Una asociación de víctimas desplazadas de Urabá denunció a cinco personas que presuntamente están detrás del despojo de varios predios en esa región del país. La información ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.
 |
| La restitución de tierrasse ha convertido en un viacrucis para las víctimas del despojo por parte de grupos paramilitares. |
De acuerdo con Carmen Palencia, representante legal de la Asociación de Víctimas del Urabá para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), son cinco los presuntos testaferros que, según ella, están detrás de las muertes y amenazas a líderes y campesinos desplazados en esa región del país.
“Nosotros presentamos las pruebas y solicitamos la judicialización y la captura inmediata de Aycardo Ardila y Julio Arcesio Gómez, familiares del paramilitar Carlos Ardila, alias ‘Carlos Correa’; también de Jairo Humberto Echeverri, Felipe Echeverri y José Vicente Castel”, dijo Palencia.
Según esta líder campesina, en la medida que la justicia actúe contra estas cinco personas, “inmediatamente baja la presión contra quienes están reclamando sus tierras, de eso estoy segura. Ellos son los que están financiando a los paramilitares que están matando a la gente. Y en sus manos está la mayoría de las tierras que se despojó en Urabá”.
En un encuentro con el Vicepresidente de la República y funcionarios de diversas dependencias gubernamentales encargadas del tema se concertó el envío de un fiscal especializado a Urabá para investigar las denuncias sobre la presión contra los campesinos reclamantes y los asesinatos que se han presentado allí, que son siete entre 2008 y 2010, el último el 19 de septiembre pasado contra Hernando Pérez, después de asistir a una reunión con el Ministro de Agricultura.
Unos 1.400 afiliados a la Asociación de víctimas de Urabá reclaman 20 mil hectáreas ubicadas en el Urabá cordobés, antioqueño y chocoano, de las cuales se apropiaron paramilitares y que al parecer están en manos de testaferros que se resisten a entregarlos. Hasta el momento, la persistencia de los labriegos ante estrados judiciales ha permitido la devolución de por lo menos 170 predios que representan cerca de 3 mil hectáreas.
“Por ello es que solicitamos también mayor acompañamiento a los campesinos por parte de organismos internacionales, como Naciones Unidas y la MAPP OEA, y el aumento del pie de fuerza militar en algunas zonas donde se adelanta la reclamación”, indicó la líder campesina.
En la reunión también se abordó el tema de las amenazas contra por lo menos ocho miembros de la Asociación de víctimas, cinco de los cuales tuvieron que abandonar la región y tres más se encuentran en ese proceso. “En ese sentido, logramos apoyo para cinco reubicaciones temporales y estamos pendientes de tres más. A los campesinos amenazados los tenemos escondidos, fuera de sus sitios de vivienda”, relató Palencia.
Frente a la posición adoptada por el Vicepresidente de la República y el Ministerio de Agricultura, la representante legal de la Asociación dijo que los vio muy comprometidos y decididos a trabajar por el tema de tierras: “No quiero ser triunfalista ni llenarme de falsas expectativas, pero me da mucha tranquilidad ver el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para que se aprueben las leyes de víctimas y tierras, se apropien los recursos necesarios y buscando alianzas internacionales para lograr la restitución de tierras en el país. Todo eso me dice que lo que hemos hecho no ha sido en balde”.
Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros y abogado de varios de campesinos reclamantes de tierras, también asistió a la reunión en la Vicepresidencia de la República y allí tuvo la oportunidad de presentar un documento preparado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC), Redepaz, la Asociación de Víctimas de Urabá y la Fundación Forjando Futuros en el que plantean diversos aspectos que deben considerarse para fortalecer el trabajo que vienen haciendo las víctimas del despojo de tierras no sólo en Urabá sino en todo el país.
Entre los puntos a destacar del documento está la solicitud de la creación de una unidad especializada conformado por fiscales, jueces y autoridades policiales para que adelanten investigaciones sobre bandas criminales que atentan contra las víctimas que buscan la restitución de bienes. Adicional a ello, pidieron que se haga pública la lista de los testaferros y de las personas que ha adquirido bienes de manera ilícita, y que se tengan prontos resultados de los responsables de los asesinatos de reclamantes de tierras.
En el documento también se incluyó la propuesta de fortalecer el acompañamiento cotidiano y permanente de la comunidad internacional en las zonas de despojo, así como el apoyo financiero de cofinanciación a todos aquellos proyectos productivos de las víctimas; a lo que se sumó la petición directa al Gobierno Nacional de apoyar, política y económicamente, la creación de las asociaciones de víctimas para la restitución de bienes en todo el país.
“Tenemos claro que si todo eso no va de la mano entre Gobierno y víctimas, las leyes que se están discutiendo en el Congreso sobre víctimas y tierras, se pueden quedar en letra muerta”, indicó Vega, quien destacó la voluntad del Gobierno Nacional para que todo lo que viene ocurriendo en Urabá se frené lo más pronto posible. “En esa reunión fuimos absolutamente claros que si el Gobierno no frena esa situación, las leyes no tendrá trascendencia alguna”, reiteró el director de la Fundación Forjando Futuros.
Por lo pronto, se esperan resultados de la carta enviada por la Vicepresidencia de la República el Ministerio de Agricultura a la Fiscalía General de la Nación, con lo cual se estarían dando pasos concretos para garantizar la seguridad de los reclamantes de tierras y lograr la restitución de sus bienes.
