupos ilegales son: Prado Centro, La Bayadera, Parque del Periodista, Parque San Antonio, Barrio Triste, Avenida Juan del Corral, Pasaje Peatonal Carabobo, Plaza Botero, Parque Bolívar y Barbacoas, Viaducto del Metro sobre Carrera Bolívar, Carabobo con Juanambú y Rojas Pinilla, Avenida La Playa con la Avenida Oriental, El Raudal, Carrera Junín con Calle San Juan, San Benito, Calle Maturín, El hueco, Pasaje Boyacá, Pasaje La Bastilla, Plaza de Flores, El Chagualo y San Diego.
Si bien los cobros por seguridad y vigilancia son generalizados, los que más generan dinero son los servicios prestados a los sitios donde se expenden sustancias alucinógenas, entre las que se destacan la cocaína, cuyo consumo va en aumento y es mucho más rentable que la marihuana y bazuco.
Justamente esas rentas son las que en la actualidad se convirtieron en objeto de disputa entre hombres de la Oficina de Envigado y un sujeto conocido como don Pedro, de quien no se tienen mayores datos que lo identifiquen plenamente. De él se sabe que posee el dominio de las plazas de vicio ubicadas en el sector conocido como La Aurora, en la Avenida Primero de Mayo con Tenerife, el Bazar de Los Puentes y en la carrera 51, entre calles 47 y 48.
En su afán de expansión, la llamada Oficina de Envigado, a través de “las convivires”, le pidieron a don Pedro que les dejara la administración de sus plazas a ellos, pero éste sólo les entregó dos. La negativa generó una cruenta confrontación que entre los meses de octubre del año pasado y enero de este año dejó por lo menos 12 muertos, varios de ellos ocasionados por arma blanca. El número podría ser más alto si se contabilizan las muertes ocurridas durante el mes de febrero.
Dada la desigual confrontación, don Pedro decidió buscar patrocinio para enfrentar a la Oficina de Envigado y lo halló, inicialmente, en el cartel del Norte del Valle. Se planteó entonces un conflicto en el que se dijo que por cada “jíbaro” que mataran los de Envigado, serían asesinados dos “convivires.
En medio de esa disputa han llegado hombres de alias don Mario que quieren pescar en río revuelto y hacerse al dominio de las plazas de vicio en el centro, con el ánimo de acumular territorio y convertirse en el nuevo “patrón” de la ciudad.
El aumento de criminalidad en el centro de la ciudad preocupa a las autoridades que han dispuesto el incremento de la fuerza pública en las calles y laintensificación de las labores de inteligencia para recopilar información que permita desarticular las bandas delincuenciales y lograr la judicialización de quienes las integran. El anuncio lo hizo el secretario de Gobierno municipal, Jesús Ramírez, en rueda de prensa realizada este martes 25 de febrero.
Quienes trabajan en el centro de la ciudad esperan que las medidas tomadas por la administración municipal, en conjunto con las autoridades policiales, generen tranquilidad, incremente la seguridad en sus calles y acaben con todas aquellas expresiones de ilegalidad. No piden menos.
Publicado por Agencia de Prensa IPC 26/02/2009
