El pasado primero de mayo citaron a representantes nacionales de entidades estatales para responder a la crisis que están viviendo, pero una vez más sólo llegaron delegados locales y la alcaldesa. Al final, no hubo claridades. Un candidato a la Alcaldía trató de aprovecharse de la situación.
Desde hace meses, los habitantes de este municipio del Bajo Cauca antioqueño vienen haciendo denuncias por el incremento de la violencia en la zona urbana y rural, además de los incumplimientos del gobierno nacional, departamental y local en cuanto a inversión y estabilización del territorio por los graves problemas de orden público, el desplazamiento que aumenta sin ninguna acción para frenarlo, y la casi nula implementación del Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc.
Para exigir respuestas, decenas de campesinos quisieron aprovechar el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Ese día, en Tarazá el comercio cerró sus puertas, pero las calles estaban igual de ruidosas con las tractomulas pasando para el interior del país o la Costa Caribe; el calor tampoco disminuyó, aunque el cielo tenía algunas nubes que a ratos daban sombra.
Los labriegos, en cambio, estaban a la espera, en el abandonado salón de la Asocomunal, para que representantes de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y del gobierno nacional, además de entidades internacionales, dieran respuesta al atraso en la ejecución del Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y a la falta de implementación del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). (Leer más en: En Tarazá se cansaron de las promesas del Estado)
A la convocatoria, realizada por la Asociación de campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) y la Asocomunal, sólo llegó Isauro Prieto, encargado por parte del gobierno nacional del PNIS en Tarazá; Fabio Tovio, analista de la ART en este municipio; y la alcaldesa Gladis Miguel, más unos cien campesinos que llegaron en representación de todas las veredas, hasta las más lejanas y afectadas por el conflicto.
“Es muy triste que el primero de mayo, cuando deberíamos estar celebrando el Día del Trabajo, nosotros estemos exigiendo al Estado que nos cumpla, porque nos quedamos sin trabajo, no hay cómo conseguir el sustento”, dijo Alonso Vélez, integrante del Comité de Derechos Humanos de la Asocbac en la vereda Cañón de Iglesias.
Y es que cientos de familias que se acogieron al PNIS, cumplieron con lo acordado: que al segundo pago que hacía el gobierno nacional, cortaban los arbustos de hoja de coca y no volvían a sembrar, sino que iniciaban un nuevo proceso en sus vidas, más autosostenibles con los proyectos que iban a llegar. Además, lo hicieron convencidos de que las dinámicas de violencia también iban a cambiar y podrían trabajar sin miedo.
Pero no fue así. Tanto en Tarazá, como en todo el Bajo Cauca antioqueño, la disputa territorial que libran grupos armados ilegales continúa y el Estado sigue sin resolver problemas de fondo, como el del desplazamiento masivo y un temor generalizado entre los pobladores de zonas urbanas y rurales. Es el caso de la extorsión, que grupos armados ilegales están aplicando a familias que se acogieron al PNIS: a los que les llega el pago, les cobran doscientos mil pesos. O las renuncias a las Juntas de Acción Comunal por las amenazas que reciben a diario.
La alcaldesa de este municipio, Gladis Miguel, por momentos hacía sentir a los campesinos culpables por sembrar hoja de coca para uso ilícito; cuando ellos le preguntaron por el desarrollo del municipio, la única explicación que dio fue estaban muy pobres por una deuda que tenía Tarazá desde los años noventa.
“El año pasado estuvimos haciendo estudios para hacer mantenimiento de veinte kilómetros de vías. Nos dijeron que la Gobernación iba a aportar, el Ejército con maquinaria, la Alcaldía con material y que la ONU también, pero nadie ha aportado. Voy a Medellín a preguntar por eso, pero lo que me he ganado son problemas. A donde me llaman voy, pero no es culpa mía, estamos esperando”, dijo la mandataria local, al no tener una respuesta favorable para los labriegos.
Y uno de ellos le respondió con vehemencia: “La vía a Cañón de Iglesias no se ha arreglado. Hace cuatro años que la candidata fue a la vereda y se comprometió a arreglarla y hoy no ha hecho nada. Esa es una responsabilidad del Municipio, deje la costumbre de echar la culpa a los otros de su poca gestión”.
Lo incierto del PNIS
En el salón de la Asocomunal el calor hacía sudar a los campesinos. Nada de ventiladores y poca luz para una larga jornada de reclamos a unos voceros del gobierno nacional sin poder de decisión. Isauro Prieto dio unas respuestas someras a tantas preguntas por los incumplimientos del PNIS.
“Hay un poco de mentiras con los pagos, nos dicen que sí, que ya casi y nada. No entendemos qué pasa y tampoco nos explican bien. Muchos están por fuera por errores en los formularios. Es injusto que muchas familias no estén dentro del programa sabiendo que nos metimos en esto voluntariamente”, dijo un campesino, quien, con su fuerte tono de voz, exigía respuestas claras.
Prieto le respondió que ya no habían más inscripciones al PNIS, lo que provocó el murmullo entre todos y un desconcierto, pues muchas familias quieren dejar de cultivar hoja de coca y volver a la agricultura. Sin embargo, otras levantaron los cultivos y no han recibido ningún pago de los seis acordados cada dos meses de dos millones de pesos.
Paralelo al PNIS, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, creó el programa Antioquia libre de coca, con el cual propuso erradicar los sembradíos ilícitos con glifosato, argumentando que es más efectiva y menos costosa que la manual, y tiene la tecnología para hacerlo. Lo que se preguntan los campesinos es por qué gastar en esto y no invertir en el campo.
“Nosotros le dijimos al Gobernador que articulara el programa con el PNIS, pero no quiso. Se comprometieron con el arreglo de las vías de la Caucana hacia La Piedra; del Guaimaro hacia Caracolí; y del Doce a Tesorito, pero nada de eso se cumplió”, aseveró William Muñoz, presidente de la Asocbac.
Una de las grandes preocupaciones que llevaron los campesinos a esa reunión del primero de mayo fue que muchos deben buscar empleo, pero si lo consiguen los sacan del PNIS. Dicen que es un programa que les ha costado el abandono de tierras, de las veredas y la pérdida de la vida de algunos líderes sociales. Todos concuerdan en que están en una situación caótica.
“A nosotros nos exigen que cumplamos a cabalidad con unos reglamentos que nos están cambiando cada que hay cambio de gobierno o de funcionario. Desde octubre del año pasado debieron llegar los proyectos productivos, pero al primero de mayo no hay ni una sola semilla sembrada ni una obra de infraestructura para las veredas”.
Desde pasado 5 de mayo entró la ONU a los núcleos veredales de El Doce y Barro Blanco con doce profesionales para hacer verificación de levantamiento de cultivos. Ahí esperan que se puedan resolver gran parte de los problemas.
PDET no iniciará este año
En cuanto a los PDET y la ejecución de pequeñas infraestructuras comunitarias no hay total claridad y el encargado de la ART, Fabio Tovio, lo único que pudo decir fue que “hay problemas generalizados en los PDET. Les dijimos que este año no iban a empezar, se están reestructurando las 207 propuestas que salieron de aquí, se están haciendo visitas técnicas y hay obras que no se van a intervenir por falta de títulos de predios”.
La alcaldesa justificó esto diciendo que en el municipio estuvo la Agencia Nacional de Tierras (ANT), le dieron una oficina por un año, pero no se hizo nada, no se pudo legalizar la tierra. “Los resultados del progreso se va a ver en diez años, no se aceleren”, resaltó la mandataria. Ante ello, alguien del público le refutó diciéndole que ya van dos años y no se ve nada: “Lo que se ven son problemas y maltratos a los campesinos”.
Edgar Chancí, tesorero de la Asocbac y representante del núcleo veredal El Doce dijo que no fue incluyente el trabajo y socialización de los PDET: “La gente no sabe qué es eso, la ART no es clara con las fechas. Para las reuniones no dan los viáticos y les toca a los campesinos hacer esfuerzos para los pasajes y quedarse, muchas veces, sin comida. Es una estrategia del Estado para desarticular el trabajo de las comunidades”.
A la asamblea fue uno de los candidatos a la Alcaldía para las próximas elecciones de octubre de este año. Se trató de Miguel Ángel Gómez, quien dio un discurso en el que prometió mejorar la calidad de vida de las comunidades. Este líder político, quien ha contado con el respaldo del Partido Liberal, fungió como alcalde en los periodos 2001-2003 y 2008-2011, y fue procesado por sus vínculos con el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que tuvo su fortín en este municipio, bajo el mando de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’.
Al final de su discurso, Gómez afirmó que había aportado los almuerzos para el evento; pero los mismos campesinos le refutaron eso y aclararon que entre todos habían puesto de a 50 mil pesos para comprarlos. Algunos comentaron que él aún sigue siendo alcalde y la alcaldesa es sólo fachada.
El primero de mayo los campesinos se declararon en asamblea permanente y citaron nuevamente a reunión el 21 de mayo. Para ese día exigen que lleguen funcionarios con poder de decisión y que se puedan tomar medidas urgentes para resolver la situación; de lo contrario, no tendrán otra alternativa que volver a sembrar coca.
“Hemos estado manipulados por los grupos armados durante muchos años, el Estado sigue manejando el incumplimiento y también manipulando con que ya se hizo un compromiso y que si lo incumplimos nosotros vamos a la cárcel, pero a dónde van ellos con las falsas promesas. Ese es una amenaza y una injusticia con nosotros”, dijo William Muñoz, quien se lamentó de lo que viene ocurriendo, pues a su juicio, todo tiende al fracaso.
Edgar Chancí, tesorero de la Asocbac y representante del núcleo veredal El Doce.
