Con cartas de su puño y letra, así como de sus familiares más cercanos, este exjefe paramilitar minimizó su pasado criminal en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde dejó miles de víctimas. Su abogado exaltó “su patriotismo” y la Fiscalía norteamericana lo calificó como un “recaudador de impuestos” a narcotraficantes.
Hernán Giraldo, exjefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: archivo Semana.“Espero que me condene con misericordia”, le escribió días antes de conocer su sentencia el exjefe paramilitar y confeso narcotraficante Hernán Giraldo al juez federal Reggie Walton, quien finalmente le impuso el pasado viernes una pena de 16 años de prisión por delitos asociados al tráfico de estupefacientes.
Giraldo, de 69 años de edad, fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 por decisión del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), para que respondiera en ese país por conspirar para enviar grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde los puertos naturales cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta, una región controlada por él con mano férrea desde mediados de los ochenta, una década antes de que aparecieran en aquellas tierras las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). (Leer más en: Hernán Giraldo: máquina de guerra en la Sierra Nevada de Santa Marta)
Pese a las múltiples evidencias en su contra y a las miles de víctimas que provocaron hombres bajo su mando durante dos décadas, Giraldo, conocido como ‘El patrón de la Sierra’ y ‘Taladro’, se mostró ante el juez Walton como un campesino víctima de la insurgencia que se vio obligado a cobrarle impuestos a los narcotraficantes para combatir a la guerrilla porque, según él, el Estado nunca reaccionó a los ataques de la insurgencia.
“Mi motivo para cobrar impuestos a los traficantes de drogas era ayudar a la comunidad donde vivía para luchar contra la guerrilla conocida como las Farc. Hubo una guerra civil en mi país y mi propio gobierno parecía habernos abandonado en las montañas porque estábamos lejos de la población urbana. Mis padres fueron asesinados por la guerrilla. No podía sentarme y hacer nada para protegerme y al hogar que había hecho (sic). Ayudé a organizar a mis vecinos en un grupo de autodefensas y durante muchos años nos ayudamos sin interferencias”, le dijo Giraldo al juez Walton. (Ver carta Giraldo)
Pero Giraldo no fue el único que le escribió al juez Walton. En abril de 2016, según consta en el expediente que reposa en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, le escribieron su esposa Luz Elena Trujillo García y varios de sus hijos. En la misiva, solicitaron la libertad del esposo y padre, argumentando que su larga ausencia había afectado su hogar y deteriorado su salud, entre otrasrazones por su situación carcelaria en Northern Neck Regional Jail.
“Le pedimos señor juez tenga en cuenta el tiempo que lleva nuestro ser querido en esa cárcel para concederle la libertad porque como ser humano que es así haya cometido errores no merece estar lejos de nosotros. Le pedimos de corazón señor juez el traslado de ser querido a su país natal. Ninguna persona merece estar tanto tiempo lejos de su familia y más en las condiciones inhumanas que le dan en esa cárcel que día a día deterioran la salud de nuestro ser querido”, se lee en la carta, también escrita a puño y letra por su esposa. (Ver carta Esposa)
“Es un patriota”
En su último escrito dirigido al juez federal antes de la audiencia de sentencia, Robert Feitel, abogado defensor de Giraldo en Estados Unidos, también mostró al exjefe paramilitar como una víctima y exaltó su espíritu patriótico: “La conducta delictiva de este acusado no fue motivada por la codicia o la avaricia, ni por el desdén intencionado por la ley y sus consecuencias. Más bien, el acusado se vio obligado a participar en el grupo de autodefensa conocido como las AUC por su patriotismo y el sentido del deber, el honor y la obligación de proteger a la comunidad campesina donde fue criado en medio de la violencia implacable del grupo terrorista conocido como las FARC”.
De acuerdo con Feitel, la relación de Giraldo con el narcotráfico era “únicamente con el propósito de mantener” su grupo armado, que inicialmente se conoció como Autodefensas del Mamey (década del ochenta), luego Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (1996), le siguió, ya bajo estructura de las Auc, el Frente Resistencia Tayrona (2002) y, finalmente, Bloque Resistencia Tayrona (2005), organización que desmovilizó el 3 de febrero de 2006 tras los acuerdos con el gobierno de Uribe Vélez cerca de 1.116 hombres y mujeres.
La defensa argumentó que, a pesar de su extradición a Estados Unidos, Giraldo cooperó con las autoridades colombianas a quienes “proporcionó asistencia extraordinaria en el proceso de reconciliación de ese país, conocido como Justicia y Paz, dando más de trescientas entrevistas a magistrados y fiscales colombianos a través de videoconferencia. También ha pagado sumas significativas en reparaciones bajo Justicia y Paz”.
Ante el eventual regreso de Giraldo a Colombia, una vez cumpla la sentencia, su defensor aseveró que “los problemas criminales del acusado no habrán terminado. Hay numerosos cargos penales pendientes en su contra en Colombia y es un hecho que será arrestado a su regreso y podría enfrentar hasta ocho años o más en la cárcel”. Asimismo, dijo que volvería al país “a pesar de los riesgos que le esperan como resultado de su cooperación con los Estados Unidos y las autoridades colombianas”.
También afirmó que el exjefe paramilitar “no tiene intención -y en realidad no tendría oportunidad- de volver a involucrarse en el tráfico internacional de drogas”. Al respecto, en su carta al juez Walton, Giraldo afirmó que a su regreso “quiero trabajar, voy a criar ganado y las cosechas y despertar con el amanecer y si tengo que voy (sic) a lavar los pisos o limpiar platos o el trabajo de conducir taxi o cualquier cosa que pueda pero nunca voy a estar involucrado con las drogas o ese negocio nunca más”.
La defensa del ‘Patrón de la Sierra’ le solicitó al juez Walton una sentencia de doce años. “Se trata de una cantidad considerable de tiempo en la cárcel dada la edad avanzada del acusado, otras características personales, y también sería compatible con las sentencias impuestas por esta Corte y otros jueces en la jurisdicción de otros miembros de la AUC”, entre ellos Salvatore Mancuso, condenado a 15 años de prisión; y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien paga 16 años.
Feitel finalmente dijo que Giraldo “ha aceptado plenamente la responsabilidad por sus crímenes y ha hecho todo lo posible para ayudar a los Estados Unidos, sin reservas y sin tener en cuenta las consecuencias de la seguridad personal”.
Con respecto a su reclusión la defensa de Giraldo dijo que a los presos de Northern Neck Regional Jail sólo se les permite una hora de sol “cada quince días, pero ese privilegio se cancela con frecuencia cuando está caliente, frío, húmedo o los guardias están ocupados”. Además, se quejó por cuanto el exparamilitar “fue encarcelado a miles de kilómetros de su hogar y su familia, y no ha tenido visitas personales durante todo el tiempo que ha estado preso”. (Ver escrito abogado defensor)
Al expediente del exjefe del Bloque Resistencia Tayrona también se sumó un escrito de su abogada en Colombia, Beatriz Eliana Quintero, dirigido al juez Walton. La jurista también resaltó el origen campesino de Giraldo, su condición de víctima al mostrarlo como un perseguido de las Farc y la ausencia del Estado en la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Ser objetivo militar de estos grupos guerrilleros; víctimas, la población campesina de esta región, de extorsiones, exacciones, secuestros, amenazas, robos, homicidios, desapariciones, surge como tabla de salvación la idea por parte de campesinos, finqueros, trabajadores de finca, ganaderos, de agruparse y defenderse en momentos en que el Estado colombiano los dejó solos”, escribió Quintero.
Al referirse a la financiación del grupo, aseveró que “se sostenían con aportes voluntarios de sus integrantes, quienes vieron en el campesino Hernán Giraldo Serna, el líder natural para conducirlos y éste vio en el grupo la tabla de salvación para proteger su vida”.Descartó, además, que su defendido fuera un traficante de drogas: “en esa larga travesía de combates, el grupo se encontró con personal foráneo en su mayoría que realizaban actividad de narcotráfico, a quienes se les aplicó un impuesto que contribuyó a financiar la costosa guerra, quedando claro que objetivo del grupo nunca fue el narcotráfico y Hernán Giraldo Serna nunca fue un narcotraficante”. (Ver escrito de abogada defensora)
Escuchadas, pero…
Giraldo durante una audiencia de Justicia y Paz, antes de ser extraditado a Estados Unidos. Foto: archivo Semana.El proceso de Giraldo en la corte federal del Distrito de Columbia tuvo un ingrediente adicional: la comparecencia de la familia de una de sus víctimas, el líder ambientalista Julio Henríquez Santamaría, asesinado el 4 de febrero de 2001 en Santa Marta por hombres bajo su mando. De acuerdo con sus allegados, fue acribillado por oponerse a los cultivos de hoja de coca en la Sierra Nevada y proponerles a los campesinos la sustitución y el regreso a la legalidad.
Con su presencia en los estrados judiciales en Washington, autorizada por el juez Walton, se trataba de demostrar que los hechos que terminaron con la muerte de Henríquez Santamaría estaban ligados al tráfico de drogas, lo que debería incidir en los años de sentencia que deberían aplicarse a Giraldo. Era el primer caso contra un exjefe paramilitar que las víctimas podrían hablar y narrar lo sucedido. En el pasado se había intentado lo mismo, pero los jueces no lo permitieron. (Ver más: Víctimas hablarán en EE.UU. durante juicio a exparamilitar Hernán Giraldo)
En septiembre del año pasado, la hija del activista samario, Bela Henríquez, indicó en un escrito que reposa en el expediente del caso, que Hernán Giraldo debía ser juzgado “no sólo por su rol como narcotraficante, sino también por el asesinato de mi padre”. Según ella, una decisión en ese sentido “simbolizará un juicio que lo reconoce como paramilitar asumiendo su responsabilidad en la victimización de muchas personas a lo largo de su carrera de mando en el departamento del Magdalena”. (Ver escrito hija Bela)
En ese mismo sentido se expresó su hermana Nadiezdha: “Es importante Ia condena en los Estados Unidos contra Hernán Giraldo Serna, porque es muy importante enviar el mensaje de justicia y dignidad a los poderes mafiosos existentes ahora alrededor del narcotráfico en el Caribe colombiano, ellos controlan el negocio bajo el terror que imprime su nombre […] Aunque no esté presente sigue en el imaginario de quienes se nombran sus sucesores. Si Ia meta de este proceso penal es condenar el narcotráfico, Ia benevolencia de Ia sanción no es el mejor mensaje, como tampoco lo será sustraerlo de Ia responsabilidad que tiene de resarcir los daños”. (Ver escrito hija Nadiezha)
Giraldo Serna fue sentenciado en 2009 por un juez colombiano a 38 de años de prisión por el crimen de Henríquez. La decisión se produjo un año después de que el exparamilitar fuera extraditado a Estados Unidos.
Una vez se conoció que la familia Henríquez testificaría en contra de Giraldo, comenzó una estrategia de desacreditación de la versión de la familia Henríquez. La carta más fuerte fue enviada por su sobrino, Nodier Giraldo Giraldo, quien estuvo bajo su mando en el grupo paramilitar, al juez Walton en la que alega que el ambientalista no fue asesinado por orden de su tío y aclaró que murió por haber pertenecido al movimiento M-19.
“Hernán Giraldo no dio la orden directa del asesinato de este señor, su conocimiento fue posterior a la muerte del mismo y su asesinato fue por haber pertenecido a ese grupo guerrillero y no por estar llevando proyectos productivos ala región como se ha querido mostrar”, escribió el exparamilitar en octubre de 2016 desde su sitio de reclusión, la cárcel Modelo de Barranquilla, a donde llegó después de pagar una condena de 120 meses en Estados Unidos. (Ver escrito exparamilitar)
A esa visión se sumó la abogada Quintero, representante de ‘El señor de la Sierra’ en Colombia. Según ella, los autores materiales del homicidio, liderados por el paramilitar Walter Torres, “siempre consideraron que la víctima aún hacía inteligencia en la región, incitaba a la población a convertirse en seguidores de su ideología de izquierda a la cual nunca renunció, por tanto nunca dejó de ser mirado por parte del grupo ejecutor como uno de sus enemigos naturales a la vista”.
En su escrito de defensa, el apoderado de Giraldo en Estados Unidos aseveró que “la presencia de la familia Henríquez en este caso no debe alterar el cálculo de la sentencia del Tribunal. La tragedia del asesinato de Henríquez es un asunto ante los tribunales colombianos y, a su regreso, el acusado deberá cumplir una sentencia de cárcel adicional por crímenes en Colombia, incluido ese asesinato”.
¿Y la Fiscalía?
En su exposición del caso ante el juez Walton, la Fiscalía, representada por Paul W. Laymon, aseguró que Giraldo era “un líder de alto nivel del grupo paramilitar colombiano conocido como las AUC” y agregó que hombres bajo su mando hicieron “posible que el acusado controlara una porción significativa de las montañas” de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Para financiar la estructura armada, según la Fiscalía, “el acusado gravó el cultivo, la fabricación y la distribución de cocaína” y también utilizó “el producto de la venta de cocaína en los Estados Unidos” para ello. Asimismo, explicó que Giraldo “recaudó impuestos de los involucrados en el narcotráfico y, a cambio, él y su grupo armado protegieron a los narcotraficantes” de las guerrillas y de “otras bandas criminales”.
Según Laymon, este exjefe paramilitar comenzó a cooperar con la justicia de Estados Unidos varios meses después de haber sido recluido en una cárcel de ese país: “Fue entrevistado más de15 veces por fiscales y agentes. No hubo enjuiciamiento de la información proporcionada por el acusado, pero su información era de valor, ya que el acusado confirmó información ya conocida por el gobierno”.
El fiscal norteamericano también destacó la participación de Giraldo en las audiencias de Justicia y Paz a través de videoconferencias. Según dijo, este exparamilitar “contribuyó al enjuiciamiento de otros que colaboraron con su grupo armado. Estos otros incluían figuras políticas, hombres de negocios y oficiales militares. Sobre la base de la información proporcionada a los fiscales colombianos por el acusado y otros testigos, algunos fueron condenados”.
La Fiscalía también valoró la aceptación por responsabilidad de mando de Giraldo en “actos delictivos, algunos imputados a él y algunos cometidos por él, que incluían homicidios, violencia sexual, desapariciones forzadas, reclutamiento ilícito de menores y ocupación ilícita de tierras”.
Tras su exposición, el fiscal Laymon pidió,a nombre del gobierno norteamericano, una condena de 20 años para Giraldo y solicitó que fueran tenidos en cuenta los 10 años y 3 meses que lleva detenido; no obstante, no hizo ninguna referencia al caso de la familia Henríquez. (Ver escrito de la Fiscalía)
Colofón
Giraldo durante la desmovilización del Frente Resistencia Tayrona de las Auc. Foto: archivo Semana.Lo expuesto durante el juicio en Estados Unidos por Giraldo y sus abogados, así como por la Fiscalía, dista mucho de la realidad que se vivió en la Sierra Nevada de Santa Marta durante la hegemonía armada que impuso este exparamilitar y su grupo armado. Su poder se erigió a la sombra de la marihuana y la coca, y se sostuvo por más de dos décadas con el respaldo de las armas y sus amigos políticos. (Leer más: Los años de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta)
Asimismo, se le puso un velo a las acciones armadas contra la población civil, la que llevó la peor parte en la guerra librada en las estribaciones de la Sierra y que afectó a campesinos e indígenas. De acuerdo con la Fiscalía en Colombia, el grupo bajo el mando de Giraldo perpetró por lo menos 2.900 homicidios en su área de influencia. (Leer más: Crímenes de odio del Bloque Resistencia Tayrona)
La peor parte de sus incursiones la padecieron las mujeres, sobre todo las menores de edad. La Fiscalía en Colombia tiene registros de sendas agresiones sexuales contra niñas menores de 14 años. Su apetito sexual llevó a que lo apodaran ‘El Taladro’. (Leer más: Acusan a Hernán Giraldo de violar a 19 niñas)
Establecer que Giraldo sólo fue un “cobrador de impuestos” a los narcotraficantes es ocultar que su inicio en el mundo criminal, por allá en la década de los setenta, estuvo marcado, según la Fiscalía colombiana, por actividades ligadas al comercio de marihuana sembrada en la Sierra: “Se tiene información que indica que Hernán Giraldo para esta época también compró varios animales de carga entre ellos mulas y caballos que le permitían transportar la marihuana que era cultivada por los campesinos de la región que conforman lo que hoy día es el corregimiento de Guachaca y llevar mercancías a otros lugares de la Sierra Nevada especialmente a las partes bajas y las playas del litoral Caribe donde se negociaba este producto ilícito con los compradores”.
El juicio celebrado en Estados Unidos, lastimosamente, no le dio la razón a Nadiezdha, la hija del activista asesinado, quien esperaba que este proceso contra Giraldo develara “Ia magnitud de sus crímenes y su verdadero señorío en el control local del negocio ilegal”.
