12 de los 13 detenidos, tras los atentados del pasado 2 de Julio en Bogotá, hacen parte de un movimiento social y político nacido en 2010 y que ha participado de grandes movilizaciones campesinas e indígenas a nivel nacional. ¿Quiénes son?
“Por hacer parte del movimiento social y estar organizados al interior de él somos sospechosos permanentes del Gobierno y en el afán de dar con resultados los estudiantes, campesinos e indígenas somos un blanco fácil”, comenta en diálogo con Verdadabierta.com Alberto Castilla, senador del Polo Democrático e integrante del Congreso de los Pueblos.
Este movimiento tiene sus orígenes en la minga de resistencia indígena de 2009, cuando alrededor de 12 mil indígenas se tomaron la Vía Panamericana en reclamo por el incumplimiento de los acuerdos que habían suscrito con el Gobierno en 2004. Posterior a ello, se sumaron procesos sociales, juveniles, estudiantiles y sindicales para darle nacimiento a una minga social y comunitaria.
Un año después, alrededor de 10.000 personas provenientes de varias regiones del país, se dieron cita en Bogotá para realizar el congreso constitutivo de la organización, en el cual definieron como proclama: “propuesta de país para la vida digna”. “Desde ese entonces hemos venido trabajando desde las veredas, barrios, universidades y con la gente de abajo para la construcción de una alternativa de país”, afirma el senador.
En el movimiento confluyen con fuerte presencia el sector estudiantil -articulado a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil-, el sector del campesinado –articulado con el Coordinador Nacional Agrario- y las comunidades indígenas, organizadas en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Concejo Regional Indígena del mismo departamento.
“A las acciones de masas se suman los congresos que hemos realizado para trazar nuestro modelo de acción política como lo fue el de tierras, territorio y soberanía en 2011 o el de paz en 2013. En ellos quedaron plasmadas las propuestas que tenemos, como es el caso de una mesa de diálogo, independiente de la de las guerrillas, con los movimientos sociales o el mandato por la tierra y el territorio” afirma Castilla.
A pesar de que el movimiento incide socialmente en regiones donde la guerrilla de las Farc y el Eln tienen presencia, voceros de esa organización afirmaron que no existe ninguna relación con la insurgencia. “Ellos tienen sus espacios y nosotros los nuestros, nos distanciamos de la lucha armada como salida política a la situación del país”, dice Sebastián Quiroga, politólogo y vocero del Congreso de los Pueblos, y agrega: “siempre se ha usado la movilización como mecanismo de protesta, la cual se aleja tajantemente del uso de la violencia política por medio de armas”.
¿Existe relación con el Eln?
De los 12 detenidos son 11 los que hacen parte del Congreso de los Pueblos, todos activistas defensores de derechos humanos, algunos son estudiantes y otros profesionales. Foto: Archivo Semana.
Miembros del Congreso de los Pueblos dicen que no por confluir en algunas regiones con las guerrillas o por oponerse a la explotación de petróleo o por compartir la visión del ‘poder popular’ heredado de la teología de la liberación del cura Camilo Torres, deben ser tratados como guerrilleros.
“Las guerrillas tienen agendas y pueden haber coincidencias, pero nuestra acción política es desde la vida civil y pareciera que el Gobierno no lo entendiera”, asegura Quiroga.
La semana pasada la Policía adelantó un operativo en contra de una supuesta red urbana del Frente ‘Domingo Laín’ de la guerrilla del Eln, a la cual acusan de ser la responsable por los dos petardos contra las sedes de la AFP Porvenir y otros hechos que alteraron el orden público durante 2014 y principios de este año.
En el desarrollo de la audiencia de imputación de cargos la Fiscalía solo ha podido comprobar la participación de David Camilo Rodríguez, alias el ‘Profe’, en los hechos que sacudieron a la capital del país el pasado 2 de julio. Y, según voceros de la organización, Rodríguez no pertenece al Congreso de los Pueblos.
Frente a los otros 12 detenidos, el ente investigador señaló que participaron durante una jornada de protesta el 20 de mayo en la Universidad Nacional, en la que salieron heridos nueve integrantes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, ESMAD, agregando que tienen la evidencia de la conexión entre el ‘Profe’ y varios de los participantes de la manifestación para la producción de ‘papas’ bomba y otros elementos de propaganda. Hechos que aún están por esclarecerse y que desvinculan a los procesados con lo ocurrido en Porvenir.
Terminada la audiencia de imputación de cargos, Gerson Alexánder Yacumal y Heiler Lamprea, fueron sindicados de los delitos de rebelión y terrorismo. Los restantes nueve integrantes del Congreso de los Pueblos fueron acusados de los delitos de tráfico, porte, fabricación de explosivos y violencia contra servidor público. Para el caso de Paola Salgado, quien trabajó en la Secretaría de Salud en el Hospital de Suba, se suma el delito de porte de armamentos explosivos con uso privativo de las Fuerza Pública.
Ante la situación, el senador Castilla dice que los procesados son víctimas de montajes judiciales y que, por el contrario, todos son activistas defensores de derechos humanos de los diferentes sectores del movimiento.
“La Fiscalía condena el hecho de leer a Camilo Torres y expresar sus ideas como apología a la guerra, cuando hay diversas vertientes del camilismo, como el cristianismo, que no son armadas” dice Sebastián Quiroga. De igual manera, el movimiento establece que el Gobierno los debe reconocer como el actor político legal que son, donde han servido de interlocutores en el desarrollo de varios espacios sociales como en el campesino con la MIA (Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo).
¿Persecución política contra los movimientos sociales?
Con ‘batucadas’ y plantones organizaciones sociales y políticas han hecho presencia en los juzgados de Paloquemado para pedir garantías durante el proceso y exigir la libertad de los detenidos. Foto: Archivo Semana.
A finales de 2014, la Marcha Patriótica denunció la persecución y criminalización de la que habían sido víctimas sus militantes desde su constitución como movimiento político en 2010. El documento señala que durante los cinco años de existencia han sido asesinados 28 miembros a nivel nacional, de los cuales 12 fueron cometidos por la fuerza pública y 16 por actores desconocidos.
A ello se han sumado las detenciones y procesos de judicialización contra estudiantes, profesores y sindicalistas de la organización, como el caso del maestro universitario Francisco Tolosa, a quien sindicaron de rebelión agravada por, supuestamente, pertenecer a la comisión internacional de las Farc y ser el segundo al mando de la Red Urbana Antonio Nariño de esta guerrilla. Hechos que meses después no pudieron ser corroborados por lo cual recobró su libertad.
De igual manera sucedió con Omar Marín, Jorge Eliécer Gaitán y Carlos Lugo, tres estudiantes pertenecientes a la Federación de Estudiantes Universitarios, a quienes capturaron y sindicaron del delito de rebelión en el desarrollo de las protestas de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Tres años después y al no haberse comprobado el acervo probatorio de la Fiscalía, recobraron su libertad.
Ahora bien, aunque es la primera vez que se presenta una detención masiva contra integrantes del Congreso de los Pueblos, en varias oportunidades se ha denunciado la persecución y judicialización de varios líderes en Santander, Arauca y Bogotá. Uno de los casos más conocidos fue el asesinato de Carlos Pedraza, coordinador Movimiento de Masas Social y Político del Centro Oriente, quien en extrañas circunstancias apareció con un tiro de bala en la nuca y signos de tortura en su cuerpo. (Lea: ¿Qué hay detrás de asesinato del líder social Carlos Pedraza?)
Señala Quiroga que el respaldo a los diálogos de paz de La Habana, Cuba, y la petición de abrir la mesa de diálogos con la guerrilla del Eln pone en riesgo a los activistas de derechos humanos por parte de los grupos de ultra derecha.
Por ahora, de llegarse a comprobar el acervo probatorio contra los 12 integrantes del movimiento, sus representantes se reunirían para analizar los hechos y hacer un pronunciamiento ante la opinión pública. No obstante, concluye Castilla, se mantienen en su posición de la presunciónde inocencia y del derecho a ejercer la protesta social. La historia aún no termina y se espera el veredicto final del juez, quien determina si hay o no medida de aseguramiento.
