A pesar de que ha llegado inversión a ese municipio a través de los programas pactados en el acuerdo para la terminación del conflicto con la antigua guerrilla de las Farc, el enfrentamiento entre grupos armados está desplazando a la población, que no tiene otra opción que abandonar sus proyectos de vida. La corrupción también corroe a esa localidad del Bajo Cauca antioqueño.
El 28 de mayo se cumplieron dos años de la promulgación del decreto que crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que fueron concertados en el Acuerdo de Paz y de los trece municipios priorizados en las regiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, sólo en cinco se ejecutaron obras de Pequeña Infraestructura comunitaria (PIC) entre 2017 y 2018.
Uno de ellos es Cáceres (los demás son Remedios, Anorí, Briceño e Ituango), donde la violencia y las condiciones de pobreza de sus habitantes están socavando la estabilidad de este municipio, al punto que muchos allí consideran que se está convirtiendo en un territorio invivible.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (llamadas por el Estado colombiano como ‘Clan del Golfo’), el Frente Virgilio Peralta (conocido como ‘Los Caparrapos’) y la guerrilla del Eln, son los grupos armados ilegales que más presencia tienen en ese municipio de 37.806 habitantes y frenan las posibilidades de consolidar cualquier asomo de paz.
El desplazamiento masivo, las amenazas y asesinatos son una constante en Cáceres, dejándolo casi despoblado, tanto en lo rural como en lo urbano. Aquellos pobladores que deciden quedarse no tienen otra opción que vivir confinados y embargados por el miedo.
Esos padecimientos también afectan a por lo menos 2.200 indígenas del pueblo Zenú, distribuidos en nueve comunidades, según el censo del cabildo mayor en el 2011. En diciembre de 2017 la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó un predio de 48 hectáreas a 51 familias como parte de la constitución del resguardo Puerto Bélgica; sin embargo, varias de ellas han tenido que huir como consecuencia de la confrontación armada, que acorrala a los nativos.
El último hecho de sangre se perpetró a la media noche del pasado domingo, cuando un comando armado aún sin identificar, y portando uniformes negros con brazaletes del Gaula, arribó a una zona ribereña del corregimiento Guarumo y asesinó a cuatro hombres, entre ellos a un menor de 17 años de edad.
De acuerdo con versiones de las autoridades recogidas por diversos medios de prensa, los autores de la masacre llegaron en lancha por el río Cauca, accionaron armas y explosivos contra los pobladores del lugar sin explicación alguna y huyeron del sitio a través de este afluente.
Acosado por todos
Cáceres es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia: fue fundado en 1576 y erigido municipio en 1903. Su principal actividad económica ha sido la minería de oro, que viene desde la época de la Colonia. Esta actividad extractiva ha causado grandes estragos medioambientales, pues gran parte de su territorio ha sido explotado sin mayor control.
Las aguas del río Cauca irrigan este municipio y la pesca, que era una opción para los pobladores ribereños, fue perdiendo relevancia con la construcción del proyecto de generación de energía Hidroituango, que afectó la vida acuática. Además, el cultivo de hoja de coca para uso ilícito reemplazó la agricultura en una población cuyo 77 por ciento vive en la ruralidad, con pocas vías de acceso y sin mayores opciones económicas.
Y para completar el panorama desolador de este municipio, no hay quien gobierne. Sus dos últimos mandatarios han sido encarcelados: Ubaldo Enrique Pacheco Julio, alcalde para el periodo 2012 – 2015, fue judicializado en julio de 2018 por delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
El actual alcalde José Mercedes Berrío (2016-2019) fue destituido y capturado en enero de 2018 por posibles nexos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que, al parecer, lo favorecieron en su proceso de elección en 2015.
En su reemplazo llegó Sandra Patricia Durán, elegida por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, desatando una controversia con el Partido de la U, pues decían que nadie la conocía y que estaba gobernando desde el vecino municipio de Caucasia.
Desplazamiento, a cuentagotas
La situación que vive Cáceres es alarmante. Se está convirtiendo en un pueblo fantasma. El defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien estuvo visitando el municipio el 25 de febrero de este año, dijo ante los medios: “Es una situación aberrante, uno queda aterrado después de visitar cinco municipios del Bajo Cauca y encontrar a Cáceres casi vacío por la angustia de la gente. Lo que acabamos de observar en el municipio es la gente paniquiada. Tenemos que contarle al país que hay que mirar a Cáceres”.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre enero y febrero de 2018 salieron 1.600 personas de 18 veredas por cinco enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial. El Defensor del Pueblo dio la cifra de 4.600 desplazados en todo ese año.
El personero municipal, Anderson Piedrahita, aseguró que de los 2.300 estudiantes que tenía el Liceo Monseñor Gerardo Patiño, por lo menos mil dejaron de ir a clase por temor a enfrentamientos armados o por panfletos que circulan. Además hay cinco concejales amenazados.
“Del municipio han salido más de 420 personas, dejando deshabitados cuatro barrios. Tenemos el registro de 23 homicidios en lo que va del año, en el 2018 se presentaron 60 muertes. Todos los días recibimos denuncias por amenazas”, detalló Piedrahita.
Desde la seis de la tarde, todos los negocios cierran sus puertas y las personas no salen de sus casas. Uno de sus habitantes dice que, en la noche, el pueblo queda queda desolado y con un silencio aterrador. Para 2019, el Registro Único de Víctimas no lleva la cuenta de cuántas personas más han salido de allí, pues los desplazamientos ahora no son masivos sino a cuentagotas y la gente no está denunciando.
“Para los desplazados han dicho claramente que, como no hay seguridad, no hay ayuda para nosotros y muchos decidimos regresar al territorio porque nos habían dicho que teníamos las garantías. Cuando hay un conflicto tan largo y tan complejo como el nuestro es muy difícil que las cosas se normalicen, teníamos la confianza, pero ahora está perdida”, afirmó Horacio Rendón, representante de las víctimas e integrante de la comisión municipal del Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria (PNIS) en ese municipio.
Las comunidades indígenas también han tenido que dejar sus territorios por la arremetida de grupos armados ilegales que obstruyen su movilidad. Según la Organización Indígena de Antioquia (OIA) en 2018 asesinaron a cinco indígenas en el Bajo Cauca. Los líderes de esta organización, mediante un comunicado público, alertó sobre las restricciones y la imposibilidad de realizar sus trabajos para obtener el sustento. “Estos hechos tienen a los pueblos indígenas en inminente riesgo de exterminio físico y cultural”, dice el documento.
Y otro factor que ha generado desplazamiento es la constante amenaza que genera el proyecto Hidroituango y sus contingencias. Muchos vendieron sus casas a bajo costo o las dejaron abandonadas por el temor a que el muro de la presa se rompa y ocasione una gran tragedia aguas abajo. Si ello ocurre, se sospecha que la fuerza del afluente acabaría con buena parte del municipio.
Inversiones en obras PDET
Con el objetivo de “mejorar las condiciones de vida dentro de los municipios más afectados por la violencia”, según la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se ejecutaron en Cáceres, entre 2017 y 2018, diez obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC), como parte de la implementación de los PDET. Lo contradictorio es que se estén haciendo esas obras y, al tiempo, la gente esté abandonando los territorios por cuenta de la guerra que se libra en la región.
Aún así, los que se quedan tienen la posibilidad de ver por primera vez la inversión del Estado, dándose cumplimiento inicial a algunos programas de la reforma rural integral plasmada en el Acuerdo de Paz. Lo que muchos campesinos aseguran es que deberían cumplirse todos los puntos de manera estratégica para que dentro de diez años haya un verdadero cambio estructural del campo.
Cabe resaltar que dentro de las diez obras realizadas en Cáceres, siete son de construcción o mejoramiento de aulas escolares, dos de ellas en comunidades indígenas; una de etnoeducación en el cabildo indígena en la vereda Campanario, y la otra en el colegio de bachillerato del cabildo indígena Alto del Tigre, obras que tuvieron una inversión 496 millones de pesos, según datos entregados por la ART.
Además, se construyeron escenarios deportivos como la placa polideportiva en la vereda Muribá que tuvo el costo de 124 millones de pesos, o la construcción de un parque infantil y gimnasio al aire libre en las veredas Peladero y San Pablo, en los que se le invirtieron 109 millones de pesos.
Aún quedan doce obras en estructuración que tendrán destinados 1.400 millones de pesos para su culminación. La construcción del centro educativo rural Nueva Esperanza, en la vereda Las Negritas es uno de ellos, además de casetas comunales, restaurante escolar, baterías sanitarias y mejoramiento de vías.
PNIS sin cumplimiento
Como en el resto de municipios que se acogieron al PNIS, en Cáceres también está atrasada su implementación. En 2013 el municipio tenía 143 hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito y para 2017 aumentó a 1.943 hectáreas, según el Observatorio de Drogas de Colombia.
Para salir de la esa ilegalidad, 1.671 familias se acogieron al PNIS, “de las cuales, por problemas y falta de documentación, el gobierno ha estado excluyendo a algunas, ahora quedan 1.200. El PNIS ha tenido dificultad porque no se han ejecutado rápido, por el contrario, la gente sigue esperando, pero no sabemos hasta cuándo iremos a aguantar”, asegura Rendón.
Estas familias han erradicado 900 hectáreas, pero los pagos no les han llegado. Ya van cinco meses sin que reciban lo acordado. A algunas veredas llegaron semillas y plántulas para reemplazar los cultivos de hoja de coca, sin embargo, los labriegos concuerdan en que no hay asesoría técnica para sembrar las mil plántulas de aguacate, 700 kilos de maíz, 22 mil plántulas de caña o las tres mil plántulas de guayaba.
Por los incumplimientos en el programa de sustitución varios líderes están pensando en hacer una demanda colectiva por la falta de pagos, pues ellos aseguran que cumplieron con la erradicación voluntaria; estuvieron en todas las reuniones, planeando, soñando el futuro de sus veredas, construyendo los PDET, pero ahora dicen que se están cansando de esperar. (leer más en: Campesinos de Tarazá, sin garantías en sus territorios)
“Pensábamos firmemente que el Acuerdo de paz iba a solucionar muchos problemas frente al tema de tranquilidad y de paz, pero eso no se ha dado. Sabíamos que era difícil que el Estado cumpliera ese acuerdo, pero el territorio no fue copado a tiempo y por el contrario se le dio ventaja a que entraran más grupos armados. Las comunidades nos sentimos solas. La idea con el Acuerdo era motivar la población para sostenerse en el territorio”, asegura Rendón, un poco desesperanzado con la situación de su municipio.
