El jefe de esa cartera banalizó uno de los temas más delicados en materia de seguridad y construcción de paz de los últimos años. Sus recientes declaraciones redujeron las causas de la mayoría de asesinatos de defensores de derechos humanos a conflictos interpersonales. Organizaciones sociales lo señalan de promover la impunidad y aumentar los niveles de riesgo. ¿Expresiones como esas reflejan falta de liderazgo en el gobierno nacional?
Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa desde mayo de 2015. Foto: archivo Semana.“La inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas”. La frase no fue pronunciada en un corrillo o en un bar, fue en una entrevista del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al noticiero Noticias Uno, en la que se refirió a la ola de violencia que azota sin clemencia a líderes sociales y defensores de derechos humanos en los últimos años.
En medio de la indignación que despertó esa frase del encargado de la seguridad nacional, las reacciones en su contra no se hicieron esperar. Varias voces lo calificaron de irresponsable, toda vez que ese tipo de expresiones podrían aumentar el de por sí ya elevado riesgo en el que se encuentran quienes asumieron la tarea de defender los derechos de minorías y comunidades enteras.
Una de las críticas más fuertes fue la de Richard Moreno Rodríguez, procurador Delegado para Asuntos Étnicos, quien la calificó de inadmisible e inaceptable: “Hemos requerido a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al señor Ministro, en torno a que presente las pruebas sobre las cuales manifiesta su declaración. Además de eso, lo que la Procuraduría entiende y lo que dicen los líderes, es que es una forma de justificar la muerte de nuestros líderes, pero además de darle rienda suelta para que los sigan asesinando, y no hay responsabilidad de ningún de actor o sector que lo esté haciendo, porque ellos están buscando la muerte por líos de faldas”.
A ella se sumaron los delegados de la sociedad civil y las plataformas de derechos humanos en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada recientemente por mandato del Acuerdo Final que suscribieron el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, para garantizar la no repetición de la violencia. Por medio de un comunicado enfatizaron que las palabras de Villegas minan la credibilidad de las denuncias de los líderes que buscan protección.
“Estas palabras trivializan uno de los problemas más graves que está viviendo nuestro país y ponen en evidencia una actitud de desconfianza hacia las denuncias de los líderes y defensores de derechos sobre multiplicidad de asesinatos y demás hechos victimizantes que son un ataque generalizado. La historia del país está colmada de denuncias desesperadas e indiferencia, en suma, de muertes que pudieron ser evitadas”, señalaron los integrantes no estatales de la Comisión este jueves el documento. (Descargue el comunicado)
Para Carlos Guevara, coordinador del sistema de información de Somos Defensores, organización no gubernamental que desde 2002 ha documentado con rigor el asesinato de 618 líderes sociales, las palabras de Villegas son reflejo de la descoordinación estatal para hacerle frente a este drama que está ‘descabezando’ procesos comunitarios en todo el país.
“Hay un descontrol dentro del gobierno para manejar este tema. En muchos informes hemos cuestionado que no hay una institución líder que asuma esta responsabilidad; no hay un liderazgo dentro de ninguna parte del gobierno que coordine y trabaje de manera conjunta con todas las instituciones para evitar más asesinatos y esclarecer los ocurridos. Cada quien hace lo que le toca o lo que quiere hacer, así no se puede enfrentar un fenómeno de violencia tan profundo”, le dijo a VerdadAbierta.com. (Ver más: Los tres grilletes que mantienen en jaque a los líderes sociales)
Además, indicó que el Ministro de Defensa pudo incurrir en el delito de prevaricato, puesto que no tiene ningún tipo de jurisdicción para tratar los temas de las investigaciones de los líderes asesinados, porque el encargado es el Fiscal General de la Nación y podría estar violando la reserva del sumario, en el caso de ser ciertas sus palabras; o también porque tendría información privilegiada que no ha compulsado al Ente Investigador.
Y recalcó que el esclarecimiento de las causas de los asesinatos sólo se logra durante un proceso judicial que acabe en sentencias de jueces, materia en la que hay enormes lastres, ya que de los más de 600 asesinatos cometidos desde 2002, apenas están en firme alrededor de 35 fallos: “Sólo se puede hablar de las causas de un asesinato por las sentencias, el resto son partes del proceso de investigación e incluso especulación. El nivel de concreción de la justicia es mínimo frente a la cantidad de versiones que salen sobre quiénes y por qué están matando a los defensores de derechos humanos”.
Esa postura es compartida por Leonardo González, coordinador de la Unidad Investigativa del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que en los últimos años ha monitoreado los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos.
“Las palabras del Ministro las recibimos con gran preocupación porque lo que genera es desinformación y una justificación de estos asesinatos. No se sabe quiénes son los responsables, y no corresponde a la realidad andar diciendo que fueron asesinados por problemas personales. Hay que esperar que la justicia se pronuncie sobre las investigaciones de los fiscales, pero acá estamos dando premisas sobre investigaciones”, le indicó a este portal.
Además, González puso bajo lupa la sistematicidad con la que ocurren los asesinatos, otro de los puntos negados por el gobierno nacional desde años atrás, y frente a lo que el Ministro referenció de la siguiente manera en la aludida entrevista televisiva: “Si tuviera alguna información de que una organización, una persona, una instancia dedicada a asesinar líderes sociales en Colombia, yo sería el primero en salir a decirlo”. (Ver más: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
En lo corrido del año, más de 90 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados. Foto: Ricardo Cruz.El investigador de Indepaz se apartó de la tesis de la multicausalidad que esgrime el gobierno nacional y reafirmó que existe un patrón, toda vez que la mayoría de las víctimas asesinadas defendían territorios y promovían el proceso de paz con las Farc. Asimismo, planteó que, al analizar los hechos, surgen elementos comunes de modo, tiempo y lugar, los cuales permiten inferir la existencia de una conducta de violencia sistemática.
Ese planteamiento fue abordado en informe que recientemente publicó ese instituto, el cual estable que las amenazas y los asesinatos tienen una lógica común: “No se puede analizar caso a caso desligado uno del otro; hay que mirar en conjunto las situaciones de amenazas, los asesinatos, atentados, las diferentes modalidades de ataque a las comunidades porque todo forma parte de una misma situación, es decir, que a medida en que se abre la posibilidad de la paz, muchos de los que están en contra que ven sus intereses locales o regionales afectados, toman posiciones radicales y no quieren aceptar que estamos marchando hacia una situación de fin de la confrontación armada y del conflicto. No se puede negar la sistematicidad de estos eventos lo que requiere una respuesta por parte del Estado en su conjunto”.
Esa situación ocurre en el departamento de Cauca, en donde el Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), ha identificado que en determinados momentos los asesinatos aumentan y que su origen se remite a amenazas previas y señalamientos. Edwin Mauricio Capaz, su coordinador, indica que recientemente han sido asesinados indígenas que promueven el control territorial, la no presencia de actores armados, la lucha organizativa, la sustitución de cultivos de uso ilícito, el ejercicio de autoridad de los cabildos y la oposición a la minería, los cuales son “camuflados” con hurtos para desviar el curso de las investigaciones judiciales.
Sobre las palabras del ministro Villegas, Capaz dijo que a la comunidad le causa gran indignación, pero no sorpresa, puesto que es una clara manifestación de la falta de voluntad política del gobierno nacional para enfrentar este problema que cada día deja más muertos. “Las investigaciones no han tenido mayores resultados y es nefasto que funcionarios del alto gobierno tengan ese tipo de apreciaciones tan ligeras, las cuales reflejan el comportamiento institucional y sus pobres resultados”, señaló con indignación; y agregó que “crean un manto de impunidad para continuar la revictimización y promueve los asesinatos de más líderes sociales”.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también manifestó su preocupación por las palabras del Ministro de Defensa y las calificó de peligrosas, ya “que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables”. Asimismo, alertó, una vez más, sobre los asesinatos, de los cuales ha documentado 105 entre el 1 de enero y el 20 de diciembre de este año: 73 asesinatos contra líderes, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales.
Y en un comunicado emitido este miércoles, ahondó en que “los casos de homicidios de líderes y lideresas, y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las FARC, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada; y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad. Como se puede observar, su labor en la defensa de los derechos de todas las personas fue determinante con las agresiones que sufrieron”. (Consulte el documento)
La semana previa a las declaraciones del Ministro de Defensa, durante un encuentro con 25 líderes de la región chocoana de Baudó en Cartagena, quienes han visto a caer a cuatro voceros de los más representativos de su comunidad que propendían por la restitución de sus tierras despojadas y denunciaron que están ante un inminente desplazamiento forzado masivo, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, había hecho un llamado de atención a los funcionarios estatales para evitar la estigmatización y respaldar a estas víctimas. (Ver más: En La Larga-Tumaradó temen aumento de violencia contra reclamantes)
“La principal amenaza de la consolidación de la paz en Colombia es la forma como están eliminado a nuestros líderes sociales. Eso tenemos que impedirlo, ese es un desafío que compromete a todas las agencias de seguridad y de investigación del Estado. Por eso, queremos hacer un llamado a todas las autoridades a no estigmatizar y a cerrar esa brecha de desconfianza ante las denuncias de los líderes y defensores de derechos en las regiones. Muchas veces la palabra de ellos se pone entredicho y lo que viene es la eliminación de quien hace la denuncia”, expresó Carillo con tono enérgico.
Contrariando la versión gubernamental y dándole razón a las organizaciones sociales, en ese encuentro el Procurador reconoció que efectivamente existe una sistematicidad contra los defensores de derechos humanos: “Aquí sí existe una sistematicidad en relación con el asesinato de estos líderes sociales porque la relación con el conflicto de tierras es evidente. Aquí hay derechos territoriales de estas comunidades ligados a la forma como los están eliminando”.
Sin embargo, con sus palabras el Ministro de Defensa puso en duda, además, la labor de otras entidades del Estado que han establecido la existencia de un riesgo real para los defensores de derechos humanos, más allá de disputas y celos personales. Entre ellas están la Defensoría del Pueblo que a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) emitió un informe de riesgo en el que alertó que 310 organizaciones sociales enfrentan múltiples peligros en 282 municipios de 31 departamentos del país; y la Procuraduría que en junio expidió una directiva para tratar de preservar la seguridad de los líderes en riesgo, propendiendo a dejar de lado la estigmatización en su contra y pidiéndole diligencia a los funcionarios del Estado para brindarles protección.
Lo particular de la salida desatinada del ministro Villegas es que el presidente Juan Manuel Santos aseguró en declaraciones radiales que su colaborador “fue citado fuera de contexto”, matizando la gravedad de la afirmación: “él dijo que la Fiscalía informó que había múltiples razones para estos asesinatos que nos duelen, nos preocupan y también él lo reiteró”. Sin embargo se alejó de su postura y aseveró que no cree que “ese sea el motivo por el que están matando a los líderes sociales”.
