En medio de la ola de violencia contra los defensores de derechos humanos y los promotores del acuerdo de paz con las Farc, el Ministerio Público emitió una serie de órdenes y recomendaciones para garantizar el desarrollo de sus labores. Organizaciones celebran esta decisión, pero piden más compromiso por parte de otras entidades estatales.
El procurador General de la Nación, Armando Carrillo, durante la presentación de la nueva directiva que tiene enfoque diferencial, territorial y de género, y también cuenta perspectiva étnica y de protección colectivo. Foto: Procuraduría General de la Nación.“No habrá tolerancia, ni impunidad para sus crímenes, ni para quienes desde el Estado los protegen”, dijo con tono enérgico el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ante un auditorio repleto, momentos antes de dar a conocer las disposiciones que tomó al respecto que derogan las contempladas en la Directiva 012 de 2010 y actualiza los mecanismos para proteger la integridad de los defensores de derechos humanos y los líderes sociales.
En el evento, celebrado en la tarde del miércoles en Bogotá, Carrillo entregó una hoja de ruta para sus subalternos y miembros de la Fuerza Pública; además, emitió recomendaciones a autoridades nacionales y locales, con el objetivo de implementar medidas efectivas para prevenir agresiones y proferir sanciones oportunas cuando se presenten actos que afecten la labor de aquellos que trabajan por sus comunidades en distintas regiones del país.
La Directiva para la Protección de los Derechos de los Defensores de Derechos Humanos, de 28 puntos, incluye a un amplio espectro de personas que con urgencia requieren protección: “Es necesario articular los esfuerzos del Ministerio Público en el nivel territorial con el fin de adoptar medidas para contribuir a la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y líderes políticos y sociales, y sus organizaciones, y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Y no es para menos. Conforme avanzaron las negociaciones con la guerrilla de las Farc en Cuba, aumentaron las agresiones contra los defensores de derechos humanos y quienes respaldaron el fin del conflicto armado por medio del diálogo, especialmente las amenazas y los homicidios. Los registros varían según las organizaciones y sus metodologías; sin embargo, la única certeza es que desde 2010 los asesinatos han ido en aumento. (Ver: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
Por esa razón, y en medio de la coyuntura de un país en transición hacia la paz, la Procuraduría ajustó las tuercas institucionales. “El gobierno nacional habla de 82 muertos entre 2016 y la fecha; la Defensoría del Pueblo de 156, entre enero de 2016 y marzo de 2017; la Marcha Patriótica, de 173, entre enero de 2016 y junio de 2017. Establecer una cifra, a través de un comité de análisis y observación para la prevención y protección de los defensores es, precisamente, uno de los objetivos de la Directiva que hoy presentamos al país”, dijo el procurador Carrillo. (Ver: Por lo menos 310 organizaciones están en situación de riesgo en todo el país)
Acto seguido, Juber Darío Ariza, secretario Privado de la Procuraduría General de la Nación, explicó que esta Directiva nació como respuesta a un derecho de petición que radicó el movimiento político y social Marcha Patriótica, en el quepedía una política de priorización para investigar los casos de líderes asesinados, procesar disciplinariamente esos crímenes e informar sobre el estado de los procesos disciplinarios.
“Creímos que no era necesario hacer solamente un trámite burocrático de responder, sino que había que dar un paso adelante y pensar en una directiva. Decidimos que era el momento de darle un vuelco a la Directiva 012 del 15 de julio de 2010; darle una actualización y ponerla a tono con el nuevo momento que vive el país en el marco del proceso de paz. Fue así que creamos esta directiva, cuyo objetivo básico es dar unos lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores de derechos humanos”, explicó Ariza.
Medias y visiones
VerdadAbierta.com consultó con los representantes de algunas de las organizaciones más afectadas con la reciente ola de violencia hacia defensores de derechos humanos y líderes sociales sobre la nueva directiva de la Procuraduría General de la Nación que pretende “implementar un plan de actividades y medidas urgentes, encaminadas a prevenir eventuales violaciones a los derechos humanos y sancionar a los servidores del Estadoque pudiesen estar comprometidos con estos hechos”.
Coinciden en que son medidas necesarias que estaban en mora de realizarse, y por eso destacan el cambio de curso tomó la Procuraduría. Esta es su visión sobre la Directiva y algunas de sus medidas más importantes.
Para Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, la organización no gubernamental que desde 2002 monitorea las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, la Directiva es una buena señal porque “su capacidad de incidencia y acción sobre las instituciones responsables del tema es directa; tiene la posibilidad de llamar la atención y dientes para prevenir las agresiones, cosa que no tiene la Defensoría del Pueblo. Ahora los defensores van a tener herramientas reales para incidir sobre las instituciones que no hagan el trabajo de protección”.
David Flórez, vocero nacional de Marcha Patriótica, movimiento social y político que ha perdido a 135 de sus integrantes desde su fundación hace cinco años, valoró el hecho de que la Procuraduría recibiera sugerencias de diferentes organizaciones sociales para emitir esta directiva. Sin embargo, hizo un llamado para que las demás instituciones del Estado hagan esfuerzos para evitar más muertes de líderes sociales.
“Nos parece satisfactoria la Directiva, pero todas las ramas del poder público deberían hacer esfuerzos sufrientes. Es claro que el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas de paz no es sólo responsabilidad del Ejecutivo, sino de todo el Estado”. Y resalta que se busque la protección de quienes apoyan el proceso de paz, pues “de los 156 líderes que fueron asesinados, según registros de la Defensoría del Pueblo, el 85 por ciento eran promotores destacados del acuerdo de paz”, dijo Flórez.
Para Alejandra Gaviria, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Directiva es muy positiva, “pero hay que decir que después de cien líderes asesinados, era más que necesaria. Es un primer paso, pero no es suficiente. Necesitamos que, a partir de esa circular, las otras instituciones del Estado empiecen a hacer lo suyo”.
Por otro lado, Eduardo Álvarez, coordinador delÁrea Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que también monitorea los hechos de violencia de los defensores de derechos humanos, consideró que la Directiva hace un llamado muy fuerte para poner en marcha el andamiaje institucional del Estado que ya existe en materia de protección de defensores de derechos humanos y para implementar los puntos del acuerdo de paz alcanzados con las Farc en esta materia.
Destacó también que la Directiva tiene una dimensión individual y colectiva de las agresiones a defensores y líderes sociales: “Se reconoce que no sólo afecta a los defensores, sino también a las organizaciones. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las agresiones se dan más que todo en ámbitos rurales, pero la violencia contra las organizaciones se da más en los ámbitos urbanos. Es una realidad más compleja y la respuesta tiene que ser acorde a ella”.
A continuación, reseñamos algunas de las decisiones más importantes de la Directiva.
No a la estigmatización
La Directiva pretende activar los mecanismos de la Comisión Nacionalde Garantías y el Desmonte del Paramilitarismo, según lo acordado en el proceso de paz con las Farc. Foto: Procuraduría General de la Nación.“Exhortar a los servidores públicos para que, en cumplimiento de sus funciones y deberes legales y en el marco de sus actuaciones, respeten y garanticen las actividades que deba desarrollar la población objeto de la presente Directiva. En consecuencia, los servidores públicos deberán abstenerse de realizar conductas que los deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento o estigmaticen su labor”.
Los representantes de organizaciones sociales consideran que este punto es vital, pues los pronunciamientos en contra de los defensores de derechos humanos por parte de funcionarios públicos en muchas ocasiones incitan a la violencia y en otros llega a justificar los asesinatos.
“Es la materialización, por primera vez, de esa exigencia del movimiento social y de derechos humanos desde hace décadas: que, desde el funcionario público de más bajo nivel, hasta el Presidente de la República, respeten la labor de los defensores y la incentiven. Nos va a permitir exigir que no haya estigmatización y exigirlo ante las autoridades. Es una herramienta fundamental, porque si hay un defensor que se siente agredido, le puede pedir la Procuraduría que lo investigue sobre la base se esa directiva”, planteó Guevara.
Para el vocero de Marcha Patriótica esa es una medida central para prevenir las agresiones porque a lo largo de los años han identificado un patrón de conducta: “primero se estigmatiza y luego se genera la aceptación pública de los asesinatos. Y explicó que “en el caso de Marcha Patriótica, buena parte de la estigmatización ha provenido de parte de funcionarios públicos”.
Este punto es de tanto peso que Carrillo le dedicó unas palabras durante su discurso de presentación: “La estigmatización, el señalamiento, los prejuicios, el lenguaje deslegitimador del otro, son el legado de un país que padeció 52 años de guerra estéril, que convirtió a Colombia en campeón mundial de violación de los derechos humanos”.
En otro punto la Directiva exhorta “a los servidores públicos para que se abstengan de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la seguridad, la honra y el buen nombre de la población objeto de la presente Directiva, sin perjuicio de la obligación legal que asiste a las autoridades competentes de investigar y juzgar los delitos”.
Educar sobre los defensores de derechos humanos
“Implementar a través del Instituto de Estudios del Ministerio Público, IEMP, y la Defensoría del Pueblo, dentro del marco de sus funciones, acciones de capacitación y divulgación dirigidas a las autoridades civiles y militares, y a la comunidad en general, sobre la labor que desarrolla la población objeto de la presente Directiva, así como sobre las garantías nacionales e internacionales de que son beneficiarios”.
En relación con el punto anterior, la Directiva considera que es importante sensibilizar a los funcionarios estatales sobre las labores de los defensores de derechos humanos y su importancia para la sociedad.
Álvarez, de la FIP, aseveró que existe violencia desde las mismas instituciones del Estado hacia los líderes sociales, porque “desafortunadamente todavía hay unos patrones culturales que dictan que los defensores de derechos humanos supuestamente son comunistas, terroristas, colaboradores de la guerrilla. Son estigmatizados con esa visión. En esa medida, una de las realidades más complejas es que los líderes sociales en algunas regiones no tienen acceso real a las instituciones del Estado porque les da miedo la estigmatización, ya que muchos funcionarios y miembros de la Fuerza Pública parten del supuesto de que el defensor de derechos humanos es colaborador de la guerrilla. Todavía se mueven bajo esa lógica partisana de buenos y malos”.
No obstante, advierte que para que ese punto de la Directiva sea efectivo, se deben hacer campañas de sensibilización y pedagogía a nivel territorial: “Este documento no tendrá efecto alguno si no baja en efectos pedagógicos a los territorios, el gran reto es cómo se va a poner en práctica en las regiones”.
Mapa elaborado con información del informe de riesgo que emitió la Defensoría del Pueblo el pasado mes de marzo sobre la situación en la que están los líderes sociales. Pase el mouse en los círculos y haga clic en los departamentos para ver los datos correspondientes.
Registro único de agresiones
“Recomendar al Gobierno Nacional la creación de un registro único, integrado, consolidado y actualizado de la población objeto de la presente Directiva, que hayan sido vulneradas en sus derechos”.
Esta propuesta es uno de los llamados más fuertes que han hecho las organizaciones sociales en los últimos años. A día de hoy, no se explican por qué el Estado no tiene una base de datos oficial en la que consolide estos casos y, por ende, recurre a información de terceros como la ONU y organizaciones sociales.
“En estos dos años nos vimos abocados en una discusión que no tiene sentido: la cantidad de asesinados. Si son 156, 100 o 90, así sea uno sólo, la situación es suficientemente grave. El Estado debe tener un registro unificado de este fenómeno para poder identificar patrones y responder de la manera adecuada. Es muy importante que el Estado tenga una información oficial, que sea de uso de todas sus instituciones y que permita comprometer a las diferentes ramas del poder público en acciones para detener este flagelo”, detalló David Flórez.
Álvarez destacó la importancia de ese llamado de la Procuraduría, realizando una depuración objetiva, sin importar los efectos que traiga consigo: “Actualmente hay disparidad en las cifras. Hay unas que son bajas y que le sirven al gobierno, hay otras muy altas que les sirven a algunas organizaciones con agendas más políticas que de derechos humanos. Por eso, no es suficiente con decir que son defensores de derechos humanos, sino que se debe constatar y validar quién es líder, y después definir quién fue agredido en función de su trabajo como líder y no por otras causas”.
Mejorar los canales de comunicación
El pasado 24 de mayo cientos de indígenas del suroccidente y otras regiones del país marcharon por las calles de Cali para denunciar los asesinatos de sus mayores y de otros líderes sociales a nivel nacional. Foto: VerdadAbierta.com.“Solicitar a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior, cuando emitan informes de riesgo, alertas tempranas y notas de seguimiento, relacionados con amenazas o vulneraciones de derechos humanos de la poblaciónobjeto de la presente Directiva, que remitan de manera oportuna copia de estos a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, quien le enviará copia a la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales y remitirá a las procuradurías delegadas competentes para ejecutar las funciones disciplinarias y de intervención a que haya lugar”.
Guevara, al igual que los demás consultados, consideró que con un manejo adecuado de los informes de riesgo que produce la Defensoría del Pueblo se puede salvar la vida de muchos defensores de derechos humanos: “Me produce tristeza que hasta ahora esté saliendo esto, porque hubiéramos podido salvar muchas vidas. En los últimos años, hay por lo menos 30 informes en los que la Defensoría del Pueblo advirtió que había defensores que iban a ser asesinados y no sabemos por qué no se hizo nada para evitarlo. Con esta Directiva estos informes se van a ver fortalecidos y la acción preventiva va a ser efectiva”.
Como ejemplo de lo anterior, está el caso de Bernardo Cuero, un destacado líder de la comunidad afro que integraba las mesas de víctimas de Malambo y de Atlántico, que fue asesinado pese a las advertencias de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además de esas medidas, la Directiva le hace recomendaciones al gobierno nacional, a sus funcionarios y a la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la seguridad de los líderes sociales.
Entre 2002 y el 25 de mayo de este año, 598 líderes sociales fueron asesinados según los registros de Somos Defensores. Hoy, con esta nueva Directiva de la Procuraduría, que busca prevenir esa violencia evitando la estigmatización, reaccionando oportunamente a las alertas de riesgo de la Defensoría del Pueblo, sancionando a quienes victimicen a los líderes sociales y garantizando la implementación del acuerdo paz, las organizaciones sociales esperan una respuesta similar por parte de las demás entidades estatales.
Sin embargo, Alejandra Gaviria, del Movice, al igual que las otras organizaciones consultadas, plantea que “este es un buen campanazo, pero se necesita que el compromiso del gobierno vaya a más allá de una directiva. Necesitamos que esto sea desdoblado en acciones que se ejecuten ya, en el corto tiempo, porque hoy están asesinado a los líderes”. Y los hechos le dan la razón: horas antes de que el Procurador General de la Nación firmara la Directiva, fue asesinado José María Lemus, presidente de Junta de Acción Comunal de Tibú, Norte de Santander.
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