Aunque la Unidad de Restitución de Tierras asegura que Edilberto Cantillo no era solicitante de predios, sí apoyó los procesos que permitieron en El Copey la formulación de demandas ante jueces de restitución. Los reclamantes de Cesar exigen protección.
Con Edilberto Cantillo Meza, la lista de líderes sociales asesinados suman ocho en lo corrido de 2017. Aunque no era directamene un reclamante de tierras, apoyó los procesos de restitución de la vereda Entre Ríos, en el municipio de El Copey.Edilberto Cantillo Meza fue asesinado de varios disparos el sábado 4 de febrero, a las siete de la noche, en Entre Ríos, de donde era presidente de la Junta de Acción Comunal. La vereda hace parte del corregimiento Caracolicito, de El Copey, el segundo municipio con más reclamantes de restitución de Cesar, después de Valledupar.
Cantillo Meza se convirtió en líder de esta comunidad tras su desplazamiento de una vereda cercana, Piedras Blancas, donde, al igual que sus vecinos, fue expulsado por paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez, del desmovilizado Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
El labriego era integrante, además, de la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir (Asvervic), una organización creada por víctimas desde marzo de 2013, cuando encontraron que unirse era la mejor forma de hacer visibles las constantes amenazas que recibían los reclamantes de tierras en esta región. Como líder de la vereda Entre Ríos decidió apoyar las reclamaciones de restitución.
La Asamblea detrás de la restitución de tierras en el Cesar
Jorge Chávez, director territorial de la Unidad de Restitución Cesar-La Guajira, reconoció que, según sus registros, Cantillo apoyó en sus momentos a la Unidad a convocar a las víctimas de El Copey, pues los equipos jurídico y social requieron hacer trabajos de campo para elaborar las demandas. “La Unidad encontró en él una colaboración; pero que era un testigo clave como lo han dicho algunos medios, no, ni en diligencias administrativa ni judiciales”, aclaró el funcionario.
Mientras las autoridades esclarecen el crimen contra Cantillo, varios campesinos reclamantes de El Copey y de otros municipios como Becerril expresaron su preocupación, pues no es un secreto que una vez comenzó el proceso de restitución, no demoraron en aparecer los llamados ‘Ejércitos Anti-restitución’ en el departamento y con ellos las expresiones de violencia.
La primera amenaza de este tipo data del 25 de enero de 2012, cuando un reclamante de restitución del sur de Cesar recibió un sufragio a nombre de tal grupo (Lea: Las amenazas que buscan bloquear la restitución en Cesar). La preocupación de las víctimas se suma a las alertas de riesgo emitidas por la Defensoría del Pueblo, que advierte la presencia de bandas criminales autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Rastrojos, amenazando a quien reclame tierras.
En los 37 días que van del año, en el Cesar han sido asesinados dos líderes sociales. El sábado 7 de enero fue asesinado en el municipio de El Paso Aldemar Parra García, presidente de la Asociación Apícola del Cesar (Asograce), que impulsa proyectos productivos para familias desplazadas por actividades mineras. (Lea: Alerta, comunidad de El Hatillo, en Cesar, está en riesgo). El más reciente es el cometido contra Edilberto Cantillo, en El Copey.
La continua tragedia de los defensores de derechos humanos
Aunque ninguno de los dos era reclamantes en los procesos de restitución contemplados por la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para las comunidades de Cesar resulta alarmante el ataque contra líderes y defensores humanos en medio de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, cuando el gobierno nacional promete garantías en los territorios para retornar y donde desde hace varios años avanzan los procesos de justicia transicional.
Zona de despojo
Cesar fue un departamento marcado por el despojo paramilitar. Las fincas de los campesinos, cobijados con los procesos de reforma agraria, fueron transados en notarías. En la actualidad varios son explotados por empresas mineras o agroindustriales. Foto: archivo Semana.A diferencia de otras regiones del país, Cesar fue un departamento donde primó el despojo de tierras, principalmente entre 1997 y 2006, periodo que coincide con la presencia paramilitar. Así fue documentado en los tribunales de Justicia y Paz, que juzgaron a las Auc, y las sentencias de restitución proferidas por jueces especializados de restitución.
Los campesinos que recibieron parcelas del antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) fueron desplazados por paramilitares y estos, a su vez, transfirieron la propiedad con la complicidad de algunos notarios y registradores. En la actualidad varios de los predios son reclamados por empresas legales dedicadas a la minería o a proyectos agroindustriales.
Lo anterior se evidencia, por ejemplo, en las parcelaciones de San Alberto, San Martín, La Gloria, Pelaya, Tamalameque y San Diego, donde la documentación muestra una coincidencia entre parcelaciones, masacres y despojo (Lea: El sur del Cesar, un territorio en eterna disputa; Campesinos ganan la ‘batalla’ por la Bellacruz en la Corte, y La larga espera por El Toco).
El Copey no fue ajeno a esa realidad. Según el relato de los lugareños, cuyos nombres este medio reserva por razones de seguridad, las familias fueron favorecidas entre 1998 y 1999 por el Incora con títulos sobre parcelas de 36 hectáreas, cada una.
Durante algunos años trabajaron la tierra con cultivos de pancoger, pero la relativa tranquilidad la perdieron a principios del nuevo siglo, siendo consecutivas las amenazas y asesinatos entre 2002 y 2006. “El despojo fue así: mataban a una persona, a los ocho días a otra, luego venían y decían que compraban la finca por un millón o 500 mil pesos… la gente accedía por miedo”, cuenta un reclamante.
Cuando intentaron retornar en 2006, tras la desmovilización del grupo paramilitar, las familias se encontaron con que sus predios estaban a nombre de una empresa que explota piedra para obras civiles y concreto. Treinta de las familias reclamantes en la vereda Entre Ríos, de El Copey, se organizaron en la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir (Asvervic), de la que hacía parte Cantillo.
“Estamos esperando que el juez tome decisiones, pues nuestro caso ya fue presentado en demanda. El que compró las tierras hizo una hipoteca, entonces ahora el juez va a incluir al banco en el juicio… Todavía seguimos esperando, porque el proceso va al paso del “morrocoyo” [tortuga]. Le pedimos garantías al Estado de seguridad, de que podamos opinar y participar libremente del proceso. Estamos en riesgo”, dice otra víctima reclamante en la vereda Entre Ríos, de El Copey.
La Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir fue incluida en listado de las organizaciones sociales que han recibidos amenazas en Cesar, según lo advertido la Defensoría del Pueblo. Un informe de riesgo, emitido en noviembre de 2016, documentó la vulneración de derechos humanos en por lo menos 20 municipios del departamento, señalando que existe una tendencia de amenazas, hostigamientos, agresiones y ataques contra reclamantes de tierras así como contra movimientos sociales y políticos de izquierda, que son señaladas de “auxiliadoras de la guerrilla”.
La Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir hace parte de las 16 organizaciones sociales que han recibido amenazas en el Cesar durante los últimos cinco años. Foto: archivo Semana.Ese organismo del Ministerio Público documenta que el permamente conflicto armado quebró los lazos sociales de las comunidades campesinas, acentuándose con el desplazamiento, y que aunque hay procesos de justicia en curso su condición de vulnerabilidad sigue afectada por sectores económicos y políticos que tienen intereses sobre las tierras reclamadas en restitución.
Chávez, por su parte, explicó que desde el 1 de enero de 2012 han recibido 5.235 solicitudes de restitución en Cesar, de las cuales 3.500 fueron estudiadas y de estas, 1.300 presentadas en demanda ante los jueces especializados. Sobre el municipio de El Copey, indicó que ya radicaron 110 demandas y que están trabajando sobre otros 75 casos.
Respecto a los actores que pueden estar “amenazando” o “frenando” los procesos de restitución, tales como actores armados ilegales y particulares o empresarios con intereses sobre las tierras, de forma respectiva, el funcionario aseguró que están aplicando el Decreto 599 de 2012, que regula la coordinación de la microfocalización e implementación del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
“Hacemos las consultas con la Fuerza Pública, con el Ejército, y nos han dado ‘luz verde’ para trabajar en todo el territorio, salvo en la parte alta de la Serranía del Perijá, donde nos han dicho que hay tránsito y acciones del Eln [Ejército de Liberación Nacional]… La alerta en la parte plana, del miedo que tienen en los reclamantes a participar del proceso, está asociada a Hugues Manuel Rodríguez [alias ‘Comandante Barbie’]”, indicó Chávez. Sin embargo, aclaró que sobre esto último han actuado con cautela, pero no tienen pruebas de ello, por lo que “estamos al tanto de recibir información”, agregó.
Rodríguez fue identidicado por las autoridades como el entonces jefe de finanzas del Frente de Guerra Mártires del Cesar de las Auc. En diciembre de 2016, la Corte Suprema confirmó una condena en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y falsedad material en documento público relacionados con el asesinato de Marilis Hinojosa Suárez, jueza promiscua de Becerril, asesinada el 27 de enero de 2003 por paramilitares del Bloque Norte de las Auc.
En los procesos de documentación de la justicia transicional, el liquidado Incoder reportó, por ejemplo, que Rodríguez explotó entre 2000 y 2006 por lo menos 27 de las 55 parcelas reclamadas por víctimas en El Toco, municipio de San Diego, en Cesar. (Lea: El Toco, la historia de una reforma agria). Rodríguez fue solicitado en extradición por los Estados Unidos en 2007, donde enfrentó cargos por narcotráfico.
En Cesar, ‘alias Barbie’ es una sombra en los procesos de restitución. En Becerril, los reclamantes no pueden escuchar este nombre, pues lo asocian al despojo de varias fincas de la parcelación Santafé, cuyas demandas ya fueron presentadas ante los jueces especializados y en los que están involucrados varias empresas dedicadas a la explotación del carbón.
Chávez comentó que la institución ha hecho un esfuerzo por llevar el proceso a comunidades donde les han reportado que los habitantes tienen miedo de reclamar, como ocurre en el municipio de Pailitas. Allí han traslado oficinas móviles con el equipo de profesionales que atiende las solicitudes y las documenta. Sobre las condiciones de seguridad, la Unidad apuntó que tienen contacto directo con la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero que esta institución es la competente para tomar las respectivas medidas.
VerdadAbierta.com se comunicó con la Oficina de Prensa de la UNP, que confirmó que el actual representante de la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir cuenta con medidas de protección, y que aquellos reclamantes que consideren que su vida corre peligro pueden hacer la solicitud ante la institución, que procederá entonces a realizar un estudio de riesgo.
En Cesar, las víctimas exigen al Estado que actúen de forma coordinada, “pues acá no se trata de poner atención o no si al que mataron aparece en el registro de reclamantes. Cuando la Unidad de Restitución viene a hacer la documentaciones de los casos, todos hemos estado prestos a aportar información”, concluyó un campesino.
