El reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia registró la menor cantidad de homicidios de defensores de derechos humanos en 2016 si se compara con los de otras organizaciones; sin embargo, coinciden en apreciaciones y preocupaciones.
“En 2016, la situación de los defensores de derechos humanos siguió siendo motivo de preocupación”, señaló esa agencia de la ONU el pasado jueves al publicar su informe anual sobre la materia. Y no es para menos. Hasta el 31 de diciembre, registró 389 agresiones, discriminadas así: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual.
Esas cifras son muy inferiores a las documentadas por diferentes organizaciones no gubernamentales, que desde hace varios años vienen denunciado las diferentes agresiones de las que son víctimas los líderes sociales. (Consulte el informe de la ONU aquí)
Por ejemplo, el Programa Somos Defensores, que realiza esa tarea desde 2002, identificó 481 agresiones, entre las cuales se encuentran 80 asesinatos, 49 atentados, 317 amenazas y dos desapariciones forzadas. En cambio, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), registró 117 asesinatos, 46 atentados, 350 amenazas y cinco desapariciones forzadas.
La diferencia entre los registros la marca la definición de defensor de derechos humanos y de líder social que se emplea para la realización de las investigaciones. La ONU procesa los casos de defensores de derechos humanos, cuya categoría está definida en su Resolución 53/144 de 1999. En cambio, Somos Defensores registra las agresiones contra personas que representan liderazgos sociales, e Indepaz contra líderes y miembros de organizaciones sociales.
No obstante, a pesar del contraste de cifras y de conceptualización, los tres informes presentan similitudes y hacen advertencias para que el gobierno nacional frene esa ola de violencia, que va en aumento, entre ellas que la mayoría de los homicidios ocurrieron en los departamentos de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca; que los perpetradores estarían vinculados con intereses criminales colectivos o individuales; y que la mayoría de las víctimas desarrollaban su labor en zonas rurales.
“Independientemente de las cifras, hay varios puntos en común, como que la mayoría de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, que cada vez hay más muertos de movimientos campesinos y políticos, que han aumentado los intentos de homicidio”, indica Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores.
Para David Flórez, vocero nacional deMarcha Patriótica, el movimiento social y político alternativo que desde su fundación en julio de 2010 ha padecido el asesinato de 132 de sus integrantes, antes de hablar de las cifras, se debe destacar “las lecturas y los patrones que identifica el Alto Comisionado, que encuentra como factor común que todos estos líderes han trabajado por la paz, y que eso de entrada deja entender que hay varios actores que están contra ella”.
Sobre las múltiples cifras, Leonardo González, coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz, refiere que “lo importante y lo de rescatar es que existe una sistematicidad comprobada, un patrón, en donde así sea 60 o 120 el número de personas asesinadas, hay que resaltar el hecho de que los están matando por su trabajo de liderazgo, por la defensa de derechos o por defender sus territorios”.
En cuanto a las razones de los homicidios, llama la atención que la Oficina del Alto Comisionado señala que “es notable el aumento en asesinatos en las áreas rurales frente al 2015, cuando la Oficina registró 25 víctimas (60%). Esto está relacionado con los vacíos de poder que han dejado las FARC-EP; la escasa o débil presencia del Estado; la percepción de los actores criminales que los defensores de derechos humanos afectan sus intereses; la persistente estigmatización de los defensores de derechos humanos; el uso de la violencia para resolver disputas en las comunidades; la competencia entre grupos criminales por el control de actividades económicas ilegales; y el limitado acceso a los derechos económicos, sociales y culturales”.
Otro punto de coincidencia es la impunidad que sobrevuela sobre los casos. Todos los informes que se han publicado en los últimos años refieren que la falta de juzgamiento de los victimarios es un aliciente para que los asesinatos sigan ocurriendo. Sobre este particular, el Alto Comisionado ha “reiterado su preocupación sobre el alto nivel de impunidad en los casos de agresión contra los defensores de derechos humanos (…) El éxito de la entidad deberá medirse por la calidad de las investigaciones y la capacidad para lograr resultados judiciales”.
Al respecto, Guevara cuestiona que la Fiscalía decidió priorizar las investigaciones de los asesinatos ocurridos en los últimos, con lo que se está dejando de la lado a las demás víctimas: “El Fiscal prioriza los casos desde 2015 y 2016, de ahí para atrás están en la impunidad. Familias nos dicen que la Fiscalía se olvidó de ellos y que sus casos están detenidos. No ha pasado absolutamente nada”.
Esperanza de cambio
En medio del desconsuelo que produce el constante aumento de asesinatos de líderes sociales año tras año, a pesar de los informes y las constantes denuncias, las organizaciones son optimistas y esperan que con la implementación del Acuerdo Final, pactado entre el gobierno nacional y las Farc tras negociar por más de cuatro años Cuba, se cierre ese capítulo oscuro.
“Este es un año de cambios. Hay una enorme oportunidad si se logra implementar el acuerdo de La Habana, que brinda herramientas para enfrentar esta realidad. Vamos a enfrentarnos a los actores que están en contra del proceso de paz, pero con su implementación se van a debilitar: si se sustituyen cultivos van a tener menos finanzas, si se crea la Unidad Especial en la Fiscalía y el Cuerpo Elite de Policía, van a ser perseguidos, no se trata sólo de protección sino de que haya juzgamiento y persecución de los responsables”, plantea Flórez.
Por otro lado, Guevara destaca la solidaridad que ha despertado en diferentes sectores de la sociedad esta nueva ola de violencia: “Tenemos una ventaja y es que cada vez la gente le pone más cuidado a esto. Cada que hay un asesinato, está teniendo eco en las páginas de los periódicos locales, en las autoridades locales y en las redes sociales”. No obstante, advierte que una vez concluya la dejación de armas de las Farc, la situación de líderes sociales pueda pasar al olvido: “Preocupa que de aquí al Día D+180 el foco de atención se centre en los exmilitantes de las Farc; que el tema deje de ser noticia y suceda lo que pasó en 2013, cuando asesinaron a 78 líderes y nadie señaló nada”.
En ese planteamiento coincide el vocero de Marcha Patriótica, quien expone que “es muy importante que no se normalicen estos asesinatos, hay que generar un repudio ciudadano. El olvido es lo más preocupante y lo que permite mayor efectividad para cometerlos”.
No obstante, González llama la atención de que la violencia en este año, en el que empezó la implementación del acuerdo de paz con las Farc, va a ser peor: “A 17 de marzo tenemos 31 líderes o defensores de derechos humanos asesinados, es un listado que comprado con el primer trimestre de 2016, es más alto”. Aunque la cifra sobre estos tres primeros meses no es unánime, las organizaciones consultadas indican que se mantiene la tendencia del año anterior.
“Ya está bien de preguntarnos quién tiene el número exacto; si son 134, 125, 116, 80 o 64 los asesinados. Lo realmente importante en este momento es que estamos ante un fenómeno de violencia focalizada sobre estos líderes. El gobierno nacional tiene intenciones y funcionarios trabajando en el tema, pero no están dando resultados efectivos. Todos coincidimos en eso”, concluye Guevara.
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