El departamento no ha recibido un peso de lo garantizado en el Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc, a pesar de tener cerca de 100 mil víctimas del conflicto.
La posibilidad de recibir recursos del posconflicto quedó repartida en 19 de los 32 departamentos, y entre ellos no figura Caldas. En total, son 170 municipios los que recibirán cerca de 80 billones de pesos para invertir en los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados por el Ministerio de Agricultura con el Decreto 893 de 2017 en concordancia con lo pactado en La Habana, Cuba.
Con un plazo de ejecución de 10 años, los PDET tienen como objetivo darle cumplimiento al primer punto del Acuerdo de paz, la Reforma Rural Integral, mediante la “transformación estructural del campo y del ámbito rural”.
¿Hay recursos?
La respuesta del secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, fue clara: “Propiamente del posconflicto no hemos recibido recursos”. De acuerdo con el decreto que reglamentó los PDET, ningún territorio del Eje Cafetero, que incluye además de Caldas, a Risaralda y Quindío, está en los planes para recibir dineros de esos programas.
Más allá de esos recursos, algunos municipios del departamento intentaron lograrlos por la vía del programa conocido como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), creado por el gobierno nacional mediante la Ley 1819 de 2016 para atender 344 municipios en todo el país afectados por la confrontación, entre ellos a nueve municipios caldenses -Arserma, Belalcázar, Marulanda, Norcasia, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risarlda y Samaná-.
Las propuestas de proyectos para acceder a recursos de las Zomac se enviaron desde Anserma, Belalcázar, Marulanda, Norcasia, Pensilvania, Riosucio, Risaralda y Samaná, pero ninguna fue aprobada, según declaraciones que, en su momento, dio Miguel Trujillo, secretario de Desarrollo Económico del Departamento.
“Proyectos en las regiones sí hay, y muchos; esa no puede seguir siendo la excusa del gobierno nacional, que no hay. En Caldas se presentaron varios, lo que extraña es que todos fueron rechazados”, dijo Trujillo en una entrevista a LA PATRIA en marzo del 2018.
El plan Zomac pretendía que los empresarios gestionaran proyectos en las regiones necesitadas a cambio de la reducción de impuestos, bajo el lema “Obras por impuestos”. Las iniciativas enviadas desde Caldas esperaban inversiones hasta de 40 mil millones de pesos. Incluso, ya había empresas interesadas como Acesco, Navesgo y Susuerte, entre otras.
Conflicto en Caldas
Las consecuencias de los enfrentamientos entre grupos armados en el departamento las sufrieron 100 mil personas. Las disputas entre las Farc, grupos paramilitares y Fuerza Pública desplazaron a miles de personas de zonas rurales a urbanas, incluso a Manizales. Estos hechos, más los homicidios y amenazas que ocurrieron en mayor medida en el 2002, fueron los más frecuentes en la época, según el Registro Único de Víctimas (RUV).
Los municipios más afectados son Samaná, Pensilvania y La Dorada, que suman 43 mil víctimas. Manizales tiene un registro de 18 mil afectados, sin embargo, es difícil esclarecer si son de la ciudad o son migrantes que llegaron por esa misma condición.
En Samaná, oriente de Caldas, 21 mil personas resultaron afectadas como consecuencia de la guerra. Este lugar fue el epicentro de las confrontaciones entre el Frente 47 de las Farc, al mando de alias ‘Karina’, y unidades de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, comandadas por Omar Isaza, alias ‘Teniente’.
Este municipio, que según las proyecciones del DANE para 2018 tiene 25 mil habitantes, es el más golpeado por el conflicto armado en Caldas y en todo el Eje Cafetero. El 84 por ciento de su población sufrió desplazamientos, homicidios y amenazas, entre otros hechos victimizantes.
¿Por qué no?
Hay quienes se preguntan por qué algunos municipios del oriente de Caldas no fueron priorizados para recibir los recursos PDET, dado que fueron afectados por la guerra. La respuesta está en la caracterización de los territorios realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
En un documento disponible en su página web, con fecha de julio del 2017, definió los requisitos. De acuerdo con el trabajo realizado por el Grupo de Proyectos Especiales del DNP, los siguientes aspectos permitieron la decisión de los municipios: la composición demográfica, las condiciones de vida, el desarrollo económico, el medioambiente y uso del suelo, la seguridad y las víctimas del conflicto.
LA PATRIA reunió los datos de Samaná y Pensilvania, los dos municipios de Caldas más afectados del conflicto por número de víctimas y los comparó con dos municipios priorizados del Valle del Cauca. Si bien los territorios caldenses tienen buenos registros en los componentes de condiciones de vida y desarrollo económico, en seguridad y víctimas aportan gran parte del total de las víctimas del departamento.
Para el gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedrahíta, es injusto que el departamento no esté priorizado en los municipios PDET: “Lastimosamente estos departamentos que mejor lo han hecho terminan siendo castigados por el gobierno nacional”.
El mandatario seccional, incluso, presentó un documento en el que intentaba demostrar que su departamento merecía estar dentro de los proyectos para el posconflicto. Con una línea de tiempo y un comparativo con los casos de violencia en Caldas y Cauca, intentaron convencer a la Nación de la necesidad de que esos recursos llegaran a Caldas. Se destaca en ella que está libre de cultivos de coca y, según el mandatario, parcialmente sin minas antipersonales.
En educación tampoco fue tenido en cuenta, tal como lo explicó Hernán Patiño, fiscal del sindicato de Educadores Unidos de Caldas (Educal): “El departamento estuvo, hace dos años, inicialmente priorizado para esta convocatoria, por tener municipios que fueron víctimas del conflicto. Orientamos a los docentes para que participaran y de un momento a otro quedamos por fuera”.
Además, el Ministerio de Educación emitió esta semana la convocatoria para cubrir vacantes de profesores en 119 municipios focalizados, en los que no figura ninguno del departamento.
Inconformes
Líderes y alcaldes de algunos municipios lamentan que se haya olvidado la magnitud que tuvo el conflicto en el departamento:
Bernardo Arley Hernández, alcalde de Riosucio
“Nosotros mandamos solicitudes para que Riosucio quedara dentro de los municipios priorizados. Riosucio, Supía, La Merced, también sufrieron el conflicto como los municipios del oriente de Caldas. Que no estemos priorizados es preocupante porque Caldas tuvo muchas víctimas. Nuestros planes de desarrollo fueron construidos con base en el proceso de paz. Ese fue el lineamiento del expresidente Santos, que todos los proyectos que presentáramos estuvieran enfocados al posconflicto”.
Jesús Iván Ospina, alcalde de Pensilvania
“El gobernador, junto con la Secretaría de Gobierno, hizo una reclamación en la que comparó algunos municipios de Caldas con otros de otras regiones y de lejos teníamos razones para haber quedado entre los municipios priorizados.
No entendemos los criterios de priorización para esos 170 municipios PDET y considerábamos que debíamos estar por el nivel de afectación que se tuvo en la región por el conflicto armado, que aún se vive”.
Abel David Jaramillo, Representante a la Cámara por Caldas
“Tenemos esa inquietud porque en el oriente y el occidente sufrieron fuertemente por el conflicto. La mayor preocupación desde la Cámara y desde la Comisión de Paz, es que se ve un incumplimiento del gobierno con lo pactado y también con los municipios priorizados para la atención integral de sus necesidades básicas insatisfechas”.
