En ese corregimiento de Cajibío, centro de Cauca, los campesinos que tomaron las armas para defenderse del asedio de las Farc en la década del setenta y las dejaron en 2003, se convirtieron en uno de los principales productores de grano especial del departamento. En su proceso de reintegración crearon una asociación y de él también se beneficia toda la comunidad.
La comunidad de Ortega exhibe con orgullo un producto que brota de sus tierras y es transformado con sus propias manos: el Café de la Reconciliación. Atrás quedaron las preocupaciones de hacer patrullajes para evitar el asedio guerrillero y, actualmente, sus objetivos giran sobre cómo cumplir los requisitos necesarios para exportar su marca del grano, la cual promueven como cien por ciento excelsa y con aroma de paz.
Sin embargo, esa transición no fue fácil. En su trasegar se encontraron la violencia partidista; el yugo de las Farc, que pretendía reclutar a sus jóvenes; y el abandono de un Estado, que puso su mirada sobre ellos tras la dejación de armas.
Las familias campesinas que se asentaron en las escarpadas montañas de Ortega empezaron a sentir los rigores de la violencia política en los años sesenta. Para esa época, según lo documentó la Fiscalía de Justicia y Paz, a la región arribó de Nariño un hombre conocido como el Capitán Rayo, quien inició una guerra contra los simpatizantes del Partido Conservador. A partir de ese momento se dieron confrontaciones con el Ejército y Rayo fue expulsado por el repudio que despertó el asesinato de un campesino. (Leer más en: Las autodefensas que antecedieron al Bloque Calima)
Tras la salida de ese ‘capitán’, en la región vivieron diez años de tranquilidad, hasta que las Farc empezaron a incursionar en el corregimiento. Así lo documentó el informe Ortega, un proceso que merece ser contado, el cual fue publicado en 2016 por agencias gubernamentales y extranjeras que han impulsado la reintegración de sus 167 excombatientes: “En 1978 entró el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el comandante ‘Sandino’, quien se presentó con la firme intención de seducir a los jóvenes a ingresar a sus filas, para sumar fuerzas y apoderarse de la región. Pero su idea no fue seguida por los habitantes del corregimiento”.
Encabezados por Leónidas Becoche y Manuel Jesús Quina, la comunidad se opuso a los vejámenes de las Farc, lo que derivó en sus asesinatos al año siguiente, con lo cual perdieron a un gran líder político y al comerciante más importante de la región, respectivamente. Además de dejar acéfala a la comunidad, esos homicidios impulsaron a algunas familias a empuñar las armas para autoprotegerse, entre otras razones porque la autoridad más cercana estaba a doce horas de camino por trocha. (Leer más en: El detonante de las Autodefensas de Ortega)
“Esos grupos empezaron a entrar y a matar gente sin que se les hicieran nada o los ‘sapiaran’. Las Fuerzas Armadas venían, se iban a la semana y la zona quedaba desamparada. Al mes volvían ellos y mataban nuevamente a sangre fría. Esos fueron los comienzos. Al ver que el Estado no ponía cuidado sobre estas tierras, fue donde ciertas personas se tomaron la tarea de armarse con escopetas y valor, porque no había más. Eran las escopeticas usadas para defender las casas”, recuerda Jorge*, familiar de uno de los dos líderes asesinados.
Lo que inició como un proceso de resistencia civil se tornó en uno armado, liderado por Humberto Pechené, quien, con 30 hombres, empezó a patrullar las seis veredas del corregimiento. Desde su creación hasta momentos previos a la desmovilización, fueron conocidos como ‘El Grupo’, pero por sugerencia de las autoridades militares que estaban acompañando el proceso de desarme, desmovilización y reintegración, en 2003 apelaron al nombre de Autodefensas Campesinas de Ortega.
“Al grupo ingresé en 1997. Cuando pertenecí, no participé en nada ilícito: secuestrar o matar. El compromiso de nosotros fue turnarnos para trabajar el suelo. Cuando eso éramos como 154 hombres. Los que entrábamos en ese tiempo era para patrullar en el cerro, para que los demás pudieran trabajar. Sólo estuve en un hostigamiento que recuerde. No tuvimos bajas, a ellos les tumbamos dos y les quitamos armas porque no resistieron el ataque”, explica Jorge sobre la rutina de ‘El Grupo’.
La dinámica de patrullajes y combates esporádicos cambió drásticamente el 13 de septiembre de 2000, cuando las Farc perpetraron una masacre y quemaron varias viviendas en la vereda El Edén. El hecho fue relatado en el informe sobre el proceso de reintegración: “Los que alcanzaron a correr se escondieron y otros permanecieron en sus casas a esperar lo que el destino tenía para ellos. Mujeres y niños se fueron a esconder entre las peñas, ríos y matorrales temiendo por su vida. Mientras nuestra gente se escondía y corría, la guerrilla se iba apoderando de la vereda, quemando las casas y asesinando al que se atravesaba en su camino; la tarde de aquel día se oscureció con el humo de las casas quemadas”.
Esa incursión hizo que ‘El Grupo’ buscara la ayuda del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que meses atrás se había asentado en el norte de Cauca, proveniente del vecino de departamento de Valle del Cauca. Las tropas de Hebert Veloza García, alias ‘HH’, entrenaron a 40 integrantes del grupo de Ortega y les suministraron armamento. Ambos grupos hicieron un recorrido por la zona rural de Cajibío y los paramilitares de las Auc asesinaron a supuestos simpatizantes de las Farc y saquearon varios establecimientos comerciales. (Leer más en: El recorrido sangriento del Bloque Calima por Cauca)
Esa fue la única incursión que ‘El Grupo’ realizó por fuera de Ortega. Ricardo*, uno sus campaneros, afirma que la comunidad no fue golpeada por ellos y que “la única embarrada fue la incursión conjunta con el Bloque Calima”, por la cual pidieron perdón tras dejar las armas. Algunos miembros de ‘El Grupo’ se pasaron a las filas del Bloque Calima y la Fiscalía de Justicia y Paz les imputó cargos en mayo de 2014 luego de que confesaron cómo fue esa incursión armada. (Leer más en: La alianza que aterrorizó a Cajibío)
Época de sembrar
“Cuando el presidente Álvaro Uribe sacó ese proceso de reinserción a la vida civil fue cuando mi Dios tocó las puertas acá y vimos que, así como estábamos, no era viable la vida porque detrás venían nuestros niños y no teníamos cómo darles una vida segura. Era desarmarse o morir”, así cuenta Jorge cómo decidieron contactar al gobierno nacional para vincularse a las desmovilizaciones que estaba desarrollando con las Auc, proceso que años después fue conocido como Justicia y Paz.
El encargado de las negociaciones con el gobierno nacional fue Rubindel Becoche y la mayoría de los integrantes del grupo la consideraron satisfactoria. De ese modo, el 7 de diciembre de 2003, se realizó un acto simbólico de desmovilización en la vereda El Edén y los 167 integrantes de las rebautizadas Autodefensas Campesinas de Ortega entregaron cuatro fusiles, dos revólveres, una carabina, 40 escopetas, 17 granadas, 1.532 municiones, 38 uniformes y dos radios.
“Después de la desmovilización llegó la institución de Vallenpaz con psicólogos y proyectos productivos. Se trabajó la psicología para tratar los traumas que deja el conflicto armado. En 2008 arrancó el proceso de reintegración y nos incluyeron con los cambios de la época, que tenía más acompañamiento técnico, capacitación y proyectos productivos”, recuerda Ricardo.
Inicialmente el proceso de reintegración de los excombatientes estuvo en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y ejecutado por la corporación Vallenpaz y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que entre 2004 y 2005 desarrollaron varios proyectos centrados en sus dimensiones personales y productivas, brindándoles atención psicosocial familiar e individual, gestionando microcréditos y caracterizando el sector agropecuario del corregimiento para que posteriormente ingresaran otras entidades a desarrollar proyectos.
Al año siguiente se vinculó la Alta Consejería para la Reintegración y empezó a coordinar acciones entre diferentes entidades para promover la capacitación y el emprendimiento de los excombatientes y de la comunidad.
“El caso de Ortega es un ejemplo nacional de lo que es la reintegración comunitaria. Por el hecho de desmovilizarse y quedarse en Ortega, logró que los beneficios pasaran a la comunidad. Como entidad, la apuesta siempre ha sido favorecer a personas en procesos de reintegración, a sus familias y a las comunidades aledañas. En este caso ellos también lograron acceder a cupos de capacitación”, explica Paula Caicedo, orientadora de Corresponsabilidad Social de la Agencia para Reincorporación y la Normalización (ARN).
De hecho, así también lo manifiestan algunos de los excombatientes consultados por este portal, quienes afirman que ese aspecto fue clave para promover la reconciliación y sanar heridas de antaño. “Además de pedir perdón, también ayudó mucho que no nos incluían sólo a nosotros sino a la comunidad en general con la titulación de tierras, y eso sirvió para que vieran que las cosas estaban bien”, cuenta Ricardo, quien agrega que el trabajo social que realizaron como parte de sus compromisos, sirvió para normalizar las relaciones: “Había gente que no lo veía a uno con buenos ojos, tampoco había agresiones. Ya habíamos recibido capacitaciones para manejar el tema, pero con el tiempo se fue normalizando, sembrando juntos y haciendo trabajo comunitario nos cogieron cariño y confianza”.
Entre los proyectos clave para la seguridad de Ortega se encuentran dos convenios establecidos en 2010 con el impulso de la Agencia Colombiana para la Reintegración (hoy ARN). Uno fue firmado con el Comité Departamental de Cafeteros de Cauca mediante el cual recibieron asistencia técnica, renovación de cafetales, acceso a créditos y acompañamiento en la comercialización, mejorando así la producción del corregimiento; y el otro logró que en cuatro años, el Incoder adjudicara 293 títulos de propiedad a desmovilizados, a sus familias y a la comunidad en general. Y paralelo a ellos, se dieron capacitaciones y formaciones por parte del SENA durante más de diez años, tanto para terminar sus estudios escolares, como para tecnificar su producción de café.
Los campesinos de Ortega destacan que a pesar de las dificultades y de las demoras en algunos procesos, se ha cumplido alrededor del 90 por ciento de las iniciativas que acordaron con el gobierno nacional durante la negociación de desmovilización. Y tajantemente le cerraron la puerta a la posibilidad de volver a tomar las armas.
“En la negociación nos dijeron que nos ayudarían con el desarrollo del corregimiento a cambio de dejar las armas. Nosotros dimos nuestra palabra y dijimos que no iba a pasar como ha pasado con muchos, que después cogieron para otros grupos. Nosotros no. Esa palabra la hemos cumplido hasta este momento y no hemos dado un paso atrás, porque eso era a cambio de desarrollo para este corregimiento que estaba muy olvidado”, afirma Jorge con tesón.
Época de cosecha
Ortega también le cerró la puerta a cualquier tipo de economía ilegal porque entre ceja y ceja tiene la intención de exportar su café. Ese sueño empezó hace doce años, cuando se creó la Asociación de Productores Agropecuarios Sembradores de Vida, que agrupa a 150 familias.
Rubén Darío Quintero, fundador y actual representante legal, cuenta que la iniciativa surgió en medio de las capacitaciones que empezaron a recibir: “En febrero de 2006 entró Empaques del Cauca y nos dijeron que deberíamos organizarnos y nos empezó a sonar el tema. Desde allí empezamos trabajarle y legalizamos la asociación en diciembre de 2006. Nos ha servido mucho para asociar la comunidad, hacer proyectos productivos y gestionar proyectos sociales para las veredas”.
Y nuevamente recalca el apoyo que recibieron por parte del Comité Departamental de Cafeteros de Cauca y del SENA para mejorar todos los niveles de producción: “Nos capacitaron desde los inicios con el manejo de germinadores, semilleros… hasta terminar en la transformación del grano. Llegamos hasta sacar derivados del café, nos enseñaron sacarlo tostado y molido, también a sacar etiqueta y estamos en el proceso de sacar la marca”.
Aunque aclara que ya tienen definida la marca -Café de Ortega, el Café de la Reconciliación- aún están en el proceso de obtener el código de barras del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Para ello, necesitan construir un centro de acopio y les faltan los recursos necesarios para levantarlo sobre un terreno que ya adquirieron.
Por esa razón, la comercialización del café se ha estancado, admite Quintero: “Casi no hemos salido del municipio porque afuera necesitamos el código de barras y el certificado del Invima, para ello necesitamos infraestructura y no hemos podido salir del municipio a no ser que participemos en ferias y convenciones. En la cabecera tenemos unos expendios”.
Dado que su fin empresarial es exportar, se están preparando para hacer transición hacia lo orgánico, “porque uno mira que en los países desarrollados ya no consumen productos procesados con químicos. Con ese cambio obtendremos un valor agregado y mejor rentabilidad de nuestras fincas. Necesitamos que la transformación sea exportada”.
Y con ese anhelo, sumado al compromiso con su comunidad, en Ortega se hace resistencia desde los granos de café y no de las armas como ocurrió cuatro décadas atrás. Lo anterior se debe a que, a diferencia de vecinos de otros corregimientos, por sus mentes no pasa la posibilidad de sembrar ni una mata de coca, pues saben que con ella podrían llegar actores armados a someterlos a un nuevo ciclo de violencia, y porque también cuentan con las herramientas necesarias para subsistir honradamente.
“La no presencia de coca es un escudo para que no avancen hasta acá. También con nuestra formación, vemos que no tenemos riqueza pero que tampoco nos morimos de hambre, porque el cafecito nos da el sustento y no nos tenemos que andar escondiendo. La gente se motiva al ver que se vende el café en cualquier momento y sin problemas”, sostiene Ricardo.
De manera similar se expresa Jorge: “Estamos bien, por acá no hay grupos armados que nos estén amenazando. Cajibío es un municipio con bastantes cultivos de coca, pero en este corregimiento no tenemos ese problema porque todas las familias están ocupadas y trabajando con el café”.
Y recuerda que anteriormente “hubo unos malos intentos de algunas familias de querer meternos el cultivo de la coca, pero como esto lo habíamos hecho tan seriamente y el día que dejamos las armas dijimos que no haríamos nada ilegal, se les dijo que por nada del mundo aceptamos la coca. Por eso en este corregimiento, de cocas, solamente las muelas”.
Se refiere al caso de algunas familias de la vereda La Isla que hace tres años intentaron sembrar o rentarles sus fincas a personas procedentes de Nariño para cultivar hoja de coca para uso ilícito.
De hecho, un investigador del departamento, que pidió no ser identificado, señala que una vez se acordó el programa de sustitución de cultivos ilícitos negociado en La Habana con las Farc, en el municipio empezó a aumentar la coca: “Creo que hubo falta de información sobre la situación de cultivos, que hizo que los campesinos pensaran que independientemente del proceso de paz, eso era una buena oportunidad para recibir beneficios. Antes había calma, pero las dinámicas de la región pueden cambiar, no en función de grupos armados, sino en función de lo que significa la producción de cultivos ilícitos”.
No obstante ese riesgo, las familias en Ortega le han puesto toda la fe al Café de la Reconciliación, con cuyo aroma esperan oponerse a cualquier tipo de violencia y vivir, definitivamente, en paz.
* Nombres cambiados por petición de los entrevistados.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de
