En la localidad de Sumapaz se realizó una audiencia sobre el tema después de esperarla tres años y de iniciar todo el proceso en el 2000. Aún falta el último paso.
Poco más de 1.700 personas de Sumapaz serían los habitantes de la Zona de Reserva Campesina de esta localidad. Foto: María Clara Calle.
Hicieron todo por tener una Zona de Reserva Campesina en su territorio y ahora los habitantes de 16 veredas de Sumapaz están a punto de lograrlo. Uno de los últimos pasos se dio el pasado 27 de agosto, cuando se realizó la audiencia pública en el corregimiento San Juan de Sumapaz, convocada por la recién creada Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Ante esta institución y otros entes administrativos distritales y nacionales, los representantes de las cerca de 1.700 personas que viven en la que sería la Zona de Reserva de Campesina (ZRC) expusieron las razones para convertirse en la séptima zona de estas características del país, una lucha que comenzaron desde hace más de 15 años y por la que esperaron esta audiencia desde 2013.
“No se está pidiendo nada extraño, solo que haya institucionalidad en el terreno. Por eso queremos hacer una Zona de Reserva Campesina, pero la respuesta histórica es que somos unas ‘republiquetas’”, afirmó en la audiencia Misael Vaquero, presidente Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz).
Esta organización, junto con Asosumapaz y Asojuntas, han liderado la creación de la Zona de Reserva Campesina en un lugar que está a más de dos horas del casco urbano de Bogotá y que representa el 42% de todo el suelo de la capital colombiana. Para el sindicato, hasta ahora la respuesta estatal se ha traducido en la ausencia de acciones concretas.
La Ley 160 de 1994, que regula la creación de ZRC, estipula que para conformar este tipo de áreas lo primero que debía hacerse era presentar una solicitud formal al Incora (que fue reemplazado por el Incoder y, posteriormente, por la Agencia Nacional de Tierras). De ahí, se reenviaría al Concejo municipal y a la autoridad ambiental de la región lugar para que emitieran su concepto.
Posteriormente, se tenía que elaborar un plan de desarrollo sostenible y realizar una audiencia pública para discutirlo. Con todos esos pasos dados, finalmente la autoridad de tierras tendría que tomar una decisión sobre la delimitación y constitución de la ZRC solicitada.
Sumapaz inició estos trámites desde 2000, pero entre 2002 y 2010 el proceso estuvo paralizado y solo se reactivó en 2011. Desde 2012 se recopiló la información para realizar el Plan de Desarrollo Sostenible y lo terminaron en 2013.
Alexánder Moreno, quien coordinó el equipo técnico que formuló el Plan, reconoce que si bien por el paso del tiempo “habrá datos no exactos”, tienen “tendencias y validez que sí son vigentes”.
Una de las desactualizaciones se centra en el costo de creación de la ZRC. Inicialmente se tasó en 35 mil millones de pesos, pero, según Moreno, a precios de 2016 sería de 45 mil millones o “a lo sumo 55 mil millones”, según César Jerez, uno de los coordinadores de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc). El 5 por ciento del monto se desembolsaría el primer año y aumentaría progresivamente hasta que en 2030 estén todos los recursos.
En cuanto a la obtención de los recursos, Jerez propuso que la zona de reserva de Sumapaz se financie con parte de los 575 millones de Euros (casi dos billones de pesos colombianos) que aportará la Unión Europea al posconflicto, a través del Fondo Fiduciario. “Tiene lógica pues éste es el primer hecho de implementación de los acuerdos en La Habana, donde se planteó el fortalecimiento las zonas de reserva campesina”, aseveró.
La respuesta de Javier Flórez, director de Acceso a Tierras de la ANT, es que el único compromiso que él puede asumir al respecto es ayudar a concertar una cita con el ministro de Posconflicto, Rafael Pardo.
Una de las tendencias que se mantiene, según el Plan, es que el 43,5 por ciento de los pobladores no son dueños de la tierra donde viven “y es precisamente esa formalización la que busca la zona de reserva campesina”, indicó Moreno.
Ante este panorama, Flórez aseguró que la institución tiene voluntad política y las condiciones financieras para hacer cumplir ese plan de desarrollo: “Noqueremos esperar sino ir y hacer un barro predial para formalizar la propiedad rural. La agencia no se irá hasta que formalice todos los predios, sea por la vía de procesos administrativos, que por lo general son el 80 por ciento de los casos, o por la vía de los juzgados”.
Otra de las constantes señaladas por el Plan es que las organizaciones sociales de Sumapaz son fuertes y tienen vínculos estrechos entre sí, además de que el poder social no está centralizado en una única asociación. Según el estudio, esto permite que los dineros los administren directamente las juntas de acción comunal sin intermediarios, y así que en cada vereda administren 100 millones de pesos en las obras civiles que, a su juicio, deben priorizar. Todo con la vigilancia de un comité veedor local.
El Plan aclara que más que subsidios, esta ZRC busca inversiones y alianzas con empresas públicas y privadas. “No es una zona de reserva campesina aislada o anti-instituciones, sino que proponemos alianzas y respeto”, señaló Moreno.
Pero otro es el concepto de la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. En su intervención, que fue la más criticada por las organizaciones sociales en la audiencia, el asesor dela Procuraduría, Rafael Caro, sostuvo que “la propuesta de ZRC desarticula la institucionalidad distrital existente al desconocer los importantes avances en materia de planeación, destinación de recursos y descentralización logrados que se reflejan en cuantiosas inversiones y ejecución de proyectos en el territorio”. (Leer documento Procuraduría)
Caro explicó también que a diferencia de las seis zonas de reserva campesina que ya existen en Colombia, en Sumapaz hay más presencia del Estado en temas como salud y educación.
El representante del Ente de control se enfocó en las grandes extensiones de tierra a manos de un solo dueño que existen dentro de lo que sería la Zona de Reserva Campesina. Según sus cálculos, casi la mitad de la ZRC está conformada por ocho latifundios de más 1000 hectáreas y por otros siete predios entre 500 y 1000 hectáreas.
Vaquero de Sintrapaz, los líderes locales de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria y Asosumapaz sostienen que desconocen de qué latifundios habla el Ministerio Público si desde las titulaciones de los años sesenta, el Incora (entidad que regulaba la reforma agraria de la época) adjudicó terrenos de no más de 50 hectáreas. Por su parte, Jerez descalificó la posición del funcionario y aseguró que la Procuraduría “ha sido la vaca muerta en el camino de la constitución de las Zonas de Reserva Campesina”.
Varias organizaciones sociales consideran que la constitución de una Zona de Reserva Campesina en Sumapaz sería uno de los primeros hechos de paz, en la línea de los acuerdos de La Habana. Foto: María Clara Calle.
Otro de los puntos que cuestionó el Ministerio Público es que haya “una inversión mínima en materia ambiental” pues de los 35 mil millones de pesos solicitados inicialmente para constituir la ZRC, solo 2.500 millones están dedicados a este tema, lo que para para la Procuraduría es de mayor importancia, pues la zona de reserva estaría enuna zona de páramo que el gobierno nacional intenta proteger a través del Parque Nacional Natural de Sumapaz.
Coherentes con las preocupaciones sobre la conservación del medio ambiente, los campesinos escogieron como una de las misiones de la ZRC de Sumapaz proteger el ecosistema.
Área militarizada
Parmenio Poveda, directivo de Sintrapaz, denunció que en septiembre del año pasado el Ejército instaló una base en la parte alta de la Laguna de los Mortiños, de donde proviene el agua que consumen los habitantes de las veredas San José y Granada, del corregimiento de San Juan de Sumapaz.
“Ahí estaban haciendo una base como de malla, de 1.20 de alto por de 1.50 de ancho. Eran como 100 metros en construcción. Fuimos con los directivos de Parques Naturales y con funcionarios del Distrito. Ya se rindió el informe, pero no hemos tenido respuesta frente a eso”, indicó Poveda.
Las organizaciones sociales del Sumapaz advierten que esta localidad es la única militarizada de Bogotá. Según sus voceros, se pasó de tener 3 militares por habitante a 4 en el último año.
Sin embargo, el coronel Édgar Bello, comandante de la Fuerza de Tarea de Sumapaz, indicó que ante los tiempos de posconflicto que se vienen, la Fuerza Pública también cubrirá otros temas para ayudar a la gente: “Tendremos un pelotón ambiental capacitado para cuidar el medio ambiente en atención y prevención de desastre”.
Líderes como Poveda no confían en que la presencia militar será con ese propósito y sustenta su temor en “todo lo que han hecho acá”. Evocó, por ejemplo, lo ocurrido a los hermanos Javier y Wilder Cubillos Torres, y a Heriberto Delgado, tres campesinos que aparecieron muertos sindicados de ser guerrilleros. Por estos homicidios, el Juez Penal del Circuito de Acacías, Meta, condenó a ocho militares en 2008.
Por su parte, la Procuraduría señaló que la violencia en Sumapaz también ha sido por parte de las Farc, que utilizaron esta localidad como corredor entre Huila y Meta con Bogotá desde mediados de los ochenta. Algunos de los casos más recordados son el asesinato del edil liberal Guillermo Leal en 2008 y un año después corrieron la misma suerte la concejal María Fanny Torres y Fernando Morales de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Nazaret.
Suelos frágiles
Una de las disputas que ha revivido la eventual creación de la ZRC es qué pasará con las familias que viven dentro de la zona de reserva forestal. Los campesinos alegan que ni un solo predio que pertenecería a la ZRC hace parte del Parque. El mismo estudio técnico lo comprueba, pero también indica que 254 predios sí están dentro de la reserva natural.
“Esas familias estaban antes de 1977, que fue cuando crearon el Parque. No compartimos que ellos hagan la norma sin tenernos en cuenta, luego vengan a aplicarla y ahí sí les digan a esos hogares que respeten porque están dentro del Parque”, afirmó Poveda.
Pero en el Sumapaz la organización campesina es centenaria. Hace poco menos de cien años, la familia Pardo Roche era la única dueña de los predios de Sumapaz y parte de los de Usme, una localidad vecina. Las familias campesinas comenzaron a negociar partes de huertas y viviendas a cambio de trabajo, a lo que llamaban ‘obligación’. En la década del cuarenta, cuando ese cobro aumentó poco a poco, el líder social Erasmo Valencia se unió con Juan de la Cruz Varela “a hacer su propia reforma agraria interna, sacar a los Pardo Roche y parcelar”, cuenta Poveda.
La época de La Violencia, que enfrentó a liberales y conservadores durante los cincuenta, golpeó con toda su fuerza a la localidad y todos los procesos agrarios quedaron congelados. En la década siguiente, el sindicato de campesinos le solicitó al Incora, la entidad que antecedió al Incoder, la adjudicación de tierras. “Yo he conocido esas escrituras desde los sesenta, cuando adjudicaron baldíos”, señaló Poveda.
Por eso es que ahora no quieren que saquen a las familias que viven dentro del Parque Natural; la petición de las organizaciones campesinas es que las familias obtengan recursos económicos a cambio de conservar el páramo y de actividades como el ecoturismo, pues el suelo es frágil y no pueden sembrar de la misma manera que se hace en otros terrenos.
Asosumapaz y Sintrapaz son las organizaciones que han liderado la conformación de la ZRC en la localidad. Foto: María Clara Calle.
“Somos conscientes de que con agrotóxicos y maquinaria pesada le estamos haciendo un daño grave al suelo. Por eso a través de la figura de reserva campesina queremos manejar nuestros recursos y darle un vuelco a esto, para poder invertir en otros productos amigables con el medio ambiente y podamos restaurar y reforestar”, indicó Poveda.
Carlos Lora, director del Parque Nacional, está de acuerdo en que deben buscar una manera para que los campesinos ganen dinero y encontrar un equilibrio con las familias que viven dentro de la reserva forestal. De paso dijo que Parques Naturales ya ha apoyado a otras ZRC en el país, al gestionar recursos económicos para las de Cabrera (Cundinamarca), El Pato (Meta) y Calamar (Guaviare).
“La comunidad misma hace un blindaje social de los parques. Así no se llenan de guardabosques sino de campesinos que tengan una función amortiguadora del impacto ambiental”, puntualizó Lora.
Plan al día, el siguiente punto
Otro de los retos que le quedan a la ZRC de Sumapaz tras la audiencia es la actualización del Plan de Desarrollo Social. En ese punto también hay una diferencia entre las organizaciones y las instituciones estatales.
Los campesinos quieren presentar de inmediato el Plan ante el consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras para que, de una vez por todas, determine la creación de la Zona y la delimite, pues ya han padecido muchos retrasos. Sin embargo, el director de Acceso a Tierras de la entidad estatal aclaró que antes de llevarlo a esa instancia, se debe actualizar, entre otras razones porque toda su información es de 2013.
“Si no se hace, se corre el riesgo de que el consejo directivo no lo acepte”, señaló Flórez, quien aclaró que la ANT no tiene voto dentro del consejo.
Para Jerez este es otro palo en la rueda que pone el gobierno nacional para intentar frenar la constitución de la ZRC y ratificó que la ANT se está inventando una fase en el procedimiento.
“En ningún momento la reglamentación dice que los planes de desarrollo tienen que ser actualizados al día que lleguen a la audiencia. Eso sería inconveniente, sería una traba más en el trámite de constitución. Si la Agencia requiere que se actualice, pues lo hacemos, pero no eso no significa que no se lleve el proceso al consejo directivo”, precisó.
La audiencia pública terminó sin que hubiera un consenso entre si el plan dedesarrollo se presentaba al consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras tal como está o si es necesario esperar su actualización. El miedo de los campesinos es que todo se estanque en este punto y pierdan de nuevo la oportunidad por la que han trabajado más de una década.
