La respuesta general de las instituciones del Estado es el silencio, mientras, numerosas familias quedan desamparadas entre la selva tropical de la Serranía del Chiribiquete. La más reciente acción de las autoridades contra la deforestación fue cuestionada por las comunidades que dicen habitar esa zona desde antes de la ampliación como zona protegida.
Partes de lo que alguna vez fueron viviendas se observan regadas sobre el piso arcilloso del nororiente del departamento de Caquetá. Entre el humo y el sonido de los helicópteros que sobrevuelan el lugar, comunidades indígenas y campesinas recogen lo que aún se puede salvar. Entre injurias, se preguntan por qué la Fuerza Pública los deja sin hogar.
La escena se vivió en las veredas El Triunfo y el Cabildo Indígena Nasa amazónico la Esperanza, en jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, luego de que la Fuerza Pública ejecutara operaciones de control en desarrollo de la Operación Artemisa, la campaña que, desde abril de 2019, adelante el gobierno nacional como estrategia fundamental contra la deforestación en la Amazonía colombiana.
Así, como parte del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (Conaldef), el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, el área de Aviación Policial, la Fiscalía General de la Nación e instituciones encargadas del medio ambiente, iniciaron la semana pasada un operativo sobre aquella región caqueteña, que hace parte de la Serranía del Chiribiquete.
A partir de una investigación previa y registros fotográficos realizados por tropas del Ejército, se evidenció la existencia de predios, al parecer privados, dentro del Parque Natural Nacional Serranía del Chiribiquete. Con esas pruebas, la Fiscalía ordenó un allanamiento y se desplazó hacia la zona con la idea de que sus pobladores estaban involucrados en la deforestación de la selva amazónica.
Ante esas sindicaciones, voceros de las comunidades afirman que esa zona no siempre hizo parte de la área protegida y fue anexada a la Serranía del Chiribiquete en julio de 2018, bajo el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018). En ese año, el Parque aumentó su tamaño en 1,486,676 hectáreas, llegando a 4,3 millones de hectáreas.
Durante el anuncio de esa ampliación, el primer mandatario de la Nación justificó la decisión aseverando que “la importancia de este parque nos obligaba a ser más ambiciosos, a ir más allá y por eso iniciamos los estudios con todos los interesados y las entidades responsables para ampliar aún más el parque y lo que hoy acabamos de hacer fue exactamente eso: ampliarlo”.
Acción de fuerza
Mediante un comunicado, los campesinos afectados denunciaron que la Fuerza Pública destruyó sus viviendas con elementos explosivos: “El argumento que dio uno de los hombres que se identificó como Intendente JOSÉ PRADA PEÑA (sic) Técnico de Explosivos de la Policía Nacional es que estas viviendas son ilegales por no tener escrituras y estar en zona de reserva forestal tipo A, Zona de amortiguación del Parque Nacional Chiribiquete, amenazando a los habitantes de toda la región con la misma operación que se estaba desarrollando”.
En uno de los hechos, en la vereda el Triunfo, donde fueron quemadas por lo menos cuatro viviendas, las comunidades denunciaron que Yeniner Cabrera Díaz y César Antonio Reyes habían desaparecido del lugar, ante lo cual tomaron la decisión de retener al funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el biólogo Winston Wilches Álvarez, y dejarlo “bajo custodia de la comunidad”, hasta tanto se supiera de la situación de los dos labriegos.
Cuatro días después de su retención, Wilches fue liberado luego de establecerse que por lo menos uno de los desaparecidos, César Antonio Reyes había sido detenido, junto al gobernador indígena Reinaldo Quebrada y Darío Ortíz Peña. A ellos tres se les intentó acusar inicialmente de los delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica, daños ambientales y tenencia ilegal de armas, pero finalmente fueron procesados solo por el primero.
Tras ser presentados ante un juez de control de garantías, se les dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad, pero continuarán vinculados a la investigación. Al cierre de esta nota se desconocía la situación de Cabrera Díaz.
Desconcertados
A las comunidades campesinas afectadas les tomó por sorpresa que esta operación de la Fuerza Pública se haya dado un día después de la audiencia pública territorial realizada por una comisión del Senado de la República en el municipio de La Macarena, Meta.
En ese encuentro se analizó la situación de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas de los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Vichada en relación con el acceso y la formalización de tierras, la deforestación y las afectaciones socioambientales en los territorios; además del incumplimiento de acuerdos por parte del Estado en materia de derechos a la tierra y al territorio, pactados en el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.
En un comunicado suscrito por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (DHOC) y divulgado el pasado 19 de septiembre, se detalló lo ocurrido en esa audiencia: “Entre los problemas denunciados en la audiencia se hizo referencia a la […] criminalización del campesinado y las comunidades étnicas que habitan los Parques Nacionales Naturales”.
También se abordó el incumplimiento del gobierno nacional al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), una iniciativa que surgió del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016, y las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en desarrollo de la Operación Artemisa.
Aunque las comunidades de la región dicen haber entablado acuerdos con el Estado para avanzar en la figura de “parques con campesinos”, todo ese diálogo habría quedado en el vacío al día siguiente de la audiencia territorial con la comisión del Senado tras ser atacadas por la Fuerza Pública.
Contra los indígenas
Una de las acciones de la Fuerza Pública estuvo dirigida contra Cabildo Indígena Nasa Amazónico La Esperanza, situado en el municipio de San Vicente del Caguán. Hasta la casa del gobernador indígena Reinaldo Quebrada llegaron varios uniformados y tras hacerla desalojar, literalmente la volaron con explosivos. Sin techo quedaron por lo menos doce personas.
“Cuando los sacaron de la casa y le tiraron la bomba, no le dejaron sacar nada, ¡nada!, ni siquiera el mercadito que tenían. Todo lo que había dentro de la casa, todo lo que tenían, ropa, todo eso, estallaron la bomba y le metieron candela”, detalla Elías Fonseca, integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán y consejero del pueblo Nasa del departamento de Caquetá.
De acuerdo con Fonseca, el resguardo tiene una población de 29 familias que inicialmente hicieron parte del Resguardo de Altamira, constituido el 24 de mayo de 1996, cuando el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) les otorgó un globo de terreno baldío de 10.556 hectáreas mediante la Resolución N. 12. (Ver Resolución)
Registros históricos indican que los Nasa llegaron a esa región del Caguán desde la década de los años sesenta procedentes del municipio de Belalcázar, departamento de Cauca, en busca de nuevas y mejores tierras para cultivar y mejorar su calidad de vida, afectados en su lugar de origen por la llamada Violencia y el acoso de los colonos.
Luego de varias décadas de relativa paz, la confrontación armada entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc también los afectó. Los hechos más cruentos sucedieron a entre los años 2007 a 2008.
El conflicto armado los obligó a desplazarse de Caquetá hacia departamentos vecinos. Tras unos años, las comunidades decidieron volver sin ningún tipo de garantías y por unos años ocuparon las tierras que les pertenecían a los pijao, tucano y piratapuyo: el resguardo Llanos del Yarí-Yaguara II, tierras que habían quedado casi desiertas también por el accionar de las Farc en el año 2004.
En el año 2014 con el retorno de los originales ocupantes del resguardo Yaguara II, los indígenas provenientes del Cauca salen de ese resguardo y el 16 de febrero de 2015 establecen un asentamiento en los límites del polígono del resguardo Llanos del Yarí-Yaguara II, un baldío en San Vicente del Caguán que llaman Cabildo Indígena Nasa Amazónico La Esperanza sobre el que desde 2017 han buscado formalizar la tenencia de la tierra ante la Agencia Nacional de Tierras.
Ahora les toca enfrentar al Estado mismo que los acusa de estar ocupando una zona de amortiguación del Parque Chiribiquete, por ello las autoridades actuaron en contra de la comunidad Nasa afectando la vivienda de su gobernador y deteniéndolo, junto con uno de sus trabajadores y un campesino de la vereda El Triunfo, quienes fueron trasladados a San José del Guaviare.
Pese a que a los tres detenidos se les impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sobre ellos recayó una medida restrictiva: no pueden ingresar al Parque Chiribiquete durante un año. La jueza que recibió el caso determinó que los tres imputados tienen 30 días, a partir del pasado 22 de septiembre, para volver a lo que quedó de sus casas, recoger algunas de sus pertenencias, sacar a sus familias y no volver al área protegida.
“Si usted se pone a analizar, es una medida muy extraña”, afirma el abogado Iván Montenegro, quien representa al gobernador indígena en el proceso penal. “Lo que pasa es que ahí hay una situación que está por detrás y es que estas personas vivían antes de que esa zona fuera declarada zona de Parques”. Y agrega que el derecho penal debería ser la última opción después de una gestión integral de las entidades estatales de tierras y medioambientales para amparar a estas comunidades.
A las comunidades del resguardo de Altamira las tomó por sorpresa este operativo, en especial, porque sus voceros estaban sosteniendo conversaciones con funcionarios de Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Medio Ambiente sobre la ampliación del Parque Chiribiquete realizada en 2018 y que en lo que tiene que ver con San Vicente del Caguán, abarcó 680.992 hectáreas, decisión que afectó su territorio.
“Yo le he dicho a Parques: ‘Ustedes defienden desde los escritorios. Dicen defender, pero no están defendiendo y nosotros, que nos ha tocado correr hasta el riesgo de perder vidas para defender el territorio, ahora tengamos que salir con las manos cruzadas porque Parques está reclamando ese sitio’. No estamos de acuerdo y tampoco lo vamos a aflojar, o sea, nosotros como pueblos indígenas seguiremos luchando y seguiremos resistiendo porque es la mira de conservar la zona”, advierte, airado, Fonseca.
En la comunidad Nasa sostienen que la mayor riqueza la obtienen cuidando esa selva tropical como parte de sus valores y cosmovisión, y rechazan cualquier sindicación de vincularlos con la deforestación. A juicio de sus voceros, esa práctica que atenta contra el medio ambiente es responsabilidad de terceros que han llegado a la región, los mismos que el año pasado habrían ‘tumbado’ 140 hectáreas. Se trataría de foráneos que, seguramente, dicen los indígenas, estarían adecuando las tierras para sembrar hoja de coca para uso ilícito y para adelantar labores de ganadería extensiva.
“Nosotros, especialmente los pueblos indígenas, ahí vivimos por vivir porque ni siquiera pensamos en algo grande”, asegura Fonseca. “No pensamos en ganadería extensiva ¿que sí se está aprovechando el terreno por esa deforestación que hubo? Obviamente porque ahí quedó el peladero y nosotros tampoco podemos decir que no. Ahí el daño ya está hecho. Por eso yo le hago el reclamo al Ministerio de Ambiente y a Parques. Y es que vamos a defender ese Parque Nacional, pues vamos a defenderlo ahora que tiene sus árboles”.
Las palabras de Fonseca suenan contundentes, pero reconoce que no es sencillo quedarse entre esa selva, no sólo por la arremetida de la Fuerza Pública, sino por la presencia de actores armados ilegales que han empujado al desplazamiento a comunidades del Resguardo Multiétnico Yaguara II.
El líder de los Nasa asegura que mientras fue gobernador del Resguardo Altamira, entre 2018 a 2020, sus denuncias de las dinámicas del territorio sobre deforestación y oposición a los cultivos de hoja de coca le trajeron riesgos y lo obligaron a salir del departamento.
¿Un operativo despiadado?
“Nosotros desde hace un tiempo estuvimos observando con preocupación los procedimientos de Artemisa porque no se ajustan a estándares de proporcionalidad y razonabilidad, y creo que también es parte de una política pública un tanto equivocada”, dice Fernando Quiroga, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Esta organización ha podido establecer que los primeros operativos de la Campaña Artemisa en los que se evidencia quemas de casas iniciaron en 2020. Una situación que, resaltan, es de especial preocupación si se tiene en cuenta que no se tiene establecido ni se ha implementado un plan de contingencia para las familias que quedan sin techo.
“Hay un conflicto que se advirtió desde antes de la firma de los Acuerdos y que quedó contenido en los Acuerdos: esta idea de parques con campesinos y campesinos como cuidadores, precisamente porque ya hay una presencia masiva de personas y comunidades que no pueden, simplemente, sacrificarse en una idea de conservación que, además, no está produciendo resultados”, detalla Quiroga.
Y reitera que la militarización que se desprende de la Campaña Artemisa no ha logrado acabar de raíz la deforestación; por el contrario, hay una afectación directa de familias vulnerables que terminan adentrándose más hacia la zona protegida con la esperanza de sobrevivir y hacerse a un pedazo de tierra.
Pero el problema no son estas familias. De acuerdo con cifras del Proyecto Regional de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete perdió más de 1.000 hectáreas entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 en seis zonas distintas. Gran parte de esta deforestación, asegura esta organización ambiental, estaría “asociada con la conversión de bosque primario a pasto para la ganadería ilegal”.
En la audiencia territorial convocada por el Senado, Quiroga recuerda las intervenciones de representantes de Parques Nacionales Naturales que plantearon un discurso en el que se toleraba la idea de mantener a las familias campesinas dentro de las zonas protegidas. Pero la realidad contradice esas intervenciones.
El abogado Montenegro observa con preocupación lo que para él es una equivocada gestión contra la deforestación: “En vez de estar mandando a la Fiscalía a capturar ciudadanos que han habitado allá y que puede que hayan participado de eventos de deforestación o no, no lo sabemos, pero que sin duda merecen la atención porque también llegan allí por alguna razón: llegan desplazados, después intentan ubicarse. Están buscando un lugar en un país que no les ha brindado ninguna oportunidad, sino solamente un conflicto armado que no los ha dejado ubicarse en ningún lado”.
Quiroga resalta la desconfianza que se teje en las comunidades ante eventuales diálogos con el Estado: “Varios líderes han dado su identidad en espacios de concertación y “sienten que están siendo traicionados, siento un riesgo político muy grande”.
Entre la selva parchada por la deforestación quedan las familias campesinas e indígenas, esperando una solución distinta a la cárcel y la violencia. “¿Qué va a pasar con la comunidad? La comunidad se opone y se resiste, y dice que no se movería hasta no tener certeza de a dónde van a parar. Si no, tocaría un desplazamiento masivo, ya no por los grupos armados, sino por parte del Estado”, vislumbra Fonseca, con preocupación.
Nota del Editor: En desarrollo de este artículo se quiso contrastar con Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación sobre estos operativos, pero por razones que desconocemos, en ninguna de las entidades respondieron.
