Durante el 2009, 27 de los 32 departamentos y 178 municipios padecieron a las bandas emergentes. Los más afectados fueron Antioquia y Nariño. Según la FIP persiste el riesgo de que surja una nueva generación de paramilitarismo respaldada por el narcotráfico.
 Las bandas de nuevos paramilitares financiadas por el narcotráfico son un nuevo riesgo que enfrenta el país. Fotomontaje VerdadAbierta.com |
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El informe sostiene que el gobierno colombiano en su afán de lograr el desarme y la desmovilización de los paramilitares, no actuó a tiempo para desmantelar las mafias que estaban detrás de estos grupos armados lo que permitió su rearme en varias regiones del país.
Así mientras miles de combatientes dejaron las filas, las redes que se apoyaban en el narcotráfico quedaron intactas y continuaron delinquiendo principalmente en las ciudades bajo la modalidad de las oficinas de cobro y lavando dólares, entre otras.
Según el último informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ” ¿Para donde va el paramilitarismo en Colombia?“, la desmovilización de los grupos de autodefensa fue una apuesta del gobierno que permitió la identificación del poder paramilitar en las regiones y visibilizó a los narcotraficantes que estaban respaldando a estos grupos ilegales.
Ante la sombra de la extradición o de ir a la cárcel por varios años, algunos jefes paramilitares vendieron parte de sus bloques a grupos narcotraficantes. Otros simplemente abandonaron el proceso y conformaron grupos emergentes integrados por desmovilizados, pero en su mayoría por personas que nunca dejaron las armas o que pertenecían a redes al servicio del narcotráfico.
Ya son 178 municipios
Ahora, si bien el número de bandas criminales se ha reducido su presencia en las ciudades ha aumentado. Por ejemplo, si en febrero de 2009 el XII Informe de la MAPP/OEA hablaba de 153 municipios con presencia de estos grupos, hoy la FIP asegura que ya son 178 los municipios que padecen del accionar delictivo de estos grupos armados.
Los departamentos más afectados fueron Antioquia y Nariño, mientras que Medellín y Tumaco son las ciudades en donde las denominadas Bacrim intensificaron sus crímenes. De igual manera, se registraron actividades de estos grupos en 22 capitales de departamentos. No se encontraron actividades de estas bandas en Quindío, San Andrés, Amazonas, Guainía y Vaupés.
Según la FIP, apoyándose en datos de la DIJIN, en 2009 el número de bandas ha disminuido pero no así su impacto. Mientras en junio de 2009 se hablaba de diez bandas criminales y un aproximado de 4.000 integrantres, el último registro del 17 de noviembre de 2009 habla de seis bandas con un total de 2.500 integrantes.
Los riesgos de una tercera generación paramilitar
Según el informe, la continuidad de algunos grupos paramilitares así como el narcotráfico como financiador de estos hace que surja el riesgo que se dé una tercera generación paramilitar, pero también que el país esté entrando en un nuevo capítulo del narcotráfico.
Si bien la FIP reconoce que la política de Seguridad Democrática ha tenido un impacto positivo en materia de mejorar los indicadores de seguridad y violencia en muchas regiones del país, la alianza entre narcotraficantes y paramilitares alrededor de estas nuevas bandas sugiere que ésta debe adecuarse a estas nuevas formas de violencia que está ganando un rol importante dentro del conflicto armado.
La actual política, según la FIP, tuvo su origen en un contexto de orden público diferente al actual escenario de confrontación y de grupos armados ilegales. En este sentido la Fundación recomienda que es necesario que dicha política se adecue en atacar estas nuevas formas de violencia que se está generando y concentrado en las ciudades.
De otra parte, otro de los riesgos es una subvaloración gubernamental del actual fenómeno de las Bacrim, o la sobre estimación que de las mismas puedan hacer algunas organizaciones no gubernamentales.
la Fip sugiere que, después de las lecciones aprendidas sobre el proceso de desmonte de las Auc, el Gobierno debe prever que estos nuevos grupos paramilitares tienen el potencial para capturar de nuevo el estado y pueden además estar detrás de un reconocimiento político como lo hicieron las anteriores autodefensas.
El estudio destaca que otro asunto riesgoso es la complicidad de miembros de la Fuerza Pública con las bandas emergentes. La continuidad de este tipo de relaciones ilegales, alimentadas por el narcotráfico, hace que esta se convierta en un desafío mayúsculo para el gobierno y las entidades de control.
La naturaleza de las bacrim
El informe cuestiona la simplificación del problema del nuevo paramilitarismo al rearme de los desmovilizados. Con información de la Policía Nacional, se demostró que de los 7.190 integrantes de estas bandas capturados, entre 2006 y 2009, solo 1.075 eran desmovilizados (un 15 por ciento). sin embargo, muchas de estas agrupaciones son dirigidas por mandos medios de las AUC que se desmovilizaron.
El estudio destaca que aunque son innegables los lazos entre los grupos paramilitares desmovilizados y los nuevos grupos, no obstante su modus operandi y las formas de violencia que emplean son algo diferentes.
Citando una investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris publicada en diciembre de 2009, el estudio de la FIP compara a las nuevas bandas criminales con las desmovilizadas autodefensas en su accionar y concluye que ahora las Bacrim se enfrentan menos con la Fuerza Pública y los grupos guerrilleros y en cambio utilizan con mayor frecuencia las amenazas como arma de guerra. Lo cual es un diferencia con las antiguas Auc.
La FIP reconoce que estos grupos pueden tener ideología política para justificar sus atentados o amenazas contra organizaciones sociales, pero advierte que tal como lo hicieron sus antecesores (Auc), buscan cierto ropaje político que les garantice su conversión en “actores políticos del conflicto armado”.
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