Este líder, asesinado el pasado sábado en el barrio Isla de Paz, tenía una postura muy crítica sobre las causas de las dificultades que padecen desde hace varias décadas las comunidades más vulnerables de este puerto sobre el Océano Pacífico. Hablé con él en una pequeña cafetería del centro de la ciudad el 20 de octubre del año anterior. Sus palabras eran precisas y valientes.
“Buenaventura es un pueblo sin ley, no funciona nada, las entidades de control no funcionan”, me dijo Temístocles, con la claridad que le daban su experiencia de lucha por mejorar las condiciones de las comunidades negras de Buenaventura, muchas de ellas desplazadas de los ríos Naya, Raposo y Yurumanguí por la acción de grupos armados ilegales.
Lo conocí una noche de viernes, cuando lo busqué en la ciudad portuaria para que me ayudara a entender la crisis social y económica por la que pasaban sus coterráneos y los fenómenos de violencia que los azotaban. En una corta llamada, hecha en la mañana del 20 de octubre del año pasado, me presenté y le expliqué brevemente que llevaba varios días allí conversando con diversos líderes sociales y todos me habían recomendado hablar con él. Estaba recopilando información para un documento académico y sin duda su versión era fundamental. Me dijo que sí, que a las 2 de la tarde hablábamos, pero llegó cinco horas después. Esperé con paciencia. En últimas entendí que su tardanza era una manera de protegerse.
Cuando llegó, a eso de las siete de la noche, lo sentí tranquilo, pero cauteloso. Es que no se va hablando con alguien desconocido de temas comprometedores. Sentí que su mesura era más bien una táctica para establecer un mínimo nivel de confianza. Le volví a explicar cuál era el objetivo de mi trabajo. Y se decidió hablar. En sus palabras había mucha convicción.
Comenzó por el tema que más lo angustiaba, el despojo de tierras, del cual era víctima él y la comunidad que representaba: “El despojo de tierras en Buenaventura es propiciado por los mismos funcionarios públicos, empezando desde el gobierno nacional, hasta el municipal, a través de sus grupos al margen de la ley”.
Cuando le sugerí que me detallara algunos aspectos de esa usurpación de la que estaba hablando, guardó silencio unos segundos y luego comenzó a hablar de sus cuatro preocupaciones: la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen); la remodelación del centro de la ciudad, que comenzó con la ejecución de la primera fase del Malecón Bahía de la Cruz; las consecuencias de la construcción de la llamada Vía Alterna Interna, diseñada para el tránsito de tractocamiones; y la falta de consulta previa en los proyectos que se desarrollarán en la ciudad, tanto en la zona continental como en la insular.
“Nos engañaron”
El pueblo de Buenaventura perdió a uno de sus líderes más representativos. Foto: suministrada Unidad de Tierras del Valle del Cauca.Seis años después de iniciar operaciones, Temístocles Machado continuaba cuestionando la manera cómo se asentó TCBuen y las consecuencias que tuvo para los pobladores de su área de influencia, que abarca los barrios Miramar, Santa Fe, Inmaculada, Santa Cruz y Punta del Este, de la Comuna 5, quienes vivían, mayoritariamente, de la pesca.
“Esa empresa llegó engañando a las comunidades”, enfatizó Machado. Según él, cuando se conoció que sobre sus tierras se iba a asentar una empresa, les informaron que sería una compañía pesquera. “Entonces la gente creyó que se iba a generar empleo”, agregó, pero lo que se desarrolló fue un proyecto logístico de contenedores en el que se invirtieron 250 millones de dólares.
El cambio de la finalidad del proyecto está, incluso, detallado en la página web de TCBuen: “Es un proyecto que se venía gestando desde hace más de15 años, por iniciativa de la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), del Municipio de Buenaventura y de la Gobernación del Valle, que estaban interesados en construir un puerto pesquero. Sin embargo, sólo fue hasta 2004, cuando entró como accionista el Grupo Empresarial del Pacífico, que se decidió diseñar un puerto comercial en un lote de la CVC, enfocado a convertirse en una alternativa para la Terminal de Buenaventura”. En la actualidad, la sociedad catalana GRUP MARITÍM TCB S.L. tiene la mayoría accionaria de la compañía. (Consultado en: http://www.tcbuen.com.co)
A la par del frustrado proyecto pesquero, Machado también cuestionaba a TCBuen por los terrenos donde se asentó: “la tierra donde se construyó esta empresa era de las comunidades, era terreno poblado por las comunidades, de los nativos ancestrales. Ahí existían canchas en arena, era un sector de recreación, la gente también iba a nadar allá”.
Pero no sólo se perdieron escenarios deportivos. Según el líder asesinado, también les obstruyeron el acceso al mar: “En ese estero, conocido como El Aguacatico, era donde más pescados se cogían y cualquiera podía coger pescado allí, pero TCBuen prohibió la pesca. Ahí en ese lugar mis ancestros y hasta los renacientes nos hemos alimentado, pero hoy los nativos no podemos pasar por allí, corremos riesgo de que los vigilantes o las mismas autoridades le puedan disparar a alguien que va pasando con su lancha”.
Y un tercer aspecto que destacó Machado tiene visos de tragedia: “El sector donde se construyó TCBuen es un cementerio clandestino. Allí hay cantidad, centenares de gente desaparecida enterrada. Y nunca investigaron”. A su juicio, la construcción del terminal de contendedores debió pararse hasta tanto la Fiscalía hiciera una búsqueda detallada de los restos humanos.
Al respecto, consulté varias personas, unas en la ciudad portuaria y otras en Bogotá, y fueron consistentes en apoyar esa denuncia. De hecho, el tema lo reseña el informe elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, titulado Buenaventura: un puerto sin comunidad, que citando los impactos negativos más relevantes del terminal marítimo, expresado por el Proceso de Comunidades Negras (PCN), al que pertenecía Machado, consignó la “preocupación de las comunidades, porque el terminal fue construido sobre un posible cementerio clandestino sin que las autoridades competentes hayan realizado una investigación al respecto”. (Descargar informe)
Al parecer la mayoría de los cuerpos que habrían enterrado en esos lugares serían de víctimas del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). El férreo control de este grupo paramilitar en Buenaventura derivó en la comisión de masacres, homicidios selectivos, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tanto individuales como colectivos. Los pobladores recuerdan este periodo como el de las “mil muertes”, aludiendo al repertorio de violencia que estuvieron justificadas por el carácter antisubversivo de las AUC. Se estima que entre 2000 y 2004, las AUC perpetraron por lo menos 17 asesinatos colectivos que dejaron 113 muertos.
“Deben consultarnos”
Temístocles Machado defendía con ahínco la consulta previa como un mecanismo de concertación con las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo. Este derecho fundamental, aplicado a comunidades indígenas y afros, está consignado en el Convenio OIT 169, ratificado en Colombia a través de la Ley 21 de 1991. Para sustentar su argumento, apeló en nuestra conversación a la relación que las comunidades negras tienen con el puerto y las zonas rurales.
“En el Pacífico hay una relación muy fuerte entre campo y poblado. La gente que vive en las veredas y en las ciudades somos los mismos, es la misma familia, algunos desplazados de sus campos se han venido a la ciudad, pero allá quedan raíces, quedan parientes, y seguimos en contacto, periódicamente estamos viajando de un lado a otro, hay una relación”, me dijo de golpe y, agregó: “por eso es que estamos en contra de la política del gobierno que dice que la consulta previa solamente tiene que ser para los sectores rurales, sabiendo que en la ciudad también habemos (sic) afrodescendientes, que somos la misma familia de los que estamos en zona rural”.
Su idea de la aplicación de la consulta previa era muy amplia. El tema lo enardecía: “Es inaceptable el concepto del gobierno que no va a consulta previa para unos proyectos que se realicen en la ciudad. Según el gobierno, la consulta previa se hace para afectaciones que se hacen en el sector rural, en comunidades de minorías, sabiendo que aquí en lo urbano también hay afros, somos los mismos”.
Siguiendo esa lógica, Machado expuso que, por ejemplo, la expansión portuaria tendría que pasar por la consulta previa porque afectan a comunidades negras. En ese sentido, el proyecto de construcción de TCBuen debió consultarse previamente con las comunidades porque, según este líder, afectó barrios donde “el 99 por ciento son afros”.
El otro ejemplo que me refirió fue el del Malecón Bahía de la Cruz, en cuya primera fase, ya construida, se invirtieron 27 mil millones de pesos y se espera que en los próximos tramos se inviertan 85 mil millones de pesos más. Esa obra, según Machado, “tiene una proyección de crecimiento que arrasaría con los barrios, incluso uno de los más antiguos y pobres, que se llama San José. Fue el primer barrio que se creó en la isla y son barrios de gente vulnerable, provenientes de la zona rural y todos esos sectores, por todos los lados han intentado desplazarlos”.
A su juicio, se han aplicado dos estrategias para sacar a la gente de sus barrios, sobre todo de la zona de bajamar, un territorio ganado al mar rellenando las playas y construyendo casas palafíticas. La primera de ellas es a través de un proyecto de vivienda sin consulta previa, llamado San Antonio, construido en la zona continental, muy lejos de su hábitat marino. “Las comunidades afrodescendientes, por naturaleza y cultura, están acostumbrados a vivir a orillas del mar o de los ríos”, me explicó Machado, razón por la cual la iniciativa ha tenido fuerte resistencia entre las comunidades.
La segunda estrategia que planteó Machado en la conversación fue más radical: apelar a la violencia para sacar a la gente. “Aquí involucraron al pueblo de Buenaventura en un conflicto ajeno. El gancho es el narcotráfico para poder involucrar a los jóvenes y así facilitar y confundir, y poder despojar a las comunidades de sus territorios”. Y parte de su argumento lo sustenta en la crueldad desatada en justamente en barrios de bajamar hace unos años con las llamadas “casas de pique”, donde fueron descuartizadas y desaparecidas decenas de personas, según cuenta la comunidad.
Pero en la zona continental de Buenaventura también hay tensiones asociadas al desarrollo. Me dijo Machado que a lado y lado de la carretera conocida como Alterna Interna, una solución vial al problema del tránsito de cientos de tractocaminoes, las tierras están habitadas por afros: “Son barrios de nativos ancestrales que, en el pasado, fueron estigmatizados y criminalizados por la clase política, por los funcionarios, como los barrios más marginales. Hoy, a raíz de la construcción de la vía, es uno de los sectores más apetecidos por el capitalismo”.
Y la preocupación y reclamo de este líder social no eran infundadas. En febrero del año pasado, la Dirección Nacional de Planeación presentó en Buenaventura el Programa Nuevas Ciudades, que pretende, en 20 años y a través de la reconfiguración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), organizar su desarrollo económico y social.
La ambiciosa iniciativa incluye la creación del Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura (CAEB), que aspira incorporará 16.269 hectáreas de áreas rurales como zona de expansión. Se trata, según lo explica esta agencia estatal, de aprovechar “el potencial productivo, portuario y logístico a través de la promoción y desarrollo de una gran zona de actividades económicas, al norte de la ciudad, que aglutinará servicios logísticos generando valor agregado a la carga y reducción de costos y tiempos por economías de escala”.
¿Y los grupos armados?, le pregunto, basado en lo reportado y denunciado por organizaciones sociales y agencias estatales, que indican que allí opera un grupo criminal conocido como ‘La Empresa’ y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que se nutren de bandas más pequeñas, que generan altas condiciones de inseguridad y de riesgo. Pero Machado tenía una postura muy discutida: “El despojo de tierras en Buenaventura es propiciado por los mismos funcionarios públicos, empezando desde el gobierno nacional hasta lo municipal, a través de sus grupos al margen de la ley”, afirmó sin contemplaciones.
Y continuó, sin reservas: “Cada vez que se piensa un proyecto a diez, quince años, llegan primero los grupos armados generando terror, intimidación, miedo, para desplazar a la gente, y luego coger la tierra y venderla. No creo que los grupos armados lleguen aquí solos. Sin consentimiento. No es coincidencia. Son aparatos armados usados por políticos, empresarios. Aquí la autoridad no funciona”.
“Paro justo”
Diferentes organizaciones del Pacífco han promovido actos en homenaje al asesinado líder comunitario.La participación de Temístocles Machado fue activa e intensa en el paro cívico convocado por los bonaverenses y que inició el 16 de mayo del año pasado con el objetivo de hacer visibles sus reclamos. Ese día, constituidos en la Asamblea Ciudadana por la Defensa de Buenaventura, resolvieron “participar directamente en las decisiones que nos afectan, reuniéndonos pública y pacíficamente, a partir del día 16 de mayo de 2017, para manifestar nuestra inconformidad, para protestar y defendernos contra la vulneración de nuestros derechos colectivos, exigiendo las garantías de su efectividad”. Durante 21 días mantuvieron su declaratoria de rebeldía.
“A través del paro cívico es que tenemos interlocución con el gobierno nacional, pero Buenaventura es un pueblo sin ley, no funciona nada, las entidades de control no funcionan. El paro cívico se hizo a raíz de tanta denuncia, de tantas luchas de las comunidades buscando un cambio, un bienestar social, que mejoren las cosas”, me explicó Machado, y lanzó una aseveración que muchos se niegan a ver: “Buenaventura es una contradicción”.
A través de sus palabras se explican esas contradicciones. En el principal puerto marítimo del país, por donde se mueve el 55 por ciento de la carga que se importa y se exporta, “no tenemos un hospital de segundo nivel; no tenemos agua potable y hay una baja cobertura de alcantarillado; hay un pobre nivel de escolaridad y las plantas educativas están en mal estado; el despojo que se ha dado es descarado; hay alto índice de desempleo y es muy grave la explotación del hombre en las zonas portuarias y si la empresa privada es injusta con el pueblo es porque el gobierno las deja; tampoco hay una reinversión en Buenaventura de lo que producen las empresas. Nos tienen en la miseria”.
Escuchando a Machado, recordé una entrevista concedida a este portal por el entonces obispo de Buenaventura, Héctor Epalza, quien describió con claridad su visión de la exclusión que se presenta allí: “Mientas perdure una mentalidad neoliberal, que es la ganancia por la ganancia, y tener lo más que se pueda, no podrá haber atención a este puerto, y a la ciudad sobre todo”. (Leer más en: “Vemos entrar y salir la riqueza sólo como espectadores”)
La conversación con Temístocles Machado terminó una hora y media después, no sin antes decirme que quienes promovieron el paro cívico estaban amenazados, pero no precisó con certeza quién o quiénes estarían detrás de todo ello, tal vez lo sabía, pero en ese punto no quiso arriesgar más. Un apretón de manos le puso punto final a ese encuentro.
Días antes de caer asesinado, Machado se reunió con la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, para exponerle su situación de seguridad. Pocos saben qué se dijo en ese encuentro, pero sea lo que haya sido, no previno su asesinato, a las 5 de la tarde del pasado sábado en el barrio Isla de Paz.
Quienes trabajaron al lado de “Don Temis”, como afectuosamente lo llamaban, lo definieron como “hombre que luchó por la ilusión de ver a su pueblo vivir en paz y con dignidad”. Por eso su muerte los tiene indignados y a través de un comunicado, solicitaron a la comunidad nacional e internacional que “centren su atención en la necesidad de generar medidas de seguridad y protección frente al grave riesgo que vive el pueblo de Buenaventura, en función de evitar hechos como éste, que vulneren la confianza que la comunidad victimizada […] Le solicitamos a la comisión de garantías de seguridad, priorizar a Buenaventura en la realización el diseño de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra la vida de sus pobladores y especialmente de sus líderes sociales. Exigimos pues que la paz no ponga en riesgo la vida de los sobrevivientes de la guerra”. (Ver Acción Urgente)
