Desde el inicio del tercer ciclo de conversaciones entre el gobierno nacional y esta guerrilla el pasado lunes, se rumoró quefinalizando este periodo de diálogo comenzaría un cese de hostilidades bilateral para desescalar la guerra y generarle confianza a la sociedad en el proceso de paz. ¿Qué tan cerca está y qué impactos regionales tendría?
Aunque hay contradicciones en la Mesa sobre el cese al fuego, ninguna de las partes lo ha descartado. La guerrilla presiona y el gobierno pide cumplimiento de lo acordado, no más secuestro ni atentados. Foto: archivo Semana.
Aún no hay certeza de la fecha de inicio, la manera en que se va a verificar ni los mecanismos que se van a utilizar para prolongarlo en el tiempo. Lo cierto es que sobre la mesa las cartas están echadas y se ha planteado la opción de silenciar los fusiles para darle celeridad a los puntos acordados y avanzar en el desarrollo de cada uno.
No obstante, hay contradicciones entre las partes: mientras el jefe negociador del gobierno nacional, Juan Camilo Restrepo, asegura que no se ha tocado el tema ni mucho menos los plazos de un eventual cese al fuego, algunos representantes de la delegación del Eln han afirmado que sí habrá cese bilateral y que sería de tres meses.
“La idea es que este cese temporal arranque con un tiempo más o menos de tres meses y que en el marco de dicho cese se realicen unas acciones que alivien de manera humanitaria principalmente a la población civil que ambas partes en el conflicto afectamos”, aseguró el vocero insurgente Bernardo Téllez en declaraciones dadas a la prensa en días pasados.
Hay que recordar que en repetidas ocasiones el gobierno ha manifestado que no van a tocar el tema de un posible cese al fuego mientras la guerrilla no abandone el secuestro y no deje de arremeter contra la población civil.
A través de una fuente militar, VerdadAbierta.com conoció que una de las posibilidades que se ha planteado es que se empiece con un cese unilateral de fuego por parte del Eln, al igual que ocurrió en repetidas ocasiones con las Farc cuando se adelantaban las negociaciones en La Habana, que sea verificable para poder constatar que no haya cobro de vacunas, extorsiones ni secuestros y de ahí sí avanzar hacia el cese bilateral. La propuesta es que se respeten límites territoriales y no se concentre la tropa.
“Es un absurdo cesar el fuego por cesarlo. No se va a permitir que mientras se deja de disparar se aumenten en las regiones donde delinque el grupo las extorsiones, secuestros y homicidios. Si hay cese, será gradual y empezará por donde debe empezar y es por ello que nosotros debemos garantizar la seguridad de todos los colombianos. Se acordó negociar en medio del fuego y así se está haciendo”, puntualizó la fuente, quien solicitó la reserva de la identidad.
A ello se suma el cerco militar que tienen algunos de los llamados frentes de guerra del grupo subversivo, cuyas consecuencias son sendas capturas de integrantes de redes de milicias y colaboradores urbanos. Según cifras de inteligencia militar, para junio de este año más de 300 personas, supuestos integrantes del Eln,han sido detenidos.
#DATO en lo que va corrido de 2017 las @FuerzasMilCol han capturado 337 integrantes de ELN. pic.twitter.com/uzTespBhS9
— Juan Pablo Rodriguez (@GrRodriguezB) 29 de junio de 2017
Paralelo al calor de la guerra, otra es la realidad que están viviendo algunos territorios que desde hace décadas padecen la confrontación armada. A la fecha, las comunidades aseguran que se viene trabajando con la guerrilla en concretar acciones humanitarias para atizar el conflicto, entre ellas, y una de las más importantes, adelantar labores de desminado humanitario.
“Con el cese al fuego todos ganamos”
El Pacto Local por la Paz fue una iniciativa en Nariño que arrojó resultados de varios meses por respeto a la vida dentro de los territorios indígenas y cese al fuego contra la población Foto: archivo Semana.Si bien el Eln no tiene gran despliegue militar en el país, en aquellas regiones donde sí hace presencia, como Arauca, Sur de Bolívar, Chocó, Boyacá, Cauca, Nariño y la zona del Catatumbo, sus acciones militares han tenido impacto dentro de la población civil con efectos paradójicos: de un lado, resquebrajan la confianza en el proceso de paz; y de otro, evidencian las deudas que desde hace décadas tiene el Estado con esas comunidades a las que nunca ha podido llegar de manera integral.
Para los pobladores de esas regiones, el cese bilateral del fuego es necesario para materializar lo que han avanzado en los territorios y para devolverle la confianza a los escépticos. Si hay algo en lo que coinciden tanto movimientos sociales como expertos y gremios locales es que un eventual cese unilateral y luego bilateral descongelaría los puntos de la agenda y permitiría materializar las acciones humanitarias.
Como ya lo había contado este portal, a finales del mes de febrero, las comunidades campesinas y resguardos indígenas de los municipios de Samaniego y Santa Cruz, en Nariño, elaboraron varias propuestas a la mesa de diálogos de Quito para descontaminar sus territorios de minas antipersonal y el respeto por la vida de sus integrantes.
En Nariño quieren reactivar Pacto Local de Paz
Sus clamores tuvieron eco. Este martes fueron notificados desde la capital ecuatoriana que se seleccionaron tres áreas para comenzar el desminado humanitario en Samaniego y Santa Cruz. “Estamos muy felices, es la oportunidad de seguir avanzando como sociedad, nos escucharon en la mesa y ahora debemos materializar en el territorio lo que hemos venido planeando con antelación”, comentó Harold Montufar, exalcalde de Samaniego y promotor del Pacto Local de Paz.
El 13 de agosto en la vereda Mosqueral en Samaniego, se realizará la Asamblea por la Paz, el Buen Vivir y los Desminados Humanitarios. Allí las comunidades presentarán su Plan de Vida y la hoja de ruta a seguir para librar al territorio de las minas antipersona. Una de las condiciones que han fijado como petición es que se disminuya la guerra en el territorio con un cese al fuego.
A ello se suma que otros departamentos como Cauca y Arauca también tiene contemplados planes piloto de desminado humanitario, donde previamente guerrilla y comunidades han trabajado en la identificación de los territorios y el mapeo de los posibles artefactos explosivos.
En El Tambo promueven desminado civil humanitario
Para Eduardo Martínez y Juan Carlos Cuéllar, los dos gestores de paz del Eln, el desescalamiento de la guerra y el avance positivo de la mesa de Quito se ve reflejado en los territorios. Por años, desde su centro de reclusión, ambos fueron el contacto de distintas comunidades con Eln para avanzar en propuestas de respeto por la vida, ceses al fuego, pactos locales de paz e iniciativas sociales.
Hoy, tras años de diálogos e intercambio con las comunidades sobre la posible materialización de nuevos pactos locales de paz para desminar los territorios, lo ven como un fruto de la organización social y de la presión de la sociedad para concretar los puntos de la agenda.
“Nosotros hemos ido desescalando la guerra; en las regiones venimos trabajando con las comunidades en las acciones humanitarias propuestas. Hoy es una realidad que se desminarán tres lugares en Nariño, esperamos avanzar en otros departamentos y seguir acumulando fuerza con las comunidades”, afirmó Martínez.
Desde la sociedad civil se viene reclamando que las acciones humanitarias se sientan en el territorio también por parte del gobierno nacional y, en especial, de las Fuerzas Militares. Para los gremios campesinos y comunidades indígenas, la guerra debe ir disminuyendo en relación con las persecuciones y señalamientos a los que son sometidos en las regiones de influencia del Eln.
¿Qué hay detrás de la captura de defensores de derechos humanos del Sur de Bolívar?
Según cifras de organizaciones de derechos humanos, para el primer semestre de 2017 se disparó en más del 20 por ciento la persecución y señalamiento contra líderes del movimiento social, que incluyen cárcel y exilio. La más reciente fue la detención de 12 personas pertenecientes a la Mesa Social para la Paz, entre quienes están voceros de organizaciones sociales como el Congreso de los Pueblos.
Propuestas regionales
La sociedad sigue avanzado en propuestas de participación y generando expectativa para seguir apoyando la agenda de diálogos Foto: archivo Semana.Organizaciones territoriales como la Alianza por la Paz y Desarrollo de Arauca han hecho llegar propuestas a la mesa de diálogos para que un eventual cese al fuego se cumpla a partir de tres criterios: que sea práctico y materializable; que se pueda verificar; y que haga posible la separación de fuerzas del Estado, es decir, “que se deje de combatir a esta guerrilla sin olvidar el combate contra toda forma de criminalidad en el territorio”.
A lo anterior, tanto indígenas, como afros y campesinos han pedido que se haga veeduría a través de los países garantes, donde no solo se vigile que no se disparen más balas, sino que se cumpla en el territorio con el respeto a la vida y a la integridad de los derechos humanos.
Es de tal importancia del cese al fuego para las comunidades que varias organizaciones como el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), una de las organizaciones que han sido víctimas de la guerra en el departamento de Chocó, han establecido que a partir de que entre en vigencia se van a poder desarrollar nuevos proyectos regionales y, sobre todo, volver a asentarse en el territorio y vivir dignamente.
Para Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, el cese al fuego reviste mucha importancia para las poblaciones en región en la medida que les da un margen mayor de participación en los puntos de la agenda sin la amenaza del fusil: “Las partes tiene que pensar que al lado del cese al fuego hay una sociedad que está llamando a la participación y si sigue habiendo fuego no se va a poder desarrollar eso que tanto se quiere y es la participación de la gente”.
Al respecto, Narciso Beleño, presidente de la Federación Agrominera del Sur del Bolívar, sostuvo que “el cese al fuego es respeto por la vida y los derechos humanos. Que se dejen de matar está bien, pero que a nosotros no nos acaben la vida con la amenaza o la cárcel, somos nosotros quienes hemos pagado el precio de una guerra que debe acabar”.
A todo ello se suma una centena de proyectos productivos que están varados en las distintas regiones a la espera que el cese de hostilidades les dé la posibilidad de desarrollar los planes de vida a las comunidades indígenas y los proyectos de desarrollo agrario a las organizaciones campesinas.
Si bien no se ha tomado ninguna decisión hasta el momento, de seguir cumpliendo las partes en el desescalamiento de la confrontación armada, el propósito de concertar un cese unilateral o bilateral al fuego podría darse a finales del tercer ciclo de conversaciones. Entre la delegación de paz del Eln se ha rumorado que sea antes de la llegada del Papa Francisco a Colombia, a comienzos de septiembre; también se estima que su presencia impulse la decisión. Los negociadores del gobierno nacional han sido más reservados, pero no han negado la posibilidad si se sigue cumpliendo con las acciones humanitarias por parte del grupo insurgente.
Queda entonces la pregunta de si el gobierno nacional cumplirá la petición de los movimientos sociales y comunidades indígenas y campesinas para menguar la guerra en sus territorios y evitar la persecución y estigmatización a quienes los lideran.
