Ningún forastero puede ingresar a las veredas de esta localidad del Bajo Cauca. Las limitaciones de movilidad son evidentes y las fronteras están bien delimitadas. Todo ello afecta la verificación de daños en cultivos lícitos.
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Con la timidez que caracteriza a los campesinos, Roberto se acerca para hablar de su caso. Son las nueve de la mañana del martes primero de marzo y ya los labriegos que protestaron por cerca de diez días en Tarazá ya regresaron a sus corregimientos y veredas. Antes de narrar su tragedia le pregunta a un amigo si puede hablar con confianza y éste le dice que sí, que cuente lo que le ha pasado.
“Yo tengo una finquita de pastos en Cáceres y me la fumigaron”, dice con un dejo de tristeza. “Hace un mes pasó una avioneta y me acabó los pastos que tenía en un predio de 20 hectáreas. Lo que pasa es que cerca de ahí abandonaron un lotecito con hoja de coca hace como un año y eso me perjudicó”.
Roberto indica que hace dos años compró el predio con el fin de tener allí algunas cabezas de ganado, lo que le permitiría sobrevivir a él y a su familia dentro de la legalidad. “El Gobierno hasta me ayudó. Me dio un subsidio de nueve millones de pesos en semillas, alambre, herramientas y me pagó 120 jornales para empezar a trabajar. Sembré ese pasto que llaman Brachiaria y allí sostenía 50 reses”.
Esa finca, según él, valía 60 millones de pesos, pero el daño hecho por la aspersión aérea la desvalorizó. “Yo tenía un negocio para venderla, pero ahora con la fumigación no me la quieren comprar”, asegura. “Para volver a sembrar deben pasar seis meses, mientras se pierde el veneno. ¿Y mientras tanto, qué hago?”, se pregunta el labriego. Y ahí mismo lanza una sentencia que refleja el pesimismo que embarga a los cientos de campesinos en igual situación que la suya: “esa es la vida que tenemos los pobres. Se va uno por lo legal y no llega a nada”.
El interés de contar su historia tenía una intención concreta: que se le tomaran varias fotografías de su predio para denunciar el hecho ante las autoridades locales. Pero había un problema: a las áreas rurales de Cáceres no se puede entrar sin el permiso de los jefes de las llamadas Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) que hacen presencia en esa zona del Bajo Cauca antioqueño. En esta localidad, dominan ‘Los Rastrojos’.
Roberto es consciente del asunto y secompromete a gestionar el permiso para que “dejen entrar forasteros”. Al finalizar la conversación, asegura que en dos días tendrá razón del asunto y aclara: “si se resuelven a ir, van dispuestos a cualquier cosa”. Al caer la tarde del día siguiente volvió el labriego con malas noticias. El permiso de ingreso a las veredas fue rechazado con una frase elocuente: “es mejor que se eviten problemas de salud”. La restricción impuesta lo desanima y se marcha apesadumbrado, sin las fotos que demostrarían la magnitud del daño y la posibilidad de reclamar una reparación.
No obstante, al día siguiente se podía llegar, sin problemas, al casco urbano, donde sería posible hablar con las autoridades municipales.
El viaje a Cáceres, a ocho kilómetros de Tarazá, revela uno de los fenómenos ocultos de la guerra que libran las llamadas Bacrim en esta zona: los mototaxistas de un lado y de otro tienen prohibido hacer el viaje directamente hasta los centros urbanos, por lo que los pasajeros se ven obligados a hacer trasbordo en un sitio conocido como San Felipe, una línea imaginaria respetada por los transportadores informales.
Una vez en Cáceres, el primer funcionario en ser contactado fue el Personero Municipal, Faber Miguel Mieles. Al ser consultado sobre los posibles estragos causados por la aspersión aérea de glifosato, precisa que desde el 11 de noviembre de 2010, cuando tomó posesión de su cargo, hasta el momento no he recibido la primera queja al respecto. “No sé si está pasando o no, puede que esté pasando y la gente no está denunciando”, dice.
De acuerdo con los últimos datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos ilícitos en Cáceres pasaron de 552 hectáreas en el 2007 a 382 hectáreas en el 2009. Allí se ha aplicado la erradicación manual voluntaria y forzada, así como la aspersión aérea.
Mieles califica de arbitraria la manera cómo la Policía Antinarcóticos adelanta las aspersiones aéreas. “Como agencia del Ministerio público, debería saber lo que están haciendo, pero no somos informados; ni siquiera conozco qué es lo que fumigan, quiénes fumigan, de dónde vienen y por qué lo hacen. Eso para mí es una arbitrariedad”.
Varios funcionarios de la Alcaldía de Cáceres coinciden con el Personero Municipal en relación con la falta de denuncias formales de campesinos afectados por las fumigaciones aéreas realizadas este año, no obstante, dicen conocer algunos casos de manera informal.
“De las fumigaciones de este año ningún campesino ha venido a denunciar formalmente daños en sus cultivos lícitos”, afirma unode los funcionarios consultados. “Lo que sí sabemos es que a un cultivador de arroz le han fumigado dos veces sus predios en el último año”.
Allí tienen claro que la falta de denuncias obedece a la desconfianza de los campesinos frente a la posibilidad de ser reparados. “Ellos se han dado cuenta que otros han reportado daños y no los han reparado económicamente. Por eso no vienen a presentar la queja formal”.
Los funcionarios aún recuerdan un caso del año pasado en el que se verificó un daño por aspersión aérea con glifosato en un cultivo de arroz; visitaron el predio, tomaron las coordenadas y presentaron el informe. “A los cinco meses nos informó la Policía Antinarcóticos que por ese lugar no había fumigado la avioneta, lo que no se compadece con la realidad, pues en esa ocasión algunos miembros del Emcar (Escuadrón Móvil de Carabineros) estaban en el sitio y se dieron cuenta cuando pasó la aeronave y fumigó”.
Pero más allá de las denuncias, en esta localidad preocupan la desarticulación entre la Policía Antinarcóticos y lasadministraciones municipales; la desprotección de aquellos campesinos que participan en programas independientes de sustitución de cultivos; la fumigación de veredas certificadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) como zonas libres de coca; y la falta de precisión de las coordenadas utilizadas por los pilotos de las aeronaves que adelantan la aspersión.
Si bien los funcionarios de la administración local se distancian de la posición del Personero, en relación con la falta total de información ofrecida por la Policía Antinarcóticos y reconocen que si se les informa sobre las fechas de fumigación aérea, advierten que los datos son incompletos: “no comparten con las autoridades civiles municipales aspectos como dónde van a fumigar. Simplemente nos dicen que van a fumigar y ya”.
Acerca de la desprotección de aquellos campesinos que participan en programas independientes de sustitución de cultivos, se alega que no son priorizados en los planes de los gobiernos Nacional y Departamental, así como tampoco en los de las organizaciones no gubernamentales extranjeras ni en los de Naciones Unidas. “Así las cosas, hemos preguntado en diversos escenarios entonces qué papel juegan los municipios y nadie nos responde”, dice uno de los funcionarios.
Sobre las reiteradas fumigaciones con glifosato sobre veredas certificadas por Unodc y la falta de precisión de las coordenadas utilizadas por los pilotos de las aeronaves que adelantan la aspersión, se lanzaron serios cuestionamientos desde esta localidad.
Cáceres tiene 48 veredas y el 70% han sido certificadas por Naciones Unidas entre los años 2008 y 2010, eso significa que están libres de coca, pero en la administración municipal tienen versiones informales de campesinos que indican que fueron asperjadas en los últimos meses, lo que revela un contrasentido “¿Si están certificadas las veredas, por qué las vuelven a fumigar?”, es la pregunta que ronda en algunas dependencias de la Alcaldía.
También les genera inquietud la falta de precisión de las aeronaves de la Policía Antinarcóticos. “Tal parece que tienen desactualizada la cartografía. Por ejemplo, a Cáceres le agregan zonas que pertenecen a Tarazá”, precisa uno de los funcionarios, una evidencia de las posibles fallas del programa de fumigación.
