Ese angustioso llamado es de Orlando Castillo, un histórico líder comunitario de Buenaventura, promotor de la creación del espacio humanitario de las víctimas de la masacre del Naya y quien ha recibido por lo menos 37 amenazas de muerte. A pesar de vivir “en medio de dos bases paramilitares”, la Unidad Nacional de Protección considera que no necesita escoltas ni carro blindado.
Orlando Castillo, fundador de la Corporación Organizando, Haciendo y Pensando el Pacífico (Corapec) y del Espacio Humanitario Puente Nayero. Foto: VerdadAbierta.com.Castillo, que ha dedicado más de la mitad de sus 40 años de vida al bienestar de las comunidades afro de Buenaventura y de la cuenca del río Naya, la región limítrofe entre Cauca y Valle del Cauca que fue escenario de una de las masacres más brutales del país, cometida en la Semana Santa de 2001, habla con mucha valentía para defender a los suyos, pero es muy consciente de los límites que tiene. (Ver más: Los orígenes de la masacre del Naya)
Con profunda resignación cuenta que si la Unidad Nacional de Protección (UNP) le quita su actual esquema de seguridad, tendrá que seguir luchando desde el exterior: “No hay otra opción. Me da pena con la comunidad tener que dejarla, pero aquí hay también un tema de vida. Uno tiene que cuidarse también. Si levantan esas medidas, como creo que va a pasar, tengo que salir porque no hay garantías y puedo ser asesinado en cualquier momento”.
Desde finales de 2014, cuando arreciaron las amenazas en su contra por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) por ser uno de los promotores de la declaración de Puente Nayero como zona humanitaria, con la cual fueron expulsados de esa calle del barrio San Francisco y la posterior protección perimetral que les debe otorgar la Fuerza Pública en cumplimiento de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Castillo ha contado con la protección de dos escoltas y un carro blindado.
Sin embargo, el 23 de agosto de 2017, por medio de su resolución 5439, la UNP conceptuó que este líder, que vive entre dos barrios controlados por diferentes grupos armados que surgieron tras la desmovilización del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, no se encuentra en una situación de riesgo extrema o extraordinario. Castillo siguió el debido proceso y presentó un recurso de reposición, pero a pesar de sus argumentos, esa entidad respondió, el pasado 27 de diciembre, que su esquema de seguridad se reducirá a un chaleco antibalas y a un teléfono celular.
Esta situación ocurre en un ambiente de máxima tensión en Buenaventura a raíz del asesinato de Temístocles Machado, otro líder histórico que defendió los derechos territoriales del pueblo afro. Machado, a pesar de sus múltiples amenazas, no contaba con esquema de protección y fue abaleado el pasado 27 de enero en el barrio Isla de Paz. (Ver más en: “Buenaventura es una contradicción”: Temístocles Machado)
VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuándo le otorgaron las medidas de protección?
Orlando Castillo (OC): En 2013 me dieron chaleco antibalas y teléfono, medidas blandas. A finales de 2014, cuando hicimos la declaratoria del Espacio Humanitario y llegaban amenazas a diario y no podía salir, me otorgaron medidas duras, en este caso escoltas y carro blindado. Me las dieron hace tres años, pero las amenazas no han parado y siguen por vía telefónica y de terceros. Me dicen que si salgo me van a asesinar, que están esperando a que me quiten el vehículo para proceder, que no iba tener protección siempre. La última llamada me la hicieron en diciembre y me dijeron que me van a matar.
VA: ¿Quién lo tiene amenazado?
OC: Los ‘gaitanistas’, los que hacen control en Piedras Cantas. Ese barrio está a 200 metros del Espacio Humanitario y ellos ven todos mis movimientos. Si salgo a pie, voy a ser asesinado. En el momento en el que me levanten el esquema de seguridad me tengo que ir del país. No hay otra opción. Me da pena con la comunidad tener que dejarla, pero aquí hay también un tema de vida. Uno tiene que cuidarse también. Si levantan esas medidas, como creo que va a pasar, tengo que salir porque no hay garantías y puedo ser asesinado en cualquier momento.
Tras la desmovilización de las Auc, en Buenaventura se vivió la guerra entre las Agc y ‘Los Rastrojos’, tras la salida de estos últimos, surgieron ‘La Empresa’ y ‘Gente del Orden’. Foto: archivo Semana.VA: Según la UNP, usted no tiene un riesgo extremo. ¿Cómo ve ese planteamiento?
OC: Primero, ellos manifiestan que la Fuerza Pública está en el Espacio Humanitario y, por lo tanto, no requiero las medidas. Eso es falso. ¿Entonces me tengo que mantener encerrado dentro del Espacio y no podré salir a hacer mis diligencias como defensor de derechos humanos? La Fuerza Pública no puede acompañarme a todas partes.
Segundo, manifiestan que mi nivel de riesgo ha disminuido y muestran una tabla. Hay unos antecedentes de amenazas que no tienen en cuenta y los actores ilegales todavía hacen presencia en la región. Son los elementos con los que uno dice que están desfasados.
Los estudios de la Unidad están salidos de contexto. Si no se replantean, seguirán asesinando líderes sociales en todo el país. Las medidas que da la Unidad no son acordes a las necesidades de las regiones.
VA: ¿Qué concepto le deja la labor de la UNP?
OC: Me deja con desconcierto. No conocen los contextos y los informes los hacen desde Bogotá, en donde las dinámicas son muy distintas. El funcionario viene y hace preguntas en una oficina, ni siquiera recorre el territorio donde uno se moviliza. Un analista serio y responsable, que quiere emitir un concepto efectivo, por lo menos debe ir al contexto de la gente, para determinar si hay riesgo o no. Esa es una gran debilidad.
¿Cómo es posible que a un líder que vive en zona rural le den un chaleco y un celular? Con eso lo ponen en riesgo porque no hay señal, esa persona va a necesitar una lancha rápida porque requerirá andar a una velocidad prudencial para que no lo alcancen estos actores; va a necesitar un teléfono satelital y no un celular porque no hay cobertura de señal de antena. Yo voy y salgo, trabajando por la gente del Naya y de Buenaventura.
Esas son las debilidades que tiene la Unidad, que está desfasada en lo urbano. Otra es que nosotros tenemos una visión distinta del quehacer comunitario porque somos afros e indígenas. Por lo tanto, las medidas tienen que ser acordes a nuestras realidades y cosmovisiones, pero se nos aplican con el mismo racero que a los demás.
Ojalá corrijan en un corto plazo, para que hagan estudios serios y de campo. Ellos saben que a la gente no le gusta denunciar a la Fiscalía por muchas razones. Entonces dicen que no hay denuncias, pero deberían ir a la Defensoría y a las personerías. Estamos en medio de dos bases paramilitares y este señor analista dice que allá no pasa nada…
VA: ¿Todavía tiene el esquema de seguridad para riesgo extremo?
OC: Hasta ahora sí, pero me lo pueden quitar en cualquier momento. La resolución de la UNP está pendiente para su ejecución. Me notificaron hace 15 días; compañeros a los que ya se los han quitado, dicen que ocurre en un mes. Me quedarían 15 días más de escoltas y de carro blindado.
Área de protección
Esa puerta es la que resguarda la vida de los habitantes del Espacio Humanitario de Puente Nayero. Foto: @PBIColombia.VA: ¿Por qué decidieron convertir Puente Nayero en zona humanitaria?
OC: Por las múltiples violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Allá existió una ‘casa de pique’, violaban a las niñas, había un control social armado sobre la comunidad, había balaceras todos los días; y lo más curioso, una correlación entre la Fuerza Pública y estos grupos: entraban el Ejército y la Policía, pero no le decían nada al paramilitar armado, antes se daban la mano. Ahí es donde uno dice: o hay una complicidad o pasa algo más.
Entonces tomamos la decisión de constituirnos en espacio humanitario y eso originó que los grupos se vinieran contra nosotros. A partir de ese momento, nosotros, como población civil, tomamos control de la zona. Colocamos una puerta y pusimos un letrero que decía que no se acepta ningún actor armado y pedimos el acompañamiento de la Policía en sitios perimetrales. Le exigimos a la Fuerza Pública que cumpliera su papel constitucional, aunque su papel es débil porque en ocasiones los paramilitares ingresan, nos han robado dos embarcaciones y hace quince días nos sacaron un joven.
VA: ¿Qué pasó con el joven?
OC: La familia lo encontró cinco horas después inconsciente y muy golpeado.
VA: ¿Dónde está ubicado Puente Nayero?
OC: Está ubicado en el barrio San Francisco de la Comuna 4 de Buenaventura. Anteriormente era un puente, pero ahora es una calle; fue construida como se hizo Buenaventura: a punta de relleno y todavía tenemos algunos palafíticos. Somos alrededor de 450 familias, porque muchas personas se fueron cuando arreció el conflicto.
Puente Nayero es una zona que está en medio de dos bases paramilitares. Los ‘gaitanistas’ están en el barrio Piedras Cantas y ‘La Empresa’ o la ‘Gente del Orden’ está en el barrio Alfonso López. Allí hay una disputa y nosotros estamos en el medio.
VA: ¿Cómo conformaron la zona humanitaria?
OC: Entre 2011 y 2012 se vuelve a agudizar la situación en Buenaventura. Ocurren asesinatos casi a diario, descuartizamientos, confinamientos, desplazamientos y demás situaciones que trascendieron en los medios de comunicación. Antes de eso, todas las organizaciones sociales veníamos trabajando para que el Estado colombiano reconociera los derechos territoriales de las comunidades.
El 1 de noviembre de 2013 los ‘gaitanistas’ entraron con mucha fuerza a nuestro barrio, se toman la calle y asesinan a un joven. Empezaron a hacer control territorial y después hubo dos desplazamientos forzados, en el segundo se desplazaron más de cuatro mil personas y el Estado no hizo nada. En Puente Nayero asesinaron a mucha gente: entraban, la picaban y la tiraban al mar. Sucedieron tantas cosas y cuando iban a hacerlas nos mandaban a encerrar. (Ver más: La pugna detrás de los desplazamientos de Buenaventura)
Dado a los desbordados niveles de violencia, el gobierno nacional militarizó Buenaventura en 2014. Foto: archivo Semana.Ante eso dijimos que no nos podíamos quedar con los brazos cruzados y en diciembre contactamos a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Casi me matan por llevarlos al barrio y en vista de lo que la Comisión vio, me contactaron con otras experiencias humanitarias del país, también hicimos un trabajo muy secreto de documentación de los asesinatos y las desapariciones forzadas. Fuimos a conocer Jiguamiandó y Curvaradó, pero cuestionábamos que fuera a servir porque es una experiencia rural; después conocimos la iniciativa de Civipaz, en Meta, y tomamos la decisión de crear nuestro espacio. Todo fue secreto, la comunidad no lo sabía porque los paramilitares estaban adentro y se podían enterar.
Es así como hicimos la declaratoria el 13 de abril de 2014, porque en ese día de 2001 fue cometida la masacre del Naya. Entonces, reivindicando lo que pasó en nuestro territorio ancestral, tomamos esa fecha. Invitamos al alcalde y a todas las organizaciones de derechos humanos; el obispo Héctor Eplaza hizo la declaratoria. Todas las organizaciones ingresaron con la excusa de celebrar la misa del Domingo de Ramos y ellos (los ‘gaitanistas’) se replegaron. Después de la declaratoria empezamos a poner las vallas.
VA: ¿Cómo reaccionaron los grupos armados?
OC: Allí sí comenzó la presión. Al ver que las organizaciones no salían y que empezaban a llegar más acompañantes internacionales, comenzaron las llamadas: “te vamos a matar, te vamos a picar”. Ahí sí les dijimos que se tenían que ir porque nos constituimos en espacio humanitario y que, si no lo hacían, asumirían las consecuencias porque el Estado tenía que responder por la comunidad que se declaró como espacio humanitario. Así fue y ha sido una lucha constante porque las amenazas no cesan y han tratado de ingresar a asesinarnos. No podemos salir de allí sin escoltas, yo no puedo atravesar la puerta del Espacio porque me matan.
VA: ¿Sí ha valido la pena correr todos esos riesgos?
OC: Sí, definitivamente. Dentro del espacio recobramos nuestra tranquilidad, vivimos tranquilos y podemos dormir sin zozobra. No tenemos control social por parte de grupos armados, porque está regulado por unos entes que la misma comunidad nombró: el Coordinador General, que en este caso soy yo; y el Comité Ejecutivo, conformado por 11 miembros del espacio humanitario. Esos somos los líderes que, junto con nuestra comunidad, tomamos las decisiones para nuestro bienestar. Logramos conseguir la tranquilidad y nos convertimos en modelo para otros barrios, como Punta Icaco que ya creó la suya hace dos años con nuestra ayuda, pero ha tenido problemas de seguridad porque no tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como nosotros.
VA: ¿Cómo las obtuvieron?
OC: Nos las dieron el 15 de septiembre de 2014. Era tan evidente lo que estaba pasando, que el Estado no pudo desmentir ante la Comisión lo que pasaba y efectivamente demostramos que había una situación compleja en esa zona.
VA: ¿En qué consisten esas medidas cautelares?
OC: En que el Estado colombiano debe y tiene la obligación de proteger a esa población que solicitó la preservación de su vida y del territorio.
VA: El mandato de la Comisión es el mismo que dicta la Constitución Política de 1991. ¿En qué acciones concretas se traducen esas medidas cautelares?
OC: Materialmente se tradujo en presencia permanente de la Policía y de la Armada Nacional. Antes no había y es lo mismo que le pasa al otro espacio humanitario, que como no tiene medidas cautelares, no tiene presencia de la Fuerza Pública. En Puente Nayero tenemos Policía y Armada en los puntos perimetrales acordados con nosotros, pero no intervienen al interior de la zona humanitaria. Les pedimos que cumplan su papel constitucional; eso lo hacemos hacia dentro, pero afuera de la zona está el caos total de los paramilitares y por eso no podemos salir. Si sales a pie, sos víctima.
Con el Naya en la memoria
Víctimas de la masacre cometida por el Bloque Calima de las Auc. Foto: archivo Semana.VA: Puente Nayero lleva el nombre de la región del Naya. ¿Cuáles son las afectaciones que vivió la comunidad afro por la masacre que realizó el Bloque Calima en la Semana Santa de 2001?
OC: Se desplazaron más de tres mil afros del Naya, en donde tenemos 64 comunidades y 25.500 habitantes, sin contar indígenas ni campesinos. Muchos no retornaron y otros lo hicieron por su propia cuenta. Muchos desplazados llegaron a Puente Nayero porque hace más de 60 años salieron algunas familias en procesos migratorios, pero los de 2001 son a causa del desplazamiento. El 90 por ciento de los habitantes son del Naya.
VA: ¿Pudieron reconstruir sus vidas después desplazamiento?
OC: Un desplazamiento es una cosa muy dura porque es salir sin nada. La gran mayoría logró llegar a Buenaventura, donde fueron recibidos por sus familiares y paisanos, y se fueron quedando; algunos retornaron por voluntad propia porque el gobierno nunca hizo un proceso de retorno.
VA: ¿Han recibido algún tipo de reparación por la masacre y el desplazamiento?
OC: En este momento no. La Unidad de Víctimas emitió resolución para la reparación colectiva de la gente del consejo comunitario Cuenca del Río Naya, pero no conozco mayores detalles porque no llevo el proceso; para Puente Nayero solicitamos ser sujetos colectivos de reparación. Hay avances, pero nadie ha sido reparado.
VA: ¿Cómo recibieron las declaraciones de los paramilitares ante la Fiscalía de Justicia y Paz?
OC: Creo que muchas verdades se quedaron en el silencio. Las verdaderas intencionalidades de la masacre del Naya no las vamos a saber nunca. Nosotros sabemos que detrás de ella hay un tema de territorio porque veníamos discutiendo con el Estado el título colectivo de la cuenca del río Naya. Se pueden disfrazar y decir lo que quieran, pero uno sabe que los verdaderos propósitos era el tema del territorio.
Con un entierro multitudinario fue despedido Temístocles Machado. Foto: @andreeviana.VA: Para usted, ¿quién fue ‘Don Temis’?
OC: Su asesinato ha sido un golpe muy duro para mí. Los dos siempre estuvimos trabajando juntos porque teníamos el mismo problema: el tema del territorio. Me acuerdo que en una reunión quedamos de hacer un documento para la Alcaldía de Buenaventura porque se estaba buscando exigirle que teniendo en cuenta los autos de la Corte Constitucional, generara condiciones para subsanar los problemas territoriales. Nos sentamos muchas veces y decíamos que estábamos allí, pero que no sabemos hasta cuándo lo estaremos. A ‘Don Temis’ lo asesinaron porque andaba desprotegido. Las denuncias que había hecho eran muy fuertes y los intereses por ella muy grandes, entonces había que sacarlo del camino.
Sabemos a quién nos estamos enfrentando. No sólo a una estructura del Estado que está entregando los territorios a los grandes inversionistas, sino que también hay un interés de los particulares que tiene poder económico y político, para acallar voces. Y callaron a ‘Don Temis’. Por eso vamos a reivindicarlo, así sea desde Buenaventura o desde el exterior, para defender los territorios palafíticos.
VA: Él decía que era muy curioso que cuando se ponía en marcha un gran proyecto, primero llegan grupos armados a los territorios y después la inversión. ¿Comparte ese planteamiento?
OC: Toda Buenaventura lo sabe: el primer principio para hacer un megaproyecto es entrar a las estructuras ilegales para que hagan el vaciamiento. Luego, vienen dos fases más: la primera, comprarles a los pocos que lograron resistir, o reubicarlos como en el caso nuestro; después viene la inversión. Esa siempre ha sido la estrategia macabra del gobierno y de muchos empresarios que han alimentado eso de manera clandestina. Lo curioso es que después de que hacen el vaciamiento esos actores desaparecen de la zona.
Nosotros no nos oponemos al malecón, pedimos que sea incluyente y respete la vida de las comunidades que históricamente han vivido allí. El diseño se debe hacer con participación de la comunidad para que pueda mantener en el territorio. No es más lo que pedimos.
VA: ¿En qué consiste ese megaproyecto?
OC: Es un proyecto similar al Malecón Bahía 2000 de Guayaquil, Ecuador, que rodea todo el río Guayas. En Buenaventura piensan hacer algo así, pero como son tan alcanzados y egoístas, dicen que hay que sacar a esos negros de ahí para hacer nuestra inversión. Somos 110 mil afros en la zona y para eso nos metieron la violencia.
