En 2016, los colombianos sabían muy poco sobre esta zona rural de Norte de Santander. Ese mismo año, mientras los ojos del mundo estaban puestos en La Habana por el resultado del proceso de paz entre las Farc y el gobierno nacional, los aproximadamente 360 habitantes de esta vereda estaban a punto también de salir de su anonimato.
Ubicada a unos 50 kilómetros de Tibú, que se recorren en una hora y media, y a 10 de la vía principal que comunica a ese municipio con La Gabarra, Caño Indio se encuentra en su tránsito a la vida civil tras la firma del acuerdo de paz. A pesar de que no cumplía casi ninguna de las condiciones y características que en su momento exigió el gobierno nacional para establecer allí una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), era la oportunidad para que el Estado por fin llegara a este recóndito lugar del Catatumbo. Esa ausencia histórica pesó para que fuera elegida como zona de concentración.
A Caño Indio se llega a través de una vía de acceso en pésimas condiciones e intransitable en época de lluvias. No hay redes de energía eléctrica para surtir las viviendas del núcleo conformado por otras cuatro veredas (Chiquinquirá, El Progreso 2, Palmeras Mirador y Casa de Zinc) y entre las que suman 250 familias. Tampoco hay acueducto para abastecerse, el agua lo sacan de caños y quebradas. Esas condiciones y una economía alrededor de los cultivos ilícitos se convirtieron en la excusa de estas comunidades para permitir que allí empezara a florecer la paz de la región con el impulso de la ZVTN.
Desde la primera visita que hicieron los representantes del gobierno nacional a la zona, en agosto de 2016, se habló de los beneficios que podría significar para estas comunidades el fin del conflicto con la guerrilla más antigua del hemisferio.
Gerson Arias, entonces asesor del Ejecutivo en la llamada Comisión Tripartita, llenó de esperanzas a los habitantes de Caño Indio y sus alrededores al advertirles que, de instalarse allí la Zona Veredal, no sólo se les abriría la oportunidad de contar con servicios públicos, sino que en el tiempo que duraran los campamentos, los pobladores de la zona tendrían prioridad en la contratación de otros servicios como alimentación, compra de productos, entre otros.
En el acuerdo suscrito por el gobierno y las Farc el 28 de enero de 2017, en el que se definió que Caño Indio sería ZVTN, quedaron consignados exclusivamente los compromisos relacionados con la inmediata implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Para los habitantes era un hecho que con el acuerdo de paz llegaba también el progreso a su territorio. Pero casi tres años después, la efervescencia que produjo la ansiada presencia del Estado se transformó -nuevamente- en frustración y desconfianza, sentimientos a los que ya están acostumbrados los catatumberos.
A tres meses de terminar la vigencia de los ahora Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los 84 excombatientes que siguen allí deben abastecerse de dos generadores de energía que les dispuso la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), esto obliga a hacer racionamientos diarios debido a que presentan fallas.
“A nosotros nos prometieron la electrificación. Nos dijeron que el ETCR iba a quedar con luz eléctrica y no con generadores. Nada de eso se cumplió y nos preocupa que eso no se haga, porque representa una cantidad de combustible que nosotros no estamos en condiciones de costear a futuro”, reprochó Karina Galván, excombatiente y enlace del Espacio Territorial con las instituciones del nivel regional.
A las comunidades que creyeron encontrar en esta su gran oportunidad no les fue mejor y todavía tienen que recurrir a las velas para alumbrarse, cuando la luz del día se va. La televisión y la tecnología todavía es para ellos un espejismo y la única brisa que los refresca es la que producen los mismos árboles que los rodean, pues aún no saben lo que es el aire de un ventilador, a pesar del sofocante calor característico de esta zona del norte del departamento, que a diario supera los 30 grados.
Desde 2015, cuando aún no se concretaba el acuerdo de paz, la Pastoral de Víctimas de la Diócesis de Tibú, en conjunto con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las cinco veredas que conforman el núcleo Caño Indio, empezaron a gestionar e impulsar el proyecto de electrificación para la zona con Empresas Públicas de Medellín (EPM), dueña de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS). Todavía está desfinanciado, por eso el proyecto no ha empezado a ejecutarse.
Por iniciativa propia, CENS invirtió cerca de $1.000 millones, con los que se construyó una subestación eléctrica, 14,4 kilómetros de red de media tensión y 8,5 kilómetros de red de baja tensión, y se instalaron 11 transformadores de distribución. La construcción de esta infraestructura benefició a 34 familias, 31 de ellas en la vereda Palmeras Mirador y 3 en la vereda Casa de Zinc.
La Gobernación de Norte de Santander también planea intervenir: acaba de suscribir un convenio con CENS para la ejecución de nuevas obras por valor de $600 millones, que permitirá conectar a 16 usuarios adicionales. Además, espera construir 6,5 kilómetros de red de media tensión y 5 kilómetros en baja tensión.
El gerente de Centrales Eléctricas, José Miguel González, dijo que se requieren $4.500 millones para conectar a las 200 familias que restan, así como a los excombatientes que permanecen en el ETCR de Caño Indio.
González señaló que además de los recursos que ha destinado la empresa al proyecto de electrificación de la zona, en 2017 instalaron dos paneles solares para llevar energía a dos escuelas de las veredas Caño indio y Chiquinquirá, y que benefician a cerca de 50 niños y niñas. “Los sistemas generan la energía suficiente para una nevera, siete computadores, 14 luces, cinco ventiladores, cuatro tomacorrientes y dos televisores. Estas acciones contribuyen a la alimentación, salud y uso de las TIC en los estudiantes de estos centros educativos”. Agregó el gerente de la empresa que el costo de los equipos fue de $60 millones, donde CENS asumió la inversión.
Hoy se desconocen las razones por las que el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) finalmente no destinó esos $4.500 millones para terminar de llevar la electricidad a las comunidades que le apostaron a la paz. En mayo de 2017, tres meses después de la concentración de las Farc, el entonces ministro de Minas y Energía, Germán Arce, firmó el Decreto 884 por medio del cual expidió “las normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural”, en el marco del acuerdo de paz de La Habana.
Dicho plan, sancionado el 2 de agosto de 2018, días antes de comenzar el gobierno del presidente Iván Duque, proyectó llevar energía eléctrica a las zonas más apartadas del país que, entre otras razones, no cuentan con este servicio como consecuencia de las cinco décadas de conflicto.
En el documento se advierte, sin embargo, que en los municipios seleccionados para implementar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), “el objetivo de universalización del servicio será cumplido en su totalidad en el año 14”, es decir, en el año 2031.
Los planes de la nueva administración presidencial, enmarcados en el programa Catatumbo Sostenible para estabilizar y consolidar la paz en la subregión, están orientados a llevar electricidad a 2.899 hogares al término de 2019, aunque no se determina cuántos de esos corresponderían al núcleo Caño Indio. Adicionalmente, el Ejecutivo ha dicho que espera atender a 4.525 hogares adicionales entre 2020 y 2022, y reducir el déficit en un 70% durante el cuatrienio, así:
Vías de acceso
Tener una buena vía de acceso, como la electricidad, ha sido otra ilusión truncada para habitantes y excombatientes. Hoy sigue siendo un suplicio conectar a la vereda con la carretera principal que conduce a Tibú y transitar los caminos internos hacia la escuela del lugar y al ETCR mismo. Son 10 kilómetros que reclamaron hace casi dos años y que hoy siguen siendo difíciles de recorrer.
Esta vía es la única ruta de acceso a la zona y por ende es imprescindible para la vida de sus habitantes, pues por allí mueven sus productos, van al hospital, al banco, se conectan con Cúcuta, la capital del departamento.
Dada su importancia, esta fue una de las promesas que desde un principio el gobierno hizo a las comunidades, cuando se dio la concentración de las Farc en el lugar, pero actualmente son pocos los recursos que se han invertido para mejorarla.
En 2015, la Gobernación, por intermedio del Banco de Maquinaria, y los mismos campesinos de la zona que aportaron la mano de obra, lograron que el camino se hiciera transitable para automóviles y motos.
Entre 2017 y 2018, a partir de la estrategia 50/51 (que consiste en mejorar 50 kilómetros en cada uno de los 51 municipios priorizados por ser los más afectados por el conflicto), la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) adelantó una inversión de $198.282.502 entre Mirador y Caño Indio. Esta contempló la construcción de tres alcantarillas, un tramo de placa huella, el arreglo de cinco kilómetros y el mejoramiento de uno más.
Recientemente y como parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Invías asignó $10.000 millones para el mejoramiento de corredores viales correspondientes a la red terciaria de la zona del Catatumbo, de los cuales fueron priorizados $800 millones para el tramo que va desde el puente sobre el río Vetas hacia la escuela de Caño Indio, que comprende aproximadamente tres kilómetros de vía. Estos recursos se gestionarán a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Paz, OCAD Paz.
Vuelven a ser un sin fin de proyecciones y promesas. Mientras estos nuevos dineros se materializan, campesinos y exguerrilleros suplican para que el verano agresivo no les termine quebrando la polvorienta carretera. O que el invierno los vuelva a dejar confinados, más de lo que ya se sienten hoy.
