Son varios los interrogantes que despierta el anuncio de la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos sobre el incremento de los sembradíos de hoja de coca en Colombia: ¿Por qué aumentan justo cuando está en marcha una estrategia propia del postconflicto para combatirlos? ¿Esto marcará un punto de quiebre en la política antidrogas del país en el nuevo gobierno que presidirá Iván Duque?
La recomposición del negocio del narcotráfico en las antiguas zonas de influencia de la extinta guerrilla de las Farc; los pobres resultados alcanzados en erradicación manual y sustitución voluntaria; las expectativas generadas entre los campesinos cocaleros con el Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS); y la presión que genera el aumento global de la demanda por drogas, especialmente de clorhidrato de cocaína, podrían explicar por qué aumentaron los cultivos de hoja de coca para uso ilícito en el último año en el país.
Tras la advertencia hecha recientemente por la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos sobre el crecimiento del área sembrada con hoja de coca en 2017, que alcanzó el más alto registro en los últimos diez años estableciéndose en 209 mil hectáreas, un 11 por ciento más que las monitoreadas por esta misma dependencia en 2016, los análisis e interpretaciones por parte de organizaciones sociales especializadas en el tema que den respuesta a esta encrucijada son diversas.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) justamente acaba de publicar un informe titulado ¿Por qué siguen aumentando los cultivos de coca en Colombia?, en el que consigna un conjunto de hipótesis y explicativas sobre este fenómeno. Para este centro de pensamiento, el incremento en las hectáreas cultivadas con hoja de coca denunciado por Estados Unidos es similar al registrado en 2016 pero inferior a los reportados en 2014 (39 por ciento) y 2015 (50 por ciento).
Dichos aumentos, plantea la FIP, estarían concentrados en las mismas zonas donde hace años echó raíces la hoja de coca. Quiere decir ello que los sembradíos pudieron crecer allí donde ya estaban y donde se ha concentrado la producción de pasta-base y clorhidrato de cocaína en los últimos años.
Al respecto, la FIP destaca la concentración de cultivos de coca en la Costa Pacífica, particularmente en los departamentos de Cauca y Nariño; en Putumayo y sur del Caqueta; en Guaviare; sur del Meta y norte del Vaupés; así como en Norte de Santander, concretamente en la región del Catatumbo: “Con menor intensidad también se encuentra un clúster (de producción) en el Nororiente y el Bajo Cauca antioqueño. Hay que resaltar que en 2016, de los 183 municipios con coca, 11 concentraron 50 por ciento del total de hectáreas, y solo Tumaco, en Nariño, tuvo el 16 por ciento”.
Dinámica sostenida
Los análisis de la FIP señalan que ese aumento estaría jalonado por la rápida recomposición de la economía que gira alrededor de la hoja de coca en zonas de dominio de la extinta guerrilla de las Farc, las cuales “funcionaron como un sistema de regulación alrededor del cual se movían otros agentes, que podían comprar pasta de coca a los precios fijados por la organización guerrillera: redes transnacionales, comerciantes de insumos químicos y grupos delincuenciales, entre otros. Con el proceso de dejación de armas, dicho sistema tuvo un reacomodo”.
Entre las nuevas dinámicas que generó la salida de las Farc del escenario bélico, la FIP destaca, entre otras, la reorganización criminal que se registra en toda la Costa Pacífica nariñense y caucana, donde grupos disidentes de las Farc y organizaciones criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) pretenden alcanzar protagonismo en un negocio cada vez más regulado en suelo colombiano por carteles mexicanos, según lo denunció el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. (Leer más en: Las ‘grietas’ del Andén Pacífico rumbo al posconflicto)
A esto se suma lo que viene ocurriendo en el Catatumbo, Norte de Santander, con la expansión de la disidencia del Epl hacía los territorios cocaleros regulados por las Farc; la consolidación de las disidencias de las Farc en el sur del Meta y Caquetá, que continuaron con la regulación del mercado de la pasta-base; y la participación cada vez mayor de la guerrilla del Eln en estas actividades ilícitas, particularmente en el norte de Cauca.
“Si bien a principios de 2017 la FIP encontró que en varias zonas el precio de la hoja de coca descendió y las familias optaron por guardar la producción, la reactivación del mercado por parte de distintos actores criminales generó una mayor demanda lo que incrementó de nuevo los precios. Este período se caracterizó por una fuerte incertidumbre, en especial entre las familias cocaleras, pero el rápido reacomodo de los diferentes grupos armados permitió que el negocio retomara su dinamismo”, consigna la FIP en su informe.
La dinámica criminal no sería la única explicación al aumento de los cultivos. Los discretos resultados que muestran hasta ahora tanto la erradicación forzada, que según el Ministerio de Defensa alcanzó las 67 mil hectáreas a la fecha; y la sustitución voluntaria a través del PNIS, de las que sólo alcanza la cifra de 18 mil hectáreas certificadas como ya arrancadas y otras 10 mil en proceso de ser arrancadas, también habrían incidido en el incremento. (Leer más en: Sostenibilidad del Programa de Sustitución de Cultivos, al borde del colapso)
“El Estado erradicó donde pudo hacerlo, mientras que varios territorios se configuraron como zonas vedadas para la Fuerza Pública (…) la resiembra en zonas de erradicación forzosa, sin la intervención de alternativas de desarrollo, puede estimarse entre el 25 y el 30 por ciento en los primeros tres meses y superar el 50 por ciento después de un año. Teniendo en cuenta lo anterior, al menos una tercera parte de la superficie erradicada fue objeto de resiembra (lo que equivaldría a 15.600 hectáreas para 2017)”, asegura la FIP.
Presiones internacionales
Paradójicamente, el crecimiento de los cultivos ilícitos coincidió con los éxitos operacionales de la Fuerza Pública con relación a incautaciones y decomisos de clorhidrato de cocaína. Los reportes del Ministerio de Defensa señalan que durante el 2017 en Colombia se incautaron 485 toneladas de clorhidrato de cocaína, la más alta cifra desde 2008. A lo que habría que sumarle unas 120 toneladas más que se confiscaron en suelo extranjero gracias a la cooperación de autoridades policiales de diversos países.
“Esa cifra, según las autoridades, representa el 50 por ciento de la cocaína que se produce en Colombia, Perú y Bolivia. Pero el hecho de que se incaute más de la mitad de lo producido genera que se tenga que producir más, para compensar lo que se pierde en operativos policiales”, explica Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados como Ilícitos (Occdi) de Indepaz, quien ve una gran paradoja en esta situación: “cualquier empresa se quebraría si le sacan el 50 por ciento de su producción del mercado, pero el narcotráfico no. Lo que eso nos indica es que se está produciendo mucho más de mil toneladas de cocaína al año”.
De ahí que, a juicio de Arenas, las variables que expliquen el aumento de los cultivos de hoja de coca no sólo obedecen a factores internos: “También hay que tener en cuenta ese mercado mundial que influye demasiado. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el consumo de cocaína en ese país aumentó el 81 por ciento. Pero también se registraron aumentos en Asia, África, el Caribe y toda América Latina. Y esa variable, de aumento de la demanda a nivel global, no se puede dejar de lado”.
Lo que preocupa, según Arenas, es que hasta ahora no se advierte otra estrategia diferente a la erradicación forzada por parte del gobierno nacional para enfrentar el aumento de los sembradíos de hoja de coca. “El anuncio de utilizar drones para asperjar cultivos de coca es una completa pendejada. Eso no sirve”, asevera el director del Occdi, quien se apoya en las cifras para sustentar su afirmación: “según el reporte de la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos, ¿dónde crecieron los cultivos? En Nariño, Cauca, Catatumbo, Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño, justo donde se está llevando a cabo erradicación forzada. Eso lo que genera es que los cultivos de vayan de una zona a otra”.
Cabe aclarar que para el gobierno colombiano las cifras oficiales en esta materia son las producidas por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), cuyo informe oficial será publicado este mes de julio. Allí se consignan no sólo las hectáreas cultivadas con hoja de coca sino dónde están las siembras. Aunque ambas fuentes manejan diferentes metodologías y tecnologías de medición, los resultados suelen mostrar aproximaciones y similitudes más que diferencias.
De ahí que los informes que cada año presenta el gobierno norteamericano sobre la presencia de cultivos ilícitos en Colombia despierten tanta expectativa entre funcionarios, académicos, analistas y conocedores del tema, toda vez que estas cifras suelen ser usadas por Estados Unidos para evaluar el desempeño del gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico.
En ese sentido, el reporte de Washington bien podría ser recibido como una dura calificación para el gobierno de Juan Manuel Santos, que en el tiempo que le resta de mandato deberá mostrar resultados más contundentes en cuanto a erradicación forzada y sustitución voluntaria mientras que para el nuevo presidente, Iván Duque, sería la justificación perfecta para materializar en políticas públicas sus propuestas de campaña de sustitución obligatoria, erradicación forzada y aspersión aérea, esta última suspendida desde 2015 por orden de la Corte Constitucional, que estableció que el uso de este herbicida sería la causa de afectaciones a la salud humana, además de contribuir a la contaminación de fuentes de agua.
“Pero es muy factible que regresemos a ese escenario con el presidente electo. Muy probable el PNIS sufra una revisión profunda y se asuma otra vez el modelo de consolidación territorial que se utilizó en el segundo gobierno de Uribe”, sostiene el director del Occi quien insiste en que “la erradicación forzada no sirve para nada y las cifras son contundentes. Las zonas donde aumentan los cultivos son las mismas donde históricamente se ha erradicado a la fuerza. ¿Por qué insistir en la misma medida?”.
